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El Estado Encapuchado
­Septiembre 21 de 2008

Hernando Llano Ángel.

El debate suscitado por la senadora Gina Parody sobre la inaceptable e intolerable práctica de algunos estudiantes de encapucharse para intervenir en las asambleas universitarias, bien vale la pena extenderlo a otras esferas y ámbitos de nuestra vida institucional, como el Congreso y la misma Presidencia de la República. Así nos percataríamos de que la capucha de tela es inocua e insignificante frente a la capucha mental y moral que predomina en las altas esferas del poder estatal. Sin duda, las capuchas oficiales son mucho más sofisticadas y por eso es casi imposible detectarlas. Incluso pasan inadvertidas para la misma senadora, no obstante ella contar con un psicodélico y vistoso juego de gafas, que siempre luce con ese aire indescifrable de modelo chic o de niña bien que se encuentra en el lugar equivocado.

Capuchas Transparentes

La principal razón por la cual es tan difícil detectar las capuchas oficiales es que parecen auténticas, pues hacen parte de la identidad de sus portadores y ellos las llevan con absoluta naturalidad. Podríamos decir que son transparentes. Así las cosas, es comprensible que la senadora no haya podido detectar que entre los miembros de su partido político, curiosamente denominado partido de la “U”, ya sean diez (10) los congresistas procesados por concierto para delinquir agravado con bandas paramilitares. En otras palabras, que a su lado tenía más encapuchados como Honorables Senadores y Representantes que los tres o cuatro estudiantes que aparecen ocultando su rostro en la famosa arenga en la Universidad Distrital. Lo anterior demuestra que el asunto es más complejo de lo que cree la senadora, pues los encapuchados más peligrosos son los que enseñan sin temor su rostro, pero ocultan su identidad política y verdaderos intereses económicos bajo la investidura que tienen y el cargo oficial que desempeñan. Ellos no son identificables por nuestros ojos, sino por nuestro juicio, pero este suele tardar demasiado para ser certero. El reciente rechazo de la senadora a un tercer período de Uribe, es señal de que empieza a tener mejor juicio. La cuestión es tan compleja, que en muchas ocasiones ni siquiera el juicio de avezados magistrados es suficiente para identificarlos, pues sus actividades oscilan entre la política y el crimen y casi siempre cuentan con coartadas perfectas para su justificación, cuando no con testigos que son descartados por su condición de criminales y mitómanos irredimibles.

“Caras vemos, corazones no sabemos”

Como en el sabio refrán popular, corazones pérfidos se ocultan con facilidad bajo rostros bondadosos. Difícil imaginar que tras las buenas maneras, la fina elegancia y la atemperada voz de Salvatore Mancuso se oculte el temible y sanguinario comandante de las AUC. Seguramente por ello fue escuchado con tanta atención y aplaudido con entusiasmo cuando pronunció su discurso en el Congreso, pues parecía un parlamentario más. De alguna manera las investigaciones sobre la parapolítica y las versiones de los principales ex comandantes paramilitares nos han revelado que son legión los encapuchados en el interior del Estado colombiano. Ellos cumplen sus funciones sin necesidad de portar un antifaz distinto al de su distinguido e importante cargo: Senadores, Representantes, Directores de Institutos Descentralizados, Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, Generales, Coroneles, Fiscales y un extenso etcétera, que todavía ignoramos hasta qué encumbradas instancias y profundas fosas puede llegar. Según el Fiscal General de la Nación, Mario Enrique Iguarán, en la actualidad esa institución adelanta investigaciones contra más de 300 funcionarios por presuntas vinculaciones con grupos armados ilegales. Estamos, pues, literalmente frente a un Estado encapuchado. Pero un Estado que no porta una capucha cualquiera, mugrienta y de tela desteñida, como la que usan en las asambleas algunos estudiantes en Universidades públicas. No. Es un Estado que cuenta con una capucha a salvo de cualquier sospecha, la capucha democrática, siempre reluciente y fragante.

La Capucha Democrática

El Estado colombiano porta una fina y vistosa capucha democrática, parecida al juego de gafas de la senadora Parody, que le permite proyectarse muy bien en todos los escenarios nacionales e internacionales. Pero bajo esa capucha democrática se han ocultado durante más de medio siglo los rostros de conspicuos gobernantes que incurrieron, por acción u omisión, en gravísimos actos criminales. Bastaría mencionar esa preciosa capucha roja y azul llamada Frente Nacional, confeccionada a la medida de la impunidad y la conservación de los privilegios de quienes desataron la vorágine de la Violencia, para después gobernar en nombre de la paz y la reconciliación, sin que hasta la fecha hayan rendido cuentas de la funesta herencia de iniquidad y corrupción que nos legaron.

Sin embargo esa “civilista” capucha luce como un burdo antifaz frente a la que adorna el Estado actual, cubierto con los oropeles de la “seguridad democrática” y los Consejos Comunitarios presidenciales, donde la audiencia queda hipnotizada por el verbo coloquial y familiar de Uribe y las generosas dádivas de Acción Social. Es la capucha del llamado Estado Comunitario que, con la invaluable ayuda de incondicionales medios de comunicación e impactantes denuncias como la de la senadora Parody, logra ocultar hechos tan graves y criminales como los siguientes, someramente mencionados en algunas publicaciones de circulación semanal.

Por ejemplo, la revista Cambio de la semana pasada, bajo el insólito título de “Buena Conducta”, celebra que la Fuerzas Armadas hayan avanzado en el respeto de los derechos humanos, pero señala lo siguiente: “Según cifras del Gobierno, entre 2002 y lo que va de este año, se han registrado ejecuciones extrajudiciales de 470 personas. Por esta razón, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, viene desarrollando una estrategia para reducir este tipo de conductas”[1]. Y para completar, en un recuadro, destaca los siguientes nombres de oficiales que aparecen gravemente implicados o están siendo investigados por presuntos vínculos con grupos paramilitares: General Mario Montoya Gil; General (r) Julio Charry Solano; General (r) de la Policía Rosso José Serrano; Coronel de la Policía William Alberto Montezuna y Almirante (r) Rodrigo Quiñones. Si lo anterior amerita el título de “Buena Conducta”, no hay duda de que vivimos bajo la capucha de un Estado democrático que logra así ocultar con éxito sus prácticas terroristas. Por eso en el mismo artículo se señala que lo que “más preocupa al Ministerio de Defensa es que 190 ONG, agrupadas en la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, presentaron en agosto un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, según el cual en los últimos cinco años aumentó 67.71 por ciento el registro de ejecuciones extrajudiciales. Además, se da cuenta de por lo menos 1.122 casos entre julio de 2002 y Diciembre de 2007, frente a 669 casos entre enero de 1997 y junio de 2002”. Por todo lo anterior se puede concluir que estamos frente a un Estado encapuchado, que luce con desparpajo y criminal cinismo el antifaz de democrático.

[1] - Revista Cambio número 793, 11 al 17 de Septiembre de 2008, página 38.

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Septiembre 7 de 2008

Un pasado perpetuo y un futuro imperfecto

Hernando Llano Ángel

En nuestra compleja y apasionante realidad política el tiempo no es un asunto cronológico. No tiene esa continuidad lógica del pasado, el presente y el futuro. Más bien sucede lo contrario. Hay momentos, como el actual, donde no sabemos si vivimos atrapados en el pasado o en una especie de presente perpetuo, del cual no podemos evadirnos. Quizá nos sucede lo anterior, porque en política el tiempo es más un asunto de polemología que de cronología. Su sentido y alcance dependen, en lo fundamental, de la intensidad de las polémicas y los conflictos entre sus protagonistas. De allí que el tiempo en que transcurre nuestra política real sea la eternidad. En ella nada cambia, nada sucede, todo permanece inalterado. Es una política casi inamovible, como gusta decir el presidente Uribe. Por eso arrastramos nuestros conflictos y problemas desde tiempos inmemoriales. Somos una sociedad todavía premoderna, donde los “señores de la guerra” ---poco importa el uniforme que lleven--- deciden en vastas regiones del país sobre la vida, la muerte y la libertad de sus pobladores. Dichos “señores de la guerra” se codean, en muchas ocasiones, con quienes constitucionalmente deben proteger la vida, libertad y dignidad de todos y todas. Hoy el protagonista de la noticia es el general (r) Rito Alejo del Río y su alianza estratégica con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) para combatir a las FARC, bajo la administración del entonces Gobernador de Antioquia y promotor incondicional de las Convivir, Álvaro Uribe Vélez. Ayer, el protagonista era Guillermo León Valencia Cossio y su relación indirecta con “Don Mario”, gracias a la mediación del distinguido empresario de la seguridad, Juan Felipe Sierra. Mañana, quizá, la noticia sea un funcionario más cercano al presidente Uribe, abusando obviamente de su confianza, como parece que fue el caso de José Obdulio y sus buenos oficios para el ingreso de “Job” a la casa de Nariño, según lo denunciado por el Senador Rodrigo Lara Restrepo.[1]

Un pasado perpetuo

Así las cosas, vivimos en una especie de pasado siempre presente. Sólo 23 años después, emergen de la penumbra del horror oficial de las torturas en los calabozos militares, los rostros de los empleados de la cafetería, rescatados con vida del Palacio de Justicia para ser desaparecidos en la seguridad de las guarniciones militares. Forma trágica y dolorosa de mancillar el imperativo de Santander: “Las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad”. La Fuerza Pública en este caso hizo exactamente lo contrario. En 1985 las armas, tanto del M-19 como las oficiales, olvidaron el pasado perfecto de nuestra independencia y libertad y ejecutaron la hecatombe de los Derechos Humanos y el DIH, en el mismo epicentro del poder estatal. La justicia fue inmolada con la complacencia y complicidad del Ejecutivo, sumada a la indolencia e impotencia del Legislativo, bajo la mirada pétrea del Libertador. Para completar el cuadro de macabra ironía, el M-19 ejecutó su acción demencial y criminal con el nombre de “operativo Antonio Nariño, por los Derechos Humanos” y el vocero del ejército, entonces Coronel Alfonso Plazas Vega, declaró estar “manteniendo la democracia y el funcionamiento de las tres ramas del poder público”.

Un momento de horror donde estuvieron de nuevo presentes tres héroes de nuestro pasado: Antonio Nariño, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, invocados con devoción por los actores protagónicos de semejante holocausto. Todos actuaron, supuestamente, en nombre de los Derechos Humanos y la defensa de la Democracia y el Estado de derecho. Hoy continuamos viviendo ese pasado en presente: la Justicia vuelve a ser objetivo de bombas terroristas, pero en Cali. De nuevo las víctimas son civiles inermes y anónimos, “daños colaterales del conflicto”.


Cambian los lugares, pero el tiempo y las víctimas permanecen inalterables, aunque por ahora el rostro de los victimarios sea desconocido y sus móviles menos claros. En todo caso, ambas partes sostienen que actúan en nombre de la “seguridad democrática” y la “justicia revolucionaria”. Poco les importa que los medios que utilizan (la violencia y la mentira) y el resultado de sus acciones (el secuestro y la muerte) demuestren todo lo contrario.

