lunes, julio 22, 2019

Escenas verdaderas de un tinglado electofáctico (Primer Acto).


ESCENAS VERDADERAS DE UN TINGLADO ELECTOFÁCTICO

http://consorciociudadano.org/escenas-verdaderas-de-un-tinglado-electofactico-primer-acto/

(PRIMER ACTO)
18 de junio de 2019
Hernando Llano Ángel.
Política y dramaturgia

La política y la dramaturgia son hermanas siamesas. Viven indisolublemente ligadas a la representación de la vida en sus múltiples e inesperados avatares. Desde la comedia, el drama hasta la tragedia. Bien lo sabían los griegos, con su pléyade de autores trágicos y sus extraordinarias obras[1]. En ambas actividades sus protagonistas se resisten a salir de escena, especialmente cuando son exitosos y su público los reclama, como en los casos de los senadores Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro. Ellos, como los actores de teatro, no pueden vivir sin la fama y sus devotos electores, pues son vanidosos y narcisistas que aspiran a ser eternos. Aunque su ámbito de representación y actuación sea diferente. La dramaturgia suele escenificarse en teatros y en ocasiones también en la calle y las plazas públicas. De la política se puede decir que, siendo la obra mayor de la vida y la muerte, se representa y actúa en todos los ámbitos, desde los públicos e institucionales del Estado, hasta lo más privados y personales, como los laborales y familiares. En ese sentido, todos hacemos parte de la obra y somos actores políticos, aunque de reparto, especialmente en las elecciones. De allí, que nadie pueda escapar a las consecuencias de la política, aunque las decisiones que a todos nos afectan las tomen unos pocos, esos actores profesionales que llamamos políticos. Ellos representan su función en escenarios especialmente visibles: Presidencia, Ministerios, Congreso y en los ámbitos regionales y municipales: Asambleas, Concejos, Gobernaciones y Alcaldías. Pero, sin duda, el escenario más importante es el Congreso, porque allí se escribe y decide el libreto de la sociedad a través de Actos Legislativos y de diversas leyes. En él se escenifica, de alguna forma, lo que acontece en la sociedad: sus necesidades, reivindicaciones, angustias, conflictos y aspiraciones. En ese sentido, sus actores son más o menos representativos de todos nosotros y de lo que nos sucede. Por eso, las escenas dramáticas que se vivieron con el ingreso de un nuevo actor a tan importante escenario, como Santrich, son tan significativas y vale la pena considerarlas en el contexto de otras temporadas, obras y actores que han representado diversos papeles en el Congreso. Quizá así veamos toda la tramoya que hay detrás de semejante tragicómico espectáculo y podamos comprender las dimensiones reales de la política nacional, una verdadera ópera bufa de la democracia.

Un tinglado electofáctico

Habría que empezar por la presencia en el Congreso, en el pasado reciente, de un trío de actores tenebrosos, más representativos de una película de horror que de un escenario político: Salvatore Mancuso, Ivan Roberto Duque (alias Ernesto Báez) y Ramón Isaza, destacados jefes paramilitares, inmersos hasta los tuétanos en el narcotráfico y las masacres de campesinos[2]. El debut de Mancuso en el Congreso fue el 28 de julio de 2004 y tuvo como propósito fundamental ambientar políticamente el trámite de la que sería después la ley 975 de 2005, más conocida como de “Justicia y paz”. Apartes de su elocuente intervención pueden verse en https://www.youtube.com/watch?v=KcQYlCDuwFk. La mayoría de los congresistas no sólo lo escucharon con atención, sino que lo aplaudieron con devoción al final de su intervención. Entonces no hubo suspensión y menos levantamiento de la sesión. Ni los opositores tuvieron posibilidad de hacer escuchar sus voces. Una voz airada en las barras fue acallada. Cuatro años después, en el libro “Las comadres de la parapolítica”, tras bambalinas, el periodista Juan Carlos Giraldo, en entrevista a las congresistas Eleonora Pineda y Rocío Arias, nos cuenta cómo fue posible la visita de tan importantes actores:
“Le contamos al presidente que ya los jefes de la AUC no querían ir al Congreso, dice Eleonora tratando de reconstruir ese momento. Y Rocío recuerda lo que dijo al presidente: Pre, ellos no van a venir. No es que tengan miedo de venir, lo que pasa es que le temen al rechazo de algunos sectores políticos como el Polo, Gustavo Petro, las organizaciones de las víctimas, y sabemos que las ONG están organizando sabotajes. Bueno niñas, ustedes no pueden aplazar esa visita, les dijo el presidente mirándolas fijamente. Las dos comadres se cruzaron miradas de entusiasmo. Entendieron que con esas palabras él apoyaba su causa. No podían creer que el presidente Álvaro Uribe las fuera a respaldar de manera tan inmediata y sencilla. Esperaban trabas, y se sintieron todavía más dichosas cuando, según lo recuerdan, el primer mandatario les pidió solucionar de una vez el problema. Esto es muy importante para la paz de Colombia. Eleonora, llame a Mancuso. … Llamé a Mancuso y le dije: aquí estoy con el presidente de la República, el presidente dice que nosotras tenemos toda la autonomía, y que él no ve inconveniente porque es una oportunidad histórica. Por su parte Rocío también lo reafirmó: Desde el teléfono persuadimos a los jefes de las autodefensas para que vinieran al Congreso; el presidente estaba a un lado de nosotras, y delante de él llamamos a Mancuso y le aclaramos todo, lo tranquilizamos y le dijimos que el gobierno quería que ellos vinieran. (Giraldo, 2008, pp. 179- 180).

El mismo Juan Carlos Giraldo, el 28 de abril de 2008, en la emisión central del noticiero de televisión de RCN, entrevista a Mancuso y éste le explica lo que está pasando en el Congreso con la detención de numerosos congresistas investigados por parapolítica, entre ellos Mario Uribe, primo segundo del entonces presidente Álvaro Uribe:

“Estos síntomas inician por las autodefensas, porque somos los primeros que hemos tenido que avanzar en unos procesos judiciales contando la verdad de lo sucedido. En la medida que avance la guerrilla a contar las verdades y luego el narcotráfico a contar las verdades, más de la mitad del Congreso de la República estará vinculado a estos fenómenos que se dieron regionalmente en las diferentes zonas de Colombia. Lo que dije fue que el 35% del Congreso fue elegido en zonas donde habían estado las Autodefensas. En esos estados nosotros fuimos los que cobramos tributación, impartimos justicia, tuvimos el control territorial y militar de la región y todas estas personas que querían hacer política en la región tenían que venir y concertar con los representantes políticos que teníamos allí”[3].

