viernes, febrero 22, 2019

TRUMP, DUQUE, GUAIDÓ Y MADURO ¿CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS?



TRUMP, DUQUE, GUAIDÓ Y MADURO ¿CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS?
(Febrero 20 de 2019)
Hernando Llano Ángel.

Sin duda, la elocuencia y la seguridad son dotes que despliega el presidente Duque en sus intervenciones públicas, más allá de las ayudas técnicas que lo asistan. A tal punto que parece estar actuando, casi leyendo un libreto, como si estuviera representando un papel para el que se siente predestinado. Un papel tanto más trascendental cuanto que es intemporal, ya que pretende abarcar el pasado, el presente y el futuro. Lo grave es que lo hace con tal arrogancia y una convicción tan absoluta de poseer la verdad, que incluso no depara en reescribir la historia, como cuando atribuyó a los Padres Fundadores de la República norteamericana una influencia directa en la gesta de nuestra independencia, que en realidad nunca existió.

Más que a una sobreestimación del papel de los Padres Fundadores en nuestro pasado, lo que es verdaderamente vergonzoso y preocupante para nuestro presente y futuro es su admiración y postración frente Trump, quien hoy desafía y hace trizas con su prepotencia y soberbia el legado más valioso de los Padres Fundadores: la primera constitución republicana de la modernidad. Lejos de ser Trump un estadista, su comportamiento es el de un chantajista en la arena internacional que en forma irresponsable abre de nuevo la Caja de Pandora de la guerra comercial y la carrera nuclear armamentista, cuyas consecuencias pueden ser fatalmente irreversibles para toda la humanidad. Y como si lo anterior fuera poco, ahora desafía a su propio Congreso, echando mano a la declaratoria de “Emergencia Nacional”, para construir el muro de la segregación y la persecución contra la población latina, so pretexto de combatir una inminente invasión de peligrosos delincuentes y narcotraficantes que ponen en riesgo la “seguridad nacional”.

¿Los cuatro jinetes del Apocalipsis?

Sin lugar a dudas, la mayor posverdad o Falsa Noticia de nuestros días es el liderazgo democrático que se arroga Trump y que sumisamente emula Duque, como un leal Boy Scout y un bufón colonial, incapaz siquiera de rechazar la estratagema y el tinglado belicista de enviar 5.000 tropas a nuestro territorio. Con semejantes argucias fatales ambos dicen promover la democracia en la arena internacional, compitiendo así con Maduro en cinismo y desparpajo cuando éste afirma que defiende y promueve el socialismo del siglo XXI y la soberanía del pueblo venezolano. Tal escenario de impostores y farsantes que se disputan en forma tragicómica el rol de estadistas demócratas y de líder socialista está bien para una exitosa serie de Netflix, pero no para contar con el apoyo de millones de ingenuos “ciudadanos de bien” y de “nostálgicos anti-imperialistas”, que los aúpan en sus aventuras de mercaderes de la muerte. Lo que está en juego no es la democracia, sino la mercadocracia del petróleo y el dominio geopolítico de la región, ya no sólo por Estados Unidos sino también por Rusia y China. Esa es la encrucijada histórica ante la que nos encontramos. Lo más grave es que sus protagonistas no son estadistas. Cada día se parecen más a los cuatro jinetes del Apocalipsis: la conquista, la guerra, el hambre y la muerte.  Y todos juegan a ella con cartas marcadas, Trump con la “ayuda humanitaria; Duque con “el cerco diplomático”; Guaidó con la “transición democrática” y Maduro con la “soberanía nacional y el socialismo”, que pronto será: “Patria Libre o Morir”.

Ojalá esta tragicomedia termine en una vulgar transacción de poder, negocios e impunidad, bajo el espejismo de “elecciones libres y transparentes” y no en una epopeya, sangrienta y cínica, denominada “intervención humanitaria”. Intervención que seguro contará con el sacrificio de miles de “heroicos ciudadanos” inmolados por la codicia, la vanidad y la criminalidad de quienes se autoproclaman estadistas y demócratas. Sin embargo, en la realidad representan, respectivamente, los papeles de un autócrata payaso imperial; un fiel bufón colonial; un valioso alfil político en el ajedrez geopolítico “interméstico”[1] y un cleptócrata criminal, cómplice de una corrupta cúpula militar. Cúpula  que todavía lo respalda y está a punto de enajenar a terceros las mayores reservas petrolíferas del planeta, degradando así un sueño de justicia social en una tragicomedia infernal, con un telón de fondo musical, en el mejor de los casos, o con pozos ardiendo como en Irak, en el más apocalíptico  de los escenarios                     .




