CALICANTO: PETRO EN EL LABERINTO DEL PAÍS POLÍTICO Y EL PAÍS NACIONAL

PETRO EN EL LABERINTO DEL PAÍS POLÍTICO Y EL PAIS NACIONAL

(Primera parte)

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Hernando Llano Ángel

El presidente Gustavo Petro se encuentra extraviado en un laberinto más intrincado y tenebroso que el mítico de Creta[1], construido por Dédalo. En nuestro caso, es el laberinto formado por la confrontación histórica entre el llamado “País Político”, divorciado desde su nacimiento del “País Nacional”. Un laberinto histórico en el cual todos vivimos extraviados desde hace más de medio siglo. En palabras célebres de Jorge Eliecer Gaitán[2], pronunciadas el 20 de abril de 1946: “El país político, que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder y el país nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendidos por el país político. El país político tiene rutas distintas a las del país nacional. ¡Tremendo drama en la historia de un pueblo!”. Han transcurridos 77 años desde entonces y este drama, en lugar de resolverse, se transformó en una tragedia sangrienta y en un laberinto formado por miles de corredores, cámaras obscuras, recintos herméticos y espejos deformantes, que nos impiden salir de él y convivir humanamente. Uno de esos recintos está poblado de mentiras, ilusiones y una sofisticada tramoya de instituciones que ha logrado ocultar con éxito una espeluznante realidad, la de ser la sociedad con el mayor número de víctimas civiles de todo el continente y todo ello en nombre de la democracia, convertida así en un monstruoso Minotauro[3] que devora insaciablemente millones de vidas. Esta destrucción generalizada y sistemática de vidas ha tenido lugar en una sofisticada cámara llamada “democracia”.

La sangrienta cámara “democrática”

Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad[4]: “450.664 personas perdieron la vida a causa del conflicto armado entre 1985 y 2018, pero “si se tiene en cuenta el subregistro, la estimación del universo de homicidios puede llegar a 800.000 víctimas”. El número global de víctimas, según el Registro Único de Víctimas[5], incluyendo el desplazamiento forzado, es superior a 9 millones de colombianos y continúa creciendo. Lo más aterrador de lo anterior es que el 90% del total de víctimas son civiles. Semejante sangría, con niveles de degradación inimaginables, en los que incurrieron todos los actores armados, impediría a cualquier persona sensata afirmar que Colombia es una democracia ejemplar. Solo el número de personas desaparecidas por razón del conflicto armado interno se estima en más de 100.000, una cifra que supera con creces las víctimas de ese delito en todas las dictaduras del cono sur, cuya existencia, por ejemplo, en el caso de Alfredo Stroessner[6] en Paraguay, se prolongó por 34 años. Sin duda, el Estado colombiano exhibe el prontuario más prolongado y profundo de violación histórica de los derechos humanos y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario en todo el continente americano, sin que ello cause mella alguna en la opinión de la mayoría de colombianos que consideran viven en una democracia plena. Al extremo, de haber sido destruido el Palacio de Justicia y decapitada la cúpula de la rama judicial por el poder Ejecutivo, todo ello para “mantener la democracia, maestro”[7], según emotivas palabras del coronel Alfonso Plazas Vega. Desde luego, esta no es la forma de proceder en ninguna democracia, sino que es lo propio de poderes fácticos, en este caso desde el interior del mismo Estado, los que arrasan con la democracia. No es un ejemplo, propiamente, de la separación de las ramas del poder público, sino de su destrucción. Una separación que en nuestra historia ha sido tan endeble, que está más cerca de ser una ilusión que se proyecta en el espejo de la complacencia y hasta la complicidad de la rama Judicial con la Ejecutiva. Precisamente por ello el Estado colombiano ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 14 ocasiones,[8]incluyendo la reciente sentencia por el exterminio de más de 6.000 miembros del partido de la Unión Patriótica[9].

La ilusión de la separación de poderes.

