sábado, mayo 31, 2025

UNA NACIÓN GENERADORA DE RIESGOS Y DESASTRES (UNGRD)

 

Una Nación Generadora de Riesgos y Desastres (UNGRD)

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/una-nacion-generadora-de-riesgos-y-desastres-ungrd/

Hernando Llano Ángel.

Más allá del estupor y la justa indignación que nos genera la trama de corrupción política y administrativa en la UNGRD, bajo la gestión de Olmedo López y Sneider Pinilla[i], que cada día conocemos con más detalle y nos devela ese entramado cacocrático de delitos y complicidades entre el poder Ejecutivo y Legislativo, deberíamos reflexionar sobre su trasfondo, origen y alcance. Quizá así tengamos que atribuirles un nuevo significado a las siglas UNGRD y ese sería: Una Nación Generadora de Riesgos y Desastres. Y el trasfondo de ese entramado, no es otro que la ausencia de Estado de derecho en Colombia, la inexistencia de la separación entre las ramas del poder público, en este caso la ejecutiva y la legislativa, y, por ello mismo, la consolidación de un auténtico Estado cacocrático en lugar del nominal Estado Social de derecho del primer artículo de nuestra quimérica Constitución del 91. Suena muy mal llamar así a nuestro Estado, pues la expresión es realmente cacofónica, pero es lo que tenemos. Veámoslo esquemáticamente, aunque a muchos les parezca un disparate conceptual.

La Cacocracia inmemorial

Es un Estado cacocrático porque más allá del partido que gobierne y de quienes ocupen transitoriamente sus instituciones y aposentos, la mayoría de sus funcionarios electos terminan robando la voluntad ciudadanía depositada en las urnas. Por eso son cacos, por su destreza para robar con ingenio al ciudadano utilizando la demagogia, el clientelismo y el asistencialismo, desconociendo sus derechos constitucionales y legítimas aspiraciones a una vida más amable y digna. Así convierten la democracia, en forma por demás imperceptible y casi siempre impune, en una cacocracia. La expresión viene “del griego kakós (‘malvado, malo’) y el elemento -cracia (‘gobierno, poder’),” para formar un ‘gobierno de malvados’ o un ‘mal gobierno’ (en ocasiones se ha definido como ‘gobierno de los ineptos’). Aunque la cacocracia puede incluir la idea de ‘gobierno de los ladrones’, este último concepto se expresa más precisamente con cleptocracia, a partir del griego kléptis, ‘ladrón’ (como en cleptomanía)[ii]. Seguramente para muchos colombianos, que desprecian la política, sus partidos y su principal institución representativa, el Congreso, hoy convertido en una tramoya vergonzosa, no solo vivimos en una cacocracia sino también en una cleptocracia. Y, en parte tienen razón, sobre todo cuando periódicamente, en cada elección dichos ciudadanos vuelven y votan por los mismos cacos, disfrazados de políticos honestos e incorruptibles. No hay que olvidar, al respecto, un candidato sin partido que en el 2002 ganó la presidencia respaldado con firmas ciudadanas bajo el nombre de “Primero Colombia[iii], teniendo como bandera la lucha “Contra la corrupción y el clientelismo, y terminó reeligiéndose en el 2006 cambiando un articulito de la Constitución gracias al delito de cohecho cometido por sus ministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio[iv], en concierto con los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño. En el punto 25 de su “Manifiesto democrático” de cien, prometió: “De una vez tenemos que derrotar la corrupción”[v].  Pero terminó siendo el gobierno con el mayor número de altos funcionarios en la cárcel[vi], al menos nueve de su primer anillo y máxima confianza.

