martes, agosto 06, 2019

Ivan Duque: Un presidente delicuescente



Iván Duque: Un presidente delicuescente

Hernando Llano Ángel.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el adjetivo delicuescente denota un estilo literario y cultural “evanescente, sin vigor, decadente”. Ad portas de cumplir su primer año en la Casa de Nariño, el presidente Duque demuestra ser un excelente cultor de dicho estilo en el ámbito gubernamental. Basta recordar los tres grandes objetivos que nos propuso a los colombianos en su discurso de posesión presidencial, resumidos en el acrónimo LEE: Legalidad, Equidad y Emprendimiento.

Un presidente que no lee a Colombia.

Por la forma como los ha venido cumpliendo, uno duda sobre su competencia para leer a Colombia y empieza a sospechar que estamos frente a un grave caso de analfabetismo político. Empecemos por la legalidad. Su desempeño ha sido evanescente, es decir, cada día la legalidad se desvanece y esfuma más. Así lo demostró con sus objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, al punto que ha sido el único presidente forzado por la Corte Constitucional a sancionar una ley. Es decir, reprobó el examen de legalidad en materia grave. Casi incurre en una falta de lesa humanidad, pues la JEP se instauró con el propósito central de honrar a todas las víctimas del conflicto armado interno, mediante el esclarecimiento de la verdad de lo sucedido. Es decir, de las responsabilidades de todos los victimarios, desde los violentos y desalmados guerrilleros, pasando por los institucionales y “bien intencionados” miembros de la Fuerza Pública, perpetradores de miles de “falsos positivos”, sus mandos superiores, hasta ciertos exitosos empresarios y algunos gobernantes innombrables, aún inimputables. Pero todo parece indicar que en esta legislatura de nuevo la “inteligencia superior” del Centro Democrático insistirá, con su tozudez de domador equino, en la creación de una sala especial en la JEP para juzgar a los militares. Tal iniciativa complementaría a su inefable proyecto de doble instancia retroactiva que, vanamente, buscará exonerar a todos los políticos ya condenados por su asociación delictiva y criminal con grupos paramilitares, los parapolíticos, además de aligerar la pena de su putativo hijo político, más conocido como “Uribito”. Todo ello, con la anuencia del transitorio habitante de la Casa de Nariño, carente de vigor para oponerse a semejante estrategia, incapaz de comportarse como un presidente de la Nación, que juró cumplir la Constitución y la ley. En lugar de ello, se comporta como un decadente y obsecuente funcionario al servicio de quien denomina “presidente eterno” y dirige una organización facciosa[1], casi mafiosa que encubre y favorece a sus integrantes,  camuflada bajo la sigla del “Centro Democrático”. De concretarse tal proyecto y concepción de legalidad, estaríamos asistiendo a la instauración de un Estado delicuescente, diseñado para encubrir cierta criminalidad elitista, revestido con los oropeles de normas rimbombantes que no logran ocultar la complicidad, iniquidad e indignidad de sus gestores con el régimen electofáctico[2] que regentan.

Una Equidad codiciosa.

Algo todavía más aberrante parece estar a punto de pasar con la Equidad, su segunda bandera, si con nuestros impuestos el Estado le cancela al grupo Aval las deudas contraídas a su favor por Odebrecht[3], con quien se confabuló en una operación corrupta para ejecutar la Ruta del Sol. Tal operación nos conduciría directamente a las tinieblas de la inequidad para avalar la codicia sin límites de dicho grupo financiero. Así las cosas, Duque nos está conduciendo a una decadencia inimaginable, donde la legalidad se troca en  impunidad y la equidad en injusticia e iniquidad.

Un Emprendedor devastador.

En cuanto al Emprendimiento, su tercera y última bandera, es quizá la más amenazante y peligrosa, pues está pintada con un explosivo color naranja de maniqueísmo y tecnicismo. El maniqueísmo depredador de asperjar con glifosato la “mata que mata”, en lugar de reconocer y emprender una investigación rigurosa sobre las maravillosas propiedades de la coca[4] y asumir el liderazgo de su regulación estatal, en beneficio de la población campesina que ha sido vejada, rociada y victimizada con la coartada de la “guerra contra el narcotráfico”. Ayer era la marihuana la mata maldita, fumigada con paraquat, hoy es la mata bendita cultivada y legalmente explotada por la industria farmacéutica. ¿Hasta cuándo se devastarán nuestros bosques y parques nacionales, los cultivos y la salud de los campesinos en nombre de una guerra perdida y absurda contra la Mama Coca? Y, por último, ya se anuncia el  fracking, como la alternativa para dinamizar la economía, con todos los tecnicismos y previsiones para evitar crisis ambientales. Todo parece indicar que este gobierno será un gran emprendedor de futuras catástrofes provocadas. Un gobierno delicuescente: evanescente, sin vigor y decadente. Más cercano a ciertos privilegiados delincuentes, que a la gente común y decente.  



[1] Lo que distingue a una facción política de un partido, es que la primera subordina los intereses de toda la sociedad a los beneficios de sus correligionarios, como bien lo señaló Giovanni Sartori. Un partido político se reconoce como parte de un todo, respeta las reglas del juego y sirve al conjunto dela sociedad.
[2] Acrónimo que significa un régimen con elecciones pero al servicio de poderes e intereses fácticos, tanto ilegales como los legales, a través de sofisticadas maniobras “legales”, como las de Aval y Odebrecht.

lunes, julio 22, 2019

Tercer acto



ESCENAS VERDADERAS EN UN TINGLADO ELECTOFÁCTICO


(Tercer Acto)
14 de julio de 2019.
Hernando Llano Ángel.

Los más recientes escándalos de la actualidad política nacional reflejan plenamente la esencia de nuestro régimen electofáctico: la simbiosis entre la política, el delito y la criminalidad, con dos protagonistas situados en los extremos ideológicos del teatro político: Jesús Santrich, de la FARC, y Andrés Felipe Arias, del Centro Democrático. Lo que tienen en común, además de proclamarse inocentes y perseguidos por la justicia  --como suele suceder con todo político investigado— es que su actividad política ha estado directa o indirectamente vinculada con el crimen y la ilegalidad. Y que cada uno de ellos ha intentado evadirla con relativo éxito.

De “buenos” y “malos” delincuentes.