Tiempos criminales

Parece que el signo de todos los tiempos fuera el crimen. Ya no sabemos cuándo el crimen empezó a ser determinante en la política nacional, en qué momento se convirtió en su eje articulador, y mucho menos quiénes fueron los responsables, bien por omisión o por acción, de permitir que se convirtiera en el actor protagónico de la vida política. Para algunos, obsesionados con la historia, todo empezó con el magnicidio del Mariscal Sucre. Para otros, de “filiación” partidista liberal, aquel nefasto 9 de abril de 1948, cuando se asesinó la esperanza de un pueblo y no sólo se acalló la voz de un caudillo. Para algunos pocos, situados a la izquierda, cuando la paz del Frente Nacional cerró las puertas a la oposición política alternativa y abrió las puertas a la oposición armada. Hoy, para la mayoría, tanto dirigentes como simples ciudadanos, cuando el narcotráfico “penetró todos los estamentos de la vida nacional”, especialmente la política y la Fuerza Pública, y perpetró en línea una serie de masacres incontables (contra seguidores y militantes de la UP) y de magnicidios inolvidables: Rodrigo Lara Bonilla, Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez, sin que los gobernantes de entonces tuviesen la menor responsabilidad de lo sucedido. Fueron crímenes del narcotráfico, el narcoterrorismo y el paramilitarismo, y todo quedó completamente explicado. No cabe ninguna responsabilidad a los dirigentes políticos de entonces. A tal extremo ha llegado el grado de impunidad política, que ya la damos por inevitable y consubstancial en nuestra historia.

Y así llegamos a la actual y simplista visión de nuestra trágica realidad política: todo es culpa de la narcoguerrilla, convertida en una “amenaza terrorista” contra ejemplares ciudadanos de bien, virtuosos políticos, valientes militares y policías, que defienden la “democracia más profunda y estable de Suramérica”. Sin duda, la más profunda en fosas comunas, minas antipersona y millones de desplazados, a quienes la inteligencia obtusa de un asesor presidencial llama migrantes. También somos la “democracia” más estable en la violación crónica de los derechos humanos, la perpetración de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, los cuales en su mayoría gozan de plena impunidad. Según las investigaciones de la “Comisión de la Memoria Histórica”, entre 1982 y 2007 se cometieron 2.505 masacres, para un total de 14.660 víctimas. Crímenes que, si son cometidos por los paramilitares, se convierten en el delito de sedición, según el presidente Uribe y su novedosa doctrina penal, contenida en la ley de “Justicia y Paz”. Pero si son obra de la guerrilla, entonces es puro y atroz terrorismo.

Criminales con los cuales, hasta hace poco más de un año, exactamente en la Feria de Expoconstrucción, celebrada en Bogotá el 22 de mayo del 2007, el presidente Uribe consideraba que tendríamos que acostumbrarnos a convivir. Entonces dijo lo siguiente: “Lo que sí creo es que sin amnistiar y sin indultar, en caso de delitos atroces, nos tenemos que preparar para darle el beneficio de la excarcelación a quienes confiesen la verdad, a quienes confiesen la verdad y esa confesión sea aceptada por los jueces de la República. Yo creo que tenemos que abrir una sana discusión nacional en esa materia y por eso quería plantearlo esta noche aquí”.[2] Así las cosas, no tiene relevancia saber el momento exacto en que la política fue pervertida por el crimen, si ya tenemos una fecha precisa en la que se puede demostrar que la política empezó a legitimar el crimen. Sin duda, en 1991 la política pactó con el crimen y así sucedió en la coyuntura constituyente con la prohibición de la extradición de “colombianos por nacimiento”. Pero fue un pacto producto del desangre de la sociedad y de la incapacidad del Estado para desactivar el terror de Pablo Escobar y los “Extraditables”. Fue un pacto de miedo y supervivencia social, que disoció por completo la política de la ética y el derecho de la justicia. Entonces no hubo sometimiento de Pablo Escobar y sus cómplices a la justicia, sino todo lo contrario, sometimiento de la justicia a los extraditables. De allí “La Catedral”, ese monumento a la impunidad.

Un futuro imperfecto e impune

Ahora sucede todo lo contrario, pues estamos bajo el signo de la legitimación política del crimen, con las coartadas perfectas de la “seguridad democrática” y el “Estado comunitario”, gracias al miedo y el terror infundido por las FARC al conjunto de la sociedad. Una prueba más de que la violencia no es la partera de la historia, como equivocadamente creen las FARC, sino exactamente lo contrario: la sepulturera de los pueblos y sus anhelos de vida, justicia, libertad y paz. Estamos frente a un futuro tan imperfecto e impune, que el mismo Uribe ya se atreve a sugerir como su probable sucesora a Noemí Sanín, quien siendo ministra de comunicaciones de Belisario Betancur ocultó deliberadamente la conflagración y ruina del Palacio de Justicia mediante la transmisión en directo por televisión de un partido de fútbol. La misma que en las elecciones del 2002, cuando competía contra Álvaro Uribe, en uno de sus tantos discursos de campaña, advirtió: “Si Álvaro Uribe gana la presidencia es como si la ganara Carlos Castaño”.[3] Ahora, no se trata sólo de negar el pasado y ocultar el presente, sino de algo mucho más ambicioso: impedir un futuro distinto, porque ante todo hay que “reelegir la seguridad democrática y garantizar la estabilidad de las inversiones”, poco importa que el precio sea la ignominia de la impunidad y la legitimación de la criminalidad.

De eso trata este presente y el futuro que está en juego, sin que podamos eludir nuestra responsabilidad personal excusándonos en la elección del mal menor, que en nuestra historia ha terminado siendo el mal mayor: la legitimación política del crimen mediante la instauración de un régimen electofáctico. Aquel donde deciden y gobiernan los poderes de facto y no la conciencia y la voluntad de sus ciudadanos, libremente expresada en elecciones competitivas, como es lo propio en las verdaderas democracias. Pero esto no sucede entre nosotros, donde todos sabemos que reina la “democracia profunda” de las trincheras, los desplazados, los campos minados y las fosas comunes en virtud de la inteligencia superior de Uribe, la obtusa mente de su asesor José Obdulio y la obcecación violenta de las FARC, sumadas a nuevas bandas de narcocriminales, como la de “Don Mario”, curiosamente tan funcionales a la “seguridad democrática” como a la corrupción estatal. Asuntos con los que, desde luego, nada tienen que ver quienes aspiran a ser los legítimos herederos de la “seguridad democrática” en la “Casa de Nari”: Noemí Sanín, Juan Manuel Santos, Carlos Holguín Sardi y Germán Vargas Lleras. Bienvenidos al futuro, porque el presente no existe y el pasado se olvida o se ignora. Einstein ya lo había dicho: “el tiempo es relativo”. Lamentablemente nuestra vida no y la de nuestros hijos tampoco. La vida es única e irremplazable, por ello no puede quedar al vaivén de estos tiempos criminales con tantos protagonistas, cómplices y representantes oficiales.

[1] Ver El espectador, 5 de septiembre de 2008, página 6.
[2] - Ver http://www.presidencia.gov.co/ Sala de Prensa. Discurso Feria de Expoconstrucción, Mayo 22 de 2007.
[3] Ver en revista Soho, edición 100, agosto de 2008, columna de Gustavo Gómez: “26 frases inolvidables ya olvidadas”, página 266.

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Agosto 27 de 2008

Des(h)echos políticos y criminales

Hernando Llano Ángel.

No son los fétidos y mortales desechos hospitalarios que todos los días asedian nuestras ciudades y campos, como residuos de una guerra sin fin y sin límites, la mayor amenaza para la salud pública de la Nación. Son los des(h)echos políticos y criminales, que vanamente trata de minimizar o justificar el presidente Uribe, la mayor amenaza para la salud y la existencia de la República. Los desechos hospitalarios pueden ser incinerados y reducidos a cenizas inofensivas. Los des(h)echos presidenciales, constituidos por hechos políticos y criminales, no pueden ser fácilmente incinerados y desaparecidos. Su materia prima es inextinguible e inocultable. De ello dan fe las miradas atentas y escrutadoras del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo y del Juez de la Audiencia española, Baltasar Garzón, fijadas en los restos de las víctimas halladas en las fosas comunes de Urabá.

Entre fosas comunes y tierra ubérrima

Ese ubérrimo territorio estuvo bajo la jurisdicción del gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, entre 1995 y 1997, cuando era un promotor tan entusiasta de las Cooperativas de Seguridad “Convivir”, que el entonces Senador conservador Fabio Valencia Cossio se atrevió a denunciarlo como “auspiciador del paramilitarismo por el incremento de los homicidios en un 387%”, según aparece en la edición de “El Tiempo” del 30 de agosto de 1995 en su página 6A.[1] Es probable que ahora el ministro no recuerde tan valiente denuncia, pues ya ni siquiera la memoria reciente le sirve para acordarse de que intercedió ante el Fiscal Mario Iguarán para que le aceptara la renuncia a su hermano Guillermo León Valencia y no lo destituyera por sus amables tratos y valiosos servicios prestados al narcoparamilitarismo en Antioquia.

Tampoco se puede olvidar que ese territorio, donde alternan macabramente las plantaciones de banano y las fosas comunes, estuvo bajo el diligente y eficaz mando del General Rito Alejo del Río, justamente condecorado por el Gobernador Uribe como “Pacificador de Urabá”. General llamado a calificar servicios por el presidente Andrés Pastrana, bajo la implacable presión del Departamento de Estado norteamericano, como condición previa para el desarrollo del Plan Colombia, que exigía la depuración de los vínculos de altos oficiales con el paramilitarismo. Vínculos que hoy se conocen plenamente gracias a testimonios de comandantes ex paramilitares, como Salvatore Mancuso y Ever Veloza o “H.H.”. Según dichas versiones libres, al menos “1.700 crímenes fueron perpetrados en Jiguamindó y Curvaradó, Vigía del Fuerte, Pavarandó, Cacarica, San José de Apartadó y Dabeiba, en la época aciaga en la que Del Río estuvo al frente de la Brigada XVII”, como lo informa la Revista Cambio en su reciente edición número 788. Pero la Fiscalía de Luis Camilo Osorio ordenó la preclusión de un proceso por promoción y fomento de grupos paramilitares, gracias a la decisión del entonces Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Guillermo Mendoza Diago, actual Vicefiscal, quien coincidencialmente acaba de concederle la libertad al ex senador Mario Uribe por ausencia de “graves indicios de responsabilidad” sobre sus relaciones con grupos paramilitares. No obstante la crueldad y el elevado número de masacres cometidas en dicho período, el General Rito Alejo del Río fue objeto de un homenaje de desagravio en 1999 en el Hotel Tequendama, siendo sus oferentes y oradores principales Fernando Londoño Hoyos y Álvaro Uribe Vélez. Con estos antecedentes, se comprende cabalmente el que uno de los primeros actos del presidente Uribe haya sido eliminar el Ministerio de Justicia y fusionarlo con el Ministerio del Interior o de la Política, bajo la dirección del impoluto e intachable abogado y comisionista de Invercolsa, Fernando Londoño Hoyos. Una jugada maestra de politización de la justicia y criminalización de la política.