[1] Pues la crisis venezolana es tanto de orden doméstica como internacional y sólo se resolverá cuando las fuerzas y los intereses en conflicto, en ambos ámbitos, lo decidan por negociación o imposición.

martes, enero 29, 2019

"Un callejón con salida"



“UN CALLEJÓN CON SALIDA”
Hernando Llano Ángel

Tal pareciera que las posiciones antagónicas entre el Gobierno nacional y el ELN nos han conducido a un callejón sin salida. Un callejón en el que ambos están atrapados, paradójicamente, porque pretenden convertir el Derecho en su principal arma de guerra para imponerse sobre el contrario, derrotarlo y someterlo. Por parte del ELN, invocando incluso el DIH en el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander, como una “respuesta lícita” a los ataques realizados por la Fuerza Pública contra sus campamentos en el mes de diciembre, no obstante haber decretado y cumplido el ELN un cese al fuego unilateral por las fiestas navideñas hasta la primera semana de este año.  Y ahora, el Gobierno nacional también invoca su Derecho soberano a desconocer el protocolo suscrito por el anterior gobierno con los Estados garantes, en el evento de ruptura de las conversaciones con el ELN, y solicita a Cuba la captura y extradición de sus comandantes por terroristas. Ambos hacen del Derecho una lanza para el combate y la derrota del contrario y no un escudo para la protección de la vida, la libertad y la seguridad de todos, como es el espíritu del DIH y de toda Constitución Política.

En el principio, está la política

Más allá de todos los argumentos legales, incluido el comunicado  --que no Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas-- donde demanda  a “todos los Estados a que, de conformidad con sus obligaciones, en virtud del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, cooperen activamente con el Gobierno de Colombia y con todas las demás autoridades competentes a llevar ante la justicia a los autores, organizadores, y financiadores de estos condenables actos de terrorismo”, el presidente Duque y sus asesores, empezando por su Alto Comisionado para la Pax[1], deberían reconocer el principio de realidad según el cual la existencia de conflictos crónicos y arraigados en el pasado, como el del ELN, nunca se han resuelto  jurídicamente, con la fuerza del derecho, sino políticamente, con la creatividad y la flexibilidad de los acuerdos, después de largas, difíciles y complejas conversaciones entre las partes históricamente enfrentadas.
Precisamente el Acuerdo del Teatro Colón, entre el Estado colombiano y las FARC-EP, es el más reciente y mejor ejemplo de ello, motivo por el cual sigue contando con todo el respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y lo exhibe con orgullo como su mayor éxito en el terreno de la diplomacia internacional. Es más, el mismo Consejo de Seguridad, promueve desde 2015 mediante la Resolución 2554 la mediación de su enviado especial, el señor Staffa de Mistura en la guerra siria, buscando una salida política al conflicto que en la actualidad tiene los niveles más degradados de terrorismo en el mundo, sin incurrir en el absurdo de subordinar su intervención a la entrega de Bashar al Assad, como determinador y autor de los mismos, ante la Corte Penal Internacional.  Simplemente porque la “paz con legalidad” sólo se logra al final de un conflicto armado y no puede ser una condición inmodificable e inamovible para iniciar conversaciones con una organización ilegal y rebelde, que incurre frecuentemente en actos terroristas. Por eso, conviene recordarle al presidente Duque y su Comisionado para la Pax, que fue el mismo senador Álvaro Uribe Vélez, quien después del triunfo del No en el plebiscito, en el primer comunicado de celebración, expresó:

Compatriotas: El sentimiento de los colombianos que votaron por el Sí, de quienes se abstuvieron y los sentimientos y razones de quienes votamos por el No, tienen un elemento común: todos queremos la paz, ninguno quiere la violencia. Pedimos que no haya violencia, que se le de protección a la FARC  (sic) y que cesen todos los delitos, incluidos el narcotráfico y la extorsión. Señores de la FARC: contribuirá mucho a la unidad de los colombianos que ustedes, protegidos, permitan el disfrute de la tranquilidad. 

Bien podría haber exigido Uribe, con esa exigua mayoría de apenas 53.894 votos, no cumplir el Acuerdo de paz firmado en Cartagena con esa organización “narcoterrorista”, y forzar al presidente Santos para que demandara a Cuba la captura y extradición del Secretariado de las FARC. Afortunadamente, entonces se impuso la sensatez política y el principio de realidad, sobre el fundamentalismo legal, el maniqueísmo moral y el pírrico triunfo electoral. Ello permitió, entre otras cosas, que la tasa de homicidios descendiera en los dos siguientes años a los niveles más bajos de los últimos 40 y no se presentarán atentados de las dimensiones horripilantes como el de la Escuela de cadetes General Santander. Aunque ahora el mismo senador Uribe, tergiversando por completo la realidad, haya escrito el ominoso y mentiroso trino: “Que grave que la paz hubiera sido un proceso de sometimiento del Estado al terrorismo”.

Lamentablemente los hechos están demostrando lo contrario, ha sido la incapacidad del Estado y la falta de voluntad política de sus gobernantes en el cumplimiento del Acuerdo de Paz, especialmente en el campo, lo que está permitiendo el resurgimiento de un terrorismo difuso e impune que ya ha cobrado la vida de más de 400 líderes sociales y defensores de derechos humanos y cerca de 80 desmovilizados de las FARC-EP. Y, para completar tan deplorable y doloroso cuadro, ahora hace su aparición la forma más cínica y letal del terrorismo, aquella que apela al DIH y los DDHH para justificar y “legitimar” una nueva guerra, que estamos viendo como empieza, pero no sabemos cómo ni cuándo terminará, aunque tenemos la certeza que el mayor número de víctimas serán civiles, como lo fueron el 80% de las víctimas mortales que nos dejó el conflicto armado interno entre 1958 y 2013, según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/).