La Magna Corrupción

Introdujo así Uribe la gobernabilidad cacocrática, una nueva modalidad de corrupción, la más grave, que podríamos llamar la “Magna Corrupción”, pues cambio la Constitución fraguando la comisión de un delito. Corrupción legitimada en las urnas por millones de colombianos, que lo elevaron de nuevo al solio presidencial, desde el cual gobernó impune y popularmente, dejando una estela de por lo menos 6.402 ejecuciones extrajudiciales[vii], mal llamados “falsos positivos”. Precisamente es este tipo de estratagemas político-electorales las que constituyen la savia de la cacocracia y la cicuta de la democracia, que no comenzó, ni mucho menos, con Álvaro Uribe Vélez, sino que viene de tiempos inmemoriales y se repite periódicamente en nuestra historia política. Como bien lo demuestra la socióloga y politóloga Olga L González en su libro “El presidente que no fue. La historia silenciada de Gabriel Turbay”[viii], en las elecciones presidenciales de 1946 su candidatura fue saboteada por una especie de aquelarre entre el patricio liberal Alfonso López Pumarejo y el conservador Laureano Gómez, que con astucia e intrigas impidieron el entendimiento entre los candidatos Turbay y Gaitán, propiciando así el triunfo de Mariano Ospina Pérez y el aborto de ese incipiente y tímido proyecto democrático de la república liberal. Cínicamente esos “jefes naturales” de ambos partidos históricos, que terminaron siendo letales, emboscaron a Gabriel Turbay como candidato oficial del partido liberal y entramparon a Jorge Eliecer Gaitán como disidente. En tiempos recientes, bastaría recordar la narcopolítica del proceso 8.000 con Samper, pero también la Farcpolítica en la elección de Andrés Pastrana a cambio de la zona de distensión del Caguán; ni hablar de la primera elección de Uribe, donde el respaldo de los grupos paramilitares[ix] en zonas bajo su control fue decisivo y luego la parapolítica y Yidispolítica para su reelección. Tampoco Juan Manuel Santos hubiese llegado a la presidencia en el 2010 sin la bendición de Uribe y su entramado de poderes de facto y logrado reelegirse en el 2014 sin la ayuda de Odebrecht[x], hasta llegar al triunfo de Iván Duque en el 2018 con el apoyo soterrado de la Ñeñepolítica[xi] y el público de Uribe. Para terminar con el triunfo de Petro hace tres años de la mano de Benedetti, Roy Barreras, Luis Fernando Velasco y la generosa ayuda de capitales de dudosa procedencia, cuya presunta violación de los topes electorales hoy investiga el Consejo Nacional Electoral. Tales son los principales poderes de facto que constituyen y configuran la tramoya del poder político en Colombia, que logra presentarse en el escenario de las apariencias como democracia. Tramoya en su doble acepción, la dramatúrgica del conjunto de artificios y mecanismos, palancas y poleas, que permiten cambios de decorado en los escenarios, en este caso el gran teatro de la política y la gobernabilidad, pero sobre todo la segunda como “enredo dispuesto con ingenio, disimulo y maña, que es la que estamos viendo y viviendo en la confrontación entre el Congreso y el Ejecutivo.

La tramoya nacional

Sin duda, estamos viviendo un “enredo dispuesto con ingenio, disimulo y maña”, tanto en el Congreso como en las calles, en disputa de derechos tan básicos y fundamentales como el trabajo y la salud, que en toda auténtica democracia se tramitarían a partir de la deliberación y la transacción, sin llegar a espectáculos tan grotescos como el hundimiento de la consulta popular en el Senado o la instalación de supuestos “Cabildos Abiertos”, que nada tienen que ver con lo establecido en la ley 1757 de 2015. Es obvio que lo que está en juego es mucho más que importantes y vitales reformas sociales. Lo que está en juego es el poder político estatal y a quién sirve. ¿Seguirá sirviendo al País Político, es decir a intereses de minorías y sus representantes en el Estado, que operan como testaferros de intereses particulares, corporativos, gremiales y hasta criminales? Toda esta tramoya ¿No será más que una disputa por el Estado en las elecciones del 2026 entre una extrema derecha que solo busca volver a controlarlo y revertir el incipiente avance de reformas sociales? ¿Prevalecerán los poderes de facto que se benefician del statu quo actual utilizando el derecho y la justicia como coartadas perfectas para la defensa de sus intereses y, de ser necesario, la violencia como forma de intimidación y eliminación de los defensores de los derechos humanos y líderes de intereses sociales y generales? En gran parte, la respuesta a dichos interrogantes dependerá de nuestra actuación como ciudadanos deliberantes y no beligerantes, sin dejarnos manipular por banderías de facciones y pasiones que nos tratan como una masa de maniobra electoral y hasta de choque en defensa sus mezquinos intereses de clase, bajo el embrujo de la democracia y un inexistente Estado de derecho, que solo evocan y llaman a respetar cuando temen perder su control. ¿Amanecerá y despertaremos? ¿Seguiremos sumidos por muchas más elecciones y generaciones en esta pesadilla de violencia, corrupción e iniquidad que llaman democracia? Sin duda, en el 2026, lo sabremos nuevamente, a los 80 años de haberse agudizado esa confrontación insuperable y sangrienta entre el “País Político” y el “País Nacional”[xii], con dos líderes que intentaron superarlo, Gabriel Turbay y Jorge Eliecer Gaitán, pero que la tramoya oligárquica de los partidos liberal y conservador lo impidieron.



