NoHayMoralNinguna
en el Fiscal General de la Nación
Hernando Llano Ángel[1]
NHMN,
las iniciales que utilizaba Jorge Enrique Pizano (q.e.p.d), auditor de Aval en
el consorcio con Odebrecht, para referirse a Néstor Humberto Martínez Neira,
también pueden significar No Hay Moral Ninguna. Al menos, en el Fiscal NHMN, no
hay ninguna moral pública, en tanto garantía de los intereses generales sobre
los particulares y de la ley sobre el crimen. Dicha moral pública está
extraviada en la Fiscalía desde hace por lo menos 16 años. La Fiscalía,
concebida como institución clave y líder en la persecución del delito y la
criminalidad organizada, ha sido uno de los mayores fiascos de la Constitución
del 91. No tanto por su diseño normativo, que la adscribe a la rama judicial
(artículo 249 C.P), para prevenir así su conversión en un instrumento de
persecución política por parte del Ejecutivo, sino por la dinámica política de
nuestros más agudos conflictos, en donde la fusión de la política con el crimen
es cada vez más ostensible y visible. Al punto que ha convertido dicha
institución en una coartada perfecta para perpetuar la impunidad. Basta pasar
revista a los últimos fiscales y la función que han cumplido al frente de la
misma.
La Fiscalía General
como coartada institucional para la impunidad
El
exfiscal Luis Camilo Osorio, postulado por el entonces presidente Andrés
Pastrana, cumplió a la perfección su papel de encubridor de los más atroces
crímenes de lesa humanidad cometidos por los grupos paramilitares desde el 2001
al 2005. A tal punto, que hoy se encuentra subjudice por su criminal
complicidad, como se puede verificar en https://verdadabierta.com/ex-fiscal-luis-camilo-osorio-de-nuevo-bajo-la-lupa/. Luego, para garantizar un
tránsito sin sobresaltos en la aplicación de la ley 975 de 2005, fue nombrado
Fiscal General, Mario Iguarán, quien como viceministro de justicia estuvo
encargado del diseño de dicha norma –eufemísticamente conocida como ley de
“Justicia y paz” -- junto a su jefe, el ministro Sabas Pretelt, posteriormente
condenado por cohecho impropio en el célebre escándalo de la Yidispolítica, que
cambió el articulito para la reelección de Uribe. Salta a la vista el sutil
entramado de criminalidad institucional que desde entonces se fue tejiendo,
consolidando la paradoja de una casi perfecta impunidad legal y política, pues
propició una reelección presidencial alcanzada mediante la comisión de un grave
delito contra la administración pública, por el cual fueron condenados los entonces
ministros Diego Palacio y Sabas Pretelt por la Corte Suprema de Justicia. Indirectamente,
entonces, tuvimos un presidente ilegítimo, en tanto ilegal, pero también muy
popular (de allí su “Estado de opinión”, superior al Estado de derecho), pues
su Presidencia se alcanzó gracias a la comisión de dicho delito. Y cuando los
máximos comandantes de la AUC empezaron a desentrañar en sus versiones ante la
Fiscalía la fina y sangrienta red de complicidades y crímenes cometidos en
alianza con numerosos congresistas - -la mayoría pertenecientes a la coalición
de gobierno del presidente Uribe-- entonces éste decidió extraditarlos a Estados
Unidos con el pretexto de que eran narcotraficantes (toda la nación sabía que
lo fueron desde el comienzo), dejando sin justicia y verdad a miles de
familiares de víctimas desaparecidas y desmembradas por las AUC. Reveló así Uribe
su curiosa concepción de la ética y la justicia, según la cual es más grave
narcotraficar que descuartizar, masacrar y asesinar, pues como lo ha demostrado
el Centro Nacional de Memoria Histórica, los grupos paramilitares fueron responsables
de 1.166 masacres, el 58.8%, frente a 343 cometidas por la guerrilla, el 17.3%
y de 8.903 asesinatos selectivos, el 38.4% frente a 3.899 de la guerrilla, el
16.8%, quedando la mayoría de estos crímenes impunes hasta la fecha[2].
La
anterior escandalosa impunidad, sustentada en la falta de verdad y de justicia,
es la que hace hoy tan imprescindible la existencia de la Jurisdicción Especial
de Paz y de la Comisión de la Verdad, tan temidas por el Centro Democrático,
que no desperdicia ocasión para desinformar y tergiversar la responsabilidad
histórica que dichas instituciones tienen, ante la incompetencia y complicidad
de los mencionados Fiscales Generales y del sistema judicial, salvo contadas
actuaciones de las altas cortes frente a la parapolítica. La más vergonzosa
evidencia de la incompetencia del sistema judicial oficial es que después de 33
años de los hechos del Palacio de Justicia, todavía no sepamos lo que realmente
sucedió y prevalezca, desde la cúpula presidencial, un silencio sepulcral.