Pero las diferencias son notables y hasta cruelmente irónicas, pues ambos están signados por la extradición y la justicia norteamericana, más que por la colombiana, hasta ahora impotente en su ejercicio y eventual castigo. “Uribito” se fugó de la justicia colombiana, terminó en una cárcel norteamericana y fue extraditado a Colombia. Santrich hizo lo mismo, pero para eludir la justicia colombiana y su eventual extradición a cárceles norteamericanas. El primero tiene sentencia ejecutoriada por 17 años de cárcel, pero clama por el derecho a una segunda instancia, bien para lograr una remota absolución o una sustancial rebaja de penas. Lo cual no obsta para que reciba un tratamiento especial, como delincuente “bueno”, privilegiado y de primera clase, al punto que los medios de comunicación no pudieron cubrir su llegada a Colombia –atentaría contra su honorabilidad-- y que su reclusión o paradero sea la Escuela de Caballería de Bogotá. Una paradoja propia de un Estado electofáctico, sus guarniciones militares terminan albergando, con comodidad y privacidad, a los “buenos muchachos” condenados por delitos contra la administración pública. Sabas Pretelt, por contribuir al cambio de un articulito de la Constitución, pagó cerca de 6 años en la Base Naval de Cartagena y Diego Palacio, en la Escuela de Caballería. Pareciera que los delitos relacionados con Uribe fueran menores, insignificantes, eufemísticos, como los “falsos positivos”, o hasta inexistentes, como  sucede  en el caso personal del “presidente eterno”. Tal es el tratamiento dado a los “buenos delincuentes”, que contrasta con el destinado a los “malos delincuentes”, los opositores y desertores, como Santrich, por quien hay una oferta de cerca de 3 mil millones de pesos. Y después dicen que el crimen no paga o quizá se trate, más bien, de una versión naranja del “que la hace la paga”. Ironías propias del maniqueísmo punitivo, que da trato diferente a los delincuentes, según sean “buenos” o “malos” muchachos, así como hay “ciudadanos de bien” y otros del “mal”, según estén a la diestra o siniestra de quien gobierna. Para los primeros, discreción, presunción de inocencia y respeto, para los segundos, escarnio, ensañamiento y condena.

Una Justicia política a la medida

En fin, una justicia a la medida de la importancia y del rol político de los “buenos” delincuentes. Tanto para los de extrema derecha y ahora, con estupor e indignación de estos, también para  sus contradictores de la otrora extrema izquierda, quienes hoy son sus colegas en el Congreso y prácticamente tienen a esta corporación por cárcel, en tanto cumplan con la JEP, digan toda la verdad y reparen a sus víctimas, según lo establecido en el Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición del Acuerdo de Paz.
Quizá por eso hace tanto ruido la necesidad de que el Congreso de la República consagre la retroactividad en la aplicación de la segunda instancia para todos. Así, cubriría a quienes todavía pagan condenas por parapolítica y probablemente a los que ya la pagaron “injustamente”, como también a tantos condenados en el proceso 8.000. De imponerse esta especie de “justicia política retroactiva y a la medida”, entraríamos en un cuarto acto de nuestro vergonzoso tinglado político, que bien podría titularse con luces centellantes: “Transando impunidades”. Otra característica propia de nuestro régimen electofáctico.

“Hay que tumbar el régimen”

Tal régimen fue descrito por Álvaro Gómez Hurtado (q.e.p.d,) con exactitud premonitoria en entrevista publicada en el número 303 de la revista Diners, en junio de 1995, cuando señaló que “es todo régimen opresivo, que está usufructuando los gajes del poder, y que naturalmente no se quiere dejar modificar, que no le importa que haya leyes porque está por encima de ellas. El régimen transa las leyes con los delincuentes y por eso concluía: “El mal no está en las sábanas. El mal está en el régimen, que todo lo corrompe. Lo de fondo es tumbar el régimen”. Quizá por ello el régimen se apresuró a matarlo. Y este régimen seguirá matando impunemente, en la mayoría de los casos, a quienes se opongan a los poderes de facto y sus dinámicas electofácticas. Dinámicas que tienen origen tanto en las frondosas y prósperas economías ilegales (narcotráfico, minería depredadora, deforestación, contrabando, lavado de activos) como en las muy legales de Odebrecht, financiando campañas presidenciales de ganadores (Santos) y de perdedores (Zuluaga). Pero sobre todo auspiciando y encubriendo penumbrosa relaciones entre miembros de la cúpula gubernamental con empresarios o inversiones en Zonas Francas, como la de los jóvenes y emprendedores hijos del “presidente eterno”. Pero mejor no hablar del pasado, cuando en el presente la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, participa en negocios tan legales y prósperos como el Banco de Sangre Hemolife. Banco que, según investigación de José Roberto Acosta, publicada en El Espectador[1] el pasado sábado 13 de julio, “es una fundación que reportó $19.000 millones en venta en 2017 y cuyo actual presidente es su esposo, el señor Miguel Rueda, hermano de la activista-periodista María Isabel Rueda. La ministra Gutiérrez también aparece como como subgerente de la sociedad Principia Médica S.A.S, donde su esposo es el único accionista”. Todo lo anterior, anota Acosta, “violando el artículo 8 del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) y sin que la ministra del Interior haya revelado su conflicto de intereses, como lo ordena la ley 1434 de 2011. Además, la ministra participó en el Conpes 3956, que redujo trámites para que el Invima otorgue registros sanitarios a empresas como Principia Médica S.A.S y también participó en el Conpes 3957, que prevé destinar $179.000 millones de recursos públicos a empresas como Hemolife”. Grave denuncia que deberían investigar su veracidad órganos de control como la Procuraduría General de la Nación y la misma Contraloría, además de ser objeto de un debate de control político en el Congreso. Este pasaje no deja de tener una enorme carga de drama bufonesco en un gobierno con consignas y banderas como la Transparencia, la Legalidad y “el que la hace la paga”. Una magnífica oportunidad para  que Duque demuestre que es un genuino Presidente y no un gracioso y joven bufón de un Palacio situado en un tinglado electofáctico que, tras bastidores, dirigen y usufructúan banqueros, empresarios y poderosos personajes vinculados con la política y el crimen impune. Parece que la función de verdad apenas va a empezar.

Escenas (Segundo Acto)


ESCENAS VERDADERAS DE UN TINGLADO ELECTOFÁCTICO[1]

(Segundo Acto)
2 de julio de 2019.
Hernando Llano Ángel.