[iii]  Se le adelantó a Trump en mendacidad electoral: https://es.wikipedia.org/wiki/Primero_Colombia

 

martes, mayo 27, 2025

TOMANDO DISTANCIA

 

TOMANDO DISTANCIA

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/tomando-distancia/

Hernando Llano Ángel.

“De lejos, dicen, se ve más claro”

Así reza un sabio refrán popular. Sobre todo, cuando lo interpretamos no solo desde la perspectiva espacial y lo hacemos también desde la temporal. Sin duda, con el paso de los años vemos las cosas más claras, pues no estamos obnubilados por la ráfaga de acontecimientos y emociones del presente que nos arrastra y enceguece. La distancia temporal nos permite ver de otra manera, nos da cierta mirada y perspectiva histórica que facilita comprender mejor lo sucedido. En especial, nos sirve para precisar responsabilidades, tanto de terceros como la nuestra, sobre lo acontecido. De alguna forma, nos brinda la posibilidad de comprender no solo por qué las cosas fueron así, sino también cómo pudieron haber sido diferentes, si hubiésemos tomado otras decisiones y actuado de manera menos impulsiva y personal, más racional, responsable y acertada.

De 1946 a 2026: 80 años al borde de la democracia

En gran parte son los historiadores e investigadores quienes nos permiten comprender lo sucedido y, eventualmente, aprender algo del pasado. Por eso recomiendo con entusiasmo la lectura de la rigurosa y esclarecedora investigación realizada por la socióloga Olga L. González[i] (PhD de EHSS, Paris, (PhD de EHSS, Paris. https://www.radionacional.co/podcast/historias-de-onda-larga/gabriel-turbay-el-contrincante-de-gaitan-una-historia-fascinante ) sobre “El Presidente que no fue. La historia silenciada de Gabriel Turbay”[ii] e invito al conversatorio que tendremos con ella y el profesor Alberto Valencia en Cali el próximo miércoles 28 de mayo en la biblioteca Centenario a las 6 de la tarde, convocada por “La paz querida”[iii]. Así podremos conversar sobre las históricas elecciones de 1946 y las próximas del 2026, sus similitudes y diferencias, no solo por la crispación política, las intrigas y estratagemas en marcha, pues casi 80 años después lo que sigue  en vilo es la existencia y vigencia derechos tan básicos y vitales como el trabajo, la salud, la educación y la justicia social, sin los cuales continuaremos viviendo al borde de la democracia y nunca saldremos de la actual cacocracia[iv] y los poderes de facto[v] que la sustentan.

¿Escenarios pasados de nuevo presentes?

Afortunadamente todos contamos con la imaginación para “adelantarnos” al futuro e intervenir en la configuración de escenarios presentes con la retrospectiva de la memoria, aportada por investigaciones tan acuciosas y críticas como la realizada por Olga L. González en torno a las elecciones de 1946 y la forma como fue torpeada y estropeada la candidatura presidencial de Gabriel Turbay, que condujo a la derrota del partido liberal. Al punto que uno de sus copartidarios y soterrado adversario, Carlos Lleras Restrepo, expresó este juicio histórico: “Si Colombia le hubiera entregado la Presidencia a Turbay, otra muy distinta había sido nuestra historia, comenzando porque la época de la Violencia nos la habríamos ahorrado”. Una violencia que ha mutado en múltiples formas por su imbricación con las economías ilegales, irriga toda la sociedad mediante el blanqueo de capitales y se fusiona con la política a través de la financiación de sus protagonistas.