El 13 de mayo de 2008, apenas 15 días después de dicha entrevista, Mancuso junto a otros 12 jefes narcoparamilitares fueron extraditados a Estados Unidos[4] y con ellos gran parte de la verdad sobre las relaciones entre la política y el crimen. Relación que constituye la quintaesencia del régimen político que tenemos, cuya denominación más próxima sería la de electofáctico, puesto que no sólo un número significativo de congresistas son elegidos por sus alianzas o coaliciones con actores criminales y poderes de facto, sino que incluso en todas las elecciones presidenciales, desde Gaviria hasta Duque, dichos poderes han tenido una influencia condicionante y determinante. Pero esa historia precisa un segundo y hasta tercer acto, en las próximas entregas de Consorcio, para describir en forma más detallada el complejo e ingenioso tinglado electofáctico que es nuestra realidad política nacional, cuya más reciente y escandalosa escena fue la protagonizada por Santrich, un actor de mucha menor importancia e influencia política que la del aclamado trío de los comandantes narcoparamilitares. ¿Por qué será que muchos le tienen tanto miedo a la verdad completa y solo rechazan y les escandaliza aquella relacionada con los crímenes y la corrupción del adversario, pero no la relacionada con los crímenes y la corruptela auspiciada por sus propios correligionarios? ¿Será que hay una violencia “buena y legítima”, la propia, y otra “mala e ilegítima”, la del adversario? ¿Unos “buenos muchachos”, los que me acompañan y otros “malos muchachos”, los que se me oponen? ¿Unos que asesinan legalmente y otros que matan ilegalmente? ¿Será posible vivir en una sociedad decente y en paz con semejante maniqueísmo criminal?


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lunes, junio 10, 2019

CORONELL ES GENERAL


EL CASO DE DANIEL CORONELL ES UN ASUNTO DE INTERÉS GENERAL

Hernando Llano Ángel

La desaparición del periodista Daniel Coronell de las páginas de la revista Semana, con sus rigurosas investigaciones y sus sustentadas opiniones, es mucho más que un debate sobre la libertad de expresión pública en Colombia. Es un asunto de interés general y de trascendencia vital. Sin exagerar, es una cuestión de Estado, de civilidad y humanidad, que nos emplaza a todos frente a nuestra realidad.

Cuestión de Estado

Es una cuestión de Estado, puesto que la contemporización de la revista Semana en revelar las directrices de seguridad nacional del presidente Duque, fue lo que realmente generó la columna de Coronell que derivó en su despido de la publicación. Unas directrices que podían repetir, en forma más sutil y discreta, la criminal política de la llamada “seguridad democrática”, cuya más inhumana y brutal expresión fueron miles de ejecuciones extrajudiciales conocidas cínicamente como “falsos positivos”. Una reedición más sutil, pues ahora no está precedida de la funesta Directiva 029 de 2005[1] del entonces ministro de defensa, Camilo Ospina, en cumplimiento de la “inteligencia superior” del presidente Álvaro Uribe y su política de “seguridad democrática”, sino que se materializa en circulares y manuales del comandante del ejército, Mayor General, Nicacio Martínez, precedidos de “la Disposición 002 de 2019 que actualiza toda la normatividad militar que regula cómo deben actuar las tropas para preservar siempre los Derechos Humanos”[2].

Disposición para matar y ocultar

Una Disposición impecable desde la normatividad del Derecho Internacional Humanitario, pero también implacable en su errática y criminal aplicación, como quedó fatalmente demostrado con el aleve asesinato de Dimar Torres[3], desmovilizado de las FARC-EP. Asesinato que intentó justificar y excusar por todos los medios (televisivos, radiales y escritos) el ministro de defensa, Guillermo Botero, hasta que las evidencias de Medicina Legal lo refutaron. Porque la verdad detrás de esta Disposición 002 y de los manuales que la desarrollan es que de nada sirven, cuando se aplican en un contexto oficial que invita e incita a cometer “masacres con criterio social”, según el trino del senador Álvaro Uribe, que lo hace políticamente responsable de semejantes actuaciones militares. Con mayor razón, si el actual ministro de defensa cuenta con su incondicional apoyo y el del presidente Duque. Un apoyo que es ratificado por Duque en forma desafiante y también indecorosa, encargando a Botero de la Presidencia de la República durante su viaje a EL SALVADOR a la posesión presidencial de Nayib Bukele. Una designación políticamente muy reveladora, teniendo en cuenta que Botero está ad portas del trámite de una moción de censura en el Congreso. Sin duda, este episodio demuestra a las claras la impostura del mito de la civilidad de nuestros gobernantes, pues son ellos quienes aúpan y justifican las actuaciones ilegales y eventualmente criminales que cometen algunos miembros de la Fuerza Pública, que luego tratan de excusar con la metáfora impune de “algunas manzanas podridas” o de “agentes díscolos de la institucionalidad”.  De esta forma, proyectan nacional e internacionalmente una mentirosa imagen de “civilidad democrática”, arrojando de paso toda la responsabilidad y culpabilidad sobre los militares. Por eso la obsesión de este gobierno del Centro Democrático en hacer trizas la JEP, donde un grupo significativo de oficiales y miembros de la Fuerza Pública están revelando cómo se cometieron los “falsos positivos”, cumpliendo estrictamente las directrices emanadas del “presidente eterno” y su ministro de defensa, Camilo Ospina, determinadores últimos de tan numerosas ejecuciones. Sin duda, los avances de tales investigaciones en la JEP conducirán inevitablemente a revelar judicialmente la cruel verdad que todos conocemos: la responsabilidad insoslayable de Álvaro Uribe Vélez y su ministro de defensa, a través de la Directiva 029 de 2005, en la comisión de miles de ejecuciones extrajudiciales, supuestamente en defensa de la “democracia” contra el “terrorismo”. Esa es la verdad que tanto temen. Y para eludir semejante responsabilidad, tienen el cinismo de señalar que la JEP es una justicia que promueve la impunidad, cuando es exactamente lo contrario. Es una justicia que, al promover la verdad, impide la impunidad de los crímenes más atroces, desde los miles cometidos por las FARC-EP hasta los promovidos por el Estado y financiados o auspiciados por algunos civiles. Según el punto 33 del Manifiesto Democrático del “presidente eterno”: “También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”, que ahora se busca perpetuar a través del llamado derecho operativo, tras la filigrana humanitaria de la Disposición 002 de 2019.

Censura de la realidad y la verdad

Por eso, más allá que una grave censura a la libertad de expresión y a la opinión de Coronell, lo que este caso revela es una censura casi total de la realidad y la verdad. Realidad y verdad que una publicación como Semana omitió publicar –y, en lugar de hacerlo, primero consultó al Secretario General de la Presidencia, Jorge Mario Eastman— siendo así chiviada por The New York Times, en un ejercicio profesional de periodismo investigativo, ajeno por completo a la cómplice prudencia de las buenas relaciones públicas y políticas de los propietarios y editores de Semana. Ese es el mediocre entramado de unos medios de comunicación complacientes y comprometidos con el Statu Quo que develó y puso en crisis la columna de Coronell. Por eso sus propietarios y directores prescinden de la voz civil y crítica del periodista, pues son incapaces de reconocer su maridaje con la quintaesencia del poder autocrático que nos gobierna, esa simbiosis y amalgama perfecta del poder político-militar, siempre obsesionado en ocultar por todos los medios --especialmente los periodísticos-- su verdadero rostro arbitrario, criminal e impune y proyectar en su lugar una falsa e impúdica caricatura de legalidad y civilidad democrática. Caricatura grotesca que ha sido, una vez más, exaltada sobre el dolor de las víctimas de falsos positivos con el ascenso del actual comandante del Ejército, Nicacio Martínez, a General de cuatros soles. Ascenso realizado sin éste haber aclarado ante la justicia su presunta responsabilidad en varios  falsos positivos, siendo jefe del estado mayor de la Décima Brigada Blindada en los departamentos de Guajira y Cesar[4] en el 2005, bajo la administración del “presidente eterno”.