Antes de que caiga el telón del primer acto sobre el tinglado del Congreso, conviene hacer un recuento de sus principales actores, aquellos más estrechamente relacionados con los poderes de facto del narcoparamilitarismo y también con el protagonista estelar del poder presidencial, Álvaro Uribe Vélez, entre el 2002 y el 2010. Empecemos por quienes representaron el sainete tragicómico de la parapolítica y ocuparon fugazmente sus curules, siendo  trasladados del rutilante escenario del Congreso al penumbroso y confortable de pabellones carcelarios exclusivos, como auténticos criminales privilegiados. Para ello, nada mejor que el riguroso informe que aparece en el portal La Verdad Abierta, bajo el título de “La curul a la cárcel”, donde señala que en seis años de investigación, la justicia condenó por parapolítica a 60 congresistas, cuya inmensa mayoría hizo parte de la coalición de gobierno uribista (https://verdadabierta.com/de-la-curul-a-la-carcel/). Al respecto, el profesor e investigador Javier Duque, en su libro “Las urnas contaminadas.  Elecciones, fraude y manipulación en la democracia colombiana 1990-2015”, concluye: “De los 265 congresistas elegidos en 2002 al menos 50 ganaron sus curules con el respaldo económico y militar de organizaciones criminales narcoparamilitares en 15 de los 32 departamentos…Como se mencionó, Salvatore Mancuso y otros jefes paramilitares, así como ex congresistas y excandidatos, coincidieron en la versión según la cual la elección presidencial de 2002 se vio infiltrada por estas influencias ilegales” (Duque, 2017, p. 299). De allí que el Congreso  entre el 2002 y el 2010 haya sido más un tinglado electofáctico que una instancia de representación democrática, diseñada y decorada en gran parte por los poderes de la narcoparapolítica, sumados a los del clientelismo y el mercadeo electoral de la compraventa de votos, exceptuando un número escaso de congresistas, representativo del minoritario voto de opinión. Y todo ello aconteció bajo la bandera de Uribe y su lucha “contra la corrupción y la politiquería”, durante sus dos administraciones. Fin del primer acto y comienzo del segundo.

“Voten mientras no estén en la cárcel”

Tanto fue así, que el mismo presidente Álvaro Uribe Vélez, en la instalación del congreso de la Federación Nacional de Cafeteros, exhortó a los congresistas que votaran sus proyectos de ley “mientras no estén en la cárcel”, como se puede observar en este esperpéntico vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=B0qW21fXioo. Hay que abonarle a este actor estelar del poder presidencial  --a quien concedió Iván Duque el laudatorio título de “presidente eterno”—su sinceridad. Una  sinceridad extraña en su talante antioqueño, tan dado a presumir honestidad y virtud pulquérrima, pero que resume muy bien su ingeniosidad y capacidad política para metamorfosear un espacio parlamentario --superando incluso la imaginación literaria de Kafka-- en un privilegiado y exclusivo régimen carcelario, dispuesto para los congresistas de su coalición de gobierno. Este pasaje de la política nacional nos revela muy bien la versátil y verdadera identidad de los principales protagonistas de nuestro sistema político. Una identidad mutante, pues ellos logran integrar en sus roles como presidentes, congresistas y hasta magistrados de las altas cortes judiciales, lo legal con lo ilegal y lo legítimo con lo ilegítimo, que es la esencia del régimen político electofáctico. Por eso no fue fortuita la rápida extradición de los 12 comandantes paramilitares, cuando Salvatore Mancuso y sus colegas empezaron a revelar ese tinglado criminal del Congreso, producto de votos tutelados, coaccionados y ensangrentados. Mucho menos esa decisión presidencial fue inspirada por la entereza moral y la fortaleza de Uribe, sustentada supuestamente en su lucha contra el narcotráfico, como una coartada perfecta para ocultar el trasfondo criminal de la elección de sus copartidarios en el Congreso y la suya propia. Más bien fue todo lo contrario. Fue inspirada en la necesidad imperiosa de ocultar la ilegitimidad de ese Congreso, que a la postre podría afectar gravemente la de su propio mandato, haciendo así cada vez más incierta su gobernabilidad, pues quedaría al desnudo su raigambre criminal y revelaría su ilegitimidad democrática. Algo que no podía repetirse después del proceso 8.000 y que limitaría el alcance de su cruzada por la “seguridad democrática”, contra la politiquería y el narcoterrorismo de la “Far”, según sus propias palabras. 

Sin embargo, no hay que olvidar que su reelección en el 2006 fue posible cambiando un “articulito” de la Constitución, que les costó a sus ministros de Justicia, Sabas Pretelt y de Salud, Diego Palacios, varios años de cárcel por el delito de cohecho. Una paradoja propia de un régimen electofáctico, una “legitimidad” política derivada de una ilegalidad, que sólo se explica por el predominio de la opinión, expresada en las urnas, frente a un Estado derecho impotente ante el delito. No es una casualidad, entonces, que ahora el senador Uribe exprese que el Estado de Opinión es la fase superior del Estado de derecho, una falacia propia de su inventiva política, parecida a aquella según la cual la JEP es una justicia de impunidad. Ambas afirmaciones son todo lo contrario. Su Estado de opinión arrasa con el Estado de derecho y su cruzada por desmantelar la JEP asegura la mentira y la impunidad, como fuentes de una espuria legitimidad democrática.

Poder presidencial electofáctico

Pero no solo la integración del Congreso ha sido el resultado de diversos poderes de facto, tanto de los legales, mediante la financiación de campañas políticas (recientemente Odebrecht), como de los ilegales, coaccionando criminalmente o intimidando con finalidades políticas (narcoparamilitarismo y en algunas regiones Farcpolítica), sino que el mismo poder presidencial, al menos desde Gaviria hasta el presente, ha sido condicionado y muchas veces determinado directamente por esos mismos poderes. Obviamente con muy diferentes matices, propios de las violentas coyunturas que tuvieron que enfrentar, todos los presidentes de la república de los últimos 28 años han sido afectados y algunos hasta activamente promovidos por diversos poderes de facto. Empezando por César Gaviria, un presidente escatológico, pues nunca lo hubiera sido sin el magnicidio de Luis Carlos Galán por Pablo Escobar, planeado y ejecutado por una tenebrosa coalición narcopolítica con agentes de organismos de inteligencia estatal (DAS, F-2. B-2), como el mismo Gaviria[2] en sus memorias y las investigaciones judiciales lo ha revelado en sus sentencias condenatorias contra el exministro Alberto Santofimio y el exdirector del DAS Maza Márquez.[3].

