Uribe entre paradojas y farcsas

Uribe 2006: entre paradojas y farcsas

Hernando Llano Ángel.

“El estudio más digno de la política no es el hombre sino las instituciones.” John Plamenatz Los resultados de los recientes comicios del 12 de Marzo para el Congreso, como la próxima elección presidencial del 28 de Mayo de 2006, pasarán a la historia por girar en torno a la figura presidencial de Álvaro Uribe, convertido en el protagonista estelar del más deplorable reality que cualquier sociedad pueda presenciar. El reality de la subordinación de la política a la suerte de un hombre, que no sólo terminó ajustando la Constitución a su aspiración reeleccionista inmediata, sino traicionándose a sí mismo e incumpliendo sus principales y solemnes promesas contenidas en los 100 puntos de su inconcluso “Manifiesto Democrático”. Por ello, bien podría afirmarse que si se verifican los pronósticos de los sondeos de opinión, su triunfo como candidato sería la más vergonzosa de las derrotas que Presidente alguno haya tenido en desarrollo de su administración. Paradójicamente el candidato Uribe ganaría gracias al fracaso rotundo del Presidente Uribe. Semejante absurdo político se puede constatar pasando revista a sus principales compromisos, empezando por el que lo tiene en trance de reelección. Degradación de la democracia En efecto, en el punto 98 del Manifiesto se lee: “Me haré moler para cumplirle a Colombia. En mis manos no se defraudará la democracia. Insistiré que el país necesita líneas estratégicas de continuidad; una coalición de largo plazo que las ejecute porque un Presidente en cuatro años no resuelve la totalidad de los complejos problemas nacionales. Pero avanzaremos. Por eso propongo un Gobierno de Unidad Nacional para rescatar la civilidad”. Al examinar semejante compromiso con la realidad actual, hay que concluir que no sólo ha defraudado la democracia, sino que la ha degradado al someterla a los vaivenes de una espuria negociación con las AUC, cuya máxima expresión de corrupción institucional es el escándalo que sacude al DAS, mucho más deletéreo y destructivo que las bombas de Pablo Escobar. Las bombas, además de su efecto asesino, sólo sacudieron la estructura del edificio, mientras la infiltración paramilitar ha minado la legitimidad del principal organismo de seguridad de la Nación, al punto que el propio presidente Uribe anunció su “cierre”, como si se tratará de un negocio particular. De otra parte, al convertir a los paramilitares en actores políticos, mediante la ley de “justicia y paz”, ha celebrado con sus mayorías en el Congreso --esa especie de altar de la democracia-- el matrimonio entre la política y el crimen, legitimando así el ascenso de la narcopolítica y el ocaso de la democracia. Desde entonces, como lo advirtió premonitoriamente el ex presidente Andrés Pastrana en el Foro “Sostenibilidad de la Política de Seguridad democrática”[1]: “el paramilitarismo, con sus dineros, sus armas y sus comodines políticos puede inclinar la balanza electoral”, motivo por el cual se preguntaba a renglón seguido “sí es lícito negociar con tal poder electoral mientras la cabeza negociadora está en trance electoral. Si aquí hay una simple interferencia o una flagrante incompatibilidad. Si aquí se pueden dar garantías plenas –más allá de un Estatuto- de igualdad para participar en elecciones”.