Memoria Inextinguible

Semejantes hechos políticos y criminales son inolvidables e irreversibles, no son desechables, porque la memoria de las víctimas es perenne y se hereda de generación en generación. Esa memoria nunca podrá ser extraditada, tampoco negada o acallada económicamente por vía administrativa. Mucho menos podrá ser burlada, por más que invoque ahora el presidente Uribe el pasado ignominioso de Pablo Escobar, los Pepes y paramilitares, hoy relevados por conspicuos delegados de Don Berna que son bien atendidos en la misma Casa de Nariño. Pero también porque en la época en que Álvaro Uribe se desempeñó como director nacional de Aerocivil, las naves de Pablo Escobar surcaban impunemente el espacio aéreo nacional y Antioquia era su principal centro de operaciones. Ya desde entonces, Uribe era un experto en delegar la lucha contra el narcotráfico en subalternos como César Villegas, quien misteriosamente fue asesinado el 4 de marzo de 2002, un día antes de cumplir una entrevista con un funcionario de la Embajada norteamericana para “hablar, entre otros temas, sobre Uribe”.[2] No es posible, pues, deshacerse de tan funesto e inquietante pasado. No existe una técnica para eliminar tanto des(h)echo político y criminal. Todavía no se ha inventado la fórmula para borrar el pasado, aunque desaparezcan misteriosa y violentamente sus protagonistas, como también sucedió accidentalmente con Pedro Juan Moreno, ese leal e incondicional Secretario en su Gobernación de Antioquia, pero luego tan incómodo e insidioso con su “Otra Verdad” durante el primer período presidencial de Uribe.

En fin, como Uribe no puede ocultar y mucho menos deshacerse de ese pesado lastre de la vida nacional que es la simbiosis de la política con el crimen, de alguna forma también arrastrado por sus antecesores en la Presidencia, se las ha ingeniado para llevarlo impunemente e incluso para prolongarlo indefinidamente, como una especie de Sísifo infatigable, gracias a la fórmula de la “seguridad democrática”. Para ello ha contado con un aliado inestimable e impensable: la violencia y el terror de las FARC. No importa el costo que se tenga que pagar por su derrota, así implique el desmantelamiento de la República y la conversión de sus instituciones en un botín, todos los días expoliado por mercaderes y mercenarios, expertos en gobernar con estratagemas y falacias. Por todo ello, ya es casi imposible distinguir entre una asociación para delinquir y un partido político de la coalición gubernamental. Entre la Casa de Nariño y la oficina de Envigado.

[1] - Citado por Mauricio Romero en su libro “Paramilitares y Autodefensas”, página 195. Iepri 2003. Editorial Planeta Colombia 2003.
[2] - Contreras Joseph. “Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez”, página 23. Editorial Oveja Negra 2002.

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Agosto 3 de 2008

Rehenes de la victoria y la derrota

“El que vence engendra odio, el que es vencido sufre; con serenidad y alegría se vive si se superan victoria y derrota” Dham­ap­ada XV, 5 (201)

Hernando Llano Ángel.

Los últimos acontecimientos parecen indicar que el Gobierno y las FARC se han convertido, respectivamente, en rehenes de la victoria y la derrota. El Gobierno, porque después de la operación jaque está obsesionado en propinarle el mate al Secretariado, pensando ilusamente que así pondrá fin a la guerra. Para Uribe, Santos y la cúpula militar es inimaginable otro escenario distinto al de la victoria. Por su parte, las FARC harán todo lo que esté a su alcance, sin reparar en límite alguno, para no rendirse ante un establecimiento político y económico que consideran por igual tan ilegítimo como corrupto. Un establecimiento al que han combatido durante más de 40 años sobreestimando las armas del odio y la violencia y subestimando los recursos de la razón y la política. Por ello, en gran parte, hoy se encuentran militarmente desarticuladas, políticamente aisladas y éticamente desacreditadas. Al punto que el Secretariado lleva una vida ultramontana, refugiado en las profundidades de la selva, sin más horizonte político que la supervivencia física de sus hombres, el cautiverio inclemente de sus secuestrados y la realización de un incierto “acuerdo humanitario”.

De cordón umbilical a nudo corredizo

Un “acuerdo humanitario” que ya dejó de ser el cordón umbilical del Secretariado con la política y se convirtió en un nudo corredizo militar y de opinión pública nacional e internacional, que cada día lo aprieta y asfixia más. Así las cosas, el Gobierno y las FARC están hoy ante la encrucijada histórica de superar políticamente sus respectivas obsesiones belicistas y sus limitaciones revanchistas, pues ambas partes coinciden en la convicción Hobbesiana de que los “Pactos sin la espada son sólo palabras.” De ser incapaces de superar esta obsesión y armarse del suficiente valor civil y democrático para subordinar las armas y la violencia a las palabras y la desconfianza de los estrategas a los compromisos entre adversarios, estaremos más cerca de empezar una nueva metamorfosis en nuestro degradado e interminable conflicto, antes que del “fin del fin”, como eufóricamente lo anuncia el General Freddy Padilla de León.

Algo similar está sucediendo con el proclamado fin del paramilitarismo, cuya extinción el presidente Uribe ha decretado oficialmente en varias oportunidades, pero continúa cobrando víctimas civiles y líderes populares en diversas regiones del país, bajo distintas denominaciones y las más insospechadas alianzas. Según cifras oficiales de la Policía Nacional, sólo en Córdoba y Medellín, respectivamente, han sido asesinadas 283 y 530 personas por “Bandas criminales emergentes” (Bacrim) durante este primer semestre de 2008. Bandas estrechamente relacionadas con el narcoparamilitarismo.


¿Del sueño de la seguridad a una pesadilla sin fin?

Lo anterior significa que en nuestra realidad cambian los nombres de las víctimas y sus verdugos, pero lo demás permanece inamovible, inmodificable. Empezando por quienes se lucran de la seguridad y la gobernabilidad, poco importa el apellido que ella lleve, pues las ganancias siempre quedan en pocas manos y los muertos suelen ser del bando más pobre, aunque ellos vistan diferentes uniformes. Unas veces portan el uniforme oficial de la Fuerza Pública, otras el camuflado de guerrilleros o el impostor de los paramilitares. Nuestra realidad es una pesadilla sin fin de la cual muchos no quieren despertar, porque temen más abrir los ojos que reconocerse como protagonistas responsables de ella. Prefieren seguir trabajando infatigablemente, convencidos que la burbuja de la seguridad es irrompible, y que si acontece alguna desgracia es por obra de resentidos y amargados terroristas, incapaces de competir en una “democracia profunda” y plena de garantías, con un mercado abierto y equitativo, donde siempre triunfan los más competentes, honestos y audaces, sin la ayuda de subsidios o padrinos políticos y bandas paramilitares.

La realidad es otra, nos-otros los mismos

Pero nuestra realidad es bien distinta. Basta recordar la asignación de Carimagua a Ecopetrol y contemplar la forma ejemplar como funciona nuestro sistema político, gracias al éxito de la “seguridad democrática”. Por eso cada día se depura más el Congreso de la presencia de delincuentes y se consolida como intachable, impoluta e inalcanzable la beatífica imagen del presidente Uribe, que aparece incontaminada por ese sanguinolento mundo de la parapolítica y el turbio manejo del clientelismo político. Nada importa la verdad desnuda de Yidis, exhibida sin pudor en Soho, y el enfermizo y claustrofóbico mundo de Teodolindo, donde éste ya casi no puede respirar por falta de libertad. Pese a las anteriores irrefutables dimensiones de nuestra descompuesta y nauseabunda realidad política y social, los medios y sus encuestas nos proyectan un mundo seguro, ordenado y puro, ligeramente amenazado por las veleidades de una economía que amenaza poner fin a tan placentero sueño de victoria y “seguridad democrática”. Parece que pronto vamos a despertar de ese sueño profundo, seguro y cataléptico, para sumirnos en una pesadilla sin fin que nos promete una victoria rápida e indiscutible sobre quienes jamás aceptarán una derrota sin holocausto. Una especie de Palacio de Justicia, pero esta vez a escala nacional, donde será imposible distinguir los supuestos demócratas de los auténticos terroristas y los otros de nos-otros, pues todos estamos expuestos cuando la violencia y la muerte sustituyen a la política, poco importa que sea en nombre de la “seguridad democrática” o la “revolución socialista”.

CALICANTO
(Julio 5 de 2008)
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De la perversidad del secuestro a la perfidia de la libertad

Hernando Llano Ángel

Quizá nunca lleguemos a conocer la verdadera identidad de quienes, en forma astuta y valerosa, realizaron la operación “jaque”, que liberó a Ingrid y 14 de sus compañeros del prolongado e ignominioso secuestro de las FARC. Es probable que tampoco exista una verdad completa, aunque la versión oficial del éxito pretenda convertirse en la única válida. Sin duda, este impecable operativo no sólo puso en jaque a las FARC, sino también a la misma verdad, como es de la esencia de toda estratagema. Así lo hicieron las FARC en el secuestro de los diputados del Valle, fingiendo ser miembros del Ejército Nacional. La operación “Jaque” pertenece más al mundo de la ficción y la simulación, de la mentira y el engaño, propios de la realidad fantástica de las películas de Hollywood, que al mundo trágico y brutal de nuestro degradado conflicto armado. Por eso el ministro Juan Manuel Santos lo calificó como un “operativo de película” y los liberados lo consideraron milagroso, obra de la mismísima Providencia, la Virgen María y una lista interminable de santos celestiales, ajenos por completo a las realidades terrenales del poder, la gloria y la violencia, tan cercanas al ministro de Defensa y sus hombres de armas.

Estratagema Libertaria

Fue un operativo fantástico e inverosímil porque lo ejecutaron militares como actores profesionales, simulando ser miembros de una comisión humanitaria especial, y no soldados imbuidos de un espíritu de combate irrefrenable. Por ello fue exitoso e incruento. De haberlo realizado militares troperos, como sucedió en el fatídico y fallido rescate del ex ministro Gilberto Echeverri y el gobernador Guillermo Gaviria, habría terminado en una carnicería semejante. El secreto de su éxito estriba en que los militares dejaron de actuar como guerreros implacables y se convirtieron en mediadores humanitarios, parecidos a los miembros del CICR o de los llamados “países amigos”. Incluso utilizaron un helicóptero, blanco y rojo, colores distintivos del CICR y fingieron acentos extranjeros. En lugar de balas mortales, utilizaron palabras mentirosas. Antes que aniquilar a los carceleros, cooptaron astutamente a sus comandantes, asumiendo los militares el rol de mediadores internacionales. Magistralmente explotaron el interés de los guerrilleros en el acuerdo humanitario, haciéndoles creer que eran miembros de una comisión internacional especial designada con tal propósito. El mismo General Mario Montoya, con una alegría y picardía casi infantil, reconoció que gran parte del éxito se debió a que engañaron a los guerrilleros “hablando con ellos y haciéndoles creer que eran del mismo bando”. Una estratagema tan exitosa, que más se parece a un libreto del “Cocuyo”, donde la versatilidad vocal de los imitadores convierte la más terrible realidad en motivo de hilaridad. En este caso, la brillante estratagema militar transmutó la perversidad del secuestro en la felicidad de la libertad.