Belisario Betancur honraría su estirpe de humanista y salvaría su imagen de
estadista, si se animará a contarle a la Comisión de la Verdad lo que realmente
sucedió. Porque lo más significativo de esta coyuntura nacional es que, por
primera vez en nuestra historia política, tímidamente se asoma la verdad ante
los ojos de todos y de las víctimas irredentas. Por primera vez estamos viendo,
entre atónitos e indignados, que el fastuoso ropaje institucional con que se ha
recubierto nuestra espuria democracia está tejido en realidad con puntadas de
mentira y canutos de impunidad, siendo sus aclamados protagonistas unos
consumados sastres de la impostura, la violencia y la injusticia.
La Fiscalía General
como coartada para la criminalidad empresarial
Durante
la administración de Eduardo Montealegre, la Fiscalía fue sospechosamente
ineficiente en la investigación del billonario desfalco a la salud pública
realizado por la desaparecida EPS SaludCoop, para quien coincidencialmente el
fiscal Montealegre había prestado numerosas asesorías legales entre 2001 y 2010
que le reportaron honorarios por cerca de 3.7 mil millones de pesos, según
investigación adelantada por el portal “Los irreverentes”[3]. Y ahora estamos frente a
una situación similar en la relación de NHMN con el poderoso grupo financiero
Aval y la forma sinuosa y selectiva como la Fiscalía adelanta la investigación
contra Odebrecht y sus relaciones con Corficolombiana en el saqueo del erario.
Con el agravante de que este billonario entramado de corrupción ya ha cobrado
la vida, en forma más que sospechosa, de Jorge Enrique Pizano y su hijo
Alejandro. De las conversaciones privadas entre Pizano y NHMN queda absolutamente
claro que el actual fiscal conocía de los delitos cometidos por Odebrecht,
además de su diligente actuación como abogado de Aval para lograr una
transacción entre estas dos importantes y emblemáticas empresas, que le reportó
a Aval el reembolso de cerca de 33 mil millones.[4] Pago realizado seguramente
con dineros defraudados al Estado colombiano y que NHMN no revela, amparándose
en el secreto profesional y en una cláusula de confidencialidad. En otras
palabras, el interés privado de Aval y Odebrecht, con sus reservados e
inexpugnables acuerdos empresariales, por encima del interés público y la
legalidad. Un típico comportamiento mafioso. Algo así como una impunidad
legalizada e institucionalizada a favor de la cúpula directiva de Aval y
Odebrecht. Y frente a esta actuación del fiscal NHMN, el presidente Duque
considera que: “El fiscal General a raíz de esto ha puesto la cara. Vi que le
dio una entrevista a Juan Roberto Vargas, vi que sacó una carta pública y yo
creo que él tiene que seguir mostrando a la opinión pública esos argumentos,
que yo creo los ha presentado oportunamente”. Declaración presidencial que
niega radicalmente su supuesto compromiso en la lucha contra la corrupción,
pues está contemporizando con la impunidad y la ilegalidad, además de ofender
el sentido común de todos los colombianos que repudiamos ese sometimiento del
interés general a los buenos negocios y acuerdos secretos entre Aval y
Odebrecht con nuestros dineros y el concurso profesional del abogado NHMN.
Lo
que sobresale en este recuento de las vicisitudes de la Fiscalía General de la
Nación y sus máximos responsables, empezando por los presidentes nominadores o
legitimadores de los fiscales generales, es que la han convertida en una
Institución-coartada para garantizar la impunidad de los más temibles y
criminales poderes de facto que dominan la vida política nacional, tanto los ilegales
como los empresariales. Los últimos fiscales generales han sido alfiles
encubridores o abogados defensores de dichos poderes de facto, con el respaldo
directo o indirecto de los respectivos presidentes: Pastrana, Uribe, Santos y
ahora Duque.
Bien
se puede parafrasear a García Márquez en su proclama “Por un país al alcance de
los niños”, diciendo que en la Fiscalía “cohabitan de la manera más arbitraria
la justicia y la impunidad”, porque la han dirigido “leguleyos de manos maestras
para burlar las leyes sin violarlas o para violarlas sin castigo”. De allí que
el problema no se resuelva con la renuncia de NHMN, pues la Fiscalía es hoy una
pieza clave para garantizar esta especie de régimen político electofáctico en
que vivimos. Un régimen de complicidades criminales en el cual gobiernan los
poderes de facto, encubiertos por una densa bruma de legalidad y una corrupta
continuidad electoral[5], que garantiza plenamente
la inmunidad e impunidad política de sus máximos responsables, debido a esa
creciente simbiosis institucional de la política con el crimen y de la
indolencia, el cinismo o la ignorancia ciudadana que periódicamente lo ratifica
y legítima.
[1]
Profesor Asociado Pontificia Universidad Javeriana Cali.
(ellano@javerianacali.edu.co).
[2] Para mayor información sobre los otros
responsables, consultar: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html.
[4] https://www.dinero.com/pais/articulo/corficolombiana-responde-a-revelaciones-de-jorge-pizano/264164
[5] - Somos el único país de América
Latina, junto a Venezuela, en donde la justicia no ha avanzado en la
investigación de los generosos aportes a las campañas presidenciales de Santos
y Zuluaga, como en la presencia del senador Duque en Brasil, acompañando a
Zuluaga en la asesoría publicitaria de Duda Mendonca, pagada por Odebrecht,
ver: https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/ivan-duque-estuvo-en-reunion-entre-zuluaga-y-duda-mendonca-52240
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