Asunto de civilidad y humanidad

Al producirse tal ascenso, lo que ha desaparecido es la civilidad de los senadores que la aprobaron, junto a la humanidad de quienes seguramente sufrirán los efectos de semejante promoción, como casi sucede con el cuerpo de Dimar Torres que iba a ser arrojado y ocultado en una zanja, presurosamente cavada por sus asesinos. Pero también está en juego nuestra propia civilidad y humanidad, pues inevitablemente todos veremos sus consecuencias políticas, una de las cuales parece ser el inicio de una publicitada y aguerrida campaña por una “Constituyente para la justicia”. Campaña cuyo principal cometido es hacer trizas la JEP y sus esfuerzos por revelar la verdad y poner fin a la encumbrada impunidad institucional y política que nos gobierna desde tiempos inmemoriales con ínfulas democráticas de “genuina legitimidad”. Tan genuina, que descansa sobre una brutal facticidad criminal, encubierta por una complicidad que asciende hasta la cúspide del poder político en el Senado, el Ejecutivo y el mando militar del Ejército. Una perversa trinidad: tres personas distintas y una sola realidad de iniquidad.

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jueves, mayo 30, 2019

Santrich: Verdades ocultas y nudos ciegos de la política nacional.


SANTRICH: VERDADES OCULTAS Y NUDOS CIEGOS DE LA POLÍTICA NACIONAL

Hernando Llano Ángel.

Santrich personifica, en forma irónica y cruel, los nudos ciegos más difíciles de ver y desatar de la realidad nacional: el narcotráfico, la política y la extradición. Son nudos casi imposibles de romper porque a ellos se encuentran atados todos los protagonistas de la vida política nacional y cada uno tira para su lado en función de sus propios intereses: los narcotraficantes, con su codicia insaciable; los políticos, con la financiación periódica de sus campañas; la insurgencia, con recursos inagotables para la guerra; el Estado con sus “Planes Colombia y Patriota” y los narcoparamilitares aprovechando en forma oportunista todo lo anterior. Por eso, hemos terminado enredados en una maraña de violencia, ilegalidad y corrupción, pagando con innumerables muertos una guerra perdida. Tal es el nudo del narcotráfico que, al menos desde el gobierno de López Michelsen, a través de la llamada “ventanilla siniestra” del Banco de la República, se encuentra inextricablemente unido a la política y la economía nacional de las más variadas e inimaginables formas, siempre dinámicas y mutantes. Es un nudo sangriento que se empezó a tejer hace varias décadas. Sus puntadas iniciales fueron dadas en Estados Unidos por Nixon[1] y ahora están fuera de nuestro alcance, pues el entramado del prohibicionismo es de carácter internacional, así como la poderosa economía criminal que él mismo estimula.

El nudo ciego de la extradición

Al nudo político del prohibicionismo pronto se agregó otro, el jurídico, con el Tratado de Extradición entre Colombia y EE.UU. Y a éste se sumó, con su aplicación forzada, después del magnicidio del ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el más grave de todos: el nudo del narcoterrorismo con su violencia letal y la corrupción política, que no cesan de causar  magnicidios, masacres, financiación de políticos y degradación del conflicto armado interno. Al punto que para neutralizarlo transitoriamente, la Asamblea Nacional Constituyente prohibió la extradición de colombianos por nacimiento, como figuraba en el artículo 35, ya derogado, de nuestra Carta política. Ahora este gobierno está desesperado por añadir otro nudo sangriento y venenoso, el nudo irreversible del ecocidio, volviendo a fumigar nuestros portentosos bosques con glifosato[2], sin importar su doble devastación y el  grave daño que causa a la salud de la población campesina.

El prohibicionismo falaz y criminal

Todo ello, revestido de una retórica tan grandilocuente como falaz: la lucha contra la criminalidad y el “flagelo del narcotráfico”, en defensa de la “soberanía nacional” y la salud de nuestros niños y jóvenes. Cuando los efectos de dicha guerra, librada desde hace ya más de medio siglo, han sido precisamente todo lo contrario: el aumento de la criminalidad –desde la institucional del proceso 8.000, la narcoparapolítica, la narcoguerrillera y las casi invisibles narcofinanciera y narcoempresarial— más la pérdida paulatina de la soberanía estatal. A tal extremo, que hoy el gobierno nacional y la inmensa mayoría de colombianos han olvidado que la primera función de un Estado soberano es el ejercicio de la justicia y no su delegación a otro Estado, pues ello lo convierte paulatinamente en una especie de protectorado, sometido a las exigencias del Estado protector. Quizá por ello el embajador norteamericano considero lo más normal invitar a los congresistas a desayunar y a los magistrados de la Corte Constitucional a almorzar, para instruirlos acerca de sus funciones en relación con las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP. Luego canceló visas a los magistrados indóciles, con la complacencia servil del presidente Duque y su ministro de relaciones exteriores, quienes expresaron que respetaban las decisiones soberanas  propias de cada Estado. Con tal beneplácito, terminaron reforzando el nudo ciego de la sumisión y la humillación en política internacional. Es por todo lo anterior que, mientras más se insista en ganar heroica y militarmente la guerra contra el narcotráfico, más vidas se perderán y más nos hundiremos en el campo cenagoso de la corrupción, la depredación de nuestra biodiversidad, la dependencia neocolonial y la vorágine de violencia y codicia sin límites, que alimenta a todos los narcodependientes: el gobierno nacional, la insurgencia, los narcoparamilitares, los Estados Unidos de Norteamérica y su parafernalia de instituciones como la DEA, CIA, además de las redes financieras, empresariales y comerciales nacionales e internacionales dedicadas al lucrativo blanqueo. Sin duda, el crimen paga muy bien y en todos los ámbitos, desde el muy legal de la frondosa burocracia dedicada a su persecución hasta el semiilegal de la producción e importación de insumos químicos –al que se dedicó el “accidentalmente” fallecido  Pedro Juan Moreno, mano derecha del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez—  y  obviamente enriquece a  quienes se asocian con los capos para sus exitosas carreras políticas y empresariales. Esas son las consecuencias del prohibicionismo y sus maniqueos promotores: “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”.