Sus sucesores, tampoco habrían alcanzado la Presidencia de la República de no contar con el apoyo de otros poderes de facto criminales. En el caso de Samper, con el proceso 8000 y la generosa contribución de los carteles del narcotráfico en la segunda vuelta. Andrés Pastrana, de no haber diseñado su campaña, después de la primera vuelta, para ganar la confianza de las Farc-Ep, con la imprescindible asesoría de Álvaro Leyva, comprometiéndose con la zona de distensión del Caguán, intercambiando así votos por zona de despeje. No hay que olvidar que dicha organización guerrillera veto a Horacio Serpa, quien había ganado en primera vuelta por escasos votos (http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Col/pres98_1.html). En igual sentido, Álvaro Uribe Vélez, combinando magistralmente el repudio y el miedo de los colombianos a las Farc-Ep, junto a la simpatía de los paramilitares con su política de “seguridad democrática”. Así lo expresó Salvatore Mancuso en declaraciones a la “W Radio”: “Uno se identifica ideológicamente con algunas personas y cuando hay identidad ideológica las mismas poblaciones van y votan. Y con el Presidente Uribe hubo una identificación ideológica en la concepción de la lucha contra la subversión, de la institucionalización del Estado, de devolverle la seguridad a las zonas, cosas que quién  va a querer más que una población que ha padecido un conflicto en carne propia”.  Y el temible y desaparecido, José Vicente Castaño: “La seguridad democrática funcionó y se nos ha terminado la razón de existir. Las autodefensas nacieron porque el Estado no podía defendernos pero en este momento el Estado está en capacidad de defender a los ciudadanos” (Revista Semana, edición 1.205, Junio 6 a 13 de 2005, página 34).

Por último, incluso las elecciones recientes de Juan Manuel Santos, como la actual de Iván Duque, no se pueden comprender sin la influencia o el rechazo a dichos poderes de facto, como está sucediendo en nuestros días con el proceso de transición de las Farc-Ep y su conversión en Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Pero ello precisa un tercero y último acto, en la próxima entrega, para terminar con la presentación de esta trágica obra electofáctica y su parafernalia institucional. Una obra en la que, de alguna manera, todos tenemos un  papel que representar, más allá de la de pasivos, fanáticos o indiferentes espectadores, pues nadie puede renunciar a su responsabilidad política en este tinglado electofáctico. Si continuamos tolerándolo o promoviéndolo, cada día será más repudiable y aborrecible, y hasta corremos el riesgo de que el teatro sea destruido y la función termine en una auténtica hecatombe para todos. Esto es lo que nos está sucediendo ahora en forma dolorosa, criminal e impunemente con el asesinato de cientos de defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales. Hay que poner fin ya a esta macabra función.



[1] Neologismo para referirse a las elecciones condicionadas y determinadas por poderes de facto, tanto legales como ilegales, y no por la libre voluntad de la ciudadanía, que consolidan un régimen donde la política se fusiona con el delito y el crimen.


Escenas verdaderas de un tinglado electofáctico (Primer Acto).


ESCENAS VERDADERAS DE UN TINGLADO ELECTOFÁCTICO


(PRIMER ACTO)
18 de junio de 2019
Hernando Llano Ángel.
Política y dramaturgia

La política y la dramaturgia son hermanas siamesas. Viven indisolublemente ligadas a la representación de la vida en sus múltiples e inesperados avatares. Desde la comedia, el drama hasta la tragedia. Bien lo sabían los griegos, con su pléyade de autores trágicos y sus extraordinarias obras[1]. En ambas actividades sus protagonistas se resisten a salir de escena, especialmente cuando son exitosos y su público los reclama, como en los casos de los senadores Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro. Ellos, como los actores de teatro, no pueden vivir sin la fama y sus devotos electores, pues son vanidosos y narcisistas que aspiran a ser eternos. Aunque su ámbito de representación y actuación sea diferente. La dramaturgia suele escenificarse en teatros y en ocasiones también en la calle y las plazas públicas. De la política se puede decir que, siendo la obra mayor de la vida y la muerte, se representa y actúa en todos los ámbitos, desde los públicos e institucionales del Estado, hasta lo más privados y personales, como los laborales y familiares. En ese sentido, todos hacemos parte de la obra y somos actores políticos, aunque de reparto, especialmente en las elecciones. De allí, que nadie pueda escapar a las consecuencias de la política, aunque las decisiones que a todos nos afectan las tomen unos pocos, esos actores profesionales que llamamos políticos. Ellos representan su función en escenarios especialmente visibles: Presidencia, Ministerios, Congreso y en los ámbitos regionales y municipales: Asambleas, Concejos, Gobernaciones y Alcaldías. Pero, sin duda, el escenario más importante es el Congreso, porque allí se escribe y decide el libreto de la sociedad a través de Actos Legislativos y de diversas leyes. En él se escenifica, de alguna forma, lo que acontece en la sociedad: sus necesidades, reivindicaciones, angustias, conflictos y aspiraciones. En ese sentido, sus actores son más o menos representativos de todos nosotros y de lo que nos sucede. Por eso, las escenas dramáticas que se vivieron con el ingreso de un nuevo actor a tan importante escenario, como Santrich, son tan significativas y vale la pena considerarlas en el contexto de otras temporadas, obras y actores que han representado diversos papeles en el Congreso. Quizá así veamos toda la tramoya que hay detrás de semejante tragicómico espectáculo y podamos comprender las dimensiones reales de la política nacional, una verdadera ópera bufa de la democracia.

Un tinglado electofáctico

Habría que empezar por la presencia en el Congreso, en el pasado reciente, de un trío de actores tenebrosos, más representativos de una película de horror que de un escenario político: Salvatore Mancuso, Ivan Roberto Duque (alias Ernesto Báez) y Ramón Isaza, destacados jefes paramilitares, inmersos hasta los tuétanos en el narcotráfico y las masacres de campesinos[2]. El debut de Mancuso en el Congreso fue el 28 de julio de 2004 y tuvo como propósito fundamental ambientar políticamente el trámite de la que sería después la ley 975 de 2005, más conocida como de “Justicia y paz”. Apartes de su elocuente intervención pueden verse en https://www.youtube.com/watch?v=KcQYlCDuwFk. La mayoría de los congresistas no sólo lo escucharon con atención, sino que lo aplaudieron con devoción al final de su intervención. Entonces no hubo suspensión y menos levantamiento de la sesión. Ni los opositores tuvieron posibilidad de hacer escuchar sus voces. Una voz airada en las barras fue acallada. Cuatro años después, en el libro “Las comadres de la parapolítica”, tras bambalinas, el periodista Juan Carlos Giraldo, en entrevista a las congresistas Eleonora Pineda y Rocío Arias, nos cuenta cómo fue posible la visita de tan importantes actores:
“Le contamos al presidente que ya los jefes de la AUC no querían ir al Congreso, dice Eleonora tratando de reconstruir ese momento. Y Rocío recuerda lo que dijo al presidente: Pre, ellos no van a venir. No es que tengan miedo de venir, lo que pasa es que le temen al rechazo de algunos sectores políticos como el Polo, Gustavo Petro, las organizaciones de las víctimas, y sabemos que las ONG están organizando sabotajes. Bueno niñas, ustedes no pueden aplazar esa visita, les dijo el presidente mirándolas fijamente. Las dos comadres se cruzaron miradas de entusiasmo. Entendieron que con esas palabras él apoyaba su causa. No podían creer que el presidente Álvaro Uribe las fuera a respaldar de manera tan inmediata y sencilla. Esperaban trabas, y se sintieron todavía más dichosas cuando, según lo recuerdan, el primer mandatario les pidió solucionar de una vez el problema. Esto es muy importante para la paz de Colombia. Eleonora, llame a Mancuso. … Llamé a Mancuso y le dije: aquí estoy con el presidente de la República, el presidente dice que nosotras tenemos toda la autonomía, y que él no ve inconveniente porque es una oportunidad histórica. Por su parte Rocío también lo reafirmó: Desde el teléfono persuadimos a los jefes de las autodefensas para que vinieran al Congreso; el presidente estaba a un lado de nosotras, y delante de él llamamos a Mancuso y le aclaramos todo, lo tranquilizamos y le dijimos que el gobierno quería que ellos vinieran. (Giraldo, 2008, pp. 179- 180).