Una salida política

Por todo lo anterior, hay que buscarle una salida al callejón, y ella podría empezar por cambiar el ultimátum legal por uno político, y exigirle al ELN la liberación inmediata de todos los secuestrados con el concurso del CICR y el cese de todas las formas de criminalidad por un período razonable de al menos tres meses, contando para ello con el acompañamiento y la verificación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, replicando así la experiencia de concentración de las FARC-EP en las Zonas Veredales de Transición, que bien  garantizaron la seguridad y tranquilidad demandada por el senador Uribe a todas las partes. Entonces, allí sí procedería la iniciación de la mesa de conversaciones en Cuba o en un lugar de territorio colombiano, mutuamente definido entre el Gobierno nacional y el COCE del ELN. Quizá ensayando propuestas similares, liberadas del fardo del legalismo, se pueda abrir el callejón y encontrar una salida política al mismo. Al respecto, convendría que Miguel Ceballos, como Alto Comisionado para la Pax, tuviera en cuenta las claves de Christopher R. Mitchell para el tratamiento de conflictos crónicos e intratables, cuando advierte que no se debe caer en tres graves errores:

1-      El de los “Derechos contrapuestos”, pues cada parte reclama con intransigencia “tener razón acerca de la importancia superior de sus derechos”.

2-       “Evitar las etiquetas adheridas” que deslegitiman totalmente al contrario y “dejar que las palabras y los símbolos se decidan más tarde.”

3-       Evitar aplicar soluciones al “conflicto fabricadas por otros”. [2]

Claves también plenamente exigibles al ELN, pues además de cometer los anteriores errores, ha sumado a ellos el horror del reciente atentado, fortaleciendo y estimulando así el belicismo revanchista del gobierno, revestido de fundamentalismo legal, como la fórmula por excelencia para derrotar a los terroristas y poner fin al conflicto. Fórmula fabricada y aplicada por Estados Unidos en su guerra contra el terrorismo, con los resultados que hoy todo el mundo padece y lamenta. Al respecto, hoy el enviado especial de Trump informa que ha “logrado un principio de acuerdo de paz” con los Talibanes en Afganistán[3], después de 17 largos años de combate infructuoso con cientos de miles de víctimas civiles, para poner fin a la sangrienta y fracasada “guerra contra el terrorismo”, iniciada por Georges W Bush en el 2001, bajo la criminal y mentirosa consigna de que “con los terroristas no se negocia”.

(enero 29 de 2019).       










[1]  Pax Romana, pues Ceballos no actúa buscando la paz política concertada, sino la impuesta por sometimiento judicial y/o militar, que desembocará en una escalada de terror imprevisible.
[2] Mitchell, Christopher R, Conflictos intratables: Claves de tratamiento. Gernika Gogoratuz, documento 10, Bizkaia, 1997.

martes, enero 22, 2019

Más allá del terror, contra el terrorismo.




Más allá del terror, contra el terrorismo.
                                                                                                                                                       Hernando Llano Ángel.

Más allá del sufrimiento y el repudio que nos causa el horripilante atentado contra la Escuela Nacional de Cadetes, General Santander, reivindicado por el ELN, está el aturdimiento moral y colectivo al que nos puede conducir. Porque lo que ha explotado y vuelto añicos la vida y los sueños de más de 20 jóvenes en formación, justamente para proteger la vida y las libertades públicas de todos, no puede marcar nuevamente el ascenso incontrolable de la violencia y la brutalidad, con su sangrienta e irreversible estela de más víctimas. Ese sería el triunfo del terror y la muerte, sobre los cuerpos y la memoria de los jóvenes sacrificados, quienes se formaban precisamente para proteger la vida y la libertad contra esa violencia aleatoria, arbitraria y criminal.

Sin duda, dicha acción aturde, nubla y enturbia el juicio político. Literalmente lo dinamita y vuelve añicos. Es más, lo desplaza progresivamente de la deliberación pública y su lugar va siendo ocupado por el juicio moral de gobernantes firmes al frente de millones de buenos ciudadanos airados que, de la noche a la mañana, están de acuerdo que con los terroristas no se negocia, pues deben ser aniquilados, sin miramiento alguno, en una guerra sin cuartel.