Por eso, hemos pasado del narcoterrorismo de Pablo Escobar bajo Gaviria a la narcopolítica de los Rodríguez con Samper; de los Pepes a las Convivir y de estas al narcoparamilitarismo y la parapolítica con Uribe, hasta llegar a la monstruosidad actual, donde ya es casi imposible distinguir un guerrillero de un traqueto, según el propio presidente Petro. Por eso su “Paz Total” es un enfermo terminal que apenas sobrevive con los primeros auxilios que le presta la Fuerza Pública, atacada y desbordada por un enjambre de sicarios, francotiradores y extorsionistas, que se ocultan bajo siglas y membretes mentirosos de supuestas organizaciones revolucionarias.

Los extremos se tocan y explotan

Para colmo, ahora algunos “patriotas” nos invitan a debatirnos, como en el pasado, entre extremos políticos irreconciliables, cuyos más radicalizados y delirantes exponentes, llaman desde las redes sociales a la confrontación violenta. Cierta oposición convoca a las armas a los “ciudadanos de bien” para defender la democracia de un “presidente guerrillero”. Y el presidente Petro, con su verbo mesiánico y encendido emplaza al pueblo a las calles y plazas para inventar con el poder popular la democracia directa y plebiscitaria. Lo más inaudito es que semejante escenario tenga relación con el trámite de reformas sociales que son la quintaesencia de toda democracia y deberían tramitarse sin archivarse y bloquearse, como es lo usual en cualquier Congreso o Parlamento: el trabajo, la salud, la paz, la seguridad y la prosperidad económica. Estamos, pues, asistiendo a la representación de una fallida obra llamada democracia, a la que se nos convoca a todos los ciudadanos a defenderla. Desde la oposición extrema, incluso con las armas, y desde el gobierno contra el Congreso y sus traidores oligarcas en las calles el próximo 28 y 29 de mayo. Lo grave es que los extremos se tocan y casi siempre explotan, dejando miles de víctimas, entre las cuales no suelen estar sus instigadores, escondidos tras las redes sociales y protegidos por cientos de escoltas.

El rol de la ciudadanía y sus escenarios

Obviamente como ciudadanos somos mucho más que meros espectadores de semejante sainete tragicómico. Somos responsables de lo que suceda y seremos los primeros en pagar las consecuencias de tan mala función. Como ciudadanía no somos espectadores en el teatro de la democracia, somos actores que en últimas podemos cambiar el decorado y dejar de esperar resignadamente que nos llegue el Godot democrático. Estamos, pues, frente a dos escenarios posibles. El primero, es el fracaso y colapso total de la política, ante la intransigencia e indolencia de quienes se oponen a reformas que promueven el goce y la garantía de derechos vitales como el trabajo, la salud, la educación y la seguridad social en rechazo a la impaciencia y la beligerancia retórica  de un “gobierno del cambio” incapaz de romper con las redes corruptas del clientelismo y el nepotismo, cada día más distante de ser la “potencia mundial de la vida” y el artífice de la “Paz Total”, sus máximas metas.

