La Consulta Popular, de
la confrontación a la concertación
Hernando Llano Ángel.
La
Consulta Popular se encuentra en el peor escenario posible. Está contra la
“Espada de Bolívar”, blandida por el presidente Petro y la supuesta insuperable
pared de sus opositores en el Senado, que podrán negarla. Un escenario
apropiado para una pieza teatral tragicómica, donde los espectadores, vale
decir los trabajadores, pueden salir frustrados de la función. Si ello
acontece, millones de colombianos estarán condenados a continuar viviendo
precariamente, en medio del rebusque cotidiano, y a presenciar sainetes entre
mediocres comediantes que burlan sus derechos y expectativas. Sucede así,
porque los actores protagónicos, los congresistas, no están a la altura del
libreto constitucional, sino que se limitan, la mayoría de ellos, a
usufructuarlo en beneficio propio, a ser leales y cómplices con los
patrocinadores de sus costosas campañas electorales, cuando no simplemente a
delinquir y hacerse reelegir indefinidamente. Por eso, algunos de ellos pasan
de la curul a la cárcel, como lo estamos presenciado con los expresidentes del
Senado, David Name y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, procesados
por la Corte Suprema de Justicia por presunto cohecho impropio y peculado por
apropiación.
La Constitución, un
libreto burlado
Se
supone que todos los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones
deben cumplir el libreto de la Constitución (artículo 6), si en verdad fueran
actores de esa obra magna y vital llamada democracia, donde todos somos
protagonistas y responsables al delegar en ellos, mediante las elecciones, nada
menos que la suerte de nuestras vidas y valores inalienables como la libertad y
dignidad en un horizonte de bienestar general y convivencia pacífica. Pero
lamentablemente ese hermoso libreto se ha quedado escrito y esa obra vital se
ha convertido en una tragedia mortal. Por eso hoy estamos en esta encrucijada,
presenciando como el Ejecutivo y el Legislativo se desafían y confrontan, nada
menos que en torno a derechos tan vitales como el trabajo y su remuneración
digna, sin los cuales no es posible hablar de democracia y menos de paz social.
Al respecto, no estaríamos en este tinglado de la “espada de Bolívar”
desenvainada por el Ejecutivo contra el Congreso, si tan mediocres impostores
hubiesen cumplido en el pasado el artículo 53 de la Carta, que desde hace 34
años les ordenó la expedición de un Estatuto de Trabajo, entre cuyos “principios
mínimos fundamentales” figuran: “Igualdad
de oportunidades para los trabajadores; remuneración
mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo;
estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar
sobre derechos inciertos y discutibles; situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación
de las fuentes formales de derecho; primacía
de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la
seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario;
protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad”.
Como si fuera poco, el mencionado artículo señala explícitamente al final que:
“La ley, los contratos, los acuerdos y
convenios de trabajo, no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”.
Legislando contra los
trabajadores
Pero
la mayoría de congresistas le aprobaron al entonces presidente Álvaro Uribe una
reforma laboral regresiva, la ley 789 de 2002, que menoscabó la remuneración de
las horas extras y los días festivos a los trabajadores. Según análisis y
artículo publicado por la revista digital “Las dos Orillas”: “El trabajador debió sacrificar el 66,6 % del valor total que por el dominical
percibía antes de la reforma. Así, de no existir la reforma, este trabajador
recibiría $14.457 adicionales al valor de su día ordinario de trabajo. Al
desaparecer todo tipo de recargo, el impacto negativo para el trabajador es
doble: se limita a recibir sólo el valor
de un día ordinario de trabajo, además que no goza del derecho al día
compensatorio, dejando de percibir un 33,3 % en dinero y otro 33,3 % en especie”.
Precisamente porque el proyecto de reforma del presidente Petro pretende
revertir semejante asalto al trabajo y ese inadmisible latrocinio de la justa
remuneración de los trabajadores, fue hundido en la comisión séptima del Senado
por ocho congresistas afines al expresidente Uribe. Semejante obstrucción del
debate en la plenaria del senado demuestra que no estuvieron a la altura ni
siquiera del primer artículo de la Constitución, que les ordena hacer prevalecer
el interés general sobre el particular y que la República “esta fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran”.