La libertad como perfidia

La fuerza mortal de las armas fue sustituida por los argumentos humanitarios, aunque estos hayan sido falsos. La perversidad del secuestro, con su secuela de humillación y dolor, fue vencida por la perfidia de la libertad, gracias a la seducción de la simulación y la mentira. Con razón, el Comité Internacional de la Cruz Roja está preocupado e investiga la forma precisa como se realizó el operativo, pues afectaría gravemente hacia el futuro la credibilidad de sus funciones, de las cuales dependen vidas tan valiosas, aunque menos significativas políticamente, como las de los “canjeables” que continúan secuestrados por las FARC. Pues si el gobierno utilizó en forma indebida el símbolo del CICR y sus colores, habría incurrido en el delito de perfidia, definido así por el DIH cuando se emplean los símbolos humanitarios para engañar al enemigo. De allí que Uribe, en esa puesta en escena televisiva que dirigió entre la solemnidad y la cursilería, la tragedia y la comedia, haya insistido tanto en explicar lo que nadie le había solicitado: “que en el operativo no se utilizaron símbolos humanitarios o de misión diplomática alguna”. Y seguramente el helicóptero no utilizó el emblema de la Cruz Roja, pero sí sus colores y el espíritu del CICR.

Uribe: Estratega del éxito, la simulación y la mentira

Lo mismo hizo Uribe, como presidente-candidato, en la pasada campaña electoral, cuando pese a la prohibición legal de no utilizar los símbolos patrios en la propaganda proselitista, se apropió los colores de la bandera nacional en su logotipo del puño cerrado y el índice vertical, en forma totalmente ilegal y demagógica, pues nadie puede usar la patria para su causa personal. Pero ese es el estilo y el carácter propio de Uribe.

Es un magistral estratega del éxito, la simulación y la mentira, sin importar las consecuencias que ello implique. Al fin de cuentas, después del éxito de la liberación no caben críticas ni dudas a la osadía y la intrepidez del ejército. Sólo hay lugar para las alabanzas. El éxito elimina a los opositores. Quien haga lo contrario es un apátrida y un aliado del terrorismo. Por eso tuvo Uribe la impostura y el cinismo de implorar al poder judicial, frente a las cámaras de televisión, consideración con los militares que están siendo investigados, juzgados y detenidos, pues había recibido numerosas llamadas de estos “servidores de la patria” congratulándose con el éxito de las Fuerzas Militares.

Pretende así utilizar el éxito militar de unos pocos para exculpar a quienes han mancillado, con sus crímenes con los paramilitares y complicidades con el narcotráfico, el uniforme oficial y la confianza de la ciudadanía. Incluso hace poco llegó al extremo de acusar a la Corte Suprema de Justicia de auxiliar a un “terrorismo agónico”, por sólo cumplir con su deber legal de condenar por cohecho propio a la ex representante Yidis Medina, sin cuyo concurso no hubiese sido posible su reelección presidencial inmediata. A propósito del pronunciamiento de la Corte Constitucional, vale la pena recordar que en su comunicado declarando exequible el Acto Legislativo 02 del 2004, quedó consignada la siguiente constancia que hoy cobra todo su sentido y valor histórico, precisamente por ser cosa juzgada: “En lo que respecta a los impedimentos y recusaciones, la Corte abordó varios cargos presentados por los demandantes. Concluyó que ninguno de ellos conducía a la inconstitucionalidad del acto legislativo, si bien es deseable depurar la política de actividades clientelistas”[1]. Hoy sabemos a qué tipo de actividades se refería la Corte Constitucional. Actividades que configuraron el delito de cohecho propio cometido por Yidis Medina en concurso con al menos un funcionario del gabinete ministerial, pues de lo contrario no podría haber sido condenada.

“Primero Colombia” como estratagema electoral y helicóptero triunfal

En otras palabras, Uribe, el adalid de la “lucha contra la corrupción y la politiquería”, alcanzó su reelección utilizando ladinamente dichas tácticas. Persuadió a Yidis con argumentos patrióticos y otros incentivos más terrenales, como prebendas presupuestales y burocráticas, ofrecidas o insinuadas por sus Ministros Sabas Pretelt y Diego Palacios. Algo digno de un estratega de la simulación y la mentira. Simulación y mentira que ha logrado coronar con éxito haciéndose pasar por un mandatario situado más allá de la izquierda y la derecha, que no pertenece a ningún partido, actuando como un antipolítico puro. Es un impostor tan auténtico, que en dos ocasiones ha sido ungido en nombre de la consigna “Primero Colombia”, con el respaldo de millones de firmas ciudadanas, aparentemente sin compromiso con ningún partido. Un “helicóptero de campaña” perfectamente diseñado y camuflado para su triunfo electoral. Pero, precisamente por ello, ha gobernado en coalición con quienes hoy están presos en la Picota por concierto para delinquir agravado con bandas paramilitares. En efecto, sólo un antipolítico puro puede hacer semejante osadía: gobernar con el respaldo brindado por numerosos delincuentes disfrazados de Congresistas bajo vistosas siglas como la “U” y mentirosos nombres como “Cambio Radical”, “Colombia Democrática”, “Convergencia Ciudadana”, “Alas-Equipo Colombia”, que sellaron alianzas con criminales, cuya incomoda presencia y lacerantes verdades fueron oportunamente extraditadas para no deslucir su ejemplar labor de gobernante.

Un pasado terrorífico

Con una proeza similar culminó su labor como gobernador en Antioquia: primero promovió sin descanso las llamadas Cooperativa de seguridad “Convivir” y al terminar dejó a Urabá plagado de las criminales Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACC) de los hermanos Castaño y Mancuso, con un legado de cientos de víctimas todavía impunes. En 1995, durante su primer año como Gobernador hubo 143 asesinatos, en 1996 aumentó el número de víctimas en un 249%, con 357 asesinatos y en 1997 su administración culminó con 439 ejecuciones sumarias, todas atribuidas a grupos paramilitares[2]. Ahora extraditados los principales comandantes "paras", los familiares de las víctimas difícilmente conocerán la verdad y la justicia. Sin ellas jamás podrá haber reparación, así reciban millonarias indemnizaciones del Estado. Hay que repetirlo: la justicia y la verdad no tienen precio, no se pueden comprar en el mercado de la “seguridad democrática”, ni se pueden burlar mediante la extradición, que en este caso es sustracción de soberanía y dignidad nacional, pues los asesinos no serán juzgados como criminales de lesa humanidad sino como simples narcotraficantes. Pareciera que la pureza cristalina de la cocaína lavara la sangre y el horror de las víctimas.

Elecciones y referendo: Estratagemas de la ilegitimidad

Por todo lo anterior, ahora Uribe recurre a la estratagema del referendo, tan inconstitucional como democráticamente ilegítimo, pues él sólo está consagrado para modificar normas y no para repetir o validar elecciones espurias, realizadas en muchas partes bajo la presión y coacción de grupos paramilitares, como entonces lo declaró el estratega de las AUC, José Vicente Castaño, en una entrevista concedida a la revista Semana en Junio del 2005: “Hay una amistad con los políticos en las zonas donde operamos. Hay relaciones directas entre los comandantes y los políticos y se forman alianzas que son innegables. Las autodefensas les dan consejos a muchos de ellos y hay comandantes que tienen sus amigos candidatos a las corporaciones y a las alcaldías.” Y ante la proximidad de las campañas electorales, el consejo impartido a los comandantes en las diferentes regiones fue: “Tratar de aumentar nuestros amigos políticos sin importar el partido a que pertenezcan.”[3]

De realizarse tan improbable como inconstitucional referendo, él vendría siendo una especie de helicóptero de la antidemocracia piloteado por un caudillo camuflado con los colores de una volátil y manipulable voluntad de mayorías entusiastas. Una nave donde se pretende embarcar a millones de incautos en un vuelo seguro hacia tierras de supuesta abundancia y justicia. Pero para realizar esa travesía con éxito, no se puede cambiar de piloto o, en caso necesario, se debe aceptar dócilmente que sea comandada por el “santo o/y la mártir” que Uribe designe; tampoco se podrá alterar el plan de vuelo y debe conservarse el “norte” de la “seguridad democrática” y el TLC; la tripulación será la misma y sus pasajeros deben comportarse en forma tan dócil y agradecida como los recién liberados.

Pero una nave de esas características no es inmune a las turbulencias de la realidad política, la voluntad y veleidad de sus protagonistas. Dicha realidad poco tiene que ver con ese mundo celestial y previsible de estrategas iluminados y omnipotentes, rodeados de ángeles pretorianos y santos sucesores, guiados por las “estrellas del Norte” y el “respice polum”. Para nuestra fortuna y también desgracia, la política es un asunto demasiado terrenal, donde todos tenemos derecho a nuestra libertad y dignidad, sin que ellas nos sean arrebatadas por supuestos líderes o comandantes. Poco importa si el líder obra en nombre de una diestra “seguridad democrática”, mercenaria y paranoica o el Comandante invoca una siniestra “revolución”, ignominiosa y falsa en cuyo nombre secuestra y viola los principios de humanidad, dignidad y piedad.

La nave democrática

La nave que precisamos para vivir en paz, con justicia, libertad y dignidad, la debemos diseñar entre todos y no esperar que nos llegue del cielo, mucho menos del Norte o de cualquier otra latitud, con sus oropeles del mercado y supuestos ídolos patrios insustituibles. Si nos quedamos esperando esa nave, corremos el riesgo de volar o navegar sin rumbo propio, al vaivén de vientos extraños y los intereses de unos pocos privilegiados y predestinados. La nave que requerimos se llama democracia y repudia a todos aquellos que recurren a la violencia y el secuestro como medios para imponer sus objetivos. También a quienes utilizan las elecciones y los referendos como estratagemas al servicio de privilegios económicos y ambiciones mesiánicas. Esa nave no puede ser conducida por estrategas de la violencia, el odio y la mentira, porque dejaría de estar al mando y el servicio de la ciudadanía y se transformaría en una guarnición militar, donde sólo se obedece órdenes y se venera a sus comandantes. Donde los opositores son convertidos en terroristas y la política degenera en un asunto de seguridad para las inversiones y no de equidad para los ciudadanos.

Además de naves militares camufladas con colores humanitarios, precisamos con urgencia naves democráticas, cuyo rumbo y tripulación sean definidos sin miedo, intimidación o adulación. En elecciones verdaderamente libres y competitivas, mediante la más amplia deliberación, participación y responsabilidad ciudadana, sin que nuestra decisión sea manipulada o cooptada por el asistencialismo del gobernante de turno y el poder mediático de los grandes grupos económicos a su servicio. Sólo así podremos alcanzar un puerto donde la libertad sea segura para todos y vivamos en una democracia con justicia y equidad social. No en el actual régimen electofáctico al servicio de la codicia, la impunidad y la prepotencia de unos pocos, consolidado mediante elecciones definidas por poderes de facto. Poderes de facto que combinan habilidosamente todas las formas de lucha y los recursos disponibles, desde la plata legal de los grandes grupos económicos y los generosos mecenas; la ilegal del narcotráfico, agencias de apuestas y dudosos empresarios; el plomo, los secuestros y las desapariciones cometidas por las bandas criminales emergentes y la guerrilla; el presupuesto oficial distribuido personalmente por Uribe en sus consejos comunitarios y el poder mediático de las encuestas y la idolatría presidencial, amplificadas cada minuto por RCN, una televisión banal y una prensa escrita sin pudor e independencia crítica, salvo contadas y valiosas excepciones, cada día más estigmatizadas e intimidadas.