Los nudos a desatar

Para empezar a desatar semejantes nudos gordianos, habría que comenzar por reconocer dos verdades que, por lo evidentes, son sistemáticamente negadas y ocultadas. La principal, es que la primera baja en toda guerra  --como reza el refrán inglés--  es  la verdad y con ella la identidad del enemigo. Y la verdad que nos falta reconocer es que la guerra contra el narcotráfico se libra en el campo de batalla equivocado y contra un enemigo invencible. Nunca se va a ganar fumigando la naturaleza y declarándola ilegal –sea la marihuana, la coca o la amapola-- pues el campo de batalla en donde realmente se libra dicha “guerra”, donde ella se gana o se pierde, es en la mente de los millones de consumidores que demandan la droga para poder vivir. Es allí donde debe librarse, en esa insaciable demanda que estimula una oferta creciente. Y las armas para ganarla no son principalmente las militares, ni las policivas o las judiciales, sino unas más complejas y diversas, de orden cultural, educativo, preventivo y existencial, aquellas que dotan de valor y sentido la propia vida de cada persona y el conjunto de una sociedad. Por eso la identidad del auténtico enemigo no es el narcotraficante, apenas un chivo expiatorio del prohibicionismo, que estimula su ambición capitalista y su violencia criminal. Bien lo señaló Milton Friedman, premio nobel de economía de 1976, "si analizamos la guerra contra las drogas desde un punto de vista estrictamente económico, el papel del gobierno es proteger el cartel de las drogas. Eso es literalmente cierto", puesto que aumenta sideralmente sus ganancias.  Por eso, la absurda guerra contra las drogas ha terminado convirtiendo en su principal enemigo a la naturaleza (“la mata que mata”) y a la propia humanidad, aquella que “no puede soportar tanta realidad”, según el poeta T.S Eliot, y recurre desde tiempos inmemoriales al consumo de drogas socialmente toleradas y promovidas como el licor, debidamente regulado, que nos permite sobrellevar ese peso agobiante en rituales periódicos de alegría y evasión. Seguramente por ello, hoy en ocho Estados norteamericanos el uso de la marihuana recreacional es legal: Alaska, California, Colorado, Washington, Massachusetts, Nevada, Oregon y Washington D.C. Así se va desatando el nudo del consumo asociado a la criminalidad, la clandestinidad, la ilegalidad y las ganancias de unos pocos. Pero sobre todo, se va aflojando el nudo más recóndito y originario, que es esa mentalidad conservadora, represiva y autoritaria que teme el ejercicio de la libertad personal de los adultos, a quienes niega de entrada su dosis mínima de responsabilidad, y los somete a multas y castigos, estigmatizándolos como criminales y degenerados, que deben ser condenados al escarnio público y a tratamientos regeneradores. Paradójicamente, es esa mentalidad “virtuosa” la que termina haciendo más daño político, social y ecológico, al punto que considera el glifosato y la extradición como sus principales armas. Esa mentalidad maniquea, de los “buenos ciudadanos” contra los “malos”, es la que niega la segunda verdad evidente: el narcotráfico en nuestra sociedad es mucho más que un delito conexo al político, es una actividad inmersa en la política, al menos desde la campaña presidencial de 1982, como lo reconoció con cínica lucidez Alfonso López Michelsen en entrevista con Enrique Santos Calderón en su libro “Palabras pendientes. Alfonso López Michelsen”:

“Posteriormente, cuando terminaron las elecciones, en las que participaron como candidatos, además de mi persona, Belisario Betancur y Luis Carlos Galán, se nombró una comisión investigadora sobre el ingreso de los llamados dineros calientes a las campañas, comisión que absolvió de culpa a los tres grupos. Lo cual no resultaba muy afortunado, porque se examinaron las cuentas de Bogotá y, por ejemplo, las de Belisario funcionaban en Antioquia. Su tesorero era Diego Londoño, que después trabajó como gerente del metro de Medellín, y que tenía relaciones muy cercanas con Pablo Escobar. Hoy se encuentra preso. Pero, del otro lado, está también el caso de Rodrigo Lara Bonilla, que es aún más impresionante porque la mafia le metió un cheque que a la postre le costó la vida” (Santos, 2001, p.142).

De tal suerte que si se pudiera extraditar a todos los políticos relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico –obsesión actual del presidente Duque y su partido el Centro Democrático— probablemente el escenario político nacional no tendría protagonistas y quedara semivacío, empezando por el “presidente eterno”, que está en deuda de explicar y responder a todos los colombianos cómo siendo Director Nacional de la Aeronáutica Civil se expidieron tan numerosas matrículas a aeronaves de narcotraficantes y de licencias a pistas de aterrizaje privadas, desde las cuales salieron toneladas de cocaína para Estados Unidos. Licencias que fueron canceladas posteriormente por decisión del entonces ministro de justicia, Lara Bonilla. Bien lo expresó Sartre: “Nada es más respetable que una impunidad largamente tolerada”. Y habría que agregar: más perturbador, decadente y mortal para cualquier sociedad.

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lunes, mayo 20, 2019

LOS OTROS Y NOSOTROS




LOS OTROS Y NOSOTROS
(mayo 13 de 2019)
Hernando Llano Ángel.



“Esta encrucijada de destinos ha forjado una patria densa e indescifrable donde lo inverosímil es la única medida de la realidad”. Gabriel García Márquez.

“Los Otros”, es el título de una excelente película de Alejandro Amenábar, que cuenta la historia de una familia inglesa asediada por los fantasmas de la muerte y la violencia durante la segunda guerra mundial. En la película es difícil discernir los límites entre la vida y la muerte. Sus personajes están atrapados en una atmósfera penumbrosa, rodeados de miedo, temiendo incluso a la luz del día, refugiados en una hermosa e insondable mansión. La madre, protagonizada por la hermosa y frágil Nicole Kidman, protege en forma obsesiva a sus hijos de esa terrible realidad exterior, impidiendo que en la casa se cuele un rayo de luz.  El Padre de familia, convertido en un espectro, regresa de la segunda guerra mundial, y al final desaparece tan misteriosamente como llega. Como espectador, uno se siente fascinado y desconcertado con la trama. La historia genera una especie de miedo metafísico envolvente, pues ignoramos lo que sucede, sin recurrir la película para ello a ningún efecto especial. La trama es tan sutil y a la vez compleja, que es difícil identificar la maldad o bondad en sus personajes, la verdad o la mentira en sus relatos. Es imposible distinguir entre lo vivos y los muertos. Solo al final de la película uno descansa y cree haber descifrado la inteligente trama de su director y guionista, un legítimo heredero de Buñuel y Hitchcock, al combinar magistralmente el surrealismo con el suspenso.

La anterior puesta en escena parece reproducir, como una sutil alegoría, lo que sucede en nuestra realidad. Pero nuestra realidad es mucho más compleja, terrorífica y esperanzadora. Al punto que deambulamos en un limbo ambiguo y sangriento, entre la guerra y la paz. Con la enorme diferencia que somos los protagonistas de la película y en ella se nos va la vida. En la película nacional no tendremos la oportunidad del espectador, que al salir del teatro empieza a interpretar lo que ha visto, pues es probable que tengamos nuestros ojos cerrados para siempre. Nuestra realidad es más compleja, pues nos parece imposible discernir entre la verdad y la mentira en los relatos de los protagonistas de la vida nacional. Incluso a veces confundimos su propia identidad y no estamos muy seguros de saber con quien tratamos. En más de una ocasión el fiscal de hoy se convierte en acusado mañana. El Ministro se transmuta en convicto y el asesino en salvador. Todos los personajes estelares parecen representar, en forma febril y casi simultánea, los papeles más contradictorios. Los libretos que tienen a su disposición son tan ambiguos, que suelen intercambiarlos. Un mismo parlamento puede ser pronunciado por el inocente y el culpable; el guerrillero y el paramilitar; el pacifista y el combatiente; el funcionario y el candidato. Al escuchar sus discursos no podemos adivinar su bando o partido, pues debemos esperar el resultado de sus acciones. Sólo entonces, al identificar a sus enemigos o víctimas, sabemos quienes son. En fin, una realidad mutante y sincrética, donde las palabras ocultan las intenciones y sólo las acciones revelan las identidades de los actores. Pero no sólo es más compleja nuestra realidad, sino que también es mucho más terrorífica. En efecto, en la película “Los Otros”, al final sabemos quiénes están vivos y quiénes muertos. En nuestro caso, ni siquiera tenemos esa certeza, pues hay miles que se encuentran desaparecidos y carecemos de pruebas sobre su muerte o supervivencia. Los límites entre la vida, la libertad y la muerte son inciertos y confusos para millones de desplazados. Ellos deambulan peligrosamente entre esas fronteras, como una especie de nómadas por todo el territorio nacional.