El segundo escenario, es que ambas partes dejen tanto histrionismo y fariseísmo democrático y empiecen a lograr acuerdos, haciendo concesiones, no tanto pensando en las próximas elecciones, sus curules y cuantiosos salarios, sino simplemente en los intereses y derechos que tenemos todos los colombianos a una relación laboral  decente, una salud preventiva y eficiente, una educación pública de calidad y una vida con seguridad social y ambiental, donde podamos respirar y transitar sin miedo y en libertad. Muchos dirán que este segundo escenario es irrealizable y solo cabe en la mente de personas idealistas e ingenuas como los académicos. Que no hay más opción que “tumbar al presidente guerrillero” o, por el contrario, convocar otra Constituyente para desalojar del Congreso a tanto “H.P” indeseable y tener una auténtica e incorruptible democracia popular, depurada de esa oligarquía codiciosa, clasista y racista.  Para esa mayoría de realistas, situados en los extremos de ambos bandos, el de los “patricios privilegiados” y los “plebeyos excluidos”, la “oligarquía” y el “pueblo” va de nuevo esta definición mínima de democracia de James Bryce: “La democracia es aquella forma de gobierno que permite contar cabezas en lugar de cortarlas”, especialmente aquellas que piensan distinto a la nuestra y gozan o aspiran a tener los mismos derechos. Lamentablemente hasta el presente hemos permitido que muchos gobernantes hagan lo contrario: cortar cabezas sin poder contarlas y en nombre de la democracia. Ya va siendo hora de tener un escenario democrático donde no ruede ninguna cabeza más y todas cuenten con plenos derechos. Pero ello depende de nuestro rol como ciudadanos deliberantes y no beligerantes para dejar de ser esa masa de maniobra electoral manipulada por astutos políticos expertos en exacerbar el odio, los prejuicios, la ignorancia y la defensa a ultranza de privilegios inadmisibles o el ajuste de cuentas y revanchas sociales irredimibles. En el 2026, 80 años después, tendremos otra oportunidad, o será que vamos a llegar a cien años de iniquidad. Bien lo decía Gabriel Turbay el 26 de marzo de 1944: “No se defienden las ideas de la Patria dividiendo a los colombianos por el odio” y mucho menos a la democracia promoviendo una disputa irreconciliable entre el Congreso y el Ejecutivo.

jueves, mayo 22, 2025

La Poliética de Jorge Bergoglio y Pepe Mújica.

 EL PAÍS, EL PERIÓDICO GLOBAL

https://elpais.com/america-colombia/2025-05-20/la-polietica-de-jorge-bergoglio-y-pepe-mujica.html 

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La ‘poliética’ de Jorge Bergoglio y Pepe Mujica

Tanto el Papa como el expresidente uruguayo fueron protagonistas de la poliética, pues nunca claudicaron en reconciliar sus convicciones con sus actuaciones al frente de sus cargos

El Papa Francisco en audiencia privada con José Mujica en el Vaticano, en 2013.ZUMA vía Europa Press (ZUMA vía Europa Press)

Hernando Llano Ángel

19 MAY 2025 - 23:00 

En estos días aciagos en que la política planetaria está en manos de mercaderes y genocidas, cuyos máximos exponentes son Trump y Netanyahu, quienes la precipitan al abismo insondable de la guerra y la disputa mezquina de los aranceles, vamos a extrañar y lamentar la ausencia de Jorge Bergoglio y Pepe Mujica. Pareciera que ambos no resistieron tanto fariseísmo en la religión e ignominia en la política. Porque cada uno en su esfera vital, como líderes, se esforzaron por alcanzar la máxima coherencia entre sus principios y convicciones, de una parte, y sus decisiones y actuaciones de la otra. Aunque probablemente en más de una ocasión no lo hayan logrado. Como seres humanos, más allá de sus roles de papa y presidente, no fueron santos y mucho menos perfectos. Sus vidas no están exentas de errores y faltas, de pecados por excesos u omisiones, pues ambos enfrentaron disyuntivas existenciales muy complejas de las que ningún ser humano sale indemne.