[1] - http://www.eltiempo.com/ Octubre 20 de 2005.
[2] - Banco de Datos del Cinep.
[3] - Revista Semana, edición número 1.205, Junio 6 a 13 de 2005, página 34.

DE-LIBERACIÓN
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Junio 29 de 2008

Hernando Llano Ángel.

Uribe: Alquimista de la ilegitimidad

Todo parece indicar que Uribe ha empezado a ejecutar la hecatombe por él anunciada. La hecatombe de la ilegitimidad política. El toque de trompeta ha sido el reciente comunicado de la Presidencia, no sólo desconociendo la sentencia condenatoria por cohecho propio de la ex Representante a la Cámara Yidis Medina, sino descalificando el exhaustivo y riguroso trabajo de la sala penal de la Corte Suprema, gracias al cual ha sido depurado al Congreso de la presencia de numerosos delincuentes camuflados de políticos. Pero el Presidente es incapaz de reconocer que en el origen de la ilegitimidad de su reelección presidencial no sólo se encuentran Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, sino su inocultable alianza estratégica con el crimen y el delito a través de todos aquellos Senadores y Representantes que hoy están siendo Juzgados por la Sala Penal de la Corte Suprema por su simbiosis criminal con el narcoparamilitarismo, la mayoría de ellos miembros de su coalición gubernamental que aprobó en forma entusiasta el Acto Legislativo de la reelección inmediata.

De la ilegitimidad democrática

Ahora Uribe pretende subsanar esa ilegitimidad política apelando al comodín de la voluntad popular. Busca ocultar así el origen espurio e ilegal del mencionado Acto Legislativo, estigmatizando a Yidis Medina como una mitómana que no merece ningún crédito, pese a que ayer era cortejada por sus ministros del Interior y Protección Social, además de haber recurrido él mismo a su patriótica e irrestible persuasión presidencial. Estamos frente a otro capítulo más de una interminable historia de desengaños y deslealtades presidenciales, que se suma a la saga de las visitas palaciegas de Eleonora Pineda y Rocio Arias, quienes le fueron tan serviciales en ese turbio y difícil trabajo de embaucar a Mancuso, Jorge 40 y Don Berna por el camino de la “justicia y la paz”. Hoy ellas están encarceladas y ellos extraditados. La exitosa política de “seguridad democrática” fue incapaz de impedir que Mancuso y compañía continuaran delinquiendo desde sus sitios de reclusión, ordenando asesinatos y desapariciones de testigos y familiares de sus víctimas. Incluso el mismo Presidente llegó a afirmar que la extradición era la mejor medida para salvaguardar las vidas de quienes le demandan al Estado verdad, justicia y reparación. Por eso, después de haberse liberado de tan penoso lastre, piensa que ha llegado el momento de avanzar más rápido. Seguro de la popularidad que le otorgan las encuestas de opinión promovidas y contratadas por el poder mediático de los grandes conglomerados económicos, Uribe está convencido que puede despojarse de ese incomodo y desgastado traje de la legitimidad democrática y vestir un lustroso y camuflado traje de campaña, diseñado a su medida, que lo investirá de una legitimidad popular y caudillista incuestionable, cercana a la unanimidad.

A la legitimidad carismática

Se trata de una legitimidad carismática forjada con la manipulación mediática de las tres dimensiones más primarias y deleznables de la política: el miedo, la violencia y el hambre. El miedo a la FARC que ayer controlaba territorios e intimidaba a sus pobladores, ha sido superado y hoy la “seguridad democrática” las tiene confinadas en la manigua de la selva, totalmente desprestigiadas por el ignominioso delito del secuestro.


Ha transmutado la violencia terrorista del narcoparmilitarismo en una política oficial de recompensas, delaciones y delitos denominada “seguridad democrática”, mientras crecen nuevas bandas criminales emergentes dedicadas al narcotráfico, el asesinato y la intimidación de la población civil que no coopera o encubra sus actividades ilegales. Por último, ha enfocado una política asistencialista con programas como “familias en acción” y la ampliación del Sisben para paliar el hambre y la marginalidad social, con enormes réditos para su popularidad de gobernante generoso e infatigable. Pero para lucir en forma permanente ese pintoresco y vistoso traje de la legitimidad carismática, adornado con subsidios y prebendas en cada Consejo Comunitario, hace falta la aprobación apoteósica e incuestionable del pueblo. Es imprescindible convocar un referéndum, esa especie de pasarela efímera por donde suele desfilar la voluntad de los autócratas, los caudillos y los dictadores, bajo el disfraz de la soberanía popular.

La estratagema del Referéndum

Con dicha estratagema, Uribe aspira a pasar a la historia como el alquimista de la ilegitimidad, pues convertiría el miedo, la violencia y el hambre en las principales fuentes de su legitimidad caudillista y carismática, burlando cínicamente las reglas e instituciones propias de un Estado de derecho, sin las cuales jamás podrá reclamar legitimidad democrática alguna. Por eso ahora la emprende contra la Sala Penal de la Corte Suprema, sindicándola incluso de auxiliar con su fallo al terrorismo agonizante de las FARC y poner en peligro su política de “seguridad democrática”. Esa carta ganadora que acostumbra blandir en todas las ocasiones contra quienes no lo acompañan incondicionalmente en su cruzada contra el terrorismo, que al parecer purifica y justifica los crímenes más atroces, como los cometidos por las AUC, auténticas herederas de las famosas cooperativas de seguridad “Convivir”, las cuales promovió con entusiasmo durante su Gobernación en Antioquia. Cooperativas que convirtieron a Urabá en un vasto y ubérrimo territorio bananero, fertilizado con la “sangre, sudor y lágrimas” de más de 930 personas ejecutadas sumariamente durante los tres años de su gobernación. Alcanzó tal nivel la vorágine de violencia desatada durante los primeros seis meses de su administración, que el entonces Senador conservador, Fabio Valencia Cossio, denunció al Gobernador Uribe por “haber incrementado los homicidios en un 387% en el Urabá, y estar auspiciando el paramilitarismo con las cooperativas de seguridad Convivir”, según aparece en nota publicada por El Tiempo el 30 de Agosto de 1995 en su página 6A.

Seguramente que el actual ministro del Interior y de Justicia, Valencia Cossio, no tiene una memoria tan frágil como para olvidar ese funesto pasado. Más bien lo que demuestra tener es una conciencia profundamente maleable y pragmática, que fácilmente se acomoda a las conveniencias del poder. Una conciencia siempre leal e incondicional con ese pasado criminal. Una conciencia política y judicialmente impune, para la cual parece haber una violencia buena y legítima que estimula las inversiones y otra execrable y terrorista que las desestimula. A ese tipo de conciencias convocará el referéndum del alquimista de la ilegitimidad carismática, porque está convencido que la perfecta combinación del miedo y la violencia, acompañada de una buena dosis de política asistencialista, atenuará el hambre de los muchos y estimulará la codicia de ganancias e inversiones de los pocos. Pero Uribe olvida, como ha sucedido con sus antecesores tan adictos al poder y los referendos (Chávez, Fujimori y Pinochet), que nadie gobierna por mucho tiempo en forma victoriosa e impune.

CALICANTO
(Junio 12 de 2008)
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(Exclusivo para Caja de Herramientas)

De Bancadas, Bandolas y Desbandadas.

Hernando Llano Ángel[1].

El hundimiento de la reforma política en la Comisión Primera del Senado, que el propio presidente Uribe reclama con orgullo haber comandado, es otra prueba más de carácter político sobre su peculiar simbiosis con el crimen, quintaesencia de la denominada “seguridad democrática”. Una simbiosis de naturaleza parasitaria, en virtud de la cual ha coronado su fulgurante carrera política, deshaciéndose en forma oportuna y rápida de sus antiguos aliados, ahora convertidos en temibles criminales. Ayer fueron los paramilitares, hoy es la pérfida Yidis, quizá mañana sea el leal Sabas Pretelt.

Es una simbiosis que tiene una larga historia, pues data desde su eficiente administración como Director Nacional de Aerocivil, justamente en la época de mayor prosperidad de Pablo Escobar, y luego continúa como Gobernador de Antioquia, curiosamente cuando se consolida el proyecto de las Autodefensas en Urabá. Se confirma así el implacable aserto de Sartre: “nada hay más respetable que una impunidad largamente tolerada.” Especialmente cuando se trata de la impunidad política, que por comprometer la suerte de las instituciones y de la misma sociedad es de mayor gravedad que la impunidad penal, al fin de cuentas de índole personal y sin el alcance de la responsabilidad pública que asume todo líder político frente al presente y futuro de una comunidad. En efecto, al oponerse el Presidente a la sanción de la “silla vacía”, permite que las mayorías que lo respaldan sigan teniendo un origen espurio, pues aquellos que ocupen la curul de quienes hoy están encarcelados por sus vínculos criminales con los paramilitares, necesariamente deberán su presencia en el Congreso a la influencia ilegal de estos grupos sobre la voluntad de los electores. Bien lo expresó una de sus senadoras más queridas y cercanas, Gina Parody: “no podemos hablar de un Congreso representativo si los ciudadanos no votaron, si hubo fraude electoral o si hubo constreñimiento al elector… y así fue como se consiguieron esos votos.”

El principal argumento del Presidente para oponerse a la sanción de la “silla vacía”, fue la necesidad de conservar la mayoría en el Congreso para garantizar la gobernabilidad y “continuidad de la seguridad democrática, gracias a la cual se han conocido e investigado las relaciones de políticos con el paramilitarismo”(2). Curiosamente lo mismo expresó José Vicente Castaño en una entrevista concedida a la revista Semana hace exactamente tres años: “La seguridad democrática funcionó y se nos ha terminado la razón de existir”(3). De esta forma queda plenamente comprobada la alquimia de la violencia paramilitar, hoy convertida en política presidencial, pues gracias a la seguridad democrática no quedarán sillas vacías en el Congreso: ellas serán rápidamente ocupadas por los herederos y testaferros políticos del paramilitarismo. Así las cosas, no estaríamos frente a una gobernabilidad y seguridad democráticas, sino más bien ante una gobernabilidad y seguridad cacocráticas, puestas al servicio de los más hábiles y diestros ladrones de la confianza y la voluntad ciudadana, que hoy presiden el Estado en defensa heroica de la más profunda y estable democracia de Sudamérica, según la prédica oficial en todos los foros internacionales.

Un crimen bien representado y remunerado

Como bien se ha señalado, en la política de la "seguridad democrática" el crimen está muy bien remunerado y representado. No tanto porque paga jugosas recompensas a quienes asesinan y descuartizan, sino sobre todo porque promueve y estimula el ejercicio de la política como una celestina al servicio de los grandes inversionistas en el mercado y del mayor número de bajas en el campo de batalla, sin importar para nada los costos sociales que ello implique y las prácticas criminales que estimule. No parece, entonces, una mera coincidencia que la ley 975, eufemísticamente denominada de “Justicia y Paz”, haya sido antecedida por la ley 974, más conocida como de “bancadas”, pues ambas expresan muy bien la tramoya de la política palaciega que hoy discurre entre bandolas, bandidos (en lugar de bancadas) y desbandadas, ordenadas por el propio Presidente Uribe para hundir la reforma política.