Claro que también, a diferencia de “Los Otros”, nosotros tenemos numerosas poblaciones que han desafiado con éxito esas fronteras difusas y móviles del terror, la violencia y la muerte. Y lo han hecho expulsando al miedo de sus territorios y asumiendo con valor civil la responsabilidad por sus propias vidas. Es el caso de las numerosas Comunidades de Paz de Chocó y Antioquia; los Municipios Caucanos de Caldono y Bolívar; o los del Magdalena Medio; las mujeres de la Ruta Pacífica y de Barrancabermeja, junto a los pueblos indígenas Nasa, Misak, Aruhacos y U`was. Todos tienen en común que rechazan jugar los papeles de víctimas o verdugos, pues renuncian radicalmente al ejercicio de la violencia por su propia mano, así como a delegarla en un tercero que se manche las manos en su nombre. De esta forma, las organizaciones populares, comunidades indígenas y colectivos de mujeres dan lecciones de valor civil y de ética política a cientos de miles de citadinos, confusos y cobardes, que  hoy parecen colocar todos su temores y esperanzas en un senador que, con voz desafinada y ademanes corteses, aconseja al presidente la necesidad de “masacrar con criterio social”, para salvaguardar de la ruina y el asedio sus penumbrosas casas y ricas heredades, secularmente habitadas por su propio miedo y el odio de numerosos sirvientes, algunas veces más sedientos de revancha que de justicia.








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martes, abril 30, 2019

Agujeros negros en la política nacional.



AGUJEROS NEGROS EN LA POLÍTICA NACIONAL
(Abril 29 de 2019)
Hernando Llano Ángel.

Nuestra realidad política nacional es tan inverosímil que ella contiene no sólo un agujero negro, sino varios. Dichos agujeros son obra de sus más connotados protagonistas, cuya capacidad para inventarlos, eludirlos o negarlos está en relación directa con sus ejecutorias en el pasado. Entre esos agujeros negros, sobresalen el narcotráfico, la extradición, la violencia política y la corrupción. Según los astrofísicos, la principal característica de los agujeros negros es que poseen tal fuerza gravitacional, que ni siquiera la luz puede salir de ellos. Y esa parece ser también la principal característica de nuestra realidad política nacional. Cada día ella es más oscura e impenetrable, como lo está demostrando por estos días el debate en el Senado sobre las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria de la JEP.  El vórtice de tal oscuridad es la relación entre el narcotráfico y la política, cuyo origen no se encuentra propiamente en nuestra constelación del sur, sino en la del norte que, bajo la presidencia de un oscuro y tenebroso personaje, Richard Nixon, le declaró la “guerra a las drogas”, como una cortina de humo para ocultar su fracasada y mentirosa guerra de Vietnam. Así lo reveló uno de sus principales asesores, John Ehrlichman, al salir de la cárcel por su implicación en Watergate, al periodista Dan Baum de Harper´s Magazine:  

"¿Quieres saber realmente de qué se trata todo esto?", me dijo con la franqueza de un hombre que, después del oprobio público y una temporada en una prisión federal, tiene poco que proteger. "La campaña de Nixon de 1968, y la Casa Blanca de Nixon, tenían dos enemigos: la izquierda antiguerra y los negros. ¿Entiendes lo que te digo? Sabíamos que no podíamos hacerlos ilegales por ser negros o estar en contra de la guerra, pero al hacer que el público asociara a los negros con la heroína y a los hippies con la marihuana, y luego criminalizar ambas sustancias fuertemente, podíamos fragmentar sus comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, redar sus casas, disgregar sus reuniones y vilificarlos todas las noches en las noticias. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Claro que sí".

Y desde entonces ese agujero negro no ha parado de atraer y devorar en su interior todo lo que encuentra y necesita para aumentar su tamaño, succionando violentamente lo que se oponga a su crecimiento insaciable. En nuestro caso, desde sus más aguerridos y honestos contradictores, tanto en la política, la justicia, la Fuerza Pública, el periodismo, la academia y los luchadores sociales, hasta la misma naturaleza, sometida a su deforestación y posterior fumigación con glifosato. Un agujero negro que contiene en su interior magnicidios, genocidios y ecocidios, sin que se detenga en su expansión, estimulado precisamente por el prohibicionismo, que cada día aumenta sideralmente las ganancias de los narcotraficantes.

Así las cosas, resulta que el agujero negro del narcotráfico es consubstancial a la misma existencia de la política, en cuyos límites se diluye y fusiona, como quedó plasmado en la ley 975 de 2005, promovida por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Dicha ley, oficialmente denominada de “Justicia y Paz”, concertada con los grupos paramilitares en Santafé de Ralito, previa visita al Congreso de la República y promoción de la misma por su máximo comandante, Salvatore Mancuso, acompañado de Iván Roberto Duque (alias Ernesto Báez) y Ramón Isaza, en el artículo 10.5  estableció que se podían acoger a ella todos los miembros de organizaciones armadas ilegales: “que no se hayan organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito”.

Lo anterior consagró legalmente la mayor monstruosidad ética y política concebible, pues de todos era sabido que los grupos paramilitares desde sus orígenes, con los hermanos Castaño y posteriormente con don Berna, Macaco, Jorge 40, y demás pléyade de comandantes, estuvieron dedicados al narcotráfico, denominado por Mancuso “la chequera de la guerra”. Monstruosidad, puesto que la ley 975 lo que estableció es que, si dichos grupos masacraron, descuartizaron y desaparecieron miles de víctimas, podían beneficiarse de la ley 975, puesto que no se habían “organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito”. Y entonces cuando sus comandantes en las versiones libres, para acogerse a la alternatividad penal favorable, empezaron a revelar sus alianzas criminales con un número apreciable de congresistas de la coalición gubernamental uribista, inmediatamente fueron extraditados por “narcotraficantes”. Y con ellos la verdad también fue extraditada. Sobre todo, aquella que todavía deben al país y a los cientos de miles de víctimas que causaron. Quizá por ello, ahora de nuevo el senador Uribe y su bancada están tan interesados en que se continúe extraditando, pues temen que empiece a salir algo más de luz de semejante agujero negro, y se conozca la responsabilidad de las “otras personas” en el conflicto armado, como los miembros de la Fuerza Pública y los particulares afines a las Convivir y su posterior mutación criminal en grupos paramilitares. Sin duda, la extradición no es sólo sustracción de soberanía judicial, sino sobre todo miedo a la verdad e impunidad genuina para las incontables víctimas del conflicto armado, como ha sucedido hasta ahora con los paramilitares extraditados. Por eso las objeciones presidenciales son objeciones para la conveniencia del Centro Democrático y su “presidente eterno”, hábilmente disfrazadas de inconveniencia nacional y deben ser negadas en su totalidad por el Senado.