Ha sido tan precaria esa separación y el control político del Congreso, rama legislativa, sobre la rama Ejecutiva, que en la realidad lo que ha existido es complicidad con los excesos de varios presidentes, cuyas decisiones y políticas de seguridad han sido nefastas, sangrientas negaciones de la democracia. Tanto en el pasado, con el Estatuto de Seguridad[10] de Turbay, como en el reciente, con la “Seguridad democrática” de Álvaro Uribe y los 6.407 “falsos positivos”[11], para solo mencionar uno de sus mayores éxitos. A ello hay que sumar la ineficiencia del poder judicial en la investigación y procesamiento de los mayores narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros, parcialmente desarticulados y condenados por mecanismos extraordinarios a iniciativa del Ejecutivo, como la “Política de sometimiento a la Justicia”[12], de Gaviria; la ley de “Justicia y Paz” de Uribe y el Acuerdo de Paz con la JEP, de Santos. Precisamente la JEP surge como una jurisdicción especial encargada de la Justicia Transicional, con un horizonte más de verdad, reparación y no repetición, pues nunca habrá penas que puedan castigar delitos atroces como los de guerra y lesa humanidad, capaces de satisfacer las expectativas de justicia de todas las víctimas. Ahora el presidente Petro está dando tumbos con la política de PAZ TOTAL, buscando un equilibrio difícil y precario entre la paz, la seguridad y la justicia, puesto que sus objetivos son alcanzar la paz con las guerrillas a cambio de participación política sin armas y lograr el sometimiento a la justicia de ese otro Minotauro formado por el narcotráfico y sus cientos de organizaciones criminales, siendo el Clan del Golfo o AGC[13], la más codiciosa y despiadada, con tentáculos por casi todo el territorio nacional. Mientras los colombianos no tengamos el valor y la lucidez de reconocer que todo lo anterior forma esta penumbrosa cámara que la mayoría confunde con la democracia, nunca podremos salir de este delirante y sangriento laberinto antidemocrático en que estamos extraviados.

El reformismo democrático estigmatizado

Y esa es precisamente la mayor dificultad que enfrenta el gobierno del Pacto Histórico, pues sus iniciativas de reformas sociales y su política de Paz Total son descalificadas y estigmatizadas como una amenaza para la democracia, cuando su intencionalidad es precisamente generar condiciones para la existencia y el ejercicio de una auténtica democracia. Una democracia donde los derechos humanos en su dimensión integral dejen de ser un discurso y artículos constitucionales para convertirse en realidades sociales y artículos de primera necesidad. Es lo propio de toda auténtica democracia garantizar iguales oportunidades de vida a toda la población para acceder a la propiedad privada en el campo[14] y las ciudades, al ejercicio de derechos universales como la salud, la educación, el trabajo formal y estable, un salario justo, una pensión decente, en fin, una vida digna, donde nos reconozcamos como ciudadanos y no tanto como enemigos encarnizados o competidores sin límites por el bienestar personal, empresarial y familiar en la jungla del mercado. Y atenta contra la democracia impedir que dicho esfuerzo sea posible a partir de polarizaciones y estigmatizaciones que descalifican y deslegitiman a quienes promueven esos objetivos, impidiendo alcanzar acuerdos que beneficien a quienes tienen menos posibilidades y más necesidades, lo que en efecto implica restricciones a las ganancias y algunos sacrificios por parte de quienes siempre han tenido más posibilidades y gozado de todos los derechos, lo que les permite abusar de su posición dominante. Tal es el caso de quienes todavía reciben altas pensiones, subsidiadas por el Estado, que fueron protegidas por las mayorías en el Congreso, negando que se gravaran con impuestos. Algo similar puede presentarse en el caso del sistema actual de salud, en las pensiones, en la educación, ni hablar en las condiciones de vida de la población rural. Todo ello debería debatirse y revelarse claramente para conocer cuáles son los intereses ocultos que se sienten amenazados y también cuáles las posibles consecuencias indeseadas de reformas y políticas bien intencionadas, como en efecto puede suceder en aspectos puntuales con las reformas a la salud, la laboral y sobre todo la energética. Pero sin llegar a los extremos del maniqueísmo y el cinismo de una oposición que de la noche a la mañana reclama credenciales democráticas que nunca exhibió en el pasado reciente y menos en tiempos lejanos. Igualmente, sin la desmesura reformista y esa especie de voluntarismo jacobino[15] que ataca al presidente Petro y sus más incondicionales seguidores quienes creen que con la apelación entusiasta a un fantasmagórico y mayoritario pueblo basta para gobernar democrática y acertadamente. En próximos CALICANTOS espero referirme al hilo de Ariadna que precisamos para intentar salir del laberinto en que nos encontramos. Para ello debemos emular el esfuerzo colectivo que permitió a un Ejército de Salvación con la sabiduría de las comunidades indígenas y de sus cuatro niños, salir con vida de la manigua de la selva y derrotar al Minotauro de la desesperanza y el pesimismo, que tantos promueven por estos aciagos días. Es una alegría ver el abrazo protector de un miembro del Ejército[16] rescatando y poniendo a salvo a los niños, formando una comunidad de vida nacional[17]. Una lección que deberíamos aprender y un gesto que vale la pena repetir, como el testimonio de Luis Acosta[18], coordinador nacional de la Guardia Indígena: “