DE-LIBERACION
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Abril 27 de 2008

Parainstitucionalidad Electofática
(Primera parte)

Hernando Llano Ángel

En medio del vértigo propio de los últimos acontecimientos, es muy difícil discernir en dónde está el límite entre la política y la criminalidad. Ahora resulta casi imposible distinguir a un criminal de un político. Es por ello que cada semana aumenta el número de senadores y representantes internos en la Picota. Incluso varios de ellos han renunciado rápidamente a sus curules, como los ex senadores Álvaro Araujo y Mario Uribe, quienes al parecer se sienten más seguros asumiendo su defensa en la condición de delincuentes comunes, que conservando su fuero de congresistas. Hay que abonarles su sinceridad. Pero también deplorar sus crisis de identidad personal y profesional al llegar al Congreso de la mano de narcotraficantes y criminales de lesa humanidad.

Por eso es mucho más que una irónica coincidencia el que hoy interceda por ellos el mismo Salvatore Mancuso, quien en reciente entrevista concedida al noticiero de televisión de RCN, manifestó que debería hacerse una reforma a la ley 975 –eufemísticamente denominada de “Justicia y Paz”-- para que los congresistas también obtengan los beneficios de la rebaja de penas y así se animen a contar toda la verdad. Se trata de un gesto de reciprocidad: ayer dichos congresistas legislaron para las autodefensas, aprobando aquello que con gran diligencia habían logrado concertar con el entonces ministro del Interior Sabas Pretelt y su Vice ministro Mario Iguarán. Hoy el ex comandante de las autodefensas les tiende solidariamente su mano y voz de aliento. Así es como se va configurando una parainstitucionalidad electofáctica, aprobada por aquellos congresistas que fueron elegidos gracias al apoyo del “plomo y la plata” brindado desinteresadamente por las AUC en sus respectivas regiones.

Pero en honor a la verdad, dicha parainstitucionalidad, producto de la relación colegisladora entre las AUC, el Gobierno y el Congreso, se remonta al trámite y la expedición de la ley 782 de 2002, que le permitió al Presidente iniciar el proceso de paz con organizaciones armadas ilegales que no tuvieran carácter político. Es decir, con organizaciones criminales, como las AUC, ya desde entonces considerada por EEUU como terrorista. Sin duda, un prodigio del legalismo y el cinismo ético presidencial puesto al servicio de la “seguridad democrática”, pues el Estado colombiano, en aras de la “paz y la reconciliación nacional”, reconoció legalmente a una organización especializada en cometer crímenes de lesa humanidad como interlocutora valida de su política de seguridad. Se inicia la famosa era de Santa Fe Ralito, que no sólo fue un despeje territorial, sino algo mucho más grave: el despojo de la política de cualquier asomo de ética pública. Con tal propósito, el alto comisionado para la paz, Luís Carlos Restrepo, adelantó en la semiclandestinidad de Ralito numerosas reuniones con los comandantes de las AUC, concertando los términos de la actual ley 975. Las discusiones fueron tan difíciles y tensas, que los mismos paramilitares para obtener del gobierno las mejores garantías en su proceso de institucionalización, filtraron a la prensa pasajes de los desacuerdos transitorios que tuvieron con Restrepo, difundidas por “semana.com” como “revelaciones explosivas”.

Especialmente explosivas son las siguientes explicaciones del Alto Comisionado, porque se dan en plena campaña presidencial para la reelección, gracias al acto legislativo aprobado por quienes hoy están en la Picota: "Hay una oferta del Presidente que dice: Yo no puedo modificar el tema de la extradición porque esto se me convierte en un problema internacional inmanejable. Yo no puedo en medio de una campaña electoral o en medio de unas relaciones de cooperación con Estados Unidos pretender modificar este tema. Ante esa realidad dice el Presidente: Yo uso mi discrecionalidad como Presidente. Para un buen entendedor, eso es lo que ofrece el Presidente”. A lo cual responde Jorge 40: "Nuestra incertidumbre es creer en la palabra nada más de un hombre". Incertidumbre que hoy parece estar resolviéndose con la eventual extradición de Macaco, para que responda como narcotraficante ante EEUU y eluda su responsabilidad como criminal de lesa humanidad ante el Estado colombiano y las víctimas sobrevivientes. Nadie podría haber imaginado una paradoja mayor: la justicia norteamericana burlando la verdad nacional.

Pero quien mejor expresó los riesgos de la reelección presidencial inmediata en medio del proceso de negociación con las AUC, fue el ex presidente Andrés Pastrana en un foro sobre la “Sostenibilidad de la política de seguridad democrática”, realizado el 23 de Febrero de 2005. En su intervención, advirtió lo siguiente, producto seguramente de su propia experiencia personal con las FARC: “Que si el paramilitarismo controla –según sus propios voceros- y, según diversos entendidos, 300 municipios del país, 40 por ciento de las exportaciones de droga, un alto porcentaje de las tierras cultivables y temibles ejércitos privados cuyas estructuras y zonas de influencia se conservan intactas, es una historia de vieja data. Que el paramilitarismo, con sus dineros, sus armas y sus comodines políticos pueden inclinar la balanza electoral, es un hecho notorio. La pregunta, entonces, bajo tales supuestos, es sí es lícito negociar con tal poder electoral mientras la cabeza negociadora está en trance electoral. Si aquí hay una simple interferencia o una flagrante incompatibilidad. Si aquí se pueden dar garantías plenas -más allá de un Estatuto- de igualdad para participar en las elecciones. A la reelección inmediata se le han señalado, desde su concepción y por todos los medios, una extensa gama de incompatibilidades. Sin embargo, su incompatibilidad con un proceso o pacto de paz repercute en dos ámbitos esenciales a la supervivencia misma de nuestra democracia: el proceso de paz y el proceso electoral. Mientras proceso de paz, poder político paramilitar y elecciones no se deslinden, se cierra el espacio a la generosidad necesaria que se requiere para sanar heridas. Y se abre el espacio a la suspicacia, riesgo al que no se puede exponer la democracia representativa.”[1]

La advertencia resultó premonitoria, pero en un sentido más grave. Lo que está en juego es la supervivencia misma de la actual parainstitucionalidad electofáctica, que cada día las investigaciones judiciales nos revelan en forma más clara y contundente. Antes que el escándalo por el cohecho en el que a todas luces incurrió la ex representante Yidis Medina, al fin de cuentas el lenguaje institucional y usual del Ejecutivo para persuadir al Legislativo, se encuentra el origen espurio e ilegítimo del Acto Legislativo número 02 de 2004, que permitió la reelección presidencial inmediata, justamente aprobada por la casi totalidad de congresistas que se encuentran en la cárcel por concierto agravado para delinquir en asocio con las AUC. Tal es la encrucijada histórica del momento. De la forma como se asuma y supere, dependerá que se consolide dicha parainstitucionalidad electofáctica o, por el contrario, transitemos hacia la construcción de una auténtica institucionalidad democrática, que impida esa nefasta simbiosis entre la política y el crimen. Simbiosis que ha venido gobernando bajo la prestidigitación y obnubilación que ejerce Uribe sobre una población desorientada por medios de comunicación complacientes con dicho entramado de privilegios sociales y políticos criminales.
[1] - Subrayados fuera del texto original.