¿Académicos o Cosmetólogos?

Quizá para maquillar y disimular dicha concepción palaciega y mercenaria de la política, es que ahora el Presidente conforma una pomposa “Comisión de siete Académicos”, “alejada de la polarización y la confrontación política y entre los siete estudiarán los mecanismos más adecuados para profundizar en la reforma política y encontrar alternativas para hacer responsables a los partidos y blindarlos frente a los embates de organizaciones criminales que quieren apoderarse de ellos para influir en las decisiones del país”, según declaraciones del Ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín Sardi.

Estas declaraciones contrastan con las recientes acciones y decisiones gubernamentales, pues para conservar la mayoría en el Congreso no permitió que ninguna silla quedara vacía, así como ayer ordenaba el Presidente a sus copartidarios: “voten los proyectos gubernamentales, mientras puedan hacerlo”, antes de que fueran confinados en la Picota por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sin duda, son muestras elocuentes de la forma como el Presidente ha cumplido su denodada lucha contra la “politiquería y la corrupción”, depurando el Congreso de sus vínculos con la criminalidad. Ahora pretende que la Comisión de los siete sabios, supuestamente situada más allá de “mezquinos intereses políticos cortoplacistas”, “presente a la consideración del Congreso y la opinión pública el próximo 20 de Julio una reforma política seria y articulada”, según lo expresado en comunicado de la Presidencia el pasado 11 de Junio.

Lo curioso es que estas recomendaciones coincidan con otro comunicado de la Presidencia de la República, donde Uribe señala que “No es el Congreso quien garantiza la reelección sino el voto del pueblo” y agrega en forma reveladora: “La Constitución del 91 eliminó la reelección por componendas políticas. Le quitó ese derecho al pueblo simplemente por componendas políticas[4]”. Todo parece indicar que la Comisión Académica, como está más allá de la política, no se prestará para este tipo de componendas, aunque entre sus miembros figure Humberto de la Calle, quien tuvo bajo su dirección las relaciones del entonces Presidente Gaviria, ahora en tránsito de reelección, con la Asamblea Nacional Constituyente. Más sorpresas nos da la política que la propia vida. Sólo falta que la Comisión sugiera un cambio de régimen y para ahuyentar el fantasma de la segunda e inmediata reelección presidencial proponga el tránsito hacía un régimen parlamentario. Entonces, por arte de la alta cosmética política, tendremos a Uribe como Primer Ministro en lugar de su tercer período presidencial. Esa sería “una reforma política seria y articulada”, más allá “de mezquinos intereses políticos cortoplacistas”, en bien de la Patria y la “seguridad democrática”, justo a la medida de un novísimo “Primer Ministro” y no un maltrecho “Tercer Presidente”.

[1] - Abogado y Politólogo. Socio de la fundación Foro por Colombia, capítulo Valle del Cauca.
[2] - Comunicado de Presidencia de la República, Junio 11 de 2008.
[3] - Semana, edición 1205, Junio de 2005.
[4] - Entrevista del Presidente Álvaro Uribe Vélez con Vicky Dávila, Noticias RCN, Junio 11 de 2008.

DE-LIBERACIÓN

(www.actualidadcolombiana.org) (http://calicantopinion.blogspot.com)
Mayo 28 de 2008


“Tirofijo no ha muerto”

Hernando Llano Ángel.

Tirofijo no ha muerto porque su figura ya alcanzó la dimensión del mito. Un mito que sobrevive incluso a sus mortales portadores: Pedro Antonio Marín y Manuel Marulanda Vélez. Un mito hoy encarnado en esa organización espectral y ultramontana que son las FARC, extraviada en la manigua de la guerra desde el momento en que creyó que “el poder nace de la punta del fusil” y no de la deliberación y la participación ciudadana. Porque en el mundo de la política y la guerra, esas fronteras cada día más difusas en las que quedó inscrito “Tirofijo,” no importa tanto la muerte física de un protagonista o un antagonista, como la superación de las condiciones que hacen posible su nacimiento y reencarnación.

Las muertes de Tirofijo

No gratuitamente “Tirofijo” sobrevivió tantas veces a la muerte oficial decretada o anunciada por todos los gobiernos desde Guillermo León Valencia. Y ahora que las propias FARC anuncian su muerte natural, en brazos de su compañera, es el propio gobierno quien parece dudar de su desaparición. A tal punto que ofrece una millonaria recompensa a quien proporcione las coordenadas donde se encuentra su cuerpo. Semejante oferta oficial demuestra que Tirofijo, aún después de muerto, continúa dando guerra y que puede llegar a convertirse en un espectro invencible para las Fuerzas Militares. Pero sobre todo revela ante el mundo, de manera patética y hasta ridícula, que no vivimos en el realismo mágico de Macondo sino en el universo absurdo de una guerra degradada y vergonzosa que se ha prolongado por más de medio siglo alentada por las mentiras del odio, la soberbia y la codicia. Mentiras que hoy adquieren tal dimensión en ambas partes, Gobierno y Farc, que si continuamos creyéndoles pueden prolongar por un par de generaciones más esta pesadilla sanguinolenta y mortecina de la cual no despertamos. Una pesadilla que, como en las películas de terror, sus protagonistas no mueren sino que se mutan y reencarnan indefinidamente. Lo grave es que en nuestra película nacional somos los espectadores quienes colocamos los muertos, mientras los protagonistas y antagonistas continúan viviendo gracias a nuestro sacrificio.

Pesadilla sin fin

Por ello, bien vale la pena intentar conocer la trama de esta pesadilla sin fin, cuyo origen está marcado por otro mito que se resiste a morir: Jorge Eliecer Gaitán, cuyo periplo vital se agotó sin poder reconciliar el país nacional con el país político. Reconciliación que demandaba el pleno reconocimiento de la dignidad del país nacional, entonces conformado por unas mayorías rurales sin derecho a una vida decente y una tierra propia, por parte de unas minorías mezquinas y soberbias que desde entonces se han apropiado del país político en nombre de la más fantástica mentira oficial: la democracia del Frente Nacional.
Durante estos 60 años transcurridos esa película de terror sólo ha profundizado el divorcio entre el país político y el país nacional. A tal extremo que hoy el campo dejó de ser una despensa de vida y se convirtió en un teatro de muerte, sembrado de minas antipersona, laboratorios de cocaína, miles de fosas comunes y cambuches de ignominia donde agoniza la vida, la libertad y la dignidad de millones de compatriotas. No sólo la de quienes están secuestrados por las Farc, sino también la de millones de campesinos que son rehenes de una injusticia estructural que condena a más del 65% a la pobreza, aproximadamente 8 millones y por lo menos a 3 millones a la indigencia. En semejantes condiciones, los campesinos para sobrevivir no tienen otras opciones que ser raspachines, desplazados o convertirse en “carne de cementerio” en las filas de ejércitos ilegales, poco importa las siglas, los nombres de los mismos y la identidad de sus comandantes. Ayer eran Guadalupe Salcedo, Efraín González, Jacobo Arenas, Manuel Marulanda y, en el bando contrario, el cóndor León María Lozano, Rodríguez Gacha, Pablo Escobar, la saga de los Castaño, Don Berna, Mancuso y una lista interminable de sucesores, que esperan con cierta ansiedad ocupar las páginas de la infamia.

No más héroes y villanos

Por todo lo anterior, esta pesadilla no parece tener un final cercano. Menos aún cuando del lado oficial los protagonistas desempeñan papeles más propios de héroes de celuloide que de protagonistas de la historia y proclaman ante cámaras y revistas sus supuestas virtudes de estadistas. Actores oficiales que pregonan ante un público atemorizado y vengativo una inminente victoria sobre una “culebra herida” y evaden así sus responsabilidades políticas en el engendro de un monstruo indescifrable e incontrolable, especie de Basilisco posmoderno, con mentalidad de hacendado y avaricia de banquero, vientre insaciable de narcotraficante y botas ensangrentadas de sicarios y de oficiales mercenarios que mancillaron los uniformes que portaban. Basilisco que devoró la vida de más de 173.000 colombianos en la gloriosa hecatombe del paramilitarismo. Todo ello, no hay que olvidarlo, en nombre de la “democracia más profunda y estable de América Latina”, en su lucha legítima contra la amenaza del terrorismo, según reza en la divisa de la “seguridad democrática”.

En tanto sigamos creyendo en esa versión de nuestra realidad, donde supuestamente hay un bando de héroes virtuosos e incorruptos, casi santos, que ofrendan sus vidas por nuestra seguridad y prosperidad en una lucha desigual y sangrienta contra un bando de villanos narcoterroristas que encarnan el mal absoluto, no hay duda que la pesadilla jamás tendrá fin. Más nos valdría abrir los ojos y reconocer que nuestra realidad es mucho más compleja que esa mediocre película de terror. Que sólo cuando seamos capaces de reconciliar el país nacional con el país político, la película podrá tener un desenlace no violento. Pero para ello precisamos en el escenario de la vida nacional otros protagonistas con roles distintos a los de héroes y villanos. De nosotros depende, como ciudadanos y ciudadanas, poner fin a esta pesadilla, rechazando radicalmente ser cómplices de verdugos o sobrevivientes vengadores de nuestras víctimas. Sólo entonces morirán mitos como los de “Tirofijo”.

CALICANTO
(Mayo 26 de 2008)
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Realidad virtual contra Memoria inmortal

Hernando Llano Ángel.

Estamos tan encandilados por los destellos fulgurantes del último escándalo político, que ya casi no podemos ver. Hemos sido cegados por las luces de las cámaras y anonadados por los noticieros. No han terminado de enfocar los camarógrafos y fotógrafos el nuevo congresista trasladado a la Picota, cuando ya aparece una nueva cara. Crece la galería de procesados en la Picota y disminuye el quórum en el Capitolio. Al paso que vamos, la legislatura del próximo 20 de Julio quizá la instale el Presidente en otro escenario. Ya no se escuchará un grito de independencia, sino muchos clamores de libertad. Tan vertiginosa es la sucesión de escándalos, que nuestro juicio no alcanza a valorarlos. Perdimos la noción de la gravedad de los hechos y flotamos en el universo de la relatividad y la banalidad. Nuestra competencia para juzgarlos ha sido extraditada. Por eso ahora se nos quiere hacer creer que la memoria es un adminículo del crimen y que cuando se extravían los computadores, sus discos duros y las tarjetas de los celulares de los “paras” extraditados, entonces olvidamos sus fechorías. Que inmediatamente quedamos sin rastro de sus conspicuos aliados, entre quienes están los que ayer aprobaron la reelección presidencial inmediata en el Capitolio y hoy honran su lealtad al Príncipe desde la Picota, además de los numerosos “ciudadanos de bien” y los amedrentados empresarios que financiaron sin escrúpulo alguno a los mercaderes de la muerte, esos cancerberos rabiosos de sus inversiones y ganancias.