Y esta es una historia conocida por todos, pero que no sobra recordar. Ocurridos los ataques del 11 de septiembre de 2001, con cerca de 3.016 víctimas mortales, el presidente norteamericano Georges W Bush declaró la primera guerra del siglo XXI, la guerra contra el terrorismo. Transcurridos casi 18 años, hoy el terrorismo es ubicuo, se ha diseminado y estalla en los cinco continentes, casi ningún lugar está a salvo de su mortal y aleatoria presencia. Y, no obstante lo anterior, quienes conducen esa guerra –al igual que la guerra contra el narcotráfico— se ufanan de su victoria, contra toda la mortal evidencia que nos demuestra su fracaso[1]. Esas “victorias” son las dos más falsas noticias de nuestros días. La persecución y aniquilación de los responsables de esas tres mil víctimas en suelo norteamericano ha cobrado la vida de cientos de miles de personas y la diáspora por Europa y el mundo de más de tres millones de personas. La mayoría de las víctimas son civiles inermes e inocentes, en naciones como Afganistán, Irak, y Siria, producto de bombardeos indiscriminados contra niños y ancianos, dejando sólo devastación y miseria.

A tales extremos conduce la guerra contra el terrorismo y todavía es incierto el día de su culminación. Pero a esta altura la conclusión es obvia, el terror engendra y reproduce el terrorismo. Por ello, no hay terrorismo más temible y letal que el de los puros y virtuosos gobernantes y ciudadanos amantes de la ley y el orden   --a los que subordinan la vida misma-- imbuidos de una superioridad moral tal que les impide hablar y llegar a eventuales acuerdos con el contrario, puesto que con los “terroristas no se negocia”, ya que carecen de humanidad[2]. Sólo merecen la aniquilación. Y así quedamos todos en manos de los fundamentalistas del terror, obcecados en eliminar al otro al precio de nuestra propia eliminación.

Para no extraviarnos en ese laberinto del terror, deberíamos sentir con igual intensidad el asesinato en los últimos dos años de más de 400 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, como ahora sentimos cientos de miles de personas el asesinato de los jóvenes policías, cuya formación precisamente tenía como finalidad garantizar a todos los derechos humanos. De esta forma empezaríamos a superar ese mortal maniqueísmo, según el cual hay una violencia buena y justa -casi siempre afín con nuestros intereses y semejantes— y otra totalmente mala e injusta, que es la de los terroristas. Entonces repudiaríamos con igual intensidad y firmeza ambas violencias, tanto la que aniquila a los líderes sociales como la que asesina a jóvenes cadetes, sin pretender justificar y mucho menos legitimar ninguna de las dos.

Por eso el mayor peligro que ahora se cierne en esta nueva cruzada contra el terrorismo, es precisamente que ella no tenga límites y desconozca la existencia de fronteras y acuerdos, como el protocolo de negociación con el ELN firmado entre los Estados de Colombia y Cuba. Porque no faltaran las voces de quienes alienten la persecución en caliente contra los terroristas, que buscarán refugio en Venezuela, cuyo gobierno actual no es reconocido como legítimo. Entonces querrán matar dos pájaros de un tiro, la dictadura y el terrorismo. Obviamente, sin ellos correr riesgo personal alguno, puesto que ambos bandos disponen de suficiente carne de cañón joven para sacrificar. Poco importa los daños colaterales de las víctimas civiles, ya que se trata de defender “la democracia contra la dictadura”, en fin, la lucha interminable del “bien contra el mal”.

Para no provocar semejante catástrofe, deberíamos mirarnos al espejo y reconocer el rostro desfigurado y sangrante de las más de 220.000 víctimas mortales que nos ha dejado el conflicto armado desde 1958, fecha en la que nació nuestra presuntuosa “democracia”, la más violenta y estable del continente en la generación de crisis humanitarias con sus cerca de 8 millones de desplazados y desarraigados internos. Mejor sería continuar forjando entre todos una auténtica democracia, sin más víctimas, verdugos y vengadores ejemplares, que no precise de tantos héroes y sí de mucha más ciudadanía, donde la política deje de ser una práctica corrupta, sepultada y ocultada por la guerra, pues el fuego y la sangre nos impedirán ver Odebrecht y demás negociados.

En fin, una democracia donde la palabra honrada y la vida predominen sobre la retórica belicista y la muerte, que hoy promueven con sus acciones tanto el ELN como el gobierno de Duque. Para vencer el terror hay que ir más allá del terrorismo y volver a la política, cumpliendo el artículo 22 de nuestra Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, en lugar de asediarla y ahogarla en el fangoso, sangriento y doloroso campo de la guerra, del cual apenas empezamos a salir. No permitamos que la obsesión por la legalidad de Duque nos lleve al terror de la ilegalidad y que la obsesión por la revolución del ELN nos conduzca al laberinto del terror, donde los civiles corremos el riesgo de morir secuestrados y vivir atemorizados.



[1] "Mediante cualquier evaluación objetiva, la guerra contra el terror ha sido un absoluto desastre y no ha logrado sus objetivos más esenciales", señala Richard Jackson, profesor y director de la revista Critical Studies on Terrorism. "No ha logrado erradicar ni tampoco reducir los niveles de terrorismo en el mundo. De hecho, si vemos las estadísticas, el aumento de los ataques terroristas en el mundo ha coincidido con el periodo de la guerra contra el terror, lo que sugiere que es una profecía autocumplida (una predicción que en sí misma es la causa de que se haga realidad.(https://www.eldiario.es/internacional/guerra-terror-cumple-cerca-victoria_0_812969326.html)

[2] Amos Oz, el escritor israelí recientemente fallecido, en su conferencia “¿Cómo curar a un fanático?”, nos advierte lucidamente: “Digo que la semilla del fanatismo siempre brota al adoptar una actitud de superioridad moral que impide llegar a un acuerdo”.

domingo, enero 20, 2019

Los escándalos, los negocios y la guerra.