El mismo Juan Carlos Giraldo, el 28 de abril de 2008, en la emisión central del noticiero de televisión de RCN, entrevista a Mancuso y éste le explica lo que está pasando en el Congreso con la detención de numerosos congresistas investigados por parapolítica, entre ellos Mario Uribe, primo segundo del entonces presidente Álvaro Uribe:

“Estos síntomas inician por las autodefensas, porque somos los primeros que hemos tenido que avanzar en unos procesos judiciales contando la verdad de lo sucedido. En la medida que avance la guerrilla a contar las verdades y luego el narcotráfico a contar las verdades, más de la mitad del Congreso de la República estará vinculado a estos fenómenos que se dieron regionalmente en las diferentes zonas de Colombia. Lo que dije fue que el 35% del Congreso fue elegido en zonas donde habían estado las Autodefensas. En esos estados nosotros fuimos los que cobramos tributación, impartimos justicia, tuvimos el control territorial y militar de la región y todas estas personas que querían hacer política en la región tenían que venir y concertar con los representantes políticos que teníamos allí”[3].

El 13 de mayo de 2008, apenas 15 días después de dicha entrevista, Mancuso junto a otros 12 jefes narcoparamilitares fueron extraditados a Estados Unidos[4] y con ellos gran parte de la verdad sobre las relaciones entre la política y el crimen. Relación que constituye la quintaesencia del régimen político que tenemos, cuya denominación más próxima sería la de electofáctico, puesto que no sólo un número significativo de congresistas son elegidos por sus alianzas o coaliciones con actores criminales y poderes de facto, sino que incluso en todas las elecciones presidenciales, desde Gaviria hasta Duque, dichos poderes han tenido una influencia condicionante y determinante. Pero esa historia precisa un segundo y hasta tercer acto, en las próximas entregas de Consorcio, para describir en forma más detallada el complejo e ingenioso tinglado electofáctico que es nuestra realidad política nacional, cuya más reciente y escandalosa escena fue la protagonizada por Santrich, un actor de mucha menor importancia e influencia política que la del aclamado trío de los comandantes narcoparamilitares. ¿Por qué será que muchos le tienen tanto miedo a la verdad completa y solo rechazan y les escandaliza aquella relacionada con los crímenes y la corrupción del adversario, pero no la relacionada con los crímenes y la corruptela auspiciada por sus propios correligionarios? ¿Será que hay una violencia “buena y legítima”, la propia, y otra “mala e ilegítima”, la del adversario? ¿Unos “buenos muchachos”, los que me acompañan y otros “malos muchachos”, los que se me oponen? ¿Unos que asesinan legalmente y otros que matan ilegalmente? ¿Será posible vivir en una sociedad decente y en paz con semejante maniqueísmo criminal?


lunes, junio 10, 2019

CORONELL ES GENERAL


EL CASO DE DANIEL CORONELL ES UN ASUNTO DE INTERÉS GENERAL

Hernando Llano Ángel

La desaparición del periodista Daniel Coronell de las páginas de la revista Semana, con sus rigurosas investigaciones y sus sustentadas opiniones, es mucho más que un debate sobre la libertad de expresión pública en Colombia. Es un asunto de interés general y de trascendencia vital. Sin exagerar, es una cuestión de Estado, de civilidad y humanidad, que nos emplaza a todos frente a nuestra realidad.

Cuestión de Estado

Es una cuestión de Estado, puesto que la contemporización de la revista Semana en revelar las directrices de seguridad nacional del presidente Duque, fue lo que realmente generó la columna de Coronell que derivó en su despido de la publicación. Unas directrices que podían repetir, en forma más sutil y discreta, la criminal política de la llamada “seguridad democrática”, cuya más inhumana y brutal expresión fueron miles de ejecuciones extrajudiciales conocidas cínicamente como “falsos positivos”. Una reedición más sutil, pues ahora no está precedida de la funesta Directiva 029 de 2005[1] del entonces ministro de defensa, Camilo Ospina, en cumplimiento de la “inteligencia superior” del presidente Álvaro Uribe y su política de “seguridad democrática”, sino que se materializa en circulares y manuales del comandante del ejército, Mayor General, Nicacio Martínez, precedidos de “la Disposición 002 de 2019 que actualiza toda la normatividad militar que regula cómo deben actuar las tropas para preservar siempre los Derechos Humanos”[2].