Afortunadamente la memoria colectiva no es un asunto técnico. Ella es el baluarte de nuestra propia identidad y nadie podrá apropiársela y mucho menos manipularla impunemente. Poco importa que los discos duros y USB de los ex comandantes extraditados de las AUC se hayan extraviado, si protegemos y conservamos la memoria imborrable de sus víctimas y el testimonio insobornable e irreparable de sus sobrevivientes.

Podrán ser extraditados todos los protagonistas directos de la ignominia para así evitar que sus testimonios revelen los nombres de los honorables promotores y patrocinadores de sus crímenes, pero jamás podrán extraditar y mucho menos extraviar las evidencias de su complicidad. Ellas son públicas y revelan el sentido de nuestra historia. Están escritas con sangre y fuego en las páginas de los diarios, registradas en entrevistas y hasta proclamadas solemnemente en leyes y decretos. Tenemos la ley 975 del 2005, más conocida como de “justicia y paz” y el Decreto1364 expedido apenas hace un mes, del cual hoy se sirve ladinamente el Presidente para extraditar e impedir que conozcamos la verdad de la hecatombe humanitaria, en gran parte producto de las Convivir y las AUC, antes de ser sustituidas por la “seguridad democrática”. De una hecatombe que cobró al menos 123.787 víctimas, según lo denunciado por los familiares sobrevivientes y entre cuyas causas figuran las famosas cooperativas de seguridad “Convivir”, que en forma tan entusiasta promovió el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez.



Fueron tan eficaces y civilistas dichas “Convivir”, verdaderas crisálidas de las AUC, que durante su gobernación (1995-1997) se cometieron 939 asesinatos en el Urabá antioqueño, bajo el ejemplar mando militar del General (r) Rito Alejo del Río, a quien después rindió homenaje de desagravio con Fernando Londoño Hoyos en el Hotel Tequendama. Son hechos públicos de su grave corresponsabilidad en una vorágine sangrienta que no puede quedar relegada al olvido y la impunidad. Y no quedará porque con el paso de los días y los años brotarán de la tierra y de las fosas comunes evidencias insoslayables. Restos desmembrados de desaparecidos que se levantarán como acusadores implacables e inquisidores eternos en demanda de verdad, justicia y reparación. Así sucederá con las 11.000 víctimas atribuidas al bloque Catatumbo bajo el mando de Mancuso, de las cuales sólo alcanzó a reconocer 889. Para no continuar con la macabra lista de crímenes atribuidos a las estructuras de “Don Berna”, Jorge 40, Cuco Vanoy y un sangriento etcétera. En todos estos casos nada podrá la inverosímil defensa de una democracia espectral que proyectan sus testimonios y justificaciones frente a la inocultable e irrefutable evidencia de sus víctimas y la memoria inmortal de sus sobrevivientes.

Sin duda que algo semejante pasará con la muerte real y el mito penumbroso de Manuel Marulanda, pues él también será impotente para rendir cuentas ante la historia y el reclamo justificado e imprescriptible de todas sus víctimas. Especialmente de quienes hoy continúan sin libertad, padeciendo el oprobio del secuestro y la humillación. Ojalá Alfonso Cano recordara que lo propio de los rebeldes y los revolucionarios es luchar contra la injusticia, la ejecución sumaria y la ausencia de libertad, banderas que hoy sin rubor agitan en nombre de la seguridad y la prosperidad quienes son los principales, aunque no únicos, responsables de esta terrible e inverosímil “democracia,” donde quienes hacen la guerra mueren en brazos de su amada y quienes luchan políticamente por una paz con dignidad, justicia y verdad son estigmatizados, perseguidos, desaparecidos y asesinados.

CALICANTO
(Exclusivo para la revista universitaria “El Clavo”)
Marzo 25 de 2008

JUANES CIUDADANÍA Y BACANERÍA

Hernando Llano Ángel

Nuestra realidad también pertenece al orden inverosímil de la música y la alegría. Así quedó confirmado con el concierto “Paz sin fronteras”, interpretado por las voces solidarias de un conjunto integrado por “Siete cancilleres” procedentes de ese imaginario país de la Paz, presidido eternamente por Lennon, cuyos límites inviolables son el respeto a la vida, la creatividad y la fraternidad. Fue un concierto inverosímil, no sólo por haber convocado en apenas una semana a los mejores cancilleres de la paz y la alegría iberoamericana, sino sobre todo porque ellos impartieron una lección histórica de política y responsabilidad, en su condición de ciudadanos y artistas, a tres desafinados y cacofónicos Presidentes Andinos.

Tres mandatarios que parecen no estar a la altura de las necesidades y sueños de sus mandantes, una ciudadanía que exige por igual y simultáneamente paz, pan y libertad. Tres gobernantes que demostraron no estar preparados para interpretar y mucho menos dirigir el coro polifónico de la paz. Esa obra que integra las voces más disímiles sin la vana pretensión de alcanzar la armonía, justamente porque reconoce y respeta todas las gamas de tonos y timbres existentes. Esa obra que se escribe e interpreta sin voces dominantes y estridentes, pues busca identificar y sumar el mayor número de tonalidades posibles con su riqueza de matices y sensibilidades. Porque la paz es una obra que se entona y escucha cuando no se acallan las voces disidentes y mucho menos se las elimina violentamente, como suelen hacerlo aquellos directores de coro que padecen graves enfermedades de oído (laberintitis), carecen de equilibrio, sensatez y talento para reconocer la algarabía de la vida que es la paz.

Esa prodigiosa algarabía que entonaron los siete cancilleres de la paz, cada uno con su voz y personal talento. Desde el bullanguero y alegre de Vives con sus acordes de provincia, pasando por las románticas baladas de nuestros vecinos, Juan Fernando Velasco y Ricardo Montaner, heridos de amor y pasiones no correspondidas, para continuar con la lluvia de café y los ritmos caribeños de Juan Luís Guerra, un auténtico oasis de paz y culminar con ese éxtasis de sentido que fueron los ritmos sincréticos y las letras siempre inspiradas, oportunas y sugestivas de Alejandro Sanz, Miguel Bosé y Juanes.

Así como quedó grabada en la memoria universal un 9-11 con sus imágenes de destrucción y muerte, producto de un imperio que engendra un odio sin fronteras, el pasado 16 de Marzo nos ha dejado en el corazón la certeza de que es posible una paz sin fronteras, siempre y cuando se reconozca a los pueblos su derecho a la vida y la alegría, como generosamente la brindaron los siete cancilleres de la paz durante toda esa luminosa y estival tarde del 3-16.

Frente a un norte azotado por la prepotencia y el odio, ellos nos demostraron que el Sur también existe, como bien lo escribió Mario Benedetti, en medio de la alegría de las canciones, la solidaridad y la fraternidad de sueños y frustraciones compartidas. Los siete cancilleres de la paz con sus canciones nos recordaron, como lo manifestó Juanes, que “la paz no tiene dueño, la paz sólo puede construirse entre todos y por eso estamos aquí.” Pero especialmente que la paz es un asunto de ejercicio de la ciudadanía, como recalcó Juanes, antes que de mandatarios más o menos pasajeros, que buscan vanamente perpetuarse en el poder. La paz no está atada a destinos personales de mandatarios soberbios y prepotentes que desconocen fronteras en nombre de la “seguridad democrática” o de megalómanos deschavetados que pretenden borrarlas invocando en forma demagógica la memoria del Libertador. El concierto nos demostró que la paz está inscrita en las fronteras vitales, alegres, fraternales e inviolables de esa ciudadanía atenta y entusiasta que coreó y acompañó a Juanes y Bosé cuando cantaron “Nada particular” y entonaron: no queremos “una patria fugaz”, sino “dignamente un abrazo, en fin…nada particular.” Pero para ello es necesario: “Que mi historia no traiga dolor, que mis manos trabajen la paz, que si muero me mates de amor, nada particular.” En fin, Juanes ciudadanía y bacanería.

DE-LIBERACION
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Parainstitucionalidad Electofáctica
(Segunda Parte)

Hernando Llano Ángel.


En la consolidación y legitimación de la parainstitucionalidad electofáctica,[1]que constituye el rasgo esencial y definitorio de nuestro régimen político, se encuentra el uso discrecional y arbitrario que han hecho de la Constitución, la ley y las instituciones todos nuestros últimos Presidentes para alcanzar sus objetivos y afianzarse en el poder. En nuestra historia reciente abundan los ejemplos, entre los cuales sobresale el manejo de la extradición, convertida así en una especie de talismán del poder presidencial que, en los momentos de crisis, cada Ejecutivo de turno ha utilizado para salir de la encrucijada en que se encuentra.

La historia es conocida, pero no está demás recordarla brevemente. Todo empezó un primero de Mayo de 1984, cuando Belisario Betancur la esgrimió como arma intimidatoria y persecutoria contra el naciente narcoterrorismo que ejecutó su primer magnicidio en el malogrado Rodrigo Lara Bonilla, entonces ministro de justicia. Continuó con Virgilio Barco y su guerra fracasada contra los “extraditables” al mando de Pablo escobar, que luego Cesar Gaviria y la Constituyente convierten en esa efímera tregua que proporcionó al país su prohibición constitucional, hasta llegar de nuevo a su renacimiento de la mano de Samper, convertido en rehén de las exigencias y presiones norteamericanas. En todos estos casos, la extradición en lugar de ser ese poderoso talismán que soluciona crisis de gobernabilidad, se ha convertido en el laberinto donde cada uno de los presidentes ha perdido todo asomo de autonomía y la nación un horizonte de paz, seguridad y justicia. Por ejemplo, hoy la extradición de los 14 comandantes paramilitares significa sustracción de verdad, justicia y dignidad nacional, a cambio de mejorar las relaciones políticas y comerciales con Estados Unidos.

Ahora es el presidente Uribe, con su talante de prestidigitador del poder, quien recurre a la extradición para sortear más que una transitoria crisis de gobernabilidad, una profunda crisis de legitimidad institucional, que requiere supuestas decisiones soberanas y audaces como la que ha tomado. Espera así acallar a sus críticos domésticos e internacionales que le recuerdan su estrecha alianza política con estos grupos de criminales de lesa humanidad y narcotraficantes de alta sociedad. Alianza que viene desde su época de Gobernador de Antioquia, cuando promovió en forma entusiasta las Convivir, donde inició su curso de comandante Salvatore Mancuso, para luego dar el salto con los Castaño a la fundación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Vanamente espera que se olvide su prontuario de “pacificador”, adelantado con la complicidad de oficiales como Rito Alejo del Río, cuando entre 1995 y 1997 se cometieron en Urabá 939 asesinatos, la mayoría de los cuales continúan impunes. A tal extremo llegó la violencia durante los primeros seis meses de la gobernación de Álvaro Uribe, que el entonces senador conservador Fabio Valencia Cossio denunció en la edición de “EL TIEMPO” del 30 de Agosto de 1995, página 6A, “el incremento de los homicidios en un 387% en el Urabá, y estar auspiciando el paramilitarismo con las cooperativas de seguridad Convivir.”[2] Seguramente que esa no es “la verdad simple y oportuna” a la que se refiere el Señor Presidente en su alocución, justificando la extradición de los 14 paramilitares. Por eso ahora el Príncipe del Ubérrimo blande la extradición como el comodín del poder que le permitirá ganarle la partida a los tahúres del crimen y la política, que tan útiles le fueron en el pasado, pero ahora se tornan indeseables, peligrosos y hasta amenazantes. Es urgente y conveniente sacarlos del casino nacional, antes de que revelen todas las trampas y las cartas marcadas de sangre y ambición, con las cuales fácilmente ganaron elecciones y acrecentaron sus inversiones y latifundios. Así lo estaba revelando Mancuso, Jorge 40 y demás correligionarios ante los medios de comunicación, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, arrastrando con ellos a la cárcel lo más cercano, entrañable y familiar al Señor Presidente. No era posible que semejante espectáculo continuara, pues si algo teme el poder es la desnudez de la verdad. Es inadmisible que los ciudadanos veamos, de un momento a otro, las impudicias e inmundicias de ese cuerpo putrefacto que llaman “Democracia”. No se puede permitir que el Príncipe quede desnudo y expuesto ante la mirada morbosa y estupefacta de aquellos a quien gobierna con tanta destreza y encanto, gracias al alienante y ensordecedor corifeo de los grandes medios de comunicación.