Los escándalos, los negocios y la guerra: ¿hasta dónde llegará la corrupción?

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

La corrupción estatal es secuestro social

Hernando Llano AngelUna denuncia indignante y un llamado altivo a la ciudadanía. Repaso fidedigno de las cosas que están sucediendo y que involucran inclusive al presidente Duque y a su rival Gustavo Petro.

Hernando Llano Ángel*

La guerra como suprema corrupción

La guerra es la máxima corrupción de la política, pues ella eleva la violencia y la muerte al pedestal histórico de la gloria y la victoria. La guerra convierte en héroes a quienes mueren combatiendo, como si la negación de la vida de los otros y la ofrenda de la propia fueran una proeza digna de imitar.
Por eso las sociedades acaban por celebrar esa ética de destrucción física del enemigo, desconociendo de plano la condición humana del adversario, convirtiéndole en un objetivo militar que debe ser aniquilado.
Entonces se mata con la mejor buena conciencia. Unos en nombre de la libertad y la seguridad. Otros en nombre de la justicia y la revolución.
Nunca faltarán banderas para adornar el crimen: la Patria, la democracia, el socialismo y la misma dignidad humana. Así las cosas, cuando vivimos en sociedades que se debaten entre la guerra y la paz, nuestra sensibilidad moral se atrofia y acabamos por acostumbrarnos al odio y la revancha, la sangre y la muerte.
La justicia es venganza, en el mejor de los casos cárcel y humillación.
La mayoría se vuelve indiferente y la empatía desaparece. Algunos dicen que lo anterior es simplemente “resiliencia” y hacen de ella una bandera política, cuando en realidad es indolencia criminal y moralmente inaceptable. Pero así sucedió a raíz del plebiscito por la paz, cuando el 63 por ciento de los colombianos habilitados para votar no lo hicieron.
Entonces asistimos a la derrota de un Acuerdo, pero ante todo asistimos a la derrota de nuestra propia condición y sensibilidad humanas, de nuestra capacidad para reconocernos como ciudadanos y colombianos con iguales responsabilidades y derechos para convivir en paz. Fue una vergüenza nacional, todavía mayor para quienes hoy reclaman con orgullo y vehemencia el triunfo del no.

Cambalache ético    

Odebrecht en Colombia.
Odebrecht en Colombia. 
Foto: Procuraduría General de la Nación
Por todo lo anterior, el debate ético entre nosotros es tan difícil y absurdo.
Carecemos de una semántica común y no podemos entendernos. A tal punto que algunos llaman retención al secuestro y “falsos positivos” al asesinato. Incluso los autócratas, como Uribe, se autodenominan demócratas y los liberticidas, como el ELN, revolucionarios.
Ni hablar de lo que acontece en la política internacional, donde Trump y Putin se estrechan la mano, posando de estadistas, cuando no pasan de ser vulgares chantajistas, respaldados por su arsenal nuclear.
Nunca faltarán banderas para adornar el crimen: la Patria, la democracia, el socialismo y la misma dignidad humana.
Por ello nos resulta casi imposible distinguir entre la derecha y la izquierda. Los más astutos se reclaman por fuera de la izquierda o la derecha y se ubican en un supuesto centro radical, posando de demócratas, ajenos a toda “ideología”, excepto la de su propio cinismo y su oportunismo político.
Vivimos como en cambalache: “Revolcaos en un merengue Y en un mismo lodo todos manoseaos”.

Odebrecht y asociados

Por eso no debe extrañarnos que empresas como Odebrecht, cuya misión principal es la construcción de megaobras públicas, haya acabado siendo la empresa internacional con mayor capacidad para minar y destruir las instituciones públicas en América Latina.

Puede leer: Odebrecht, caso emblemático de corrupción.

Tampoco debe extrañarnos que Odebrecht se haya asociado con AVAL, el más voraz de los grupos financieros en Colombia, para esquilmar impunemente nuestro ya flaco erario y celebrar transacciones con cláusula de confidencialidad.
Un contrato en el cual AVAL fue asesorado por un abogado cuyas iniciales NHMN revelan su verdadera identidad y profesión: “No Hay Moral Ninguna” en sus actuaciones, más allá de la del hábil leguleyo “para burlar las leyes sin violarlas o para violarlas sin castigo”.
En efecto, Néstor Humberto Martínez Neira, es ese leguleyo de mano maestra a quien se refería Gabriel García Márquez en su proclama “Por un país al alcance de los niños”: “entre nosotros cohabitan de la manera más arbitraria la justicia y la impunidad”. Por eso está al frente de la Fiscalía General de la Nación.
Esa cohabitación ha pasado de ser un asunto personal para convertirse en institucional, estructural y global. Comenzando por la cohabitación entre el sector financiero y el crimen organizado, que es quizás la más vieja y la más sofisticada. Entre nosotros, mediante el lavado de activos procedentes del narcotráfico, como han sido los casos emblemáticos del Banco de Occidente, casa matriz del grupo AVAL, y el Banco de Colombia, de donde salieron millones de pesos del célebre proceso 8.000 con destino a la campaña presidencial de Samper.
Tras el horror y el hedor que nos dejó la guerra sin cuartel entre el Estado y las FARC donde la inmensa mayoría de los muertos no fueron combatientes —y un conflicto del cual desconocemos la mayor parte de negociados y enriquecimientos ilícitos entre elites guerrilleras, empresariales y militares— tal vez lo único nuevo que estamos presenciando es que se esté corriendo el velo de la corrupción entre empresarios, banqueros y la cúpula de la política nacional.

