CALICANTO
(Mayo 21 de 2007)
(calicantopinion.blogspot.com)

¿La verdad para qué? (I)

Hernando Llano Ángel.

La obsesión por la verdad desvela en la actualidad a más de un político. Sin duda, pues no se trata de cualquier verdad. Es la verdad política la que está en juego. Aquella que se configura por el reconocimiento público y su amplia aceptación ciudadana, con fundamento en hechos irrefutables y verificables. Aquella verdad que por su carácter público nos afecta y compete a todos por igual. Por lo tanto, de su esclarecimiento depende el mismo sentido de la realidad en que vivimos. Por eso la célebre pregunta del maestro Darío Echandia ¿El poder para qué? es hoy desplazada por ¿La verdad para qué?

¿Cuál verdad y para qué?

Ya el mismo Presidente Uribe, desde Caucasia, afirmó: “Hay que decir la verdad, es lo que manda la ley, serena, tranquilamente, y predisponer la mente de todos los colombianos a la reconciliación.” Y a las preguntas de cuál verdad y para qué, respondió: “La verdad, pero la verdad con objetividad, ayuda a lo siguiente: a producir un efecto jurídico y a producir un efecto sociológico. La verdad ayuda a producir el efecto jurídico de que la persona que dice la verdad, tenga una sentencia reducida. Y ayuda a producir el efecto sociológico de que los colombianos avancemos mental y espiritualmente en el camino de la reconciliación.” Lo grave es que estos efectos jurídicos y espirituales que atribuye el Presidente a la verdad resultan ser totalmente inalcanzables con la ley de “Justicia y Paz”, pues ella riñe de bulto y en forma escandalosa con una verdad jurídica universal, según la cual los autores de crímenes atroces no pueden recibir penas leves. Ello sería tanto como simular justicia, la más grave burla para una auténtica reconciliación y la consagración de la verdad de los verdugos sobre el dolor y la memoria de las víctimas.

Sin embargo, el Presidente Uribe está tan convencido de la superioridad moral de dicha ley, que en el mismo discurso sostuvo: “Estamos en un momento muy importante de la Ley de Justicia y Paz. Esa ley, a diferencia de procesos anteriores, esa ley es una ley de paz, pero sin impunidad. A los responsables de delitos atroces no les da amnistía ni les da indulto, bajo ciertas condiciones les ofrece una sentencia reducida”. Afirmación de una trascendencia y gravedad que no se puede pasar por alto, pues constituye una violación a la misma ley de “justicia y Paz”, que excluye de entrada a quienes hayan cometido “crímenes atroces”, sin importar las circunstancias. Semejante afirmación raya con el cinismo criminal, pues está aceptando que “bajo ciertas condiciones” los delitos atroces merecen “una sentencia reducida”.

Tal parece que Salvatore Mancuso y sus abogados son de la misma opinión presidencial, pues no de otra forma se puede comprender su espeluznante revelación a Natalia Springer –en su valiosa y valiente entrevista publicada en “El Pasquín”: elperiodicodelao.blogspot.com- al reconocer que: “No teníamos secuestrados; los retenidos fueron dados de baja en su mayoría”, después de señalar que nunca se verificó la situación de más de 550 individuos registrados como secuestrados por las AUC, pues según Mancuso: “nunca acudimos al secuestro”.

Con estas declaraciones, sumadas a las evidencias aportadas por la heroica fuga del subintendente de la Policía John Frank Pinchao, completamos toda la gama del horror que configura nuestra espectral realidad política. Desde la iniquidad, oficialmente auspiciada por el adefesio de la denominada ley de “justicia y paz”, pasando por las matanzas y la desaparición de “retenidos” a manos de las AUC, hasta la degradación y humillación de seres humanos encadenados por las FARC en nombre de supuestos ideales revolucionarios.

La legitimación del horror

Pero semejante verdad que es públicamente inocultable e internacionalmente motivo de estupor, pretende nacionalmente no sólo ser desconocida, sino lo que es peor políticamente legitimada mediante la manipulación de encuestas de opinión, como la reciente “Gran encuesta de la para-política”, publicada por la revista Semana (edición número 1305).

En efecto, el llamado “Movimiento de presos políticos y desmovilizados de las Autodefensas Campesinas”, en Carta al pueblo colombiano, publicada en los principales periódicos de circulación nacional el domingo 13 de Mayo (cruel regalo para miles de madres), proclamó: “Los resultados de la encuesta revelan la reacción efusiva del pueblo colombiano, que guarda buena memoria y estima en su justo valor nuestro papel tanto en la guerra, como en los procesos de desarme y desmovilización… el criterio del 82 por ciento de los colombianos, es decir, más de treinta y dos millones de compatriotas, que privilegian la eficacia del pragmatismo de los hechos de paz, a los efectos de los textos anodinos, sectarios o rencorosos de algunos columnistas, cuyos artículos emanan un solapado tufillo político”. En forma cínica y con semejante tono de orgullo patrio, las AUC reclaman ahora su hegemonía e impunidad política sobre la nación, gracias a su habilidosa coalición electoral con las distintas facciones del Uribismo, el liberalismo y el conservatismo, galvanizadas y aplomadas en su defensa incondicional del statu quo.

De amantes criminales

Una coalición forjada con el actual poder político señorial, que hoy repudia públicamente dicha relación criminal, dándole el trato de una amante indeseable y mentirosa, porque pone en entredicho su reputación institucional como impecable Estado de derecho, a semejanza del esposo fiel que proyecta una imagen social de superioridad moral intachable. Por eso hoy la amante desengañada y humillada, ad portas de ser judicialmente condenada, termina “convocando al país tolerante, pacifista, democrático y pluralista para que en escenarios de debate público, discutamos con criterio constructivo, alternativas de paz y reconciliación para la patria”.Y todavía guarda la esperanza de un trato menos mezquino de su ex amante bandido, reclamando “una sincera y profunda valoración de los colombianos a los esfuerzos del Gobierno Nacional y de los Desmovilizados, en procura de la reconciliación del país.”




De llegarse a imponer esta versión de la verdad política, estaríamos aceptando el crimen como título de legitimidad para gobernar. Y es justamente dicha verdad la que desvela y exaspera al Presidente Uribe, en su afán por revestirla con mantos de legalidad.

Verdades inconfesables y pactos reales

Por eso, desde Caucasia, ante la propuesta de los “para” de contar toda la verdad política a la Iglesia Católica pero bajo la reserva del secreto de confesión, “porque hay personas de la política, de las empresas, de las Fuerzas Militares, del Gobierno, involucradas, y que eso podría ser desestabilizante para la Nación” respondió el Presidente lo siguiente: “No lo puedo aceptar. Y a partir de que les dije no lo puedo aceptar, entré a hacer esta explicación: veamos el tema desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la legitimidad del Estado. Aceptar eso iría en contra de la Ley de Justicia y Paz, que exige la confesión. Yo he jurado dos veces cumplir la Constitución y la ley, para posesionarme como Presidente de la República. Jurídicamente no lo puedo aceptar. Y para abundar en claridad dije: en gracia a la discusión, hipotéticamente, si alguien dijera que eso es posible desde el punto de vista jurídico, yo pediría que lo que se tenga que decir frente al Presidente de la República, no se le diga a nadie en secreto, sino que se le diga a los jueces y a la opinión pública, pública y abiertamente, porque este Estado necesita legitimidad.”

Dicha declaración, bien podrá engrosar los anales de la historia colombiana como la más contundente confesión de parte del carácter precario y espurio del actual poder presidencial, pues éste deriva de un pacto más o menos clandestino con las AUC y de la alianza electoral de conspicuos representantes del Uribismo, que aprobaron la reelección presidencial inmediata, y hoy están procesados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía por concierto para delinquir.

El pacto fue sellado, en representación del Presidente Uribe, por Luís Carlos Restrepo, Alto Comisionado para la paz, con Salvatore Mancuso y sus correligionarios en Santa fe de Ralito, como se desprende de la siguiente grabación, oportunamente revelada por Semana.com (ver “Revelaciones Explosivas”), cuando discutían apasionadamente los términos de la futura ley de justicia y paz, y las garantías de no ser extraditados. Entonces, Luís Carlos Restrepo expresó: "Hay una oferta del Presidente que dice: Yo no puedo modificar el tema de la extradición porque esto se me convierte en un problema internacional inmanejable. Yo no puedo en medio de una campaña electoral o en medio de unas relaciones de cooperación con Estados Unidos pretender modificar este tema. Ante esa realidad dice el Presidente: Yo uso mi discrecionalidad como Presidente. Para un buen entendedor, eso es lo que ofrece el Presidente”. No hay duda que, en ese entonces, los “paras” creyeron en la palabra del Presidente, aunque ahora no confían plenamente en ella. Pero más allá de estos pactos entre caballeros y criminales, lo que realmente importa es la verdad política que terminó configurándose, como fue la aprobación de la reelección presidencial inmediata. Aprobación que no hubiese sido posible sin el voto de los congresistas que hoy están siendo procesados por concierto para delinquir con los “paras”. Con la declaración de Caucasia, el Presidente Uribe pretende que su credibilidad y prestigio como gobernante, que es indiscutible, sustituya la legitimidad institucional y democrática de su mandato, que cada día es más insostenible. Pero esta maniobra de hábil prestidigitador político olvida que ya no vivimos en el tiempo en que el Soberano era el Estado.


No basta con una fuerte legitimidad carismática y personal para gobernar democráticamente y contar con el apoyo y el reconocimiento internacional. Están lejanos los ejemplos del pasado para demostrarlo: Hitler y Stalin, pero muy cercanos los del presente: Castro, Chávez, Fujimori, Pinochet...

¿Del concierto para delinquir al concierto para convivir?

Vivimos un momento histórico, el de la refrendación, una vez más, del aforismo conservador del poder: “Autoritas facit legem non veritas” (La autoridad hace la ley, no la verdad), o la instauración del aforismo ciudadano y democrático: “Veritas facit legem non autoritas” (La verdad hace la ley, no la autoridad). En términos más familiares y cercanos: aceptamos el concierto para delinquir como título para gobernar o, por el contrario, nos empeñamos en forjar un concierto ciudadano para convivir, como el único título de verdad y legitimidad para gobernar. De ese tamaño histórico es el desafío del presente. En el evento de prevalecer el concierto para delinquir, bajo sutiles fórmulas legales (Justicia y Paz) y políticas (Reconciliación Nacional), entonces el aporte del Uribismo a la teoría política no es despreciable, pues habrá acuñado un nuevo aforismo: “Crimen facit autoritatem, veritatem et legem” (El crimen hace la autoridad, la verdad y la ley). El próximo 28 de Octubre, mediante la elección de gobernantes locales y departamentales, podemos decidir si estamos entre quienes promueven, bajo la sombra del prestigio presidencial, el concierto para delinquir o propugnamos por el concierto para convivir.

(Todos los resaltados son del autor)

CALICANTO
(Abril 26 de 2007)

El Apagón Nacional.

Hernando Llano Ángel.

Después de la alocución y rueda de prensa del Presidente Uribe, el pasado 19 de Abril, no queda la menor duda de que todos los colombianos somos rehenes de un pasado criminal. También que vivimos un presente ignominioso, donde los verdugos son tratados con toda consideración y las víctimas con total desprecio. Y parece que estamos resignados a heredar, una vez más en nombre de la paz y la reconciliación, un futuro de impunidad y olvido. Quizá por ello los comandantes de las autodefensas celebran desde Itagüi la propuesta de Petro de un “acuerdo nacional por la verdad”. No gratuitamente los protagonistas políticos de la semana pasada fueron el Senador Petro y el Presidente Uribe. Ambos deambulan extraviados en el laberinto del pasado, como si la política fuera un ajuste de cuentas personal con los crímenes de ayer, y no una ardua lucha contra la ignominia del presente por un futuro menos indigno y vergonzoso para todos. La política es mucho más que un asunto de honorabilidad personal o familiar, que trasciende los insultos y los desafíos altisonantes. No puede ser reducida por la oposición a una búsqueda insensata de culpabilidad personal de Uribe o sus familiares en su cruzada contra las FARC por el execrable asesinato de su padre en la Hacienda de Guacharacas. La política es, antes que nada, un asunto de responsabilidad pública, donde se deben examinar las conductas de los gobernantes, más que los duelos y reacciones de orden personal y familiar, que caen en la órbita del juicio moral o la investigación judicial.