Por ello, nada mejor que la extradición, pues tanta verdad es insoportable y torna imposible la abnegada tarea de gobernar. Es la hora de liberarse de ese lastre de sangre e ignominia, para que el carruaje del Príncipe y la seguridad democrática alcancen más rápidamente la meta del TLC y llegue a raudales la inversión extranjera. Es la hora de alejar de la Corte tanto rostro indeseable. No se puede gobernar con tanto criminal al lado. Para esa cirugía profunda del régimen, nadie más competente que un psiquiatra y un filósofo de la ternura y la paz, injustamente caricaturizado como parapsicólogo, cuando en verdad merece el título de Alto Cosmetólogo. Gracias a Luís Carlos Restrepo, hoy figuras físicamente grotescas y moralmente deformes han viajado al imperio de las mentiras. Las restantes están en la Picota, pues pese a sus numerosas cirugías y tratamientos de belleza no pudieron acreditar su identidad política y ocultar sus rasgos y mañas criminales. Por eso, recientemente, el Alto Cosmetólogo sugirió un tratamiento intensivo de embellecimiento para los cortesanos que han acompañado de manera leal al Príncipe y les propuso que cambiaran de identidad. Que disolvieran esos cascarones y sucios carruajes (Partido de la “U”; Cambio Radical; Colombia Democrática; Alas Equipo Colombia; Convergencia; Partido Social Conservador etc) con los que han canalizado y manipulado tan hábilmente los votos de ciudadanos incautos, pues el Príncipe ya nos los necesita. Además, se le están convirtiendo en un lastre muy incomodo y pesado para gobernar. El Príncipe está empeñado en una remodelación estructural de la Corte, tan profunda y novedosa, que no va ser posible reconocerla. Va a ser de tal magnitud, que inaugurará el comienzo de una nueva era, donde la paz, la justicia y la verdad brillaran en todo el reino. No quedará un rincón del reino para los narcotraficantes, terroristas y paramilitares, pues todos desaparecerán gracias al conjuro de la extradición o serán eliminados por el triunfo implacable de la seguridad democrática. Entonces todos viviremos seguros, felices e indignos en el reino de “Uribelandia”, bajo una profunda y sólida “democracia parlamentaria”, con un primer ministro inamovible y portentoso que gobernará desde el Ubérrimo.

[1] - Brevemente definida en el artículo anterior como aquella institucionalidad paralela que es producto de poderes de facto, los cuales tienen la capacidad de definir, a través de elecciones supuestamente libres y competitivas, no sólo a los ganadores de las mismas, sino el contenido fundamental de sus políticas gubernamentales, tal como ha venido sucediendo con el fenómeno de la “parapolítica” y los éxitos de la “seguridad democrática”.

[2] - Citado por Mauricio Romero en “Paramilitares y Autodefensas. 1982-2003”, página 195. Editorial IEPRI, Grandes Temas de hoy. Segunda edición: febrero 2005. Bogotá, D.C.

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Abril 27 de 2008

Parainstitucionalidad Electofática
(Primera parte)

Hernando Llano Ángel

En medio del vértigo propio de los últimos acontecimientos, es muy difícil discernir en dónde está el límite entre la política y la criminalidad. Ahora resulta casi imposible distinguir a un criminal de un político. Es por ello que cada semana aumenta el número de senadores y representantes internos en la Picota. Incluso varios de ellos han renunciado rápidamente a sus curules, como los ex senadores Álvaro Araujo y Mario Uribe, quienes al parecer se sienten más seguros asumiendo su defensa en la condición de delincuentes comunes, que conservando su fuero de congresistas. Hay que abonarles su sinceridad. Pero también deplorar sus crisis de identidad personal y profesional al llegar al Congreso de la mano de narcotraficantes y criminales de lesa humanidad.

Por eso es mucho más que una irónica coincidencia el que hoy interceda por ellos el mismo Salvatore Mancuso, quien en reciente entrevista concedida al noticiero de televisión de RCN, manifestó que debería hacerse una reforma a la ley 975 –eufemísticamente denominada de “Justicia y Paz”-- para que los congresistas también obtengan los beneficios de la rebaja de penas y así se animen a contar toda la verdad. Se trata de un gesto de reciprocidad: ayer dichos congresistas legislaron para las autodefensas, aprobando aquello que con gran diligencia habían logrado concertar con el entonces ministro del Interior Sabas Pretelt y su Vice ministro Mario Iguarán. Hoy el ex comandante de las autodefensas les tiende solidariamente su mano y voz de aliento. Así es como se va configurando una parainstitucionalidad electofáctica, aprobada por aquellos congresistas que fueron elegidos gracias al apoyo del “plomo y la plata” brindado desinteresadamente por las AUC en sus respectivas regiones.

Pero en honor a la verdad, dicha parainstitucionalidad, producto de la relación colegisladora entre las AUC, el Gobierno y el Congreso, se remonta al trámite y la expedición de la ley 782 de 2002, que le permitió al Presidente iniciar el proceso de paz con organizaciones armadas ilegales que no tuvieran carácter político. Es decir, con organizaciones criminales, como las AUC, ya desde entonces considerada por EEUU como terrorista. Sin duda, un prodigio del legalismo y el cinismo ético presidencial puesto al servicio de la “seguridad democrática”, pues el Estado colombiano, en aras de la “paz y la reconciliación nacional”, reconoció legalmente a una organización especializada en cometer crímenes de lesa humanidad como interlocutora valida de su política de seguridad. Se inicia la famosa era de Santa Fe Ralito, que no sólo fue un despeje territorial, sino algo mucho más grave: el despojo de la política de cualquier asomo de ética pública. Con tal propósito, el alto comisionado para la paz, Luís Carlos Restrepo, adelantó en la semiclandestinidad de Ralito numerosas reuniones con los comandantes de las AUC, concertando los términos de la actual ley 975. Las discusiones fueron tan difíciles y tensas, que los mismos paramilitares para obtener del gobierno las mejores garantías en su proceso de institucionalización, filtraron a la prensa pasajes de los desacuerdos transitorios que tuvieron con Restrepo, difundidas por “semana.com” como “revelaciones explosivas”.

Especialmente explosivas son las siguientes explicaciones del Alto Comisionado, porque se dan en plena campaña presidencial para la reelección, gracias al acto legislativo aprobado por quienes hoy están en la Picota: "Hay una oferta del Presidente que dice: Yo no puedo modificar el tema de la extradición porque esto se me convierte en un problema internacional inmanejable. Yo no puedo en medio de una campaña electoral o en medio de unas relaciones de cooperación con Estados Unidos pretender modificar este tema. Ante esa realidad dice el Presidente: Yo uso mi discrecionalidad como Presidente. Para un buen entendedor, eso es lo que ofrece el Presidente”. A lo cual responde Jorge 40: "Nuestra incertidumbre es creer en la palabra nada más de un hombre". Incertidumbre que hoy parece estar resolviéndose con la eventual extradición de Macaco, para que responda como narcotraficante ante EEUU y eluda su responsabilidad como criminal de lesa humanidad ante el Estado colombiano y las víctimas sobrevivientes. Nadie podría haber imaginado una paradoja mayor: la justicia norteamericana burlando la verdad nacional.

Pero quien mejor expresó los riesgos de la reelección presidencial inmediata en medio del proceso de negociación con las AUC, fue el ex presidente Andrés Pastrana en un foro sobre la “Sostenibilidad de la política de seguridad democrática”, realizado el 23 de Febrero de 2005. En su intervención, advirtió lo siguiente, producto seguramente de su propia experiencia personal con las FARC: “Que si el paramilitarismo controla –según sus propios voceros- y, según diversos entendidos, 300 municipios del país, 40 por ciento de las exportaciones de droga, un alto porcentaje de las tierras cultivables y temibles ejércitos privados cuyas estructuras y zonas de influencia se conservan intactas, es una historia de vieja data. Que el paramilitarismo, con sus dineros, sus armas y sus comodines políticos pueden inclinar la balanza electoral, es un hecho notorio. La pregunta, entonces, bajo tales supuestos, es sí es lícito negociar con tal poder electoral mientras la cabeza negociadora está en trance electoral. Si aquí hay una simple interferencia o una flagrante incompatibilidad. Si aquí se pueden dar garantías plenas -más allá de un Estatuto- de igualdad para participar en las elecciones. A la reelección inmediata se le han señalado, desde su concepción y por todos los medios, una extensa gama de incompatibilidades. Sin embargo, su incompatibilidad con un proceso o pacto de paz repercute en dos ámbitos esenciales a la supervivencia misma de nuestra democracia: el proceso de paz y el proceso electoral. Mientras proceso de paz, poder político paramilitar y elecciones no se deslinden, se cierra el espacio a la generosidad necesaria que se requiere para sanar heridas. Y se abre el espacio a la suspicacia, riesgo al que no se puede exponer la democracia representativa.”[1]

La advertencia resultó premonitoria, pero en un sentido más grave. Lo que está en juego es la supervivencia misma de la actual parainstitucionalidad electofáctica, que cada día las investigaciones judiciales nos revelan en forma más clara y contundente. Antes que el escándalo por el cohecho en el que a todas luces incurrió la ex representante Yidis Medina, al fin de cuentas el lenguaje institucional y usual del Ejecutivo para persuadir al Legislativo, se encuentra el origen espurio e ilegítimo del Acto Legislativo número 02 de 2004, que permitió la reelección presidencial inmediata, justamente aprobada por la casi totalidad de congresistas que se encuentran en la cárcel por concierto agravado para delinquir en asocio con las AUC. Tal es la encrucijada histórica del momento. De la forma como se asuma y supere, dependerá que se consolide dicha parainstitucionalidad electofáctica o, por el contrario, transitemos hacia la construcción de una auténtica institucionalidad democrática, que impida esa nefasta simbiosis entre la política y el crimen. Simbiosis que ha venido gobernando bajo la prestidigitación y obnubilación que ejerce Uribe sobre una población desorientada por medios de comunicación complacientes con dicho entramado de privilegios sociales y políticos criminales.
[1] - Subrayados fuera del texto original.