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viernes, abril 26, 2019

Justo Es Perdonar (JEP)


Justo Es Perdonar.
(JEP)
(abril 15 de 2019)
                
Hernando Llano Ángel.

Y necesario, no solo durante semana santa, sino en todo momento. De lo contrario, permaneceremos atados al rencor por el resto de nuestras vidas. Y del rencor al odio hay menos de un paso, como lo demuestran todos los días en nuestra sociedad connotados líderes políticos que, lamentablemente lo son, porque encarnan y expresan sin límites ese funesto sentimiento que alberga en el corazón de millones de colombianos. Un sentimiento de odio que los puede validar, llegado el momento, a ejercer la violencia con la mejor buena conciencia, sin remordimiento alguno, puesto que su líder lo expresó sin rodeos en un par de trinos contra la Minga Indígena y Campesina por persistir en el bloqueo de la vía panamericana:

“El dilema no es masacrar o firmar, el dilema es autoridad, sensata, firme, que se sienta, con criterio social o seguir generando malos precedentes que no permitirán voltear la página”.

“Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”.

No deja de ser curioso que estos consejos sobre el ejercicio de la violencia por parte de la “autoridad serena” estén en abierta contradicción con el número 33 del Manifiesto Democrático, plataforma programática que llevo a Uribe la Presidencia en el 2002, donde escribió:

 “A diferencia de mis años de estudiante, hoy violencia política y terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”.

La anterior flagrante contradicción con sus recientes trinos, bien podríamos llamarla la argucia mortal de la razón autoritaria, pues con amarga ironía ella misma termina convertida en terrorismo estatal, como se deduce de su impecable e implacable silogismo. Paradoja criminal de esa “inteligencia superior”.

“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”

Ojalá en esta semana santa el presidente Duque escuche con atención la prédica de Jesús de Nazaret y su maravilloso legado del perdón, que pronunció desde la agonía de su crucifixión: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”, dirigidas a quienes precisamente descargaban “violencia y terror” sobre su lacerado cuerpo. De lo contrario, si atiende los consejos de su “presidente eterno” en el ejercicio de la “autoridad serena” y desoye los de Jesús de Nazaret, tendrá que cargar con toda la responsabilidad de haber actuado como jefe de un “Estado terrorista”, además de su eterno remordimiento de conciencia por no haber comprendido el mensaje político más valioso del cristianismo: la doctrina del perdón. Mensaje que comprendieron perfectamente estadistas de la talla de Gandhi y Mandela. Este último, después de haber pasado más de 40 años tras las rejas, afirmó: “El perdón no cambia nada del pasado, pero si el futuro de una Nación”. Lamentablemente el presidente Duque con sus objeciones a la JEP parece no haber entendido nada sobre la justicia y el perdón en sociedades desgarradas por la violencia y el odio. Porque en la JEP no se trata tanto de perdonar a los principales responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra, puesto que sus penas serán menores, entre cinco y ocho años, solo si aportan verdad y reparación a sus incontables víctimas. De no hacerlo, deberán pagar por lo menos 20 años de cárcel.

“Quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra”.

Pero para comprender y aceptar lo anterior se necesita dejar de odiar. Pero sobre todo dejar de pensar y utilizar a la justicia como una forma de “venganza civilizada”, que ejercen los “buenos” contra los “malos” o “la autoridad serena” contra los “violentos terroristas”. Una justicia punitiva sin horizonte de reconciliación. Y para esos “buenos y virtuosos”, también Jesús de Nazaret dejo formulada una pregunta, cuando iban a lapidar a la mujer supuestamente adultera: “Quién esté libre de pecado, que lance la primera piedra”. Seguramente no todos somos igualmente culpables o pecadores por la ignominia del conflicto armado interno y las diversas formas de violencia que aún padecen miles de víctimas. Pero sin duda, a todos nos cabe alguna responsabilidad por nuestra indolencia y pasividad, frente a tanta injusticia e iniquidad. Especialmente a quienes todavía se dejan manipular por el odio y la soberbia de unos pocos, que temen asumir sus responsabilidades en el ejercicio de “la autoridad serena” y ahora legislan recomendado “masacrar con criterio social”, como en el pasado lo hicieron con los mal llamados “falsos positivos”, cuyo número preciso de jóvenes de estratos populares asesinados todavía desconocemos y es competencia de la JEP esclarecerlo. Justo es perdonar, pero conociendo la verdad y a todos los responsables de la injusticia perpetrada, para así jamás olvidar y en algo reparar a las víctimas.

Alcance de la JEP

Ya que la justicia, cuando debe afrontar la investigación de cientos de miles de asesinatos, de millones de desplazados y despojados de sus tierras, de miles de secuestrados, “falsos positivos” y desaparecidos, jamás podrá sancionar a todos los responsables, sino fundamentalmente a los principales determinadores y protagonistas de tales crímenes. A quienes ejercieron el mando y ordenaron las atrocidades cometidas, ya sea en la insurgencia o desde el Estado, y no las evitaron por omisión o complicidad con los directos perpetradores. Y, en estos casos, se le presenta a la justicia una insuperable paradoja, que expresó así Hannah Arendt, frente al castigo de la cúpula nazista: “Es muy significativo, elemento estructural en la esfera de los asuntos públicos, que los hombres sean incapaces de perdonar lo que no pueden castigar e incapaces de castigar lo que ha resultado ser imperdonable”. De allí que el perdón sea precisamente sobre lo imperdonable, como lo precisó Derrida, y como concluyó la pensadora judía: “perdonar es la única reacción que no reactúa simplemente, sino que actúa de nuevo y de forma inesperada, no condicionada por el acto que la provocó y por lo tanto libre de sus consecuencias, lo mismo quien perdona que aquel que es perdonado. La libertad contenida en la doctrina de Jesús sobre el perdón es liberarse de la venganza, que incluye tanto al agente como al paciente en el inexorable automatismo del proceso de la acción, que por sí misma nunca necesita finalizar» (La Condición Humana, p.260)

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martes, abril 02, 2019

Iván Duque: Objetor y procrastinador.


IVÁN DUQUE: PRESIDENTE OBJETOR Y PROCRASTINADOR

Hernando Llano Ángel.