Puede leer:  De acusadores a acusados: Néstor H. Martínez y sus antecesores.

Presidentes políticamente implicados y éticamente inhabilitados

Por eso ha llegado la hora de los escándalos, las verdades y las incompatibilidades inocultables que señalan al poder presidencial como la pieza clave e intocable de tan intrincada red institucional de corrupción.
Es de dominio público que el actual entramado de corrupción viene desde la presidencia de Álvaro Uribe, pasa por la de Santos y llega incluso a la de Duque.
También por ello, Duque estaría éticamente inhabilitado para postular la terna de candidatos de la cual sería escogido el próximo Fiscal Ad-Hoc, pues tiene un evidente y público conflicto de interés por haber acompañado a Oscar Iván Zuluaga a Brasil, donde se concertó el apoyo de Odebrecht a favor del primero.

Limpieza de verdad en las instituciones

Petro ¿podrá responder por el vídeo en el que recibe fajos de billetes?
Petro ¿podrá responder por el vídeo en el que recibe fajos de billetes? 
Foto: Facebook Gustavo Petro
Por lo tanto, en este caso, como en todos los demás donde las instituciones estatales se encuentran involucradas en presuntas actividades ilícita —bien como consecuencia de su lucha implacable contra la guerrilla, negociaciones con el narcotráfico y/ o el paramilitarismo— ella no pueda ser juez y parte, ya que está demasiado implicada para ser imparcial y buscar toda la verdad.
De allí la inevitabilidad de renovar del todo las instituciones oficiales, liberándolas del fardo de tantos intereses y complicidades, para que puedan investigar de verdad las responsabilidades de todos los involucrados en el “conflicto armado interno” que nos costó 220 mil vidas. Tanto de aquellos que participaron o que coadyuvaron en la defensa del establecimiento como en su brutal ataque, durante más de cincuenta años, con su estela de ignominia y mentiras casi impenetrables.
Nos resulta casi imposible distinguir entre la derecha y la izquierda. Los más astutos se reclaman por fuera de la izquierda o la derecha y se ubican en un supuesto centro radical.
Esa es la enorme responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la Comisión de la Verdad y de la Comisión de búsqueda de Desaparecidos, que apenas dan comienzo a sus labores —y que por eso tiene tantos opositores dentro del establecimiento político, económico y social—.

Le recomendamos: La Comisión de la verdad y su papel para la democracia.

Una coyuntura de escandalosas verdades

Sin duda estamos entrando en una coyuntura de escandalosas verdades, que comienza por revelarnos cosas insospechadas y casi inverosímiles, como las imágenes de Petro guardando sigilosamente fajos de billetes, cuyo origen y destino tendrá que explicar ante la opinión pública y la justicia.
Entonces caerán muchas caretas de impostores, tanto a la derecha, como al centro y a la izquierda, con sus discursos demagógicos contra la corrupción y la politiquería.
Quedarán desnudos, enseñando sus impúdicas promesas y vergonzosas mentiras.
Verificaremos atónitos que no hemos vivido en una democracia sino bajo una plutocracia cleptócrata, que cada cuatro años además de robarnos la confianza, convierte lo público en un botín que se disputan y esquilman insaciables intereses de grupos económicos y banqueros con Aval político y legal.
Nos corresponderá como ciudadanía aguzar nuestro juicio ético, para no ser ingenuos en esta era de posverdades y redes sociales, confrontando implacablemente las palabras con los hechos y el pasado con el presente de cada uno de los candidatos y gobernantes que se reclaman adalides de la moral pública, la equidad y la lucha contra la corrupción y la politiquería.
De lo contrario seguiremos entregando nuestro presente y futuro a demagogos irresponsables, que por cierto abundan en el vecindario y en la política internacional.
Ya lo advertía Gramsci: "El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos".

*Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, profesor Asociado en la Javeriana de Cali, socio de la fundación Foro por Colombia, Capítulo Valle del Cauca. Publica en el blog: calicantopinion.blogspot.com

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Comentarios  

Jorge eduardo
0# Acertado final — Jorge eduardo 08-12-2018 07:57
Creo que la frase de Antonio Gramsci resume todo, los tiempos actuales revelan un país en una peligrosa zona gris, al borde de los autoritarismo, sino es que ya no estamos imbuidos en uno disfrazado de democracia
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jueves, noviembre 22, 2018

NHMN


  NoHayMoralNinguna en el Fiscal General de la Nación


Hernando Llano Ángel[1]

NHMN, las iniciales que utilizaba Jorge Enrique Pizano (q.e.p.d), auditor de Aval en el consorcio con Odebrecht, para referirse a Néstor Humberto Martínez Neira, también pueden significar No Hay Moral Ninguna. Al menos, en el Fiscal NHMN, no hay ninguna moral pública, en tanto garantía de los intereses generales sobre los particulares y de la ley sobre el crimen. Dicha moral pública está extraviada en la Fiscalía desde hace por lo menos 16 años. La Fiscalía, concebida como institución clave y líder en la persecución del delito y la criminalidad organizada, ha sido uno de los mayores fiascos de la Constitución del 91. No tanto por su diseño normativo, que la adscribe a la rama judicial (artículo 249 C.P), para prevenir así su conversión en un instrumento de persecución política por parte del Ejecutivo, sino por la dinámica política de nuestros más agudos conflictos, en donde la fusión de la política con el crimen es cada vez más ostensible y visible. Al punto que ha convertido dicha institución en una coartada perfecta para perpetuar la impunidad. Basta pasar revista a los últimos fiscales y la función que han cumplido al frente de la misma.

La Fiscalía General como coartada institucional para la impunidad

El exfiscal Luis Camilo Osorio, postulado por el entonces presidente Andrés Pastrana, cumplió a la perfección su papel de encubridor de los más atroces crímenes de lesa humanidad cometidos por los grupos paramilitares desde el 2001 al 2005. A tal punto, que hoy se encuentra subjudice por su criminal complicidad, como se puede verificar en https://verdadabierta.com/ex-fiscal-luis-camilo-osorio-de-nuevo-bajo-la-lupa/. Luego, para garantizar un tránsito sin sobresaltos en la aplicación de la ley 975 de 2005, fue nombrado Fiscal General, Mario Iguarán, quien como viceministro de justicia estuvo encargado del diseño de dicha norma –eufemísticamente conocida como ley de “Justicia y paz” -- junto a su jefe, el ministro Sabas Pretelt, posteriormente condenado por cohecho impropio en el célebre escándalo de la Yidispolítica, que cambió el articulito para la reelección de Uribe. Salta a la vista el sutil entramado de criminalidad institucional que desde entonces se fue tejiendo, consolidando la paradoja de una casi perfecta impunidad legal y política, pues propició una reelección presidencial alcanzada mediante la comisión de un grave delito contra la administración pública, por el cual fueron condenados los entonces ministros Diego Palacio y Sabas Pretelt por la Corte Suprema de Justicia. Indirectamente, entonces, tuvimos un presidente ilegítimo, en tanto ilegal, pero también muy popular (de allí su “Estado de opinión”, superior al Estado de derecho), pues su Presidencia se alcanzó gracias a la comisión de dicho delito. Y cuando los máximos comandantes de la AUC empezaron a desentrañar en sus versiones ante la Fiscalía la fina y sangrienta red de complicidades y crímenes cometidos en alianza con numerosos congresistas - -la mayoría pertenecientes a la coalición de gobierno del presidente Uribe-- entonces éste decidió extraditarlos a Estados Unidos con el pretexto de que eran narcotraficantes (toda la nación sabía que lo fueron desde el comienzo), dejando sin justicia y verdad a miles de familiares de víctimas desaparecidas y desmembradas por las AUC. Reveló así Uribe su curiosa concepción de la ética y la justicia, según la cual es más grave narcotraficar que descuartizar, masacrar y asesinar, pues como lo ha demostrado el Centro Nacional de Memoria Histórica, los grupos paramilitares fueron responsables de 1.166 masacres, el 58.8%, frente a 343 cometidas por la guerrilla, el 17.3% y de 8.903 asesinatos selectivos, el 38.4% frente a 3.899 de la guerrilla, el 16.8%, quedando la mayoría de estos crímenes impunes hasta la fecha[2].  

La anterior escandalosa impunidad, sustentada en la falta de verdad y de justicia, es la que hace hoy tan imprescindible la existencia de la Jurisdicción Especial de Paz y de la Comisión de la Verdad, tan temidas por el Centro Democrático, que no desperdicia ocasión para desinformar y tergiversar la responsabilidad histórica que dichas instituciones tienen, ante la incompetencia y complicidad de los mencionados Fiscales Generales y del sistema judicial, salvo contadas actuaciones de las altas cortes frente a la parapolítica. La más vergonzosa evidencia de la incompetencia del sistema judicial oficial es que después de 33 años de los hechos del Palacio de Justicia, todavía no sepamos lo que realmente sucedió y prevalezca, desde la cúpula presidencial, un silencio sepulcral. Belisario Betancur honraría su estirpe de humanista y salvaría su imagen de estadista, si se animará a contarle a la Comisión de la Verdad lo que realmente sucedió. Porque lo más significativo de esta coyuntura nacional es que, por primera vez en nuestra historia política, tímidamente se asoma la verdad ante los ojos de todos y de las víctimas irredentas. Por primera vez estamos viendo, entre atónitos e indignados, que el fastuoso ropaje institucional con que se ha recubierto nuestra espuria democracia está tejido en realidad con puntadas de mentira y canutos de impunidad, siendo sus aclamados protagonistas unos consumados sastres de la impostura, la violencia y la injusticia.