Disposición para matar y ocultar

Una Disposición impecable desde la normatividad del Derecho Internacional Humanitario, pero también implacable en su errática y criminal aplicación, como quedó fatalmente demostrado con el aleve asesinato de Dimar Torres[3], desmovilizado de las FARC-EP. Asesinato que intentó justificar y excusar por todos los medios (televisivos, radiales y escritos) el ministro de defensa, Guillermo Botero, hasta que las evidencias de Medicina Legal lo refutaron. Porque la verdad detrás de esta Disposición 002 y de los manuales que la desarrollan es que de nada sirven, cuando se aplican en un contexto oficial que invita e incita a cometer “masacres con criterio social”, según el trino del senador Álvaro Uribe, que lo hace políticamente responsable de semejantes actuaciones militares. Con mayor razón, si el actual ministro de defensa cuenta con su incondicional apoyo y el del presidente Duque. Un apoyo que es ratificado por Duque en forma desafiante y también indecorosa, encargando a Botero de la Presidencia de la República durante su viaje a EL SALVADOR a la posesión presidencial de Nayib Bukele. Una designación políticamente muy reveladora, teniendo en cuenta que Botero está ad portas del trámite de una moción de censura en el Congreso. Sin duda, este episodio demuestra a las claras la impostura del mito de la civilidad de nuestros gobernantes, pues son ellos quienes aúpan y justifican las actuaciones ilegales y eventualmente criminales que cometen algunos miembros de la Fuerza Pública, que luego tratan de excusar con la metáfora impune de “algunas manzanas podridas” o de “agentes díscolos de la institucionalidad”.  De esta forma, proyectan nacional e internacionalmente una mentirosa imagen de “civilidad democrática”, arrojando de paso toda la responsabilidad y culpabilidad sobre los militares. Por eso la obsesión de este gobierno del Centro Democrático en hacer trizas la JEP, donde un grupo significativo de oficiales y miembros de la Fuerza Pública están revelando cómo se cometieron los “falsos positivos”, cumpliendo estrictamente las directrices emanadas del “presidente eterno” y su ministro de defensa, Camilo Ospina, determinadores últimos de tan numerosas ejecuciones. Sin duda, los avances de tales investigaciones en la JEP conducirán inevitablemente a revelar judicialmente la cruel verdad que todos conocemos: la responsabilidad insoslayable de Álvaro Uribe Vélez y su ministro de defensa, a través de la Directiva 029 de 2005, en la comisión de miles de ejecuciones extrajudiciales, supuestamente en defensa de la “democracia” contra el “terrorismo”. Esa es la verdad que tanto temen. Y para eludir semejante responsabilidad, tienen el cinismo de señalar que la JEP es una justicia que promueve la impunidad, cuando es exactamente lo contrario. Es una justicia que, al promover la verdad, impide la impunidad de los crímenes más atroces, desde los miles cometidos por las FARC-EP hasta los promovidos por el Estado y financiados o auspiciados por algunos civiles. Según el punto 33 del Manifiesto Democrático del “presidente eterno”: “También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”, que ahora se busca perpetuar a través del llamado derecho operativo, tras la filigrana humanitaria de la Disposición 002 de 2019.

Censura de la realidad y la verdad

Por eso, más allá que una grave censura a la libertad de expresión y a la opinión de Coronell, lo que este caso revela es una censura casi total de la realidad y la verdad. Realidad y verdad que una publicación como Semana omitió publicar –y, en lugar de hacerlo, primero consultó al Secretario General de la Presidencia, Jorge Mario Eastman— siendo así chiviada por The New York Times, en un ejercicio profesional de periodismo investigativo, ajeno por completo a la cómplice prudencia de las buenas relaciones públicas y políticas de los propietarios y editores de Semana. Ese es el mediocre entramado de unos medios de comunicación complacientes y comprometidos con el Statu Quo que develó y puso en crisis la columna de Coronell. Por eso sus propietarios y directores prescinden de la voz civil y crítica del periodista, pues son incapaces de reconocer su maridaje con la quintaesencia del poder autocrático que nos gobierna, esa simbiosis y amalgama perfecta del poder político-militar, siempre obsesionado en ocultar por todos los medios --especialmente los periodísticos-- su verdadero rostro arbitrario, criminal e impune y proyectar en su lugar una falsa e impúdica caricatura de legalidad y civilidad democrática. Caricatura grotesca que ha sido, una vez más, exaltada sobre el dolor de las víctimas de falsos positivos con el ascenso del actual comandante del Ejército, Nicacio Martínez, a General de cuatros soles. Ascenso realizado sin éste haber aclarado ante la justicia su presunta responsabilidad en varios  falsos positivos, siendo jefe del estado mayor de la Décima Brigada Blindada en los departamentos de Guajira y Cesar[4] en el 2005, bajo la administración del “presidente eterno”.

Asunto de civilidad y humanidad

Al producirse tal ascenso, lo que ha desaparecido es la civilidad de los senadores que la aprobaron, junto a la humanidad de quienes seguramente sufrirán los efectos de semejante promoción, como casi sucede con el cuerpo de Dimar Torres que iba a ser arrojado y ocultado en una zanja, presurosamente cavada por sus asesinos. Pero también está en juego nuestra propia civilidad y humanidad, pues inevitablemente todos veremos sus consecuencias políticas, una de las cuales parece ser el inicio de una publicitada y aguerrida campaña por una “Constituyente para la justicia”. Campaña cuyo principal cometido es hacer trizas la JEP y sus esfuerzos por revelar la verdad y poner fin a la encumbrada impunidad institucional y política que nos gobierna desde tiempos inmemoriales con ínfulas democráticas de “genuina legitimidad”. Tan genuina, que descansa sobre una brutal facticidad criminal, encubierta por una complicidad que asciende hasta la cúspide del poder político en el Senado, el Ejecutivo y el mando militar del Ejército. Una perversa trinidad: tres personas distintas y una sola realidad de iniquidad.

jueves, mayo 30, 2019

Santrich: Verdades ocultas y nudos ciegos de la política nacional.


SANTRICH: VERDADES OCULTAS Y NUDOS CIEGOS DE LA POLÍTICA NACIONAL

Hernando Llano Ángel.

Santrich personifica, en forma irónica y cruel, los nudos ciegos más difíciles de ver y desatar de la realidad nacional: el narcotráfico, la política y la extradición. Son nudos casi imposibles de romper porque a ellos se encuentran atados todos los protagonistas de la vida política nacional y cada uno tira para su lado en función de sus propios intereses: los narcotraficantes, con su codicia insaciable; los políticos, con la financiación periódica de sus campañas; la insurgencia, con recursos inagotables para la guerra; el Estado con sus “Planes Colombia y Patriota” y los narcoparamilitares aprovechando en forma oportunista todo lo anterior. Por eso, hemos terminado enredados en una maraña de violencia, ilegalidad y corrupción, pagando con innumerables muertos una guerra perdida. Tal es el nudo del narcotráfico que, al menos desde el gobierno de López Michelsen, a través de la llamada “ventanilla siniestra” del Banco de la República, se encuentra inextricablemente unido a la política y la economía nacional de las más variadas e inimaginables formas, siempre dinámicas y mutantes. Es un nudo sangriento que se empezó a tejer hace varias décadas. Sus puntadas iniciales fueron dadas en Estados Unidos por Nixon[1] y ahora están fuera de nuestro alcance, pues el entramado del prohibicionismo es de carácter internacional, así como la poderosa economía criminal que él mismo estimula.