La primera responsabilidad de un buen gobernante es reconocer la realidad, no objetarla y mucho menos rechazarla. La segunda, afrontarla y no postergarla. Y el presidente Duque parece estar empeñado en eludir esas dos responsabilidades. Tanto en relación con la sanción de la ley estatutaria de la JEP, como con su impostergable presencia en el Cauca para que se levante el lesivo bloqueo de la panamericana por parte de la Minga indígena. Lo más grave de lo anterior, es que no parece ser un asunto personal, sino más bien una tendencia institucional y social. Casi que un sello distintivo de su estilo de gobierno y un hábito mental de sus seguidores. Una tendencia que nos puede llevar a un escenario de ingobernabilidad parecido al de Venezuela. En el fondo, todas las objeciones al proyecto de ley estatutaria de la JEP se reducen a la negativa visceral del Centro Democrático y de su “inteligencia superior”, Álvaro Uribe Vélez, de reconocer y aceptar la participación política de los excomandantes de las FARC en el Congreso de la República. Basta leer lo consignado en “Bases de un Acuerdo Nacional de paz”, documento que contiene todas las modificaciones propuestas por el Centro Democrático al Acuerdo de Paz firmado en Cartagena, después de su lánguido triunfo del NO en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 por apenas 53.894 votos y una mayoritaria abstención del 63%, que procrastinó la continuidad de la violencia y la guerra. 

Allí se lee, en el punto 3.5 referido al fin del conflicto: “Las curules especiales que se otorgarán por 8 años a las FARC en el Senado y la Cámara de Representantes, no podrán ser ocupadas por personas que hayan sido condenadas por Delitos de Lesa Humanidad o delitos graves”. Tal es el propósito real de las objeciones y los Actos Legislativos que anuncia Duque. En otras palabras, ganar en el Congreso lo que no se pudo ganar en el campo de batalla, haciendo trizas la JEP. La realidad que se obstina cerrilmente en reconocer y aceptar el Centro Democrático es que es preferible el debate político a la contienda armada. Que más valen las palabras que las balas. Que mejor son las urnas que las tumbas. Por eso la senadora Paloma Valencia llama “narcoterrorista” a Pablo Catatumbo, pues es incapaz de reconocerlo como un contendor y adversario político legítimo, al igual que los seguidores de Catatumbo la señalan de “paramilitar”. Así las cosas, el Congreso se parece cada vez más una trinchera de odios y no un foro para el debate democrático, el cual rápidamente puede derivar en un campo de batalla fatal.

De otra parte, no va a existir impunidad total, pues estos senadores y representantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común están sub judice, se encuentran bajo la jurisdicción de la JEP, en donde deben decir toda la verdad para reparar a sus innumerables víctimas y deberán pagar penas restrictivas de libertad entre 5 y 8 años, según las sentencias de la JEP. De lo contrario, si mienten y no reparan, podrán recibir hasta 20 años de cárcel. Pero como la gobernabilidad de Duque es la del Centro Democrático, y no la de un presidente que representa a todos los colombianos y honra el Acuerdo de Paz, además de cumplir el artículo 22 de la Constitución: “la paz es un derecho y un deber de todos los colombianos”, entonces objeta la realidad y procrastina la firma de la ley estatutaria. Hasta que las deliberaciones y decisiones de los congresistas vuelvan a la Corte Constitucional, donde se ratificará la constitucionalidad de todo aquello que vanamente objetó. Pasará entonces a la historia como el primer presidente objetor y procrastinador que una Corte Constitucional obliga a sancionar una ley estatutaria. 

Todo ello, porque carece de gobernabilidad para consolidar una paz democrática y, por el contrario, está empeñado en imponer una gobernabilidad autocrática, en contravía de la realidad y el respeto de la legalidad, privilegiando así los intereses del Centro Democrático. Lo preocupante es que por estar procrastinando la urgencia de los acuerdos políticos con la Minga indígena  --como lo hizo torpemente con el movimiento de los estudiantes universitarios-- ahora lo termine alcanzado la imprudencia de la fuerza y caiga en la soberbia y la ceguera del dictador vecino que tanto fustiga. Más aún, cuando cuenta con un sonoro corifeo gremial, social y mediático que lo anima a que gobierne con mano firme y corazón rabioso. 

Sería un lamentable contagio de inmadurez presidencial que, ojalá no ocurra, para bien de todos, pero especialmente de los indígenas que ya se cansaron de tanto procrastinador presidencial. Llevan más de 500 años padeciendo como la historia y la política procrastina con sus vidas y sus sueños, a tal punto que ya varias comunidades están siendo alcanzadas y diezmadas por la muerte.



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martes, marzo 19, 2019

Duque hace trizas la realidad política y emula a Maduro.


Duque hace trizas la realidad política y emula a Maduro

Hernando Llano Ángel.

Durante su campaña presidencial, Iván Duque hizo celebre la expresión “Ni trizas, ni risas”, para referirse a su posición frente al Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc-Ep. Pero su proceder como presidente de la República nos está demostrando que pretende ir mucho más allá. Está intentando hacer trizas la realidad histórica, política y social de nuestro país. Y para ello, se está valiendo de la combinación más eficaz: la ignorancia, las pasiones y el fetichismo legal que embauca y deslumbra a millones de colombianos. Todo ello, adornado y ocultado tras una retórica plagada de eufemismos y un falso tono conciliador que ha polarizado la opinión. Intenta hacer trizas la realidad histórica, negando la existencia de un conflicto armado interno, invocando de nuevo la defensa de la democracia “más antigua y estable de latinoamérica”, apenas comparable a las exageraciones de Maduro en sus discursos sobre la “tradición republicana de Venezuela”, que condensa la Constitución Bolivariana.  

Duque, aprendiz de Maduro

Y lo está emulando rápidamente, desde la orilla opuesta de la ultraderecha, al desconocer la providencia de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria de la JEP, aduciendo melifluamente que no se trata de un choque de trenes sino de la defensa de la “unidad de los colombianos”.  Con semejantes argucias, el poder ejecutivo desconoce la máxima instancia del poder judicial, la Corte Constitucional, supuestamente en defensa de la democracia. Hace casi 34 años fue destruido el Palacio de Justicia y sacrificado, junto a otros magistrados y un número impreciso de desaparecidos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, también en defensa de la “democracia”.  Hoy todavía retumba, como un eco mortífero, la famosa expresión: “manteniendo la democracia, maestro”, del entonces Teniente Coronel Plazas Vega, hoy reivindicado y exaltado por el
Centro Democrático como un un héroe nacional.

Son circunstancias y hechos muy distintos, pero la semejanza política es preocupante, pues la hecatombe del Palacio de Justicia significó el fracaso sangriento del proceso de paz con el M-19. Ojalá las objeciones y los Actos Legislativos anunciados por Duque para modificar el Acuerdo de Paz del Teatro Colón no signifiquen su muerte prematura y una nueva orgía de sangre con el sacrificio de un número inimaginable de civiles y la exaltación de más “héroes nacionales”.  Ya las cifras de las Naciones Unidas son alarmantes, en el 2018 fueron asesinados 110 líderes y defensores de derechos humanos en 24 departamentos y el número de masacres aumentó en 164% respecto a 2017, al pasar de 11 a 29 casos. De otra parte, han sido asesinados 85 excombatientes de las Farc[1]. Un panorama de violencia política que, lamentablemente, corre paralelo al de Venezuela, develando así la inmadurez sangrienta de nuestra magnificada “democracia”, casi con la misma edad de la venezolana, nacida en 1958 con el pacto de “Punto Fijo”, pero exhibiendo la nuestra cifras mucho más escandalosas y vergonzosas de víctimas mortales, superiores a 220.000 y con cerca de 8 millones de desplazados internos. Sin duda, la mayor crisis humanitaria del continente americano,  producto de un atroz conflicto armado interno que hoy se obstina en negar el Centro Democrático.