La Fiscalía General como coartada para la criminalidad empresarial

Durante la administración de Eduardo Montealegre, la Fiscalía fue sospechosamente ineficiente en la investigación del billonario desfalco a la salud pública realizado por la desaparecida EPS SaludCoop, para quien coincidencialmente el fiscal Montealegre había prestado numerosas asesorías legales entre 2001 y 2010 que le reportaron honorarios por cerca de 3.7 mil millones de pesos, según investigación adelantada por el portal “Los irreverentes”[3]. Y ahora estamos frente a una situación similar en la relación de NHMN con el poderoso grupo financiero Aval y la forma sinuosa y selectiva como la Fiscalía adelanta la investigación contra Odebrecht y sus relaciones con Corficolombiana en el saqueo del erario. Con el agravante de que este billonario entramado de corrupción ya ha cobrado la vida, en forma más que sospechosa, de Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro. De las conversaciones privadas entre Pizano y NHMN queda absolutamente claro que el actual fiscal conocía de los delitos cometidos por Odebrecht, además de su diligente actuación como abogado de Aval para lograr una transacción entre estas dos importantes y emblemáticas empresas, que le reportó a Aval el reembolso de cerca de 33 mil millones.[4] Pago realizado seguramente con dineros defraudados al Estado colombiano y que NHMN no revela, amparándose en el secreto profesional y en una cláusula de confidencialidad. En otras palabras, el interés privado de Aval y Odebrecht, con sus reservados e inexpugnables acuerdos empresariales, por encima del interés público y la legalidad. Un típico comportamiento mafioso. Algo así como una impunidad legalizada e institucionalizada a favor de la cúpula directiva de Aval y Odebrecht. Y frente a esta actuación del fiscal NHMN, el presidente Duque considera que: “El fiscal General a raíz de esto ha puesto la cara. Vi que le dio una entrevista a Juan Roberto Vargas, vi que sacó una carta pública y yo creo que él tiene que seguir mostrando a la opinión pública esos argumentos, que yo creo los ha presentado oportunamente”. Declaración presidencial que niega radicalmente su supuesto compromiso en la lucha contra la corrupción, pues está contemporizando con la impunidad y la ilegalidad, además de ofender el sentido común de todos los colombianos que repudiamos ese sometimiento del interés general a los buenos negocios y acuerdos secretos entre Aval y Odebrecht con nuestros dineros y el concurso profesional del abogado NHMN.

Lo que sobresale en este recuento de las vicisitudes de la Fiscalía General de la Nación y sus máximos responsables, empezando por los presidentes nominadores o legitimadores de los fiscales generales, es que la han convertida en una Institución-coartada para garantizar la impunidad de los más temibles y criminales poderes de facto que dominan la vida política nacional, tanto los ilegales como los empresariales. Los últimos fiscales generales han sido alfiles encubridores o abogados defensores de dichos poderes de facto, con el respaldo directo o indirecto de los respectivos presidentes: Pastrana, Uribe, Santos y ahora Duque.

Bien se puede parafrasear a García Márquez en su proclama “Por un país al alcance de los niños”, diciendo que en la Fiscalía “cohabitan de la manera más arbitraria la justicia y la impunidad”, porque la han dirigido “leguleyos de manos maestras para burlar las leyes sin violarlas o para violarlas sin castigo”. De allí que el problema no se resuelva con la renuncia de NHMN, pues la Fiscalía es hoy una pieza clave para garantizar esta especie de régimen político electofáctico en que vivimos. Un régimen de complicidades criminales en el cual gobiernan los poderes de facto, encubiertos por una densa bruma de legalidad y una corrupta continuidad electoral[5], que garantiza plenamente la inmunidad e impunidad política de sus máximos responsables, debido a esa creciente simbiosis institucional de la política con el crimen y de la indolencia, el cinismo o la ignorancia ciudadana que periódicamente lo ratifica y legítima.




[1] Profesor Asociado Pontificia Universidad Javeriana Cali. (ellano@javerianacali.edu.co).

[2]  Para mayor información sobre los otros responsables, consultar: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html.

[5] - Somos el único país de América Latina, junto a Venezuela, en donde la justicia no ha avanzado en la investigación de los generosos aportes a las campañas presidenciales de Santos y Zuluaga, como en la presencia del senador Duque en Brasil, acompañando a Zuluaga en la asesoría publicitaria de Duda Mendonca, pagada por Odebrecht, ver: https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/ivan-duque-estuvo-en-reunion-entre-zuluaga-y-duda-mendonca-52240