El nudo ciego de la extradición

Al nudo político del prohibicionismo pronto se agregó otro, el jurídico, con el Tratado de Extradición entre Colombia y EE.UU. Y a éste se sumó, con su aplicación forzada, después del magnicidio del ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el más grave de todos: el nudo del narcoterrorismo con su violencia letal y la corrupción política, que no cesan de causar  magnicidios, masacres, financiación de políticos y degradación del conflicto armado interno. Al punto que para neutralizarlo transitoriamente, la Asamblea Nacional Constituyente prohibió la extradición de colombianos por nacimiento, como figuraba en el artículo 35, ya derogado, de nuestra Carta política. Ahora este gobierno está desesperado por añadir otro nudo sangriento y venenoso, el nudo irreversible del ecocidio, volviendo a fumigar nuestros portentosos bosques con glifosato[2], sin importar su doble devastación y el  grave daño que causa a la salud de la población campesina.

El prohibicionismo falaz y criminal

Todo ello, revestido de una retórica tan grandilocuente como falaz: la lucha contra la criminalidad y el “flagelo del narcotráfico”, en defensa de la “soberanía nacional” y la salud de nuestros niños y jóvenes. Cuando los efectos de dicha guerra, librada desde hace ya más de medio siglo, han sido precisamente todo lo contrario: el aumento de la criminalidad –desde la institucional del proceso 8.000, la narcoparapolítica, la narcoguerrillera y las casi invisibles narcofinanciera y narcoempresarial— más la pérdida paulatina de la soberanía estatal. A tal extremo, que hoy el gobierno nacional y la inmensa mayoría de colombianos han olvidado que la primera función de un Estado soberano es el ejercicio de la justicia y no su delegación a otro Estado, pues ello lo convierte paulatinamente en una especie de protectorado, sometido a las exigencias del Estado protector. Quizá por ello el embajador norteamericano considero lo más normal invitar a los congresistas a desayunar y a los magistrados de la Corte Constitucional a almorzar, para instruirlos acerca de sus funciones en relación con las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP. Luego canceló visas a los magistrados indóciles, con la complacencia servil del presidente Duque y su ministro de relaciones exteriores, quienes expresaron que respetaban las decisiones soberanas  propias de cada Estado. Con tal beneplácito, terminaron reforzando el nudo ciego de la sumisión y la humillación en política internacional. Es por todo lo anterior que, mientras más se insista en ganar heroica y militarmente la guerra contra el narcotráfico, más vidas se perderán y más nos hundiremos en el campo cenagoso de la corrupción, la depredación de nuestra biodiversidad, la dependencia neocolonial y la vorágine de violencia y codicia sin límites, que alimenta a todos los narcodependientes: el gobierno nacional, la insurgencia, los narcoparamilitares, los Estados Unidos de Norteamérica y su parafernalia de instituciones como la DEA, CIA, además de las redes financieras, empresariales y comerciales nacionales e internacionales dedicadas al lucrativo blanqueo. Sin duda, el crimen paga muy bien y en todos los ámbitos, desde el muy legal de la frondosa burocracia dedicada a su persecución hasta el semiilegal de la producción e importación de insumos químicos –al que se dedicó el “accidentalmente” fallecido  Pedro Juan Moreno, mano derecha del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez—  y  obviamente enriquece a  quienes se asocian con los capos para sus exitosas carreras políticas y empresariales. Esas son las consecuencias del prohibicionismo y sus maniqueos promotores: “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”.

Los nudos a desatar

Para empezar a desatar semejantes nudos gordianos, habría que comenzar por reconocer dos verdades que, por lo evidentes, son sistemáticamente negadas y ocultadas. La principal, es que la primera baja en toda guerra  --como reza el refrán inglés--  es  la verdad y con ella la identidad del enemigo. Y la verdad que nos falta reconocer es que la guerra contra el narcotráfico se libra en el campo de batalla equivocado y contra un enemigo invencible. Nunca se va a ganar fumigando la naturaleza y declarándola ilegal –sea la marihuana, la coca o la amapola-- pues el campo de batalla en donde realmente se libra dicha “guerra”, donde ella se gana o se pierde, es en la mente de los millones de consumidores que demandan la droga para poder vivir. Es allí donde debe librarse, en esa insaciable demanda que estimula una oferta creciente. Y las armas para ganarla no son principalmente las militares, ni las policivas o las judiciales, sino unas más complejas y diversas, de orden cultural, educativo, preventivo y existencial, aquellas que dotan de valor y sentido la propia vida de cada persona y el conjunto de una sociedad. Por eso la identidad del auténtico enemigo no es el narcotraficante, apenas un chivo expiatorio del prohibicionismo, que estimula su ambición capitalista y su violencia criminal. Bien lo señaló Milton Friedman, premio nobel de economía de 1976, "si analizamos la guerra contra las drogas desde un punto de vista estrictamente económico, el papel del gobierno es proteger el cartel de las drogas. Eso es literalmente cierto", puesto que aumenta sideralmente sus ganancias.  Por eso, la absurda guerra contra las drogas ha terminado convirtiendo en su principal enemigo a la naturaleza (“la mata que mata”) y a la propia humanidad, aquella que “no puede soportar tanta realidad”, según el poeta T.S Eliot, y recurre desde tiempos inmemoriales al consumo de drogas socialmente toleradas y promovidas como el licor, debidamente regulado, que nos permite sobrellevar ese peso agobiante en rituales periódicos de alegría y evasión. Seguramente por ello, hoy en ocho Estados norteamericanos el uso de la marihuana recreacional es legal: Alaska, California, Colorado, Washington, Massachusetts, Nevada, Oregon y Washington D.C. Así se va desatando el nudo del consumo asociado a la criminalidad, la clandestinidad, la ilegalidad y las ganancias de unos pocos. Pero sobre todo, se va aflojando el nudo más recóndito y originario, que es esa mentalidad conservadora, represiva y autoritaria que teme el ejercicio de la libertad personal de los adultos, a quienes niega de entrada su dosis mínima de responsabilidad, y los somete a multas y castigos, estigmatizándolos como criminales y degenerados, que deben ser condenados al escarnio público y a tratamientos regeneradores. Paradójicamente, es esa mentalidad “virtuosa” la que termina haciendo más daño político, social y ecológico, al punto que considera el glifosato y la extradición como sus principales armas. Esa mentalidad maniquea, de los “buenos ciudadanos” contra los “malos”, es la que niega la segunda verdad evidente: el narcotráfico en nuestra sociedad es mucho más que un delito conexo al político, es una actividad inmersa en la política, al menos desde la campaña presidencial de 1982, como lo reconoció con cínica lucidez Alfonso López Michelsen en entrevista con Enrique Santos Calderón en su libro “Palabras pendientes. Alfonso López Michelsen”:

“Posteriormente, cuando terminaron las elecciones, en las que participaron como candidatos, además de mi persona, Belisario Betancur y Luis Carlos Galán, se nombró una comisión investigadora sobre el ingreso de los llamados dineros calientes a las campañas, comisión que absolvió de culpa a los tres grupos. Lo cual no resultaba muy afortunado, porque se examinaron las cuentas de Bogotá y, por ejemplo, las de Belisario funcionaban en Antioquia. Su tesorero era Diego Londoño, que después trabajó como gerente del metro de Medellín, y que tenía relaciones muy cercanas con Pablo Escobar. Hoy se encuentra preso. Pero, del otro lado, está también el caso de Rodrigo Lara Bonilla, que es aún más impresionante porque la mafia le metió un cheque que a la postre le costó la vida” (Santos, 2001, p.142).