Más allá de las trizas, la ignominiosa mentira

De allí la osadía y gravedad de la política de Duque, pues no se trata solo de hacer trizas la paz, sino de algo mucho más insólito y absurdo, se trata de negar la misma realidad política e histórica de nuestro degradado conflicto interno. Por eso la necesidad de tres nuevos Actos Legislativos para borrar de plano el Acuerdo de Paz, pues como no existió conflicto armado, mucho menos era necesario un Acuerdo de Paz. Lo que se pretende cobrar ahora en los estrados judiciales es la victoria militar que no se alcanzó en los campos de batalla y que, por el número de víctimas y atrocidades, debería avergonzarnos a todos los colombianos. De paso, tampoco hubo víctimas civiles a manos de agentes de la Fuerza Pública, como los miles de “falsos positivos”, consecuencia de la Directiva 029 del ministerio de defensa[2] en desarrollo de la política de “Seguridad democrática”, ideada por una “inteligencia superior”, según la expresión laudatoria de José Obdulio Gaviria, para referirse al expresidente Uribe Vélez. Tampoco hubo pactos como los de Ralito y Chivolo entre destacados dirigentes políticos, aupados y promovidos por Uribe, con los comandantes de los grupos paramilitares, como el de su primo Mario Uribe con Salvatore Mancuso[3], y mucho menos alianzas y prósperos negocios con numerosos hacendados, empresarios y hasta magistrados como Gustavo Malo Pinilla, protegido y apoyado por la senadora Paloma Valencia[4]. Por ello, cuando los comandantes Paramilitares empezaron a decir la verdad sobre todo lo anterior, entonces fueron extraditados como peligrosos narcotraficantes y difamadores de la integridad y la honorabilidad de los copartidarios de Uribe. Y hasta el día de hoy esa verdad permanece extraditada. En fin, puesto que nada de eso sucedió, o se recuerda, ni hubo conflicto armado interno, no tiene sentido una Jurisdicción Especial de Paz, menos una Comisión de la Verdad y ni hablar de ese embeleco de siglas: SIJVRNR, Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición. ¿Para qué un director del Centro Nacional de Memoria Histórica si nada de eso existió?  Ya todos los colombianos de bien saben con absoluta certeza qué pasó y quiénes son los políticos impolutos, totalmente inocentes, así como los  empresarios exitosos y honestos –situados en el centro y sin ideologías de odio-- victimizados por una horda de narcoterroristas, “traficantes de derechos humanos”, políticos izquierdistas y jueces venales, simpatizantes del castrochavismo, auxiliadores y cómplices de dictaduras comunistas.

 Síganme los buenos ciudadanos

Tal es la realidad política que promueve con éxito ese joven cortes, con voz firme y hasta apellido aristocrático, tras el cual se oculta una intrincada maraña de intereses, ambiciones, prejuicios y odios, que teme sobre todo  que se develen las atroces verdades de su pasado inmediato y más lejano. Porque bien saben que quien gobierna el presente controla el pasado y escribe el futuro. Ese es el trasfondo de las objeciones y de los nuevos Actos Legislativos que presentará Duque al Congreso, todo ello acompañado de una puesta en escena tétrica que ya empezó, manipulando los sentimientos y exacerbando los odios, utilizando para ello la dignidad ultrajada de las víctimas más indefensas, la niñez abusada por el reclutamiento y la violencia sexual, en desarrollo del brutal combate entre las Farc y el Estado. De esta forma, estamos entrando en la fase más sórdida de la degradación ética, la instrumentalización política de las víctimas más frágiles, sometidas al escarnio del escándalo mediático, sin respeto alguno a su dignidad y dolor. Pero esa es una verdad electoralmente rentable y políticamente muy eficaz para deslegitimar totalmente al adversario. Pronto veremos un espectáculo repugnante, el concurso mediático entre la FARC y el CENTRO DEMOCRÁTICO, compitiendo y exhibiendo el número de víctimas que mutuamente se incriminan. Las redes sociales podrían colapsar de  víctimas, dolor, mentiras y odio sin límites.

Duque, fumigador y emprendedor

Y para completar semejante escenario de horror, se lo refuerza con la promoción de otra política que merece el aplauso y estímulo de la galería y del más grande y peligroso impostor político del mundo, Donald Trump: hay que fumigar con glifosato la portentosa biodiversidad de nuestros bosques y la precaria salud y vida de miles de campesinos marginados. Ya Fernando Londoño, desde su editorial del programa radial “La hora de la verdad”, clama: “Glifosato, pero a la lata (…) que llueva glifosato sobre los campos”. No importa que el glifosato cause graves daños a la salud de las campesinas embarazadas y que sus hijos nazcan con deformaciones, enfermedades y limitaciones insuperables. Esa violencia contra la niñez campesina se oculta bien, no causa escándalo y nadie es responsable, así sea una política estatal promovida desde la Presidencia. Poco le importa a Duque que corra el riesgo de causar un irreversible ecocidio, pues le asiste la encomiable intención de derrotar a los narcoterroristas, y menos si se suma a la lista infame de maltratadores y violadores de la salud, la dignidad y el futuro de la niñez campesina[5]. Tampoco parece importarle mucho las consecuencias del fracking,  pues se hará con mucho cuidado, para el bienestar de todos los colombianos. Sin duda, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Pero la mayoría de colombianos ya no soportamos más seguir viviendo en este celestial infierno, así no seamos tan virtuosos como quienes hoy  nos gobiernan y cuestionemos su obsesión por salvarnos de los narcoterroristas, violadores de niños y castrochavistas, sometiéndonos eternamente a las llamas de la guerra, las mentiras maniqueas de sus políticas de odio y su justicia revanchista, para de paso eludir cínicamente sus responsabilidades históricas ante miles de víctimas. Por todo lo anterior, hoy el nombre de la justicia es la verdad, la memoria y la dignidad de todas las víctimas: las del campo y la ciudad, las desplazadas y las exiliadas, las muy pobres y muy rica, las notables y sin nombre. Por eso la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de los desaparecidos son un derecho y una responsabilidad de la mayoría de los colombianos, si queremos algún día vivir en paz y mirarnos de frente sin vergüenza y culpa alguna, al no haber aceptado por más tiempo ser cómplices pasivos o activos de tanta mentira, ignominia e impunidad. Sólo las verdades de las víctimas –por duras y atroces que sean-- y la plena asunción de responsabilidades por parte de todos sus victimarios –sin excepciones, justificaciones y subterfugios-- nos podrán reconciliar con nuestro pasado y tener un horizonte de convivencia pacífica, sin más vengadores irredentos, gracias a una justicia restauradora y reparadora, situada más allá del castigo y del ajuste de cuentas revanchista.

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