CALICANTO: LECCIONES DEL NAUFRAGIO DE LA CONSULTA POPULAR

LECCIONES DEL NAUFRAGIO DE LA CONSULTA POPULAR

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Hernando Llano Ángel.

La primera lección es que lo que realmente estaba en juego en la Consulta Popular no eran los derechos de los trabajadores, sino la reelección de los senadores. Por eso la oposición, en una jugada astuta y vergonzosa, prefirió revivir la reforma laboral para así evitar que la Consulta Popular les fuera a poner en riesgo su reelección, pues muy probablemente saldrían a votar a favor de ella más de los 13 millones y medio de ciudadanos requeridos, lo que constituiría un triunfo inobjetable de Petro en víspera de elecciones del 2026 para el Congreso y la Presidencia.

Viva el juego sucio

No se le podía permitir semejante probable triunfo al Pacto Histórico, menos faltando pocos minutos para la finalización del partido, con la participación de una hinchada popular que invadiera esa especie de campo minado del Congreso y terminará decidiendo en una Consulta Popular sobre sus derechos laborales, conculcados en el 2004 por la reforma del expresidente Uribe[i]. No son aceptables esos cuentos de la “democracia participativa” prescrita en los artículos 3, 40 y 103 de la Constitución. Mucho menos, la deliberación y decisión directa de la ciudadanía en torno a sus intereses y derechos. Solo son aceptables las jugaditas habilidosas de “jugadores profesionales” en ese campo cerrado y vedado llamado Congreso, pues solo ellos supuestamente conocen de verdad los intereses de los trabajadores y los ciudadanos. Por eso, durante este partido han puesto todo tipo de “jugaditas y zancadillas” a las reformas sociales propuestas por el Ejecutivo para impedir su avance y rechazarlas, como lo acabamos de presenciar con el naufragio de la Consulta Popular.

Y la guachafita contra la Consulta Popular

Lo anterior suena demasiado evidente, hasta vulgar, pues demuestra que la alabada y ponderada democracia representativa no es otra cosa que una partidocracia y nada tiene que ver con el gobierno de los ciudadanos. Es el gobierno de los “políticos profesionales”, esos impostores que se han apropiado y degradado la República, la que nos pertenece a todos, en beneficio de sus “partidos”. Esas organizaciones semicriminales dedicadas a los negocios clientelistas y corporativos en beneficio de minorías, cuando no a perpetrar numerosos conciertos para delinquir como lo hicieron en el proceso 8.000, la parapolítica y los negociados con Odebrecht. Por eso la verdadera identidad de la mayoría de los congresistas es la de actores mutantes que oscilan entre la legalidad y la ilegalidad, la justicia y la impunidad, lo público y lo clandestino, casi siempre subordinando los intereses generales a los particulares de sus financiadores, cuando no a sus propias ambiciones. Por eso hoy están en la cárcel los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, David Name y Andrés Calle. Así como ayer fueron condenados los exministros de Álvaro Uribe --¡ese insuperable líder contra la corrupción y la politiquería! -- Sabas Pretelt de la Vega del Interior y Derecho y Diego Palacio de Protección Social, por el delito de cohecho impropio, junto a los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño. Un delito que enriqueció las inimaginables variables de la corrupción pública, pues agregó una mayor: la Corrupción Constitucional, cambiando un “artículito” de la Carta, que con el respaldo de millones de colombianos elevó impunemente a la presidencia de la República a Álvaro Uribe Vélez del 2006 al 2010.

Segunda Lección: ¡No es la “Justicia y el bien común”!

Por eso, la segunda lección es que la mayoría de Senadores y Representantes, una vez electos, se representan en primer lugar a sí mismos y sus elevados emolumentos. No cumplen el artículo 133 de la Constitución que les ordena que “deberán actuar consultando la justicia y el bien común”. Todo lo contrario, pues en nuestro país un congresista gana cerca de 50 veces más que el salario mínimo de un trabajador formal. Ni hablar de la diferencia con el paupérrimo ingreso que un trabajador informal pueda recaudar a final del mes en medio de las penurias del hambre, las enfermedades y la inseguridad. En la actualidad un congresista le cuesta al Estado hasta 81 millones al mes. Según estudio del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana: “Para el caso de los senadores, la asignación mensual es de $11,6 millones, mientras que por representación les giran $20,6 millones y su prima especial de servicios es de $15,8 millones. En total, 48.08 millones al mes. Para los representantes los montos son diferentes, especialmente porque estos funcionarios tienen otras tareas, como los desplazamientos a las regiones. Sus asignaciones mensuales son de $10,3 millones, los gastos de representación ascienden a $21,9 millones y la prima de servicios es de $21,4 millones, en total, 53.6 millones. Si se suman los demás ítems, en el caso de los senadores el gasto total mensual asciende a $74,6 millones, mientras que el de los representantes llega a $72,8 millones. Hay funcionarios cuyo gasto mensual es más significativo, por ejemplo, el secretario de la Cámara con $83,2 millones en total, o el director del Senado que llega recibir hasta $98,8 millones. Solo el costo de los 108 senadores y 188 representantes a la Cámara, le valen 172.137 millones de pesos al mes”[ii]. Por eso es apenas comprensible que el ochenta por ciento de los colombianos no crean en la democracia, según encuesta de EL PAÍS de España[iii], y les cueste a los congresistas tanto trabajo legislar pensando en la justicia y el bien común de los colombianos.

Basta cumplir la CP del 91.

Pero quizás ahora, bajo las paradojas de este gobierno que ha logrado hacer transparente tanto escándalo y que sus intenciones reformistas están a punto de frustrase en medio de una oposición cerril y cínica, además de por su propia incoherencia en la gestión pública, el canibalismo interno de sus altos funcionarios, la crisis de orden público y la criminalidad de sicarios y extorsionistas en ascenso, todos tomen consciencia que si no aprueban al menos una reforma laboral que restituya derechos mínimos y justos a los trabajadores, incluso sus aspiraciones a ser reelectos estén en peligro y más aún su victoria presidencial. Por eso la senadora Angelica Lozano presidenta de la Comisión Cuarta del Senado “aseguró que dará todas las garantías para el trámite de la resucitada reforma laboral que promueve el Gobierno del presidente Gustavo Petro” y además nos trata de convencer, con cierto cinismo, que “esto no es una puja política”[iv]. Una puja que trasladará a las calles y las movilizaciones populares el presidente Petro, para que se cumplan esas garantías y se apruebe una reforma laboral que tenga en cuenta parcialmente los “principios mínimos fundamentales” consignados en el artículo 53 de la Constitución: “La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”. Amanecerá y veremos si pasamos de la confrontación a la concertación, que exige tanto de la oposición como del gobierno mutuas concesiones y dejan de darnos espectáculos tan deplorables como los de ayer. Así cumplirían los senadores con lo mandado por el artículo 53 de la CP, que por ironía tiene las mismas iniciales de la Consulta Popular.