De tal suerte que si se pudiera extraditar a todos los políticos relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico –obsesión actual del presidente Duque y su partido el Centro Democrático— probablemente el escenario político nacional no tendría protagonistas y quedara semivacío, empezando por el “presidente eterno”, que está en deuda de explicar y responder a todos los colombianos cómo siendo Director Nacional de la Aeronáutica Civil se expidieron tan numerosas matrículas a aeronaves de narcotraficantes y de licencias a pistas de aterrizaje privadas, desde las cuales salieron toneladas de cocaína para Estados Unidos. Licencias que fueron canceladas posteriormente por decisión del entonces ministro de justicia, Lara Bonilla. Bien lo expresó Sartre: “Nada es más respetable que una impunidad largamente tolerada”. Y habría que agregar: más perturbador, decadente y mortal para cualquier sociedad.

lunes, mayo 20, 2019

LOS OTROS Y NOSOTROS




LOS OTROS Y NOSOTROS
(mayo 13 de 2019)
Hernando Llano Ángel.



“Esta encrucijada de destinos ha forjado una patria densa e indescifrable donde lo inverosímil es la única medida de la realidad”. Gabriel García Márquez.

“Los Otros”, es el título de una excelente película de Alejandro Amenábar, que cuenta la historia de una familia inglesa asediada por los fantasmas de la muerte y la violencia durante la segunda guerra mundial. En la película es difícil discernir los límites entre la vida y la muerte. Sus personajes están atrapados en una atmósfera penumbrosa, rodeados de miedo, temiendo incluso a la luz del día, refugiados en una hermosa e insondable mansión. La madre, protagonizada por la hermosa y frágil Nicole Kidman, protege en forma obsesiva a sus hijos de esa terrible realidad exterior, impidiendo que en la casa se cuele un rayo de luz.  El Padre de familia, convertido en un espectro, regresa de la segunda guerra mundial, y al final desaparece tan misteriosamente como llega. Como espectador, uno se siente fascinado y desconcertado con la trama. La historia genera una especie de miedo metafísico envolvente, pues ignoramos lo que sucede, sin recurrir la película para ello a ningún efecto especial. La trama es tan sutil y a la vez compleja, que es difícil identificar la maldad o bondad en sus personajes, la verdad o la mentira en sus relatos. Es imposible distinguir entre lo vivos y los muertos. Solo al final de la película uno descansa y cree haber descifrado la inteligente trama de su director y guionista, un legítimo heredero de Buñuel y Hitchcock, al combinar magistralmente el surrealismo con el suspenso.

La anterior puesta en escena parece reproducir, como una sutil alegoría, lo que sucede en nuestra realidad. Pero nuestra realidad es mucho más compleja, terrorífica y esperanzadora. Al punto que deambulamos en un limbo ambiguo y sangriento, entre la guerra y la paz. Con la enorme diferencia que somos los protagonistas de la película y en ella se nos va la vida. En la película nacional no tendremos la oportunidad del espectador, que al salir del teatro empieza a interpretar lo que ha visto, pues es probable que tengamos nuestros ojos cerrados para siempre. Nuestra realidad es más compleja, pues nos parece imposible discernir entre la verdad y la mentira en los relatos de los protagonistas de la vida nacional. Incluso a veces confundimos su propia identidad y no estamos muy seguros de saber con quien tratamos. En más de una ocasión el fiscal de hoy se convierte en acusado mañana. El Ministro se transmuta en convicto y el asesino en salvador. Todos los personajes estelares parecen representar, en forma febril y casi simultánea, los papeles más contradictorios. Los libretos que tienen a su disposición son tan ambiguos, que suelen intercambiarlos. Un mismo parlamento puede ser pronunciado por el inocente y el culpable; el guerrillero y el paramilitar; el pacifista y el combatiente; el funcionario y el candidato. Al escuchar sus discursos no podemos adivinar su bando o partido, pues debemos esperar el resultado de sus acciones. Sólo entonces, al identificar a sus enemigos o víctimas, sabemos quienes son. En fin, una realidad mutante y sincrética, donde las palabras ocultan las intenciones y sólo las acciones revelan las identidades de los actores. Pero no sólo es más compleja nuestra realidad, sino que también es mucho más terrorífica. En efecto, en la película “Los Otros”, al final sabemos quiénes están vivos y quiénes muertos. En nuestro caso, ni siquiera tenemos esa certeza, pues hay miles que se encuentran desaparecidos y carecemos de pruebas sobre su muerte o supervivencia. Los límites entre la vida, la libertad y la muerte son inciertos y confusos para millones de desplazados. Ellos deambulan peligrosamente entre esas fronteras, como una especie de nómadas por todo el territorio nacional.

Claro que también, a diferencia de “Los Otros”, nosotros tenemos numerosas poblaciones que han desafiado con éxito esas fronteras difusas y móviles del terror, la violencia y la muerte. Y lo han hecho expulsando al miedo de sus territorios y asumiendo con valor civil la responsabilidad por sus propias vidas. Es el caso de las numerosas Comunidades de Paz de Chocó y Antioquia; los Municipios Caucanos de Caldono y Bolívar; o los del Magdalena Medio; las mujeres de la Ruta Pacífica y de Barrancabermeja, junto a los pueblos indígenas Nasa, Misak, Aruhacos y U`was. Todos tienen en común que rechazan jugar los papeles de víctimas o verdugos, pues renuncian radicalmente al ejercicio de la violencia por su propia mano, así como a delegarla en un tercero que se manche las manos en su nombre. De esta forma, las organizaciones populares, comunidades indígenas y colectivos de mujeres dan lecciones de valor civil y de ética política a cientos de miles de citadinos, confusos y cobardes, que  hoy parecen colocar todos su temores y esperanzas en un senador que, con voz desafinada y ademanes corteses, aconseja al presidente la necesidad de “masacrar con criterio social”, para salvaguardar de la ruina y el asedio sus penumbrosas casas y ricas heredades, secularmente habitadas por su propio miedo y el odio de numerosos sirvientes, algunas veces más sedientos de revancha que de justicia.