Dilemas existenciales

Jorge Mario Bergoglio, como provincial de la Compañía de Jesús en Argentina (1973-1979), vivió bajo la violenta y represiva dictadura militar comandada por Jorge Videla, frente a la cual su actuación no dejó de recibir críticas y tuvo una estela de detractores y defensores: “En este escenario, Francisco, como provincial de los jesuitas, tuvo actuación en el caso de la desaparición forzada y las torturas sufridas en la ESMA por los sacerdotes jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics, quienes realizaban tareas sociales en las villas miseria de Buenos Aires, entrevistándose con los dictadores Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera para exigir y lograr su liberación". En el libro La lista de Bergoglio, del periodista Nello Scavo, con el diciente subtítulo Los salvados por Francisco durante la dictadura. La historia jamás contada, se revela su prudente astucia para desafiar con éxito la Junta Militar presidida por Videla y salvar a decenas de perseguidos políticos. Por su parte, Pepe Mujica, al combatir a la dictadura cívico-militar como guerrillero en el Movimiento de Liberación Tupamaro: “Fue herido en enfrentamientos de seis balazos. Fue apresado cuatro veces y, en dos oportunidades, se fugó de la cárcel montevideana de Punta Carretas. En total, Mujica pasó casi 15 años de su vida en prisión. Su último período de detención duró trece años, entre 1972 y 1985. Fue uno de los dirigentes tupamaros que la dictadura cívico-militar tomó como «rehenes», lo que significaba que serían ejecutados en caso de que su organización retomara las acciones armadas”.

Sin duda, ambos tuvieron que afrontar dilemas existenciales con un alto costo moral, emocional y político, pues lo que estaba en juego era la vida, libertad y dignidad de muchas personas bajo su liderazgo y responsabilidad. Es justamente en ese terreno escabroso donde ambos se forjaron como líderes, pues asumieron el reto de la relación indisoluble que existe entre la política, la ética y las creencias religiosas. Y es allí precisamente donde surge la urgencia de la “poliética”: la política fusionada con la ética, teniendo siempre como horizonte la transformación sustancial de realidades donde la condición humana es continúa y sistemáticamente degradada. Como suele suceder con los términos que buscan reconciliar dimensiones de la vida humana y social que siempre están en tensión y pugna, la “poliética”, como lo reseña Salvador López Arenal: “es un término ambivalente que alude, por una parte, a la pluralidad de éticas, a la diversidad de concepciones y prácticas morales (lo que no implica, en ningún caso, admisión del relativismo ético, sino más bien una batalla creativa de ideas), y, por otra, es una palabra acuñada mediante el cruce de otras dos, ética y política, con el ánimo de sugerir una nueva vía al pensamiento filosófico en la que se fusionen la reflexión sobre la responsabilidad moral de nuestros actos y nuestros saberes políticos”.

Sin duda, Max Weber, con su conocida y muchas veces incomprendida distinción, que no implica desarticulación y mucho menos negación, entre una “ética de principios o convicciones y otra ética de responsabilidad o consecuencias”, siempre presentes en las decisiones que todo político con auténtica vocación debe tomar, delimita claramente el terreno donde surge y se debate la poliética.

Protagonistas de la poliética

Tanto Bergoglio como Mujica fueron durante sus vidas protagonistas de la poliética, pues nunca claudicaron en reconciliar sus convicciones y creencias con sus pronunciamientos y actuaciones al frente de sus respectivos cargos y responsabilidades en la vida religiosa y política. Por eso, un rasgo común en ambos fue el desprecio del poder ligado a la ostentación y la vanidad personal, como también su esfuerzo por proyectarlo en el ámbito de los derechos, la justicia y la dignidad humana. En términos clásicos, en esa búsqueda incesante, compleja, conflictiva y esquiva del interés y el bien común en pugna con los intereses de privilegiados, sin cuya limitación será imposible la existencia de una paz estable y duradera en el orden internacional y nacional. La máxima de la poliética podría resumirse en que “son los medios utilizados los que dignifican los fines promovidos” y no a la inversa, como es usual en el mundo de la “realpolitik”, donde son los fines los que justifican todos los medios utilizados, así ellos terminen por degradar a sus líderes y las mismas causas que dicen defender y promover. Así sucede con ciertos mandatarios que se proclaman de izquierda, progresistas y hasta humanistas, pero sus prácticas gubernamentales los revelan como incapaces de recorrer la exigente senda de la poliética. Única senda alternativa al actual camino al infierno, conducido por una derecha codiciosa y belicista, con la complaciente ayuda de la mayoría de jefes de Estado que contemporizan con el auge del militarismo y al parecer permitirán que sobre las ruinas de Gaza y la masacre de miles de gazatíes se levante “la Riviera del Medio Oriente”, como lo anunció Trump con la complicidad de Netanyahu, su socio genocida.