Del otro lado, es deplorable escuchar a un jefe de Estado, que simboliza la unidad nacional, descalificar a su oponente por haber sido en el pasado un “guerrillero mediocre”. Peor aún, haber afirmado en tono irónico que en su caso personal “habría sido buen guerrillero y habría buscado tener éxito militar en lugar de buscar éxito como calumniador.” Con semejante belicosidad, terminó el Presidente Uribe rindiéndole un tributo a las FARC y su presente obcecación criminal, empeñada en demostrar con atentados como el de Cali que la política de seguridad democrática es más un éxito mediático que una realidad tranquilizadora. A tal extremo se dejó arrastrar el Presidente Uribe en la defensa apasionada de su cruzada contra las FARC, que terminó confesando que de “haber sido yo paramilitar, habría sido paramilitar de frente, no de corbata y de escritorio. Con fusil al hombro, buscando éxito militar”.

Semejante declaración, apenas comprensible en los labios de un terrorista en transición a la vida civil, es absolutamente desconcertante en la alocución pública de un Presidente, pues así demuestra su total desprecio con los familiares de más de 10.000 víctimas de los paramilitares. De alguna manera, se constituye en la prueba reina que permite comprender el trato benigno de la llamada ley de Justicia y Paz, de iniciativa gubernamental, con los comandantes paramilitares, auténticos criminales de lesa humanidad, que bajo la coartada de su lucha contrainsurgente no estarán ni siquiera ocho años privados de la libertad. Poco importa que hayan forjado la máquina narcoterrorista más cruel y despiadada de todo el continente y de nuestra historia reciente, según los testimonios de sus propios integrantes, quienes se entrenaban descuartizando campesinos vivos para así ganar la confianza de sus comandantes.
Dicha declaración del Presidente también permite comprender el que hoy los reconozca como interlocutores políticos de un supuesto proceso de paz, pues cuando estuvo como Gobernador de Antioquia fueron los pacificadores a sangre y fuego de Urabá. En efecto, apenas a seis meses de iniciada su Gobernación en Antioquia, el entonces Senador Fabio Valencia Cossio, denunciaba que la política de orden público de Uribe había generado un “incremento de los homicidios en un 387% en el Urabá, y está auspiciando el paramilitarismo con las cooperativas de seguridad Convivir” (El Tiempo, 30 de Agosto de 1995, p.6A). “El número de asesinatos llegaría a 1.200 en la zona bananera en 1996, la cifra más alta de toda su historia, y la tasa de promedio por 100.000 habitantes alcanzaría proporciones trágicas, con un registro superior a 500 (Dávila, Escobedo, Gaviria y Vargas 2001)”.[1] Como si lo anterior no comprometiera la responsabilidad política del entonces gobernador Uribe, un año después en un comunicado de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), señalaban: “La tranquilidad que hoy se respira en Urabá, y la entrada en funcionamiento de las Convivir, crea un clima para que retornen los empresarios y ganaderos, nosotros por nuestra parte, cumplida nuestra misión en la región buscaremos abrir nuevos frentes de trabajo, en otros lugares donde la guerrilla asola la población con el secuestro, la extorsión y el boleteo.”[2]

Pero mucho más grave que ese horror del pasado, donde las Convivir hicieron parte de esa gesta pacificadora, es que el Presidente Uribe sea incapaz de reconocer que ellas fueron un error bajo cuya mampara legal iniciaron o continuaron sus acciones criminales muchos de los actuales comandantes paramilitares, como el propio Mancuso y el ya indultado Chepe Barrera, sin que en este último caso hayamos conocido verdad, reparación o justicia alguna. Error en el que persiste tercamente el Presidente, asumiendo ahora toda la responsabilidad política, como se desprende de su apasionado discurso en el Consejo Comunitario de Aracataca, el pasado 14 de Abril, cuando en tono de arenga militar ordenó: “General Padilla: que critiquen lo que critiquen, que se venga el mundo encima, pero bajo mi responsabilidad política, acabe con lo que queda de las FARC, que es la hora de hacerlo. General Padilla: que se venga el mundo encima, que critiquen lo que critiquen, pero bajo mi responsabilidad política, proteja a Cali, saturando a Anchicaya y el área de influencia de comunidad rural en construcción de confianza con la Fuerza Pública. Proteja a Urabá, saturando ese corazón de montaña entre Tierradentro y Mutatá con Fuerza Pública y con comunidades rurales, cooperantes con la Fuerza Pública, recibiendo una periódica bonificación económica. Hágalo cuanto antes, General, que el proyecto de la Sierra Nevada nos respalda, porque ha mostrado que es un proyecto de recuperación”. Proyecto de recuperación que se debe, también, a la gesta “pacificadora” de Jorge 40 y Hernán Giraldo, como ambos lo reconocen ahora ante la Fiscalía. Es por todo lo anterior que nuestro futuro tiene tan graves visos de impunidad, pues el Presidente está empeñado en reeditar la tercera generación de las Convivir, para que reemplacen rápidamente las huestes paramilitares recién desmovilizadas.

Lo que está pasando por alto el Presidente es que su orden al general Padilla constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe mandatos de tierra arrasada y guerra sin cuartel como los de Aracataca, además de involucrar a la población civil en el desarrollo de las hostilidades.
Orden que puede convertir mañana en realidad la exageración de García Márquez sobre las miles de víctimas de la masacre de las bananeras. El terror político superaría así la ficción novelesca. Con la pequeña diferencia que hoy existe la Corte Penal Internacional. Toda la razón le asistía a Don Miguel de Unamuno, cuando advertía, en medio de la guerra civil española, que “Es más fácil civilizar un militar que desmilitarizar un civil”. Seguramente por ello Doña Lina de Uribe, hace apenas un año, terminaba su entrevista con María Isabel Rueda en la revista Semana (Edición 1.259) diciendo: “Uribe es un personaje muy extraño. Uno de los más extraños que haya conocido en mi vida.”

Sin duda, un personaje incapaz de reconocer, como Manuel Marulanda, que no hay peor error y crimen que el horror de la guerra, pues tiende a ocultar bajo el manto de la impunidad los más atroces delitos de lesa humanidad. Nuestro ignominioso presente es como un espejo donde se reflejan simultáneamente los protagonistas del terror, pero ellos son incapaces de reconocerse. Llevan tantos años apostando a la muerte, que todavía creen que pueden derrotar al enemigo en el campo de batalla. Las FARC han degradado la política a una estratagema criminal de secuestros y narcotráfico, en lugar de convertirla en una estrategia revolucionaria de cambio social. Ambas partes, establecimiento y guerrilla, le temen tanto a la vida y la paz, que no tienen el valor de apostarle a la política. Confían tan poco en la justeza de sus ideas y en la decencia de sus intereses que sólo creen en el “éxito militar”. No conciben la política sin las armas, sin una red de cooperantes remunerados o de alianzas tácitas y hasta explícitas con organizaciones criminales, en virtud de las cuales realizan reformas constitucionales como la reelección presidencial inmediata, ganan las elecciones o impiden que otros las ganen. Y todo ello en nombre de la “seguridad democrática” y la defensa del Estado de derecho.

Mientras en la otra orilla de esta insólita “democracia”, las FARC y el ELN, secuestran en nombre de la libertad y asesinan bajo la coartada de la justicia social. Tal es el tiempo de tenebrosa oscuridad que estamos viviendo. La nación se está apagando, no por problemas de interconexión eléctrica, como ayer, sino por finas y sofisticadas redes de complicidad institucional con el crimen. De alguna forma, todos somos rehenes de un pasado criminal. Unos pocos, los más privilegiados, son espectadores jubilosos de este presente vergonzoso, que acrecienta sus ganancias y lo reconoce el Consejo Gremial Nacional en un comunicado de solidaridad incondicional con el pasado y el presente de Uribe. Entre tanto, la mayoría se resigna indolente y humillada a heredar un futuro de impunidad, pues apenas sobrevive antes de la hora del juicio final. Ya lo sentenciaba San Agustín en “La ciudad de Dios”: “Un gobierno sin justicia es un gran robo”, la peor de las ignominias.

(calicantopinion.blogspot.com)

[1] - Romero Mauricio, “Paramilitares y autodefensas 1982-2003”, p 211.Bogotá IEPRI, Editorial Planeta 2003.
[2] - Ibidem, p. 219

CALICANTO
(Abril 10 de 2007)


TIEMPO DE PASCUA EN LA PLAZOLETA DE SAN FRANCISCO

Hernando Llano Ángel.

Tiempo de pascua es aquel que celebramos todos los días cuando nuestros actos de vida superan la rutina cotidiana de nuestra propia muerte y su cortejo fúnebre de conformismo, indolencia y mediocridad. En pascua triunfa la generosidad de una vida compartida sobre la comodidad de una vida protegida. Los gestos de confianza sobre el temor y el miedo, porque la palabra revela nuestras identidades, no oculta nuestras intenciones y anuncia nuestras acciones. En tiempo de pascua la comunicación es un ejercicio de comprensión y no una estrategia de negociación o dominación.

Tiempo de pascua es aquel que vivimos todos los días hombres y mujeres corrientes cuando cumplimos nuestros compromisos y metas, sin requerir para ello de líderes heroicos, de alianzas infamantes con organizaciones criminales o de claudicaciones humillantes frente a terceros Estados. Porque en tiempo de pascua prevalecen los gestos de paz sobre las muecas de la guerra y los actos de confianza sobre las medidas y políticas de seguridad.

En tiempo de pascua debe germinar la libertad concertada sobre el terreno estéril del secuestro y la acción temeraria del rescate militar. La dignidad de pensar y deliberar, sobre la servidumbre de obedecer y claudicar. En tiempo de pascua la equidad no es una cifra estadística de la fatuidad oficial. La justicia no es una coartada para la impunidad, porque en tiempo de pascua la verdad de las víctimas resucita sobre la mentira yerta de los verdugos.

En tiempo de pascua la política es un ejercicio de libertad e igualdad, no un despliegue militar de intimidación y dominación. En tiempo de pascua triunfa la política de la fraternidad y la solidaridad, sobre la política de la enemistad y el terror con sus estrategias de miedo y seguridad. Por todo ello, mañana jueves es imperiosa nuestra expresión de poder ciudadano contra la impotencia del terror, la ignominia del secuestro y la desaparición forzada, asistiendo solidariamente a la plazoleta de San Francisco para celebrar este tiempo de pascua a las diez de la mañana.

CALICANTO
(Marzo 22 de 2007)

Encrucijada histórica: ¿Del Régimen electofáctico al democrático? (II)

Hernando Llano Ángel.

El paisaje político nacional es tan ignoto e incierto, que más se parece a una manigua impenetrable de intereses y actores, donde se mezcla y camufla el crimen con la política y la codicia con los privilegios, para formar así la sustancia del actual régimen electofáctico. Un régimen donde predominan los poderes de facto bajo el manto encubridor de las elecciones, que vienen así a legitimar y sancionar lo que impúdicamente se ha consolidado a través de la violencia, el saqueo del erario y la depredación de nuestra portentosa riqueza natural por parte del narcotráfico y la fumigación oficial de glifosato. Una violencia proteica, capaz de tomar las más diversas e insospechadas formas, bien bajo el traje civil de exitosos empresarios, como los de Chiquita Brands, o los impecables camuflados de hombres armados, cuyo bando ya no es posible adivinar ni siquiera por la identidad de sus víctimas, pues han llegado al extremo de autoeliminarse mutuamente. Así ha sucedido al interior de las Autodefensas, con sus ejecuciones endogámicas y fratricidas, y ahora está sucediendo entre las FARC y el ELN en algunas regiones del país. Ello demuestra, una vez más, la fatuidad y esterilidad de la violencia, como su impotencia para generar poder, más allá de la incierta y cambiante correlación de fuerzas militares entre los bandos enfrentados.

Una violencia que ayer lucía de civil en las Convivir, después de camuflado en las AUC y hoy ya no es posible discernir qué prendas viste ni desde dónde se ejerce, pues según lo ha expresado el Fiscal General, Mario Iguarán, “no fueron las autodefensas las que reclutaron a la clase política. Fue la clase política la que reclutó a las autodefensas.”

Igual predicamento vale para el narcotráfico, ya casi convertido en una víctima de la voracidad de los políticos para financiar sus campañas, como ahora nos estamos enterando por boca de “Rasguño” ó Hernando Gómez, en víspera de su extradición a Estados Unidos: “creo que fueron entre dos mil y tres mil millones de pesos”, lo aportado a la campaña de Samper con conocimiento de Serpa y Botero. Testimonio que coincide con lo señalado en reciente entrevista por Eduardo Mestre, al reconocer que a la campaña de Samper le sobraba dinero para financiar la segunda vuelta y que al menos se robaron dos o tres millones de dólares.

Pero semejante revelación de “Rasguño” es una nimiedad al lado de su aseveración, según la cual “los paras siguen traficando desde Itagüí” y le preocupa “que el proceso de paz se dañe”, pero añade: “Yo no creo que Estados Unidos y que el gobierno de Colombia al ver esas cosas vayan a pagar semejante costo político por un asunto judicial”. También declaró que: “manejé dos o tres congresistas y unos ocho alcaldes del norte del Valle”, cuyos nombres no quiso revelar. Por último, celebró que Cuba hubiese devuelto al gobierno colombiano su computador personal “porque tiene asuntos muy complicados a nivel político, de procesos de paz, guerrilla. Ese computador va a hacer mucho daño.” Sin duda, otra auténtica caja de Pandora que, sumada al “Acuerdo político” sellado por Jorge 40 con cerca de 30 políticos en Santa Marta, se convierte en una pieza clave para comprender esa simbiosis entre el crimen y la política que es hoy la principal característica de este régimen electofáctico.
Característica que incluso fue corroborada por el Senador Miguel Pinedo, tan cercano al presidente Uribe, en el debate sobre la parapolítica en el Congreso, al recordar que el único departamento de la Costa Atlántica donde Uribe ganó las elecciones en el 2002 fue en el Magdalena. Precisamente donde tuvo como jefe de campaña a Jorge Noguera, ex director del DAS, hoy detenido por sus estrechas relaciones con los paramilitares. Al anterior cuadro de connivencia entre la política y el crimen, hay que agregar que todos los Congresistas actualmente en la cárcel de la coalición uribista, no sólo votaron afirmativamente la reelección inmediata, sino que además concedieron el estatus de delincuentes políticos a los miembros de las AUC, cuyo artículo posteriormente la Corte Constitucional declaró inexequible por vicios de procedimiento.

Es, por todo lo anterior, que este régimen político no puede ser eufemísticamente llamado democrático, puesto que “los patrones formales e informales, y explícitos e implícitos, que determinan los canales de acceso a las principales posiciones de gobierno, las características de los actores que son admitidos y excluidos de tal acceso, los recursos y las estrategias permitidas para lograrlo, y las instituciones a través de las cuales ese acceso ocurre y, una vez logrado, son tomadas las decisiones gubernamentales,”[1] tiene una relación estrecha y directa con las acciones criminales de los paramilitares y su estrategia política, electoral y militar contrainsurgente, como ya es de público conocimiento y cada día lo irá develando con mayor claridad la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.

El nombre que más se le aproxima sería el de “electofáctico”, pues expresa, a través de los triunfos electorales del Presidente Uribe y de su coalición en el Congreso, esa perfecta simbiosis entre los inicuos privilegios del Statu Quo y los criminales privilegiados de las AUC. Y hasta la fecha ello ha sido posible, porque el Presidente Uribe encarna hoy plenamente lo que ayer también encarnaron sus inmediatos antecesores: Pastrana, Samper, Gaviria y Betancur, la ausencia absoluta de responsabilidad política, pues como bien lo expresó Sartre: “Nada hay más respetable que una impunidad largamente tolerada”. Y evitar la impunidad en el terreno de la política no es tanto un asunto de los jueces, es fundamentalmente una responsabilidad ciudadana, pues sólo a través de nuestra consciente y libre expresión en las urnas puede ser castigada. Las próximas elecciones regionales son una oportunidad para hacerlo, por ello es crucial la veeduría internacional efectiva y no sólo formal de la OEA, para no terminar cumpliendo una función inocua, como lamentablemente lo ha sido hasta la fecha en el proceso de “Justicia y Paz” con los paramilitares.

calicantopinion.blogspot.com







[1] - O´Donnell Guillermo “Acerca del Estado en América Latina: 10 tesis para discusión”, página 152 en www.democracia.undp.org

CALICANTO
(Febrero 21 de 2007)

Encrucijada histórica: ¿Del Régimen electofáctico al democrático? (I)

Hernando Llano Ángel.

Ahora que vivimos bajo el poderoso influjo de la publicidad bancaria, que nos lleva hasta el cielo (banco de Colombia) y nos hace ver la realidad de otra manera (banco de Bogotá), también predominan las visiones optimistas y hasta eufóricas sobre nuestra realidad política. Desde las insuperablemente cínicas y gobiernistas, apenas propias de un bufón de Palacio, como la de José “Obtuso” Gaviria, al afirmar que las investigaciones de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia son “la apoteosis de la seguridad democrática”, hasta las más ingenuas que ven en esta coyuntura la oportunidad para la refundación de la política, después de su depuración de criminales. Sin duda, una de las mayores dificultades para superar esta encrucijada histórica es poder reconocerla en sus justas dimensiones, sin caer en los extremos del optimismo obtuso o del pesimismo apocalíptico.

Una forma de hacerlo, es reconociendo que estamos viviendo una auténtica coyuntura histórica de revelación, que nos está develando la verdadera matriz de nuestro sistema político: la simbiosis entre la política y el crimen. Esta simbiosis se encuentra situada más allá del orden constitucional y legal y se ha convertido en el hilo conductor de sus principales transformaciones y crisis. Así como hace 17 años la Asamblea Nacional Constituyente fue catalizada por la violencia magnicida y terrorista de Pablo Escobar, hoy presenciamos la consolidación de un proyecto político hegemónico que, bajo el espejismo de la “seguridad democrática” y como respuesta al miedo ciudadano, está fraguando una nueva alianza entre los privilegiados de siempre con nuevos y potentados criminales, privilegiados por su lucha contrainsurgente, mediante la llamada ley de “Justicia y Paz”.

No sólo se trata de una alianza entre el plomo, el polvo cristalino, la tierra ubérrima y la plata, sino también de un sincretismo ideológico y cultural entre un pasado anacrónico, provincial, neofeudal y violento (cuya mejor expresión son las AUC) con la tecnocracia del power point, Internet y la formación académica internacional, bien reflejada en la personalidad ultramontana y también ultramoderna del Presidente Uribe, rodeado de jóvenes tecnócratas y asesores que añoran el regreso de esa autoridad patriarcal providente, protectora e infalible que encarnaban los abuelos y viejos “paisas”.

Para ejemplificar esta alianza, basta citar el testimonio de quien es considerado el máximo estratega de las Autodefensas, José Vicente Castaño, en entrevista concedida a la revista Semana hace poco más de un año: “La seguridad democrática funcionó y se nos ha terminado la razón de existir. Las autodefensas nacieron porque el Estado no podía defendernos pero en este momento el Estado está en capacidad de defender a los ciudadanos.”[1]

Sobre la simbiosis entre la política y el crimen, bastaría recordar las reveladoras declaraciones del Senador Miguel de la Espriella, del partido “Colombia Democrática”, organización que se precia haber fundado el Senador Mario Uribe con su primo y hoy Presidente, Álvaro Uribe Vélez.

El Senador de La Espriella comienza por recordar que en el año 2001 “nos llegó una citación. Pensaba que era a algunos políticos de Córdoba, después me di cuenta que no era sólo los de Córdoba sino de muchísimos políticos de diferentes regiones del país. Ahí estuvieron congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y en ese momento nos hablaron Castaño y Mancuso, nos hablaron unos profesores venidos de la Universidad de la Sorbona y propusieron la creación de un movimiento comunal y político que de alguna manera defendiera las tesis de las autodefensas y que propendiera por un proceso de paz con las autodefensas. Esa fue una reunión que se hizo en Ralito, tengo que decirlo… Con posterioridad a esa reunión se nos solicitó la firma de un documento. Todos lo firmamos. Todos los que estábamos ahí sin excepción. Ahí hubo liberales que salimos del partido y liberales que se mantienen en el partido. Hubo conservadores. Hubo personas que ocupan cargos en el gobierno. Hubo líderes gremiales. Ahí se estaba planteando la creación de un movimiento que respaldara la creación de un movimiento político con una visión más nacionalista.”[2] Al respecto, no deja de ser una curiosa coincidencia que el nombre escogido por el Presidente Uribe para agrupar en torno suyo al mayor número de Movimientos políticos haya sido “Primero Colombia”, bajo cuyo auspicio viene gobernando desde el 2002.

En nuestra historia reciente esta relación entre el crimen y la política ha sido determinante, diferenciándose por sus grados de confrontación, negociación, connivencia, complicidad, coalición táctica o alianza estratégica. Así, podríamos decir que en el extremo de la confrontación, incluso confundiendo la ética política con la moral patriarcal y la política con el honor personal, estuvieron Rodrigo Lara Bonilla y Luís Carlos Galán en su cruzada contra Pablo Escobar y el narcotráfico. Entre la confrontación, la negociación y la connivencia, oscilaron Virgilio Barco y Cesar Gaviria, mientras que Samper se movió desde la negociación, pasando por la complicidad hasta concluir en la confrontación de sus generosos patrocinadores, no sólo con el encarcelamiento de los Rodríguez, sino también mediante el restablecimiento constitucional de la extradición. En la coalición táctica con las FARC estuvo Andrés Pastrana, quien alcanzó en segunda vuelta la Presidencia, en gran parte gracias al veto de las FARC a Horacio Serpa y a su compromiso personal de ofrecerles la zona de distensión, convertida paulatinamente en retaguardia de crímenes de lesa humanidad.

Pero lo novedoso y escabroso del presente es que estamos en la fase de la alianza estratégica entre la política y el crimen. En el lado institucional tenemos al Presidente Uribe, que cuenta con un gran respaldo mediático y de movimientos electorales más o menos efímeros, integrados en su mayoría por bandadas de tránsfugas, oportunistas, ambiciosos y corruptos -salvo contadas excepciones- y en la contraparte criminal tenemos a la fuerza espectral de las Autodefensas que se encuentra en un acelerado proceso de metamorfosis, siendo por ello casi imposible distinguir entre políticos y criminales. Su metamorfosis es tan vertiginosa y exitosa, que incluso ya se están convirtiendo en la autoridad moral que pretende conducir el proceso de paz y reconciliación entre los colombianos, como se desprende de su comunicado público emplazando a los Congresistas a decir toda la verdad sobre el alcance de dicha alianza.

Al respecto, han señalado: “Por primera vez en Colombia se pide en un proceso de paz que los actores cuenten toda la verdad, todavía sin que aún haya tomado distancia histórica muchos dolorosos episodios que nos ha tocado vivir y de los que muchos somos protagonistas. Pese a ello, hemos tomado la decisión de dar el paso que la ley exige y la sociedad demanda. Tanto por nuestra formación cristiana, como por nuestra posición política, hemos entendido que sólo "la verdad os hará libres". El conocimiento de la verdad plena es decisivo para el fortalecimiento de la democracia, la reconciliación nacional y el perdón. Conocer la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto armado en el que participamos es un derecho colectivo inalienable y un instrumento indispensable, como salvaguardia para impedir en el futuro la repetición azarosa de hechos de violencia. El conocimiento de la historia por parte de un pueblo sumamente lacerado por cuenta de la violencia fraticida como el nuestro, es el más valioso patrimonio y la mejor garantía, para escapar definitivamente de ese círculo vicioso y constrictor, que convirtió a las víctimas de ayer en los victimarios de hoy. Ciertamente nosotros, ante el vacío negligente de Estado, luchamos contra un daño que lesionaba gravemente a la sociedad, causando igualmente mucho daño. Ahora, de ninguna manera queremos que este círculo perverso que un día nos atrapó a nosotros, mañana absorba la vida de otros colombianos”.[3]

Tal es la peculiaridad y gravedad de esta coyuntura que ha desnudado, como ninguna otra, el carácter espurio y falaz de un sistema político que se reviste con los oropeles de la democracia para ocultar así las fuerzas de facto y criminales que rigen su gobernabilidad. De allí su carácter electofáctico. Por ello, el mayor desafío es superar esa falsa e hipócrita imagen, como punto de partida para transitar hacia un auténtico régimen democrático. Para asumir semejante desafío se requiere tanto un cambio en las reglas del juego político como de jugadores, pero sobre todo de actitud y compromiso ciudadano, que es mucho más que una cuestión de buena voluntad y discursos moralizantes, pues la autonomía y la libertad de los electores no crece en medio del hambre, la marginalidad y la manipulación de su miedo. Pero la complejidad de este inhóspito paisaje, requiere al menos otro Calicanto.



[1] - Revista Semana Edición 1.205, Junio 6 a 13 de 2005, página 32.

[2] - El Tiempo, Domingo 26 de Noviembre de 2006, Nación, página 1-16.



[3] - El Tiempo, Noviembre 23 de 2006.

CALICANTO
(Enero 30 de 2007)

El Estado para Uribe

Hernando Llano Ángel.

Todo parece indicar que el Presidente Uribe y Salvatore Mancuso comparten el mismo diagnóstico en torno al carácter de nuestra crisis política y sus causas profundas. Comparten, por así decirlo, el mismo terreno, la misma heredad, a semejanza de sus haciendas en el Departamento de Córdoba. Ahora resulta que el responsable de todos nuestros males es el mismo Estado (no sus gobernantes), ese monstruo frío y abstracto, que el Presidente hoy está empeñado en liquidar y vender al mejor postor, así como ayer lo estaba en complementar y hasta suplantar mediante las célebres “Convivir”, cuando era Gobernador de Antioquia. En ese entonces se cometieron, entre 1995 y 1997 crueles y numerosas masacres, generadoras del mayor desplazamiento forzado de la población en toda la nación. A tal extremo, que el mismo senador Fabio Valencia Cossio, hoy alto Consejero Presidencial, confrontó al mandatario regional y lo denunció en el diario “El Tiempo” por un “incremento de los homicidios en un 387% en el Urabá, y estar auspiciando el paramilitarismo con las cooperativas de seguridad convivir.”[1] La tasa de homicidios por 100.00 habitantes en los cuatro municipios de Urabá rondaba las 500 víctimas, cuando el promedio nacional era de 60, según investigación del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes. Una región ubérrima en horrores y matanzas. Entre 1995 y 1996 se cometieron más de 2.000 homicidios. Por eso hoy tenemos un Estado a imagen y semejanza de sus gestores. Un Estado para mercaderes y mercenarios. Ya lo había dicho el mismo Macuso en su antológico discurso en el Congreso el 28 de Julio de 2004: “En honor a la verdad, la primera responsabilidad en el conflicto político, social, económico y militar colombiano, deriva de la debilidad del Estado.” Razón por la cual considera que las Autodefensas son una víctima más del Estado: “Es importante que ayudemos al Estado a que repare a todas las víctimas, incluidos nosotros”. Y a renglón seguido convocaba en forma entusiasta a votar por el Presidente Uribe, entonces en tránsito de reelección presidencial: “La razón por la que iniciamos esta negociación política no está muy lejos del sentido común, y por eso genera solidaridad. Creemos que hoy se está trabajando en la dirección adecuada para el fortalecimiento del Estado y sus instituciones.


Es la gran oportunidad de otorgar un voto de confianza en el futuro de nuestro País, sumándonos a 44 millones de personas empeñadas en la construcción de una democracia más legítima y de un Estado más fuerte, más eficiente, más justo y más responsable”. José Vicente Castaño, el estratega en la clandestinidad de las AUC, lo expresó en forma mucho más directa y clara, en entrevista concedida a la revista Semana en el 2005: “En Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos. La idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a esas zonas llegan las instituciones del Estado. Desafortunadamente las instituciones del Estado sólo le caminan a esas cosas cuando están los ricos. Hay que llevar ricos a todas las regiones del país y esa es una de las misiones que tienen todos los comandantes.[2]” Las anteriores declaraciones dejan meridianamente claro que el Presidente Uribe y los comandantes de las AUC piensan lo mismo sobre el Estado: su función primordial es garantizar la seguridad y prosperidad a unos pocos. Lo demás se dará por añadidura.

A tal punto es compartida dicha visión patrimonialista y elitista del Estado, que en el mismo Manifiesto Democrático, el Presidente Uribe no encuentra un mejor ejemplo para ilustrar la importancia de lo público que hacer una alusión directa a la empresa privada. Allí se puede leer, en el punto 17, que: “Las empresas estatales son las empresas privadas más importantes porque pertenecen a toda la comunidad. Es un delito de lesa comunidad hacer fiesta con lo estatal. Para salvar al Seguro Social, al Sena, al Bienestar Familiar, al Sisben y la educación pública, cero politiquería. Cuando los politiqueros se sienten amenazados salen con el cuento de que las van a privatizar.” Ahora que estamos asistiendo a la privatización del Seguro Social, no hay duda que el Estado para Uribe no sólo sirve para legitimar los crímenes de lesa humanidad sino también para cometer los de lesa comunidad con total impunidad. Ese es el Estado para Uribe, no el Estado social de derecho que consagra la Constitución en su artículo primero, del cual ya no quedan ni vestigios de lo social, menos aún de derecho y casi nada de Estado.

[1] - El Tiempo, 30 de Agosto de 1995, p.6A
[2] - Revista Semana, edición número 1.205, Junio 6 a 13 de 2005, página 34.

CALICANTO
(Enero 22 de 2007)

Más allá del “reality” paramilitar.

Hernando Llano Ángel.

Más allá del “reality” del proceso paramilitar que empezará a trasmitirse por la TV, lo verdaderamente importante no es tanto el conocimiento de la verdad pasada, sino la forma como las estrategias, alianzas y acciones criminales de los paras han configurado la realidad política actual y condicionan el futuro del poder político en nuestra sociedad. Desde esta perspectiva, más escandalosa que la probable impunidad que alcancen a través de la benignidad de las penas que les sean impuestas a los responsables de crímenes imperdonables, es la legitimidad política que dicho proceso ha logrado consolidar hasta el presente. Ello se refleja en el nivel de popularidad conservado por el Presidente Uribe, pese a ser uno de los artífices del proceso de “paramilitarización” de la sociedad a través del auspicio y fomento entusiasta de las “Convivir”, además de ser el gran prestidigitador detrás de la ley de justicia y paz, mediante la cual logró convertir en actores políticos a terroristas y narcotraficantes. Lo increíble es que a estas alturas, después de las revelaciones parciales de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Mancuso, el proceso continúe sin objeción alguna, cuando está en duda la aplicabilidad de la misma ley de justicia y paz, que excluye de su orbita dichas atrocidades.

Sin duda, esta coyuntura tiene una dimensión crucial para la consolidación de dicho proyecto político, donde confluyen desde los intereses más criminales de los narcoparamilitares, pasando por los espurios del gamonalismo y el clientelismo político hasta los intocables de elites económicas privilegiadas, o marcar el comienzo de su ocaso y derrota nacional. Pero tal como aparecen las cosas, estamos más cerca de lo primero que de lo segundo. La suerte del mismo no dependerá tanto del sistema judicial, rehén de las normas, los procedimientos y el carácter de sus funcionarios, como de la comprensión política ciudadana de lo que está sucediendo y su expresión en las próximas elecciones regionales y locales. Al fin de cuentas, somos los ciudadanos y ciudadanas los jueces de última instancia, pues con nuestro voto estaremos legitimando en el poder estatal o condenando al ostracismo de la vida política a quienes no pueden aspirar a representar interés público alguno por su pasado criminal o sus más o menos clandestinas alianzas con los protagonistas del mismo.

Tal es la trascendencia de las elecciones regionales que se realizarán en Octubre próximo para definir nuestros gobernantes regionales, que se convierten así en la verdadera prueba de identidad de nuestro régimen político, pues cada día nos enteramos con mayor precisión que detrás de las últimas elecciones el poder de facto del narcoparamilitarismo resultó ser determinante, salvo contadas excepciones. Estamos ante una encrucijada histórica: la consolidación de un régimen electofáctico, donde los poderes criminales de los paras o la guerrilla, según las regiones, deciden quienes pueden aspirar a gobernar, vivir o morir, o, por el contrario, empezar a reconstruir, desde las cenizas de la autonomía y la responsabilidad ciudadana, una precaria y secuestrada democracia. Sin duda, algo mucho más importante y valioso que el “reality” que está por comenzar y amenaza con cautivar y enajenar la atención nacional.

CRISIS DE VERDAD
(calicantopinion.blogspot.com)

Hernando Llano Ángel

Como en el sabio proverbio chino, hoy estamos al menos frente a tres verdades: “Tu verdad (la del paramilitarismo), mi verdad (la gubernamental) y la verdad (la realidad)”. Por eso, se trata de una crisis de la verdad política, que puede llegar a convertirse en una verdadera crisis de la política. Hoy presenciamos un pulso de verdad entre el Gobierno y las AUC, que refleja muy bien el pulso de poderes que están escenificando Uribe y Mancuso, tras el cual se oculta la verdadera realidad de la política. Es decir, quién controla a quién y en función de qué. Hay que cuidarse de caer en la trampa de las verdades. Resulta que ahora todo parece girar en torno a quién dice la verdad, cuando lo único relevante y verdadero es quién ejerce el poder político.

Porque quien lo ejerce impone su verdad política, aquella que resulta más funcional a sus intereses y objetivos. Justamente por ello, hoy el presidente Uribe llama criminales a los que ayer consideraba y trataba como actores políticos y en un pasado no muy lejano llamaba ejemplares ciudadanos, por ser miembros de las “Convivir”, como en efecto lo fue Mancuso en un principio. No hay que olvidar que las “Convivir” fueron promovidas y elocuentemente defendidas por Uribe, como Gobernador de Antioquia, ante la Corte Constitucional. Las mismas “convivir” que se mutaron en monstruo paramilitar, pero sólo ahora el presidente Uribe repudia y llama por su verdadero nombre. Tal es el alcance de la verdad política gubernamental y de la inocultable impunidad política de Uribe. Una verdad mutante y cambiante, con una enorme capacidad proteica para tomar las formas más inverosímiles, pero siempre leal y fiel en la defensa a sangre y fuego del statu quo y sus criminales privilegios. No importa los costos de esa defensa, ni las tenebrosas y tácitas alianzas urdidas en el pasado, pues de lo que se trataba era de salvar la Patria contra las huestes del terror de las FARC y el ELN.

Ya lo expresó recientemente el mismo Presidente Uribe, ante un furibundo auditorio de ganaderos en Cartagena: “Desde que haya buena fe y amor a la Patria, nosotros para adelante, sin importar lo que digan”. Por lo tanto, poco importa lo que ahora digan sobre el pasado unos horrendos criminales, pues a ellos no se les puede creer nada. Todo lo que digan de ahora en adelante se presume falso. Es falso. Sólo dirán mentiras para enlodar el honor y la dignidad de los altos oficiales de las Fuerzas Armadas, para denigrar y manchar la ejemplar e impoluta hoja de vida del primer mandatario. No merecen la más mínima credibilidad. Es la palabra de criminales contra la de honestos y sacrificados miembros de las Fuerzas Militares. De delincuentes condenados, como Rafael García a 18 años, contra intachables funcionarios, como Jorge Noguera, ex director del DAS.

La versión de tenebrosos asesinos, contra la palabra de abnegados y amenazados Senadores y Representantes, obligados a firmar y sellar una alianza con el crimen. En fin, la mentira y la violencia del crimen contra la verdad y la civilidad de la “democracia más estable, ejemplar y sólida de América Latina”. Por eso no se les pueda creer absolutamente nada, aunque sus verdades sean del tamaño de sus crímenes. Simplemente, porque si se les llega a creer, así reconozcan las numerosas masacres cometidas y los miles de desaparecidos ocultos en fosas comunes, esa verdad resulta horripilante a nuestros ojos. Se torna insoportable el olor y hedor de tanta verdad. Se vuelve insuperable el dolor de tanta ignominia. Imperdonable tanta humillación. Es preferible olvidar el pasado. Es mejor no ver la realidad. No conocer el pasado y mucho menos identificar los responsables de este tenebroso presente. De continuar desenterrando tanta verdad, puede llegar a suceder que los ciudadanos corrientes se confundan y pierdan el juicio. Entonces no puedan distinguir entre un político y un criminal. O quizás sí. Y con esa verdad ningún gobierno se puede sostener. Ninguna legitimidad se puede argumentar. Ninguna democracia puede existir. Se torna imposible gobernar.

Razón tenía Albert Camus, cuando reflexionaba en el prólogo del “Hombre Rebelde” sobre la relación entre el crimen y la razón: “Desde el instante en que se razona el crimen, éste prolifera como la misma razón, toma todas las figuras del silogismo. Era solitario como el crimen; helo ahí universal como la ciencia. Ayer juzgado, hoy legisla”. Podríamos agregar: hoy gobierna. Sin duda, estamos frente a una crisis de verdad, que puede transformarse en una política de verdad, desligada del crimen, sus protagonistas y cómplices. Más que del sistema judicial, ello dependerá de nuestro juicio y responsabilidad ciudadana. Al fin de cuentas, en una verdadera democracia los jueces de última instancia somos los ciudadanos y ciudadanas. Podemos repudiar o legitimar a los criminales y sus cómplices. De eso se trata en las próximas elecciones de mandatarios regionales, siempre y cuando tengamos garantías para expresarnos libre y responsablemente. Esa es la principal y quizá única verdad política que debe honrar y garantizar el presidente Uribe. De lo contrario, estará afianzando la actual simbiosis entre la política y el crimen, que es lo propio de un régimen electofáctico, negación absoluta de uno democrático.

CALICANTO
(Noviembre 22 de 2006)

Tiempos Cacocráticos

Hernando Llano Ángel

Más allá de las interminables controversias desatadas por las investigaciones que adelantan la Corte Suprema de Justicia, la mayoría en su etapa preliminar, contra conspicuos miembros del uribismo en el Congreso por su simbiosis criminal con el paramilitarismo, así como de las tardías revelaciones de la Comisión de la Verdad sobre la hecatombe de la Justicia, no está tanto el esclarecimiento de la verdad histórica o el pronunciamiento de veredictos de inocencia o culpabilidad contra algunos protagonistas de la parapolítica. Lo que realmente está en juego es la existencia misma de la política y su práctica como un ejercicio público de dignidad y decencia o, por el contrario, su mutación en una actividad clandestina donde ya no es posible distinguir entre el criminal y el político. A lo que estamos asistiendo es a la fase terminal de una brutal metamorfosis de nuestras instituciones y sus mutantes protagonistas, que ha tenido puntos horripilantes de inflexión, como la escenificación pública del horror en el Palacio de Justicia, en pleno epicentro del poder nacional, que arrasó con todo vestigio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante la acción combinada de una alucinada guerrilla y la soberbia presidencial estimulada por la revancha militar. Luego padecimos la fase narcoterrorista de los extraditables, superada provisionalmente mediante el ya derogado artículo 35 de la Constitución del 91, que prohibía la extradición de colombianos por nacimiento. Después supimos, con el proceso 8.000, que el poder deletéreo del dinero blanqueado era políticamente más eficaz que el poder terrorista de Escobar.

Pero lo que hoy estamos presenciando es mucho más grave. Es nada menos que la exitosa metamorfosis de esa simbiosis entre el crimen y la política. Vemos con estupor como de la crisálida del narcotráfico y del terror blanco sale una vistosa mariposa con alas tornasoladas, donde destellan el rojo castaño, pasando por el azul prusiano hasta el transparente y blanco cristalino. La multicolor y multiforme mariposa revolotea por el espacio público y electoral, da giros acrobáticos inimaginables, algunas veces en “U”, otras en “C”, o en “L”, hasta que termina posándose impunemente en las cumbres del poder político estatal. En semejantes alturas institucionales, sus alas toman más fuerza y alcance, pues su existencia es reconocida como inevitable, casi necesaria para derrotar a ese otro terrible coleóptero rojo, de tiempos inmemoriales, con mayor capacidad de mutación y mimetismo, que hoy se conoce bajo el nombre de terrorismo. Entonces la sutil mariposa se reviste de legitimidad y pretende volar más allá del bien y del mal, más allá de la Constitución y la ley, por eso algunos de sus miembros incurren en actos terroristas, que hoy el Fiscal General apenas califica de “burdo montaje y estafa”, como los cometidos por el Mayor del ejército Jaime Efrén Hermida y el Capitán Luis Gerardo Barrero. Falsos positivos que, según el Presidente, nunca existieron.



Es que toda metamorfosis impone su propia semántica legal y judicial. Por eso el Presidente, al comienzo de su gestión y como una primera fase de esta culminada simbiosis entre el crimen y la política, promovió la ley 782 de 2003, que le permitió empezar conversaciones, nunca negociaciones, con los comandantes de las AUC, reconocidos entonces como delincuentes comunes. En desarrollo de las mismas, cuya condición para empezar y continuarlas era el cese del terrorismo y las hostilidades, dichas organizaciones han perpetrado al menos 3.000 asesinatos y aún no han liberado más de 300 personas que figuran como secuestradas, según los reportes de “País Libre”, la fundación gestada por el actual Vicepresidente, Francisco Santos, ahora al frente de la política pública para la promoción, protección y vigencia de los Derechos Humanos. En el transcurso de las conversaciones, bajo la denodada coordinación del Psiquiatra y Filósofo Luís Carlos Restrepo, se logra una extraordinaria transformación en la personalidad e identidad de tan temibles y traumatizados pacientes. Terminan rehabilitados y convertidos en actores políticos, gracias a la sapiencia jurídica del actual Fiscal que, como Viceministro de Justicia, siguiendo instrucciones del ex presidente de FENALCO, Sabas Pretelt, negocia el contenido de la ley de “Justicia y Paz” atendiendo la solicitud de sus clientes para ser tratados como delincuentes políticos. Todo lo anterior, siguiendo instrucciones del Presidente Uribe, quien considera que “es muy difícil trazar una línea divisoria entre quienes participan en delitos de rebelión y sedición y quienes cultivan, procesan y trafican con drogas ilícitas”, según declaraciones públicas a RCN. Se culmina, así, la primera fase de la metamorfosis de la simbiosis entre el crimen y la política.

La segunda fase comienza con la reelección del prestidigitador de semejante acto de reconversión. Para ello no son despreciables los votos de Senadores y Representantes afines al paramilitarismo. En principio, aprobando el acto legislativo de la reelección presidencial inmediata y luego acompañándolo en su victoriosa campaña reeleccionista. Por eso no tiene sentido aportar prueba alguna sobre la responsabilidad presidencial en la configuración de este entramado cacocrático, pues a ello no sólo han contribuido la gran mayoría de los 69 senadores y 102 representantes que lo respaldan en el Congreso, sino los más de siete millones de Colombianos que lo reeligieron, apenas el 18% del total de ciudadanos y ciudadanas habilitadas para votar. Porque en la política no se trata de establecer culpabilidades personales sino responsabilidades colectivas. Y, sin duda, la confianza de la mayoría de esos siete millones de compatriotas ha sido defraudada y robada, gracias a esa hábil prestidigitación presidencial del miedo ciudadano a los ataques del coleóptero rojo y a su esperanza ingenua en un mandatario que prometió luchar contra la politiquería y la corrupción. Hoy vemos que sus aliados y compañeros de viaje están gravemente implicados con la multiforme y multicolor mariposa del paramilitarismo. Por todo ello estamos viviendo en los tiempos de la cacocracia, el gobierno de los ladrones más astutos y habilidosos, aquellos que roban la confianza ciudadana, posando de santos y virtuosos.

Afortunadamente el dominio de los cacos todavía puede ser desafiado y electoralmente derrotado en muchas regiones del país. Es nada menos lo que está en juego en las próximas elecciones regionales del 2007. Por eso, además de garantías para una competencia libre y justa, se precisa de una ciudadanía responsable, reacia a la manipulación mediática y al maniqueísmo moralizante, capaz de asumir conscientemente su papel, sin delegar en terceros la salvación de una espuria “democracia” y mucho menos creer que la patria es patrimonio de unos pocos. De lo contrario, la metamorfosis cacocrática se extenderá por todo el país, bajo la falaz consigna presidencial de “Primero Colombia”.

(Noviembre 22 de 2006)

CALICANTO
(Octubre 29 de 2006)

Uribe pinta mal

Hernando Llano Ángel.

El título, desde luego, no es un juicio estético sobre las dotes artísticas del Presidente, de las cuales dio muestras al alimón con el maestro Fernando Botero, pintando “La fiesta Nacional”. Los noticieros de televisión resaltaron, como un acontecimiento político-pintoresco, las pinceladas terminales del Presidente, repintando una deslucida franja amarilla del tricolor nacional, discreta cortina de la realidad, para después estampar, en el extremo derecho del lienzo, su firma de primer mandatario. La imagen no podría ser más reveladora del divorcio y el trágico contraste que existe entre la realidad presidencial y la realidad nacional. Un día antes de recluirse Uribe en la Casa de Nariño con Fernando Botero, el artista plástico que mejor ha vendido una imagen entre bucólica y cáustica de una Colombia anacrónica, violenta y clasista, apareció en la primera página de “El Tiempo” un informe del Banco Mundial que estima los costos del daño ecológico causado a nuestra portentosa riqueza natural en cerca de 7 billones de dólares, en gran parte por la desidia e incompetencia oficial. Denuncia el informe, entre otras aberrantes realidades, que la contaminación atmosférica causa “6.000 muertes anuales y 1.100 fallecimientos prematuros por contaminación domiciliaria.” Que por causa de desastres naturales, “entre 1993 y el 2000 más de cuatro millones de colombianos se vieron afectados por estos fenómenos –principalmente inundaciones y derrumbes--, cuyo costo anual fue de aproximadamente 453 millones de dólares (más de un billón de pesos). El saldo de estos desastres fue de 30 mil muertos. La población más pobre ha pagado los costos más elevados en cuanto a patrimonio perdido y muertos”, concluye la investigación del Banco Mundial, que contrasta tan elevado costo junto a un gasto militar de 5.4 billones de pesos para el 2006. Es decir, a la depredación de nuestra naturaleza, hay que sumar la degradación de nuestra condición humana.

Nuestra realidad es un lienzo que sobrepasa los horrores de “la violencia y las torturas” de la cárcel de Abi Ghraib, recreada por el maestro Fernando Botero. Violencia que se resisten a ver y reconocer muchos gobernantes, como obra de sus propias decisiones políticas y militares. Violencia que queda plasmada en forma irreversible sobre los cuerpos y las vidas de sus víctimas. Violencia que también se niegan a reconocer, quienes cínicamente llaman retención al secuestro; ajusticiamiento al asesinato y “contribución revolucionaria” a la extorsión y el chantaje económico.

Se comprende que la pinacoteca oficial no haya tenido hasta hoy ninguna “fiesta nacional” digna de subastar, al contar con pintores de manos tan diestras en retocar la hecatombe de nuestra realidad política para defender privilegios sociales, sumadas a las manos siniestras de quienes pintan por fuera del marco legal y anegan de sangre y muerte el paisaje nacional.

Por todo lo anterior, es que Uribe pinta muy mal como gobernante, pues se dedica a plasmar en un lienzo palaciego “La fiesta nacional”, mientras en la realidad parece estar esbozando una “tragedia nacional”. Sus últimos pincelazos, inspirados más por la rabia y el odio en lugar de la razón y la prudencia, pueden ser presagio de trágicos desenlaces. Parece estar actuando como un apasionado artista, en busca de histéricos aplausos de la galería, antes que como responsable estadista. Desde la Escuela Superior de Guerra, con corazón rabioso, proclama y ordena el rescate a sangre y fuego de los secuestrados, olvidando el destino fatal ya corrido por destacados ciudadanos y abnegados miembros de la fuerza pública en su terruño antioqueño.

Luego, desde Buenaventura, se convierte en implacable juez moral, declarando indigno al Secretario de Gobierno de esa ciudad, haciéndose eco de una extemporánea y patética denuncia pública de un oficial de la armada que, por ignorancia o falta de carácter, no denunció, como debió hacerlo en el acto, la presunta ilicitud del funcionario municipal. Sin duda, el Presidente y el oficial armaron la gorda, incluso mejor que Botero, y pintaron a cuatro manos un cuadro ejemplar de desinstitucionalización y desjudicialización, al punto que todavía no se han podido aportar las pruebas legales para procesar al ex Secretario de Gobierno. Pero este incidente no pasa de ser una nimiedad frente a la paciencia y generosidad que ha tenido el Presidente, rayana con la impunidad, ante los más de tres mil asesinatos y desapariciones atribuidas a las AUC, desde la iniciación del proceso en Santa Fe de Ralito, según denuncia del ex presidente Pastrana. Curiosa forma de entender la justicia tiene el Presidente Uribe, muy parecida a la lucha denodada que libra desde hace más de cuatro años contra la corrupción y la politiquería, en estrecha alianza con sus mayorías en el admirable Congreso que hoy tenemos. Seguramente por eso el maestro Botero lo invitó a terminar su irónico cuadro y a estampar su firma en la extrema derecha de su lienzo, pues hoy la politiquería caudillista y la corrupción clientelista están más robustas y alegres que Doña Felicidad en “La Fiesta Nacional”.

CALICANTO
(Octubre 18 de 2006)
LA UNIVERSIDAD: CAMPO DE-LIBERACIÓN, NO DE CON-FRONTACIÓN Y ELIMINACIÓN
(En memoria de Julián Andrés Hurtado)

Hernando Llano Ángel.

Los estudiantes de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali han convocado desde hoy miércoles y hasta el viernes 20 de Octubre al Primer Congreso y Séptimo Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencia Política y Carreras Afines, bajo la consigna central de: “¡Por una conciencia social!”. Al evento se han inscrito cerca de 600 estudiantes procedentes de diferentes ciudades y regiones del país, para presentar y debatir sus ponencias en cuatro mesas temáticas que abarcan desde las Relaciones Internacionales, pasando por el análisis del Sistema Político Colombiano; Procesos de Paz y Modelos de Justicia, hasta su eje central, la formación y promoción de una Conciencia Social desde diferentes enfoques. El campus de la Universidad consagrado a su tarea esencial: la de-liberación crítica y pluralista. Campus deliberativo en un momento que se lo quiere convertir, desde las orillas más opuestas y radicales, en un campo mortal de con-frontación y eliminación. Ya se escuchan las declaraciones amenazantes del Vicepresidente Francisco Santos, asimilando el campus de la universidad pública a una supuesta zona de despeje, con toda la connotación de descrédito que ella evoca, para así justificar y facilitar su posterior ocupación policiva o militar. Frente a semejante despropósito oficial hay que reafirmar, como lo hacen los estudiantes con este evento, que todo campus universitario, sin importar su carácter privado o público, es un ámbito para el ejercicio de la razón y no de la violencia. Es un campus para la de-liberación y no para la inspección policiva y judicial. Por lo tanto, sin importar los motivos o las razones, lo degradan por igual quienes buscan convertirlo en un campo de batalla, bien para atacar o defender el Statu Quo. Porque lo único que debe ser radicalmente excluido del campus universitario es el ejercicio de la violencia y de quienes apelan a ella por falta de argumentos. La Universidad es un campo para promover la de-liberación crítica y creadora. No para exaltar la con-frotación violenta y destructora. En el campus universitario se trata de convencer con argumentos, no de vencer con la fuerza de la violencia o las amenazas. Mucho menos de eliminar y asesinar a líderes estudiantiles como Julián Andrés Hurtado de la Universidad del valle. Por eso atentan contra su autonomía y libertad todos los que pretenden imponer violentamente sus concepciones, bien bajo el pragmatismo de la seguridad democrática o el idealismo de la justicia social. Ambas partes terminan negando el campus para la de-liberación entre contradictores y lo convierten en un sangriento campo de con-frontación entre enemigos. Por eso la universidad no es para- militar en banderías de izquierda o derecha, sino para de-liberar en torno a la responsabilidad del saber frente al poder, como en efecto se disponen a hacerlo los estudiantes de Ciencia Política y carreras afines durante estos dos días. Porque ya va siendo hora de que gobierne el poder del saber y no el saber del poder. Sobre todo de un poder, como el actual, que “nunca abraza a los que piensan”, sino a los que saben ordenar y obedecer sin pensar socialmente. La universidad no es el lugar para la obediencia debida, sino para el pensamiento responsable y atrevido. El de quienes se atreven a pensar sin desconocer sus límites de responsabilidad social: la vida y la dignidad de toda la colectividad, que sólo se alcanza con justicia, prudencia y verdad.

CALICANTO
(Septiembre 29 de 2006)

Del demonio, sus dominios y vicarios.

Hernando Llano Ángel.


Con su estilo pintoresco, entre chabacano y cursi, prosaico y trascendental, Hugo Chávez representó en la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas una nueva escena, en tono luciferino, de la famosa película “Su Excelencia”, de Cantinflas. Y, una vez más, la realidad superó la ficción, pues arrancó sonoros aplausos entre los numerosos asistentes, convirtiendo la Asamblea en una especie de aquelarre antiimperialista. La verdad es que el mundo en que vivimos se ha convertido en un infierno, no tanto por el recalentamiento global y la inminencia del fenómeno del “niño”, como por quienes están al mando del mismo. Salvo contadas excepciones, la mayoría de Jefes de Estado están endemoniados, pues para lograr sus objetivos de poder y permanecer en su ejercicio han pactado con el diablo. Se han convertido en sus vicarios, sellando pactos solemnes y clandestinos con la mentira, la violencia y el odio, divisas inconfundibles y distintivas del bando luciferino.

Dicen, por ejemplo, que gobiernan en función del interés público, la seguridad democrática y la justicia, pero los hechos demuestran todo lo contrario. Favorecen los intereses de los grandes grupos financieros y el apetito insaciable de los mercaderes, para ello convierten el Estado en una especie de Supermercado que subastan al mejor postor sin ningún pudor. Declaran guerras en nombre de la paz, la seguridad y la democracia. Diseñan políticas y estrategias de inteligencia tan sofisticadas, que los propios agentes oficiales terminan estimulando y encubriendo a los terroristas, para luego dar parte de uno que otro “positivo”, sin importar los daños colaterales de las bombas que no logran desactivar. Es inevitable que mueran ciudadanos anónimos, desechables y superfluos, pues el terror no discrimina, como al parecer sí sucede con la política de seguridad democrática, tan eficiente en proteger la caravana turística y tan impotente para salvar la vida de un trabajador. Por ello todos los vicarios del demonio inventan un nuevo lenguaje, que les permite entenderse a la perfección. Así, por ejemplo, llaman Patria a la defensa de sus privilegios y Seguridad al goce de sus propiedades. Reestructuración y salvación, a la liquidación y venta de las empresas estatales, como el Seguro Social. En el punto 60 del “Manifiesto Democrático” Uribista, se lee: “Necesitamos salvar al Seguro Social porque la opción pública es esencial en el esquema de empresas promotoras de salud”. Por la misma razón, este Gobierno llama ley de justicia y paz, al reino de la impunidad y la humillación. Desarrollo y crecimiento, a la concentración del ingreso y el aumento de la inanición. También, por ello, un brillante psiquiatra, como Luís Carlos Restrepo, confunde el error de las “convivir” con el horror del paramilitarismo, y de paso produce una catarsis tan exitosa en sus pacientes, que los transforma de criminales de lesa humanidad y narcotraficantes en actores políticos y empresarios de la paz.

Ese nuevo lenguaje tiende a ser universal, trasciende fronteras y credos ideológicos, por eso se entienden fácilmente todos aquellos que dominan sus códigos básicos: la mentira, la violencia y el odio. Así, llaman, ajusticiamiento al asesinato. Retención al secuestro. Intercambio humanitario al chantaje del contrario. Educación al adoctrinamiento. Fe al fanatismo. Pedagogía a la pederastia. Verdad revelada a la mentira institucionalizada. En fin, por todo lo anterior, es que vivimos en esta torre de Babel tan parecida al infierno. Bien lo expreso Umberto Eco, “El diablo no es el príncipe de la materia, es la soberbia del espíritu, la verdad sin sombra de duda y la fe sin sonrisa”. Por eso sus dominios son tan vastos y numerosos sus vicarios.

CALICANTO
(Julio 26 de 2006)


Política y crimen: un pasado presente y un futuro de impunidad.

Hernando Llano Ángel.

Lo más sorprendente de las revelaciones de Virginia Vallejo es que generen estupor e indignación nacional por describir, con admirable precisión y memoria, la simbiosis entre el crimen y la política, como si ello fuera un asunto del pasado, y se olvide su denuncia de que vivimos un presente todavía mucho más descompuesto y corrupto. No sólo por haber señalado la relevante coincidencia en la primera página de “El Tiempo” de la foto de Santofimio junto al nombramiento de Samper, como embajador en Francia, sino sobre todo por la vertiginosa legitimación del crimen que Uribe lleva a cabo bajo la llamada ley de Justicia y Paz.

En efecto, desde el punto de vista de las relaciones entre la política y el crimen, nunca antes como hoy el pasado es un presente perfecto de impunidad. La mayoría de vencedores y sucesores de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha están hoy gozando de su libertad y fortunas de ignominia, exceptuando a Don Berna, que por ahora gobierna sus huestes desde la cárcel de Envigado, como en el pasado lo hacia Escobar desde su Catedral. Es también por ello que tenemos un futuro de impunidad, reflejado en las nuevas generaciones de “paras” al servicio de una intrincada red de narcotraficantes que hoy asumen su alistamiento, como ayer lo hicieran quienes ahora, gracias a la ley de Justicia y paz, reciben de este gobierno, en forma transparente y legal, el tratamiento de sediciosos y criminales privilegiados, protegidos incluso de la extradición. La meta que jamás alcanzó Pablo Escobar, ahora la disfruta una pléyade de criminales de lesa humanidad, como generosa retribución gubernamental por su lucha contrainsurgente.

Así las cosas, lo que ha sucedido es una metamorfosis de la relación simbiótica entre el crimen y la política, que ahora aceptan y toleran como conveniente los más conspicuos miembros del Establishment y caracterizados defensores de la ética, al igual que ayer lo hacían con la nueva y generosa clase emergente, que entonces dinamizaba sus negocios legales. En menos de una década ha variado a tal extremo la “tasa de cambio moral” frente al crimen, que hoy la sociedad parece aceptar condenas de máximo ocho años como justas y adecuadas por crímenes de lesa humanidad. Definitivamente el crimen paga. Sobre todo cuando las víctimas son marginales, casi anónimas, sospechosamente pobres y peligrosamente críticas, además de rebeldes y reacias al espejismo del ascenso social y la cooptación política.

Es en ese contexto que valdría la pena examinar la responsabilidad política de los líderes, aspirantes y últimos jefes de Estado, denunciados con vehemencia por Virginia Vallejo, frente a la profunda crisis ética y la hecatombe humanitaria que hoy vivimos como sociedad. Porque la crisis ha sido y continúa siendo esencialmente política, ya que su origen se encuentra en la aceptación ciega y estúpida del prohibicionismo y su correlato de “guerra contra las drogas”, como una especie de tabú intocable y sagrado, que condena al ostracismo de los apátridas y apestados universales a quienes se atrevan a desafiarlo en la arena política de las relaciones internacionales. Más aún cuando dicho tabú favorece los intereses geopolíticos norteamericanos, sus políticas intervencionistas y su próspera economía militar, todas ellas en detrimento del fortalecimiento de un Estado colombiano con soberanía judicial, capaz de investigar y condenar sus más peligrosos y ambiciosos delincuentes, para no quedar expuesto al garrote de la extradición, el chantaje imperial y la humillación internacional, como ha venido sucediendo durante las dos últimas décadas. Y como una vez más se puso de presente en esta ocasión, cuando el mismo Fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, se declara impotente para garantizar la seguridad de Virginia Vallejo y la entrega a Estados Unidos, claudicando así el Estado colombiano a su competencia y derecho fundamental de investigar e impartir justicia. Semejante decisión, aceptada como sensata y normal, política y judicialmente correcta, demuestra hasta que punto hemos perdido la noción de la soberanía judicial y la dignidad nacional. Queda demostrado que política, militar y judicialmente somos un protectorado de Norteamérica, antes que un Estado soberano, pues nuestros gobernantes han colocado en la extradición el hilo conductor y el nudo ciego de nuestra precaria estabilidad institucional y seguridad ciudadana. Sólo falta que gran parte de la economía y de nuestro precario bienestar dependa ahora de un TLC que todavía es un enigma y en su parte más vital, agricultura y salud, un secreto de Estado.

Pero entonces era de la aplicación o no de la extradición, como bien lo resaltó Virginia Vallejo, que dependía la vida o muerte no sólo de Luís Carlos Galán, sino de cientos de miles de colombianos, que fueron sacrificados en tan absurda vorágine de terrorismo y corrupción, que sólo amainó temporalmente con el derogado artículo 35 de la Constitución, mediante la prohibición de la extradición de colombianos por nacimiento. Pero hoy nuevamente la suerte del proceso con las AUC depende de la extradición. En una palabra, como Estado y sociedad somos rehenes de la política y las exigencias norteamericanas en este terreno. Tal es la inmensa y grave responsabilidad de todos los Presidentes, desde 1979, que no han hecho otra cosa que profundizar nuestra dependencia y postración frente a los Estados Unidos y su absurda guerra contra las drogas. Gracias a esta alianza estratégica contra el demonio del narcoterrorismo, profundizada con orgullo por Pastrana a través del Plan Colombia y ejecutada con obsesión patriótica por Uribe, nuestra política cada día es más degradada a una simbiosis perversa con el crimen, de la cual depende tanto para sobrevivir como para morir. Por eso nuestra historia política reciente, como nos lo recordó Virginia, está plagada de magnicidios y genocidios. Por eso la escriben, a múltiples manos, políticos y criminales, a tal punto que ya no es posible distinguir claramente sus identidades, siendo casi accidental si desempeñan sus roles desde el Estado o contra el Estado. Por eso han convertido nuestra portentosa biodiversidad en objeto del mayor ecocidio planetario que Estado alguno haya cometido, en forma totalmente impune, al pretender erradicar la sagrada y maravillosa hoja de coca de la faz andina, en lugar de concentrar esfuerzos en la mente y el cuerpo de los millones de consumidores de cocaína. Ya va siendo hora de tener claro que la solución del problema no depende de aplicar o no la extradición, sino más bien de contener y reducir la extra-adicción de millones de consumidores de cocaína y heroína, que no pueden vivir sin una dosis creciente de estimulación o evasión. Porque esta “guerra” en el único territorio que se debe librar, ganar o perder, es en la mente y en el cuerpo de sus consumidores. Todo depende de su capacidad de autodeterminación y no de su represión. Por eso son completamente inocuas las armas, los tribunales y las cárceles, pero absolutamente imprescindibles e irremplazables las palabras, los sentidos, los sentimientos y los abrazos. En últimas, se trata de la perenne lucha entre Thánatos y Eros, que siempre precisa más de la política que de la guerra para su civilizada convivencia, superación y creadora transformación.

UN MUNDIAL BUFONESCO

                                                              CALICANTO (Julio 10 de 2006) 

                                                UN MUNDIAL BUFONESCO. 

                                                                                                                                Hernando Llano Ángel.   

El mundial del 2006, realizado con tanto esmero y seriedad por los alemanes, pasará a la historia por parecerse más a una ópera bufa que al máximo evento del fútbol planetario. La final entre Italia y Francia, con la destacada actuación de Gianlugi Buffon, y la deplorable expulsión de Zinédine Zidane, deja la amarga sensación de la derrota del fútbol y el triunfo de la picardía. Nadie podrá refutar que el equipo italiano ganó la copa y es hoy tetracampeón del mundo. Pero tampoco se podrá negar que Francia terminó invicta y merecía con creces el triunfo sobre un adversario tan mezquino en el ataque como astuto en la provocación y hermético en la defensa. Sin duda, este mundial ha sido una estafa monumental y no deja de ser una coincidencia alarmante que sus campeones estén ad-portas de ser descalificados como deportistas y sancionados como tramposos jugadores por la justicia italiana. Así las cosas, habrá que reconocer que el fútbol se parece cada día más a la política internacional, donde predomina la mentira y la violencia, bajo la conducción de un Imperio que, como la FIFA, se sitúa por encima de cualquier ordenamiento y no tolera que alguien se atreva a desafiar sus reglas y cambie su intocable Statu Quo. La enorme fascinación que despierta el fútbol procede de la tensión perenne entre lo colectivo y lo individual; la fuerza y la inteligencia; la velocidad y la precisión; la rectitud y la audacia, en disputa de un huidizo e inasible balón, que debe ser controlado y dominado con la cabeza y los píes, jamás con las manos, excepto por los arqueros. Por eso es un duelo entre las extremidades más humildes y torpes contra las más encumbradas y sutiles. De veinte terrenales pares de píes y burdas piernas contra dos pares de etéreas y prestidigitadoras manos, que defienden con valor y osadía la intangibilidad de una portería y su red. El gol es, casi siempre, el triunfo de lo inferior sobre lo superior; de lo más terrenal e instintivo, un puntapié que golpea certeramente el balón, contra lo más superior y humano, un par de manos incapaces de contenerlo y abrazarlo. Quizá por ello gritamos como bestias cuando es anotado. Multitudinariamente celebramos el triunfo más radicalmente subversivo, aquello que nos convierte en humanos, la alianza entre la inteligencia y dos humildes píes que derrotan el privilegio de dos portentosas manos protegidas por imponentes guantes. Y es justamente este duelo el que está desapareciendo con el triunfo de Italia en este mundial. No por casualidad Buffon recibió apenas dos goles y ganó con justicia el título de mejor guardameta del mundial. Ganó el esquema defensivo, que protege al privilegiado arquero y frustra la alegría del gol, sobre el juego ofensivo que apuesta a la igualdad rastrera de los botines y la audacia de los delanteros, cuando como ángeles anotan con sus cabezas desde el cielo. También por ello la copa se definió mediante el duelo desigual entre los píes y las manos, que terminó favoreciendo a Italia, porque literalmente le metió más mano y astucia al partido que Francia. Por el contrario, los ultramarinos y cosmopolitas “galoafricanos” le pusieron tanta garra al partido, que el puntapié de Trezeguet terminó estrellando el balón contra el horizontal de la portería. Tampoco podemos olvidar que Materazzi sujetó a Zidane con sus dos manos, mientras lo insultaba y provocaba, asociando su antepasado de cabila con el terror y la suciedad, hasta hacerle perder su cabeza. Fue el triunfo de la trampa y la bajeza moral de Materazzi sobre la fuerza y la digna irascibilidad de Zidane, en un mundial que hizo de la lucha contra el racismo su divisa. Pero también la derrota de Elizondo, un árbitro tan ciego como la justicia oficial, que suele castigar ejemplarmente la reacción comprensible de la víctima y dejar en la impunidad absoluta el crimen del agresor. Así las cosas, la victoria de Italia se escribe con “V” de vergogna y la derrota de Francia con “D” de dignité. Seguramente por esto último la celebración italiana fue de tal bajeza y vulgaridad. La copa mundo fue vejada y ridiculizada con un gorro de bufón y la cancha degradada en peluquería y camerino de exhibición. Apenas una digna culminación para un mundial ganado por una comparsa de bufones que bien merecen el indulto y hasta la amnistía como cierre del telón. El show ha terminado. Confiemos que dentro de cuatro años, en la tierra de la libertad y la dignidad, el fútbol triunfe sobre el mercado y los deportistas derroten a los artistas de la impostura y la bufonería. 

Elección histórica y paradojica

CALICANTO (Junio 7 de 2006) Elección histórica y paradójica

Hernando Llano Ángel.

La reciente elección presidencial del 28 de Mayo, todavía marcada por el triunfo de la abstención, cercana al 55%, tiene el doble carácter de histórica y paradójica. Histórica, puesto que es la primera reelección presidencial inmediata desde el siglo pasado, después del lánguido fracaso continuista del General Rafael Reyes, quien renunció en 1909. Y paradójica, en tanto marca la agonía del liberalismo y el conservatismo en manos del mandatario más tradicional y Ultramontano de los últimos años, Álvaro Uribe Vélez. En efecto, Uribe hace honor a la “U” de Ultramontano, pues se sitúa más allá de las cumbres del conservatismo y el liberalismo en la defensa a Ultranza del poder establecido y de los intereses emergentes, tan bien encarnados respectivamente por Laureano Gómez y Julio Cesar Turbay Ayala. Uribe es, visto con perspectiva histórica, un hijo legítimo de ambas tradiciones políticas. Del Laureanismo ha heredado esa obsesión por el orden y la seguridad de lo privilegios, junto al talante de superioridad patriarcal, clasista y segregacionista que le permite llamar a las cosas y a las personas en diminutivo, con cariñoso y encantador desprecio: “la finquita, la casita, los pesitos y el pueblito”. Del Turbayismo, retoma su lucha denodada por reducir la corrupción a las justas proporciones y su habilidad para regatear y transar los recursos públicos con los más competentes y honestos, como bien lo demostró con sus numerosos nombramientos en el servicio diplomático y la seducción de Yidis y Teodolindo para la aprobación en el Congreso de la reelección inmediata. Pero, sobre todo, es un digno albacea del Turbayismo en su insuperable habilidad para acoger y proteger, en nombre de la seguridad, la paz y la reconciliación nacional a ciertos sectores sociales emergentes, responsables de la más aberrante criminalidad, aquella que combina la crueldad con la impunidad, aupada por la buena conciencia de ciertos empresarios que hacen patria y generosamente invierten en ella, sin importar mucho el precio de la seguridad, así sea garantizada con máxima crueldad. La crueldad de numerosas masacres cometidas por las AUC contra civiles inermes en virtud de una impunidad ganada, al menos hasta la fecha, por la defensa de escandalosos privilegios sociales en su lucha contra los crimines de lesa humanidad perpetrados por las Farc. Debido a ello hoy presenciamos con estupor la metamorfosis de la denominada política de seguridad democrática, convertida en una política de criminalidad organizada, casi institucionalizada, como lo han venido demostrando los deplorables acontecimientos de infiltración y utilización del DAS por intereses de paramilitares en la costa caribe y la reciente cooptación narco-paramilitar de miembros del Batallón de Alta Montaña “Rodrigo Lloreda Caicedo” para masacrar el cuerpo elite antinarcóticos de la policía nacional. La paradoja, obviamente, es que cerca del 62.2% de los electores haya valorado positivamente dicha política de “seguridad democrática”, cuando ella presenta tan graves indicadores de descomposición institucional, como de objetiva incompetencia para contener los excesos criminales de las Farc en ciudades tan importantes como Buenaventura y en territorios tan extensos y ricos como los Departamentos de Nariño, Huila, Arauca, Caquetá, Guaviare y Putumayo. La dignidad de la derrota Pero el otro acontecimiento que marcó históricamente la reciente jornada electoral, fue la significativa votación obtenida por el Polo Democrático Alternativo en cabeza de Carlos Gaviria Díaz, con más de 2.600.000 votos, que ponen de presente la dignidad de una derrota frente a la algarabía de una ruidosa victoria, conquistada en gran parte con la propaganda y el presupuesto oficial en función del Candidato-Presidente, que convirtió así el Estado en una especie de Hacienda para su triunfo personal. Detrás del escueto 22.2% del electorado que respaldó a Gaviria, lo que hay es una reserva de ciudadanía que se expresó en forma independiente, más allá de ideologías y simpatías partidistas, inmune a la manipulación mediática y a los halagos de políticas sociales asistencialistas y clientelistas, las cuales prometió ampliar el Presidente-Candidato en su segundo mandato. Dicha votación tiene también un enorme significado simbólico, pues Carlos Gaviria encarna en su vida personal y profesional los valores más preciados e imprescindibles para la existencia de la democracia: el civilismo de la ley y el Estado de derecho; el pluralismo del académico y el intelectual junto a la autodeterminación del ciudadano que delibera y actúa responsablemente en función del interés general y la equidad social. Por todo lo anterior, su consigna de campaña conserva plena vigencia: “Construyamos democracia, no más desigualdad”, en lugar de la impostura histórica del Presidente reelecto empecinado en defender privilegios de clase apertrechado tras una supuesta política de seguridad democrática que profundiza una inequidad social inocultable, no obstante los logros cosméticos y paliativos de su política social clientelista, en gran parte reflejada en el 62.2% de su votación. Cifra que apenas representa, con sus 7.363.297 electores, el 27.5% del censo electoral y el 18% del total de los colombianos residentes: 41.242.948, de los cuales más de la mitad se rebuscan la vida en medio de la marginalidad y la legalidad. De allí que el futuro político sea de quien demuestre, con mayor eficacia y credibilidad, ser capaz de construir igualdad y cohesión social, sin las cuales será imposible brindar algo más que una mediática y efímera seguridad personal, siempre condicionada al miedo que infundan las armas de escoltas o de una Fuerza Pública susceptible de ser cooptada por el crimen organizado. Por último, el principal acontecimiento de la reciente reelección Presidencial, es que puede ser el punto de partida de un tránsito de la guerra hacia la política, siempre y cuando se avance hacia el reconocimiento por parte del Presidente Uribe de que es posible y necesario el crecimiento y la consolidación de una oposición alternativa, civilista y democrática, capaz de gobernar en función de los intereses sociales de las mayorías y no de la defensa reformista de los privilegiados de siempre. Defensa que por lustros cumplió diligentemente el Partido Liberal y el domingo el electorado le cobró con dureza a Horacio Serpa, como vocero ambiguo de un Partido inferior a su doctrina y compromiso social. Por eso, hoy estamos ante un momento histórico, el del reagrupamiento de las fuerzas políticas en un Polo de derecha, Ultramontano, liderado por Uribe al mando de los intereses más tradicionales y socialmente excluyentes del conservatismo y el liberalismo, frente a un Polo de izquierda, bajo la dirección de Gaviria.

Polo alternativo que debe tener la suficiente lucidez, madurez y audacia para demostrar que puede gobernar con equidad y probidad, sin asomo de irresponsabilidad populista, revanchismo social y mucho menos sin contemporizar con la impunidad y la inseguridad nacidas de los excesos de una rebelión degradada, que aún no distingue la política del crimen y de una ultraderecha furibunda que todavía confunde la política con la defensa a Ultranza de criminales privilegios de clase. Tal es el pulso que se definirá, entre la derecha y la izquierda, en las próximas elecciones de mandatarios regionales en el 2007. De su apoyo, en uno u otro sentido, dependerá la suerte de todos y la construcción de una auténtica sociedad democrática, merecedora de una paz sustentada en la justicia y la libertad, sin exclusiones sociales y hegemonías político-partidistas de ningún tipo.

Uribe entre paradojas y farcsas

Uribe 2006: entre paradojas y farcsas

Hernando Llano Ángel.

“El estudio más digno de la política no es el hombre sino las instituciones.” John Plamenatz Los resultados de los recientes comicios del 12 de Marzo para el Congreso, como la próxima elección presidencial del 28 de Mayo de 2006, pasarán a la historia por girar en torno a la figura presidencial de Álvaro Uribe, convertido en el protagonista estelar del más deplorable reality que cualquier sociedad pueda presenciar. El reality de la subordinación de la política a la suerte de un hombre, que no sólo terminó ajustando la Constitución a su aspiración reeleccionista inmediata, sino traicionándose a sí mismo e incumpliendo sus principales y solemnes promesas contenidas en los 100 puntos de su inconcluso “Manifiesto Democrático”. Por ello, bien podría afirmarse que si se verifican los pronósticos de los sondeos de opinión, su triunfo como candidato sería la más vergonzosa de las derrotas que Presidente alguno haya tenido en desarrollo de su administración. Paradójicamente el candidato Uribe ganaría gracias al fracaso rotundo del Presidente Uribe. Semejante absurdo político se puede constatar pasando revista a sus principales compromisos, empezando por el que lo tiene en trance de reelección. Degradación de la democracia En efecto, en el punto 98 del Manifiesto se lee: “Me haré moler para cumplirle a Colombia. En mis manos no se defraudará la democracia. Insistiré que el país necesita líneas estratégicas de continuidad; una coalición de largo plazo que las ejecute porque un Presidente en cuatro años no resuelve la totalidad de los complejos problemas nacionales. Pero avanzaremos. Por eso propongo un Gobierno de Unidad Nacional para rescatar la civilidad”. Al examinar semejante compromiso con la realidad actual, hay que concluir que no sólo ha defraudado la democracia, sino que la ha degradado al someterla a los vaivenes de una espuria negociación con las AUC, cuya máxima expresión de corrupción institucional es el escándalo que sacude al DAS, mucho más deletéreo y destructivo que las bombas de Pablo Escobar. Las bombas, además de su efecto asesino, sólo sacudieron la estructura del edificio, mientras la infiltración paramilitar ha minado la legitimidad del principal organismo de seguridad de la Nación, al punto que el propio presidente Uribe anunció su “cierre”, como si se tratará de un negocio particular. De otra parte, al convertir a los paramilitares en actores políticos, mediante la ley de “justicia y paz”, ha celebrado con sus mayorías en el Congreso --esa especie de altar de la democracia-- el matrimonio entre la política y el crimen, legitimando así el ascenso de la narcopolítica y el ocaso de la democracia. Desde entonces, como lo advirtió premonitoriamente el ex presidente Andrés Pastrana en el Foro “Sostenibilidad de la Política de Seguridad democrática”[1]: “el paramilitarismo, con sus dineros, sus armas y sus comodines políticos puede inclinar la balanza electoral”, motivo por el cual se preguntaba a renglón seguido “sí es lícito negociar con tal poder electoral mientras la cabeza negociadora está en trance electoral. Si aquí hay una simple interferencia o una flagrante incompatibilidad. Si aquí se pueden dar garantías plenas –más allá de un Estatuto- de igualdad para participar en elecciones”.

La realidad nos ha contestado negativamente, no sólo por los resultados de las pasadas elecciones del 12 de Marzo, como por la táctica política diseñada desde tiempo atrás por José Vicente Castaño, el máximo estratega de las AUC, cuando señala: “Hay una amistad con los políticos en las zonas donde operamos. Hay relaciones directas entre los comandantes y los políticos y se forman alianzas que son innegables. Las autodefensas les dan consejos a muchos de ellos y hay comandantes que tienen sus amigos candidatos a las corporaciones y a las alcaldías. Táctica actualizada para este período electoral en términos de: “Tratar de aumentar nuestros amigos políticos sin importar el partido a que pertenezcan.”[2] Por eso en dichas zonas han ganado tanto candidatos afectos al Uribismo, al conservatismo como al liberalismo, tal como sucedió en las elecciones del 2003 en los Departamentos del Cesar y Magdalena donde no hubo competencia democrática, pues se presentaron candidatos únicos avalados por el Partido Liberal.
Pero además de legitimar dicho régimen electofáctico[3], Uribe renunció a promover la “coalición de largo plazo” y el supuesto “gobierno de Unidad nacional”, para postular su nombre a la reelección presidencial inmediata bajo la sigla de “Primero Colombia”, despreciando todo compromiso con cualquier organización o partido político y colocando su nombre por encima de toda institucionalidad, como un típico caudillo del siglo XIX que se apropia el Estado en función de su proyecto político. Reinado de la politiquería y la corrupción La segunda gran paradoja de sus promesas incumplidas como Presidente, ha sido la lucha contra la corrupción y la politiquería, que lo llevó incluso a proponer en el punto 20 del Manifiesto la reducción del Congreso a “una sola Cámara” para “integrarlo con la ciudadanía”. Pero ha realizado exactamente lo contrario. Después de las elecciones del 12 de Marzo controla el setenta por ciento del Congreso y según un comunicado de la Casa de Nariño del 16 de Octubre ha ordenado partidas adicionales para el Senado y la Cámara por 52.500 millones de pesos, pasando por encima de la austeridad que anunciaba en el punto 18 del Manifiesto donde se comprometió a reducir el número de congresistas de 266 a 150, “sin privilegios pensionales, ni salarios exorbitantes”. Quizá por todo lo anterior, la distancia hoy entre el Congreso y la ciudadanía es mayor, pues la abstención ha continuado en ascenso hasta rondar hoy el 60% del censo electoral. Las anteriores son apenas dos de las más evidentes y escandalosas paradojas de la actual administración, gracias a las cuales espera hacerse reelegir el próximo 28 de Mayo, con la promesa solemne de saldar semejantes deudas en los próximos cuatro años. Sin embargo, dichas paradojas son casi insignificantes frente a las dos grandes “farcsas” en que ha terminado convertida su principal bandera de gobierno, la “seguridad democrática”, que en el punto 26 del Manifiesto prometía una “Colombia sin guerrilla ni paramilitares” y en el 27 “proteger a todos, al trabajador, al empresario, al sindicalista, al periodista, al maestro, frente a cualquier agresor”. Más allá del efecto mediático de campañas como “Vive Colombia, viaja por ella”, está la realidad de un “aumento del 11% en el número de retenes ilegales, si se le compara con los tres primeros años de Pastrana, al pasar de 629 a 696… Respecto de la responsabilidad, hay que decir que en los tres primeros años de Uribe las FARC aumentaron en un 80% sus retenes, al pasar de 262 en los tres primeros años de Pastrana a 471… En los tres primeros años de Uribe 16 Departamentos presentaron alzas, en comparación con lo ocurrido en los tres primeros años de Pastrana. La seguridad vial, presentó un retroceso en Arauca donde los retenes aumentaron un 775%, en Quindío del 600%, en Meta del 443%, en Caquetá con un alza del 225%, en Chocó del 226%, en Nariño del 111%, Risaralda del 100%, en Tolima del 69%, en Boyacá del 64%, en Huila del 58%, en la Guajira del 30%, en Putumayo del 28%, en Caldas del 27% y en Cauca del 6%. Se presentaron descensos en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, Sucre y Valle”[4], como se puede leer en el Informe especial: “Uribe, tres años” de la Fundación Seguridad y Democracia, bajo la dirección de Alfredo Rangel. Por último, dicho informe al evaluar la evolución del conflicto armado hasta Agosto de 2005, concluye: “En los tres primeros años del Presidente Uribe se registra una intensificación del conflicto armado en Colombia, no suficientemente percibido por la opinión. En efecto, tanto la fuerza pública como los grupos irregulares incrementaron sus acciones.” Y lo más grave es que el resultado de dicho incremento, según informe de Pablo Casas Dupuy, basado en estadísticas estrictamente oficiales de la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa Nacional, no favorece a la Administración Uribe. Al analizar las estadísticas oficiales, Casas Dupuy concluye que ''la disminución de los ataques contra la guerrilla por iniciativa de la fuerza pública así como la disminución en la letalidad de estos, evidencian que la fuerza pública llegó a un máximo nivel de operatividad cuando recibió la inyección de recursos del Plan Colombia (cerca de $6 mil millones donados por Washington), pero éstos no han sido suficientes para sostener un mismo ritmo de ofensiva'' y desde el 2003 ocurre un proceso de desgaste militar.

Por lo tanto, antes de continuar con la “farcsa” de una paz impuesta por la vía militar, que no sólo implica el riesgo de una mayor degradación terrorista del conflicto, como ocurre ahora, además de la pérdida acelerada de la autonomía nacional en virtud de la reciente narcomilitarización norteamericana de las FARC, es urgente la recuperación de la política como único horizonte viable para la construcción de democracia. Porque sólo la democracia ha demostrado ser históricamente una matriz fértil y perdurable de paz política, que todavía estamos en mora de gestar entre todos los colombianos, más allá de cualquier maniqueísmo que aliente el odio y la violencia entre supuestos patriotas e inhumanos terroristas; auténticos demócratas contra apátridas imperialistas o ejemplares ciudadanos contra pérfidos narcoterroristas. Gestación que compromete el esfuerzo de todos los candidatos en liza, cada uno de ellos frente a Movimientos y Partidos con dilemas históricos diferentes, que bien vale la pena analizar en detalle en otras entregas para no violar la ley de garantías electorales.
[1] - Documento completo en http://www.semana.com/ en “Documentos”. [2] - Revista Semana, edición número 1.205, Junio 6 a 13 de 2005, página 34. [3] -Legitimar y consolidar, puesto que desde el período de Cesar Gaviria han sido los poderes de facto quienes han determinado la suerte de las elecciones presidenciales, bien por su iniciativa criminal (el magnicidio de Galán a manos de Escobar), la generosa financiación de campañas electorales (de los Rodríguez a Samper) y en los dos últimos períodos presidenciales porque las FARC han sido decisivas en los triunfos de Pastrana y Uribe. En el primero, por la ingenuidad ciudadana de alcanzar la paz sin mayores costos y, en el segundo, por el legítimo repudio y miedo de la ciudadanía frente a las acciones terroristas de las FARC y el ELN. [4] - Ver informe completo en Web Site: http://www.seguridadydemocracia.org/