¿Prevaricato por
omisión?
Pero,
incluso, ahora los senadores podrían incurrir en prevaricato por omisión al no
aprobar la Consulta Popular en el transcurso de un mes, ya que el artículo 133
de la Constitución les ordena que deben “actuar consultando la justicia y el bien
común”. Justicia y bien común que son valores esenciales sobre los cuales
toda la ciudadanía tiene derecho a pronunciarse, pues al negársenos nuestra voz
y decisión se estaría desconociendo de plano el fundamento de la democracia,
que según el artículo 3 de la Carta reside “exclusivamente en el pueblo, del cual emana
el poder público”. Además de este fundamento constitucional, la ley
1757 de 2015, establece en su artículo 42, ordinal C que: “Cuando el pueblo haya adoptado una
decisión obligatoria en una consulta popular, el órgano correspondiente deberá adoptar
las medidas para hacerla efectiva”. Es decir, la expedición de la
respectiva ley, dando cumplimiento a lo decidido por la ciudadanía, que en cada
pregunta debe haber respondido afirmativamente con la mitad más uno de los
votos válidos, siempre y cuando haya votado al menos el 33% de los ciudadanos
inscritos en el censo electoral. En números, esto significa que, siendo el
censo actual de 40.963.370 inscritos, la consulta deberá contar con al menos
13.700.000 participantes. Para ser aprobada, necesitaría alrededor de 6.827.229
votos afirmativos cada pregunta. De no alcanzar esta participación, la consulta
no sería vinculante. Pero siendo mayoritario el SÍ, entonces, el Congreso
deberá expedir una ley que cumpla con lo decidido por la ciudadanía “dentro del mismo período de sesiones o a más tardar en el período siguiente”.
Lo cual demandaría necesariamente una concertación en el Congreso para cumplir
con lo ordenado por el pueblo. De no hacerlo, entonces el presidente “la
adoptará mediante decreto con fuerza de ley”, según el artículo 42
ordinal C de la ley 1757 del 2015.
De la confrontación a
la concertación
Por
todo lo anterior, la única vía democrática y constitucional es la de la
concertación entre el Ejecutivo y el Legislativo, una vez aprobada la consulta,
y no la actual absurda confrontación. Pero si el Senado no aprueba la consulta,
se confirmará una vez más esta profética afirmación del expresidente López
Pumarejo en 1935, al comienzo de su frustrada “revolución en marcha” :“Me inclino a creer que la historia de
Colombia podría interpretarse como un
proceso contra sus clases dirigentes, las
cuales se han sentido en todo tiempo dueñas de preparación y de capacidades
superiores a las que han demostrado tener en el manejo de los negocios públicos;
y pienso, además, que si se engañan sobre su propio valor, atribuyéndose virtudes que no poseen en el grado que ellas pretenden,
su equivocación reviste trágicos caracteres cuando desconocen que muchos de los
defectos que esas clases atribuyen al
pueblo colombiano son producto del abandono implacable a que este ha vivido
sometido” y, en su última entrevista al diario EL TIEMPO, el 21 de noviembre de
1959, declaró: “Si la obra quedó trunca, el edificio inconcluso y frustradas muchas
esperanzas, la culpa fue de quienes no seguimos avanzando y no de las masas,
que instintivamente nos reclamaban nuevas reformas”. ¿Será que estamos
condenados a repetir otros cien años esta inicua historia por la mezquina
oposición de senadores incompetentes, corruptos o codiciosos que no aprueben la
Consulta y le temen a la ciudadanía? O que, una vez aprobada, promoverán la
abstención para que no alcance el umbral y fracase, pero al día siguiente como
fariseos estarán pidiendo el voto a los ciudadanos para ser reelectos en el
Congreso y gritando a los cuatro vientos que la abstención es el cáncer de la
democracia. Para eso ciudadanos que ingenuamente todavía les creen y no van a votar
en la Consulta, va este certero aforismo de Edmund Burke: “Los políticos corruptos son
elegidos por ciudadanos honestos que no votan”.
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