Por eso, los mejores exponentes de la poliética en el pasado reciente fueron Gandhi, Martin Luther King y Mandela, quienes desafiaron y vencieron con la No-Violencia y el poder ciudadano a imperios racistas, así como Bergoglio y Mujica sus mejores discípulos y continuadores. Pero es también por la ausencia de líderes con esas dimensiones poliéticas que vivimos tiempos tan aciagos. Los actuales son su antítesis y residen en las antípodas: en el mundo de la mentira, la violencia, la iniquidad y los genocidios, para lo cual apelan con éxito a todos los medios, redes sociales y la IA disponibles, utilizando la semántica denunciada por Orwell en su célebre obra “1984” y los tres eslóganes del Partido: “La guerra es la Paz; la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza”, como lo anuncia y divulga todos los días Trump en su Truth Social.

 

LECCIONES DEL NAUFRAGIO DE LA CONSULTA POPULAR

 

 

LECCIONES DEL NAUFRAGIO DE LA CONSULTA POPULAR

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/lecciones-del-naufragio-de-la-consulta-popular/

Hernando Llano Ángel.

La primera lección es que lo que realmente estaba en juego en la Consulta Popular no eran los derechos de los trabajadores, sino la reelección de los senadores. Por eso la oposición, en una jugada astuta y vergonzosa, prefirió revivir la reforma laboral para así evitar que la Consulta Popular les fuera a poner en riesgo su reelección, pues muy probablemente saldrían a votar a favor de ella más de los 13 millones y medio de ciudadanos requeridos, lo que constituiría un triunfo inobjetable de Petro en víspera de elecciones del 2026 para el Congreso y la Presidencia.

Viva el juego sucio                                                                                                      

No se le podía permitir semejante probable triunfo al Pacto Histórico, menos faltando pocos minutos para la finalización del partido, con la participación de una hinchada popular que invadiera esa especie de campo minado del Congreso y terminará decidiendo en una Consulta Popular sobre sus derechos laborales, conculcados en el 2004 por la reforma del expresidente Uribe[i]. No son aceptables esos cuentos de la “democracia participativa” prescrita en los artículos 3, 40 y 103 de la Constitución. Mucho menos, la deliberación y decisión directa de la ciudadanía en torno a sus intereses y derechos. Solo son aceptables las jugaditas habilidosas de “jugadores profesionales” en ese campo cerrado y vedado llamado Congreso, pues solo ellos supuestamente conocen de verdad los intereses de los trabajadores y los ciudadanos. Por eso, durante este partido han puesto todo tipo de “jugaditas y zancadillas” a las reformas sociales propuestas por el Ejecutivo para impedir su avance y rechazarlas, como lo acabamos de presenciar con el naufragio de la Consulta Popular.

Y la guachafita contra la Consulta Popular

Lo anterior suena demasiado evidente, hasta vulgar, pues demuestra que la alabada y ponderada democracia representativa no es otra cosa que una partidocracia y nada tiene que ver con el gobierno de los ciudadanos. Es el gobierno de los “políticos profesionales”, esos impostores que se han apropiado y degradado la República, la que nos pertenece a todos, en beneficio de sus “partidos”. Esas organizaciones semicriminales dedicadas a los negocios clientelistas y corporativos en beneficio de minorías, cuando no a perpetrar numerosos conciertos para delinquir como lo hicieron en el proceso 8.000, la parapolítica y los negociados con Odebrecht. Por eso la verdadera identidad de la mayoría de los congresistas es la de actores mutantes que oscilan entre la legalidad y la ilegalidad, la justicia y la impunidad, lo público y lo clandestino, casi siempre subordinando los intereses generales a los particulares de sus financiadores, cuando no a sus propias ambiciones. Por eso hoy están en la cárcel los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, David Name y Andrés Calle.  Así como ayer fueron condenados los exministros de Álvaro Uribe --¡ese insuperable líder contra la corrupción y la politiquería! -- Sabas Pretelt de la Vega del Interior y Derecho y Diego Palacio de Protección Social, por el delito de cohecho impropio, junto a los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño. Un delito que enriqueció las inimaginables variables de la corrupción pública, pues agregó una mayor: la Corrupción Constitucional, cambiando un “artículito” de la Carta, que con el respaldo de millones de colombianos elevó impunemente a la presidencia de la República a Álvaro Uribe Vélez del 2006 al 2010.