La realidad nos ha contestado negativamente, no sólo por los resultados de las pasadas elecciones del 12 de Marzo, como por la táctica política diseñada desde tiempo atrás por José Vicente Castaño, el máximo estratega de las AUC, cuando señala: “Hay una amistad con los políticos en las zonas donde operamos. Hay relaciones directas entre los comandantes y los políticos y se forman alianzas que son innegables. Las autodefensas les dan consejos a muchos de ellos y hay comandantes que tienen sus amigos candidatos a las corporaciones y a las alcaldías. Táctica actualizada para este período electoral en términos de: “Tratar de aumentar nuestros amigos políticos sin importar el partido a que pertenezcan.”[2] Por eso en dichas zonas han ganado tanto candidatos afectos al Uribismo, al conservatismo como al liberalismo, tal como sucedió en las elecciones del 2003 en los Departamentos del Cesar y Magdalena donde no hubo competencia democrática, pues se presentaron candidatos únicos avalados por el Partido Liberal.
Pero además de legitimar dicho régimen electofáctico[3], Uribe renunció a promover la “coalición de largo plazo” y el supuesto “gobierno de Unidad nacional”, para postular su nombre a la reelección presidencial inmediata bajo la sigla de “Primero Colombia”, despreciando todo compromiso con cualquier organización o partido político y colocando su nombre por encima de toda institucionalidad, como un típico caudillo del siglo XIX que se apropia el Estado en función de su proyecto político. Reinado de la politiquería y la corrupción La segunda gran paradoja de sus promesas incumplidas como Presidente, ha sido la lucha contra la corrupción y la politiquería, que lo llevó incluso a proponer en el punto 20 del Manifiesto la reducción del Congreso a “una sola Cámara” para “integrarlo con la ciudadanía”. Pero ha realizado exactamente lo contrario. Después de las elecciones del 12 de Marzo controla el setenta por ciento del Congreso y según un comunicado de la Casa de Nariño del 16 de Octubre ha ordenado partidas adicionales para el Senado y la Cámara por 52.500 millones de pesos, pasando por encima de la austeridad que anunciaba en el punto 18 del Manifiesto donde se comprometió a reducir el número de congresistas de 266 a 150, “sin privilegios pensionales, ni salarios exorbitantes”. Quizá por todo lo anterior, la distancia hoy entre el Congreso y la ciudadanía es mayor, pues la abstención ha continuado en ascenso hasta rondar hoy el 60% del censo electoral. Las anteriores son apenas dos de las más evidentes y escandalosas paradojas de la actual administración, gracias a las cuales espera hacerse reelegir el próximo 28 de Mayo, con la promesa solemne de saldar semejantes deudas en los próximos cuatro años. Sin embargo, dichas paradojas son casi insignificantes frente a las dos grandes “farcsas” en que ha terminado convertida su principal bandera de gobierno, la “seguridad democrática”, que en el punto 26 del Manifiesto prometía una “Colombia sin guerrilla ni paramilitares” y en el 27 “proteger a todos, al trabajador, al empresario, al sindicalista, al periodista, al maestro, frente a cualquier agresor”. Más allá del efecto mediático de campañas como “Vive Colombia, viaja por ella”, está la realidad de un “aumento del 11% en el número de retenes ilegales, si se le compara con los tres primeros años de Pastrana, al pasar de 629 a 696… Respecto de la responsabilidad, hay que decir que en los tres primeros años de Uribe las FARC aumentaron en un 80% sus retenes, al pasar de 262 en los tres primeros años de Pastrana a 471… En los tres primeros años de Uribe 16 Departamentos presentaron alzas, en comparación con lo ocurrido en los tres primeros años de Pastrana. La seguridad vial, presentó un retroceso en Arauca donde los retenes aumentaron un 775%, en Quindío del 600%, en Meta del 443%, en Caquetá con un alza del 225%, en Chocó del 226%, en Nariño del 111%, Risaralda del 100%, en Tolima del 69%, en Boyacá del 64%, en Huila del 58%, en la Guajira del 30%, en Putumayo del 28%, en Caldas del 27% y en Cauca del 6%. Se presentaron descensos en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, Sucre y Valle”[4], como se puede leer en el Informe especial: “Uribe, tres años” de la Fundación Seguridad y Democracia, bajo la dirección de Alfredo Rangel. Por último, dicho informe al evaluar la evolución del conflicto armado hasta Agosto de 2005, concluye: “En los tres primeros años del Presidente Uribe se registra una intensificación del conflicto armado en Colombia, no suficientemente percibido por la opinión. En efecto, tanto la fuerza pública como los grupos irregulares incrementaron sus acciones.” Y lo más grave es que el resultado de dicho incremento, según informe de Pablo Casas Dupuy, basado en estadísticas estrictamente oficiales de la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa Nacional, no favorece a la Administración Uribe. Al analizar las estadísticas oficiales, Casas Dupuy concluye que ''la disminución de los ataques contra la guerrilla por iniciativa de la fuerza pública así como la disminución en la letalidad de estos, evidencian que la fuerza pública llegó a un máximo nivel de operatividad cuando recibió la inyección de recursos del Plan Colombia (cerca de $6 mil millones donados por Washington), pero éstos no han sido suficientes para sostener un mismo ritmo de ofensiva'' y desde el 2003 ocurre un proceso de desgaste militar.

Por lo tanto, antes de continuar con la “farcsa” de una paz impuesta por la vía militar, que no sólo implica el riesgo de una mayor degradación terrorista del conflicto, como ocurre ahora, además de la pérdida acelerada de la autonomía nacional en virtud de la reciente narcomilitarización norteamericana de las FARC, es urgente la recuperación de la política como único horizonte viable para la construcción de democracia. Porque sólo la democracia ha demostrado ser históricamente una matriz fértil y perdurable de paz política, que todavía estamos en mora de gestar entre todos los colombianos, más allá de cualquier maniqueísmo que aliente el odio y la violencia entre supuestos patriotas e inhumanos terroristas; auténticos demócratas contra apátridas imperialistas o ejemplares ciudadanos contra pérfidos narcoterroristas. Gestación que compromete el esfuerzo de todos los candidatos en liza, cada uno de ellos frente a Movimientos y Partidos con dilemas históricos diferentes, que bien vale la pena analizar en detalle en otras entregas para no violar la ley de garantías electorales.
[1] - Documento completo en http://www.semana.com/ en “Documentos”. [2] - Revista Semana, edición número 1.205, Junio 6 a 13 de 2005, página 34. [3] -Legitimar y consolidar, puesto que desde el período de Cesar Gaviria han sido los poderes de facto quienes han determinado la suerte de las elecciones presidenciales, bien por su iniciativa criminal (el magnicidio de Galán a manos de Escobar), la generosa financiación de campañas electorales (de los Rodríguez a Samper) y en los dos últimos períodos presidenciales porque las FARC han sido decisivas en los triunfos de Pastrana y Uribe. En el primero, por la ingenuidad ciudadana de alcanzar la paz sin mayores costos y, en el segundo, por el legítimo repudio y miedo de la ciudadanía frente a las acciones terroristas de las FARC y el ELN. [4] - Ver informe completo en Web Site: http://www.seguridadydemocracia.org/