Segunda Lección: ¡No es la “Justicia y el bien común”!

Por eso, la segunda lección es que la mayoría de Senadores y Representantes, una vez electos, se representan en primer lugar a sí mismos y sus elevados emolumentos. No cumplen el artículo 133 de la Constitución que les ordena que “deberán actuar consultando la justicia y el bien común”.  Todo lo contrario, pues en nuestro país un congresista gana cerca de 50 veces más que el salario mínimo de un trabajador formal. Ni hablar de la diferencia con el paupérrimo ingreso que un trabajador informal pueda recaudar a final del mes en medio de las penurias del hambre, las enfermedades y la inseguridad. En la actualidad un congresista le cuesta al Estado hasta 81 millones al mes. Según estudio del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana: “Para el caso de los senadores, la asignación mensual es de $11,6 millones, mientras que por representación les giran $20,6 millones y su prima especial de servicios es de $15,8 millones. En total, 48.08 millones al mes. Para los representantes los montos son diferentes, especialmente porque estos funcionarios tienen otras tareas, como los desplazamientos a las regiones. Sus asignaciones mensuales son de $10,3 millones, los gastos de representación ascienden a $21,9 millones y la prima de servicios es de $21,4 millones, en total, 53.6 millones. Si se suman los demás ítems, en el caso de los senadores el gasto total mensual asciende a $74,6 millones, mientras que el de los representantes llega a $72,8 millones. Hay funcionarios cuyo gasto mensual es más significativo, por ejemplo, el secretario de la Cámara con $83,2 millones en total, o el director del Senado que llega recibir hasta $98,8 millones. Solo el costo de los 108 senadores y 188 representantes a la Cámara, le valen 172.137 millones de pesos al mes”[ii]. Por eso es apenas comprensible que el ochenta por ciento de los colombianos no crean en la democracia, según encuesta de EL PAÍS de España[iii], y les cueste a los congresistas tanto trabajo legislar pensando en la justicia y el bien común de los colombianos.

Basta cumplir la CP del 91.

Pero quizás ahora, bajo las paradojas de este gobierno que ha logrado hacer transparente tanto escándalo y que sus intenciones reformistas están a punto de frustrase en medio de una oposición cerril y cínica, además de por su propia incoherencia en la gestión pública, el canibalismo interno de sus altos funcionarios, la crisis de orden público y la criminalidad de sicarios y extorsionistas en ascenso, todos tomen consciencia que si no aprueban al menos una reforma laboral que restituya derechos mínimos y justos a los trabajadores, incluso sus aspiraciones a ser reelectos estén en peligro y más aún su victoria presidencial. Por eso la senadora Angelica Lozano presidenta de la Comisión Cuarta del Senado “aseguró que dará todas las garantías para el trámite de la resucitada reforma laboral que promueve el Gobierno del presidente Gustavo Petro” y además nos trata de convencer, con cierto cinismo, que “esto no es una puja política”[iv]. Una puja que trasladará a las calles y las movilizaciones populares el presidente Petro, para que se cumplan esas garantías y se apruebe una reforma laboral que tenga en cuenta parcialmente los “principios mínimos fundamentales” consignados  en el artículo 53 de la Constitución: “La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”. Amanecerá y veremos si pasamos de la confrontación a la concertación, que exige tanto de la oposición como del gobierno mutuas concesiones y dejan de darnos espectáculos tan deplorables como los de ayer. Así cumplirían los senadores con lo mandado por el artículo 53 de la CP, que por ironía tiene las mismas iniciales de la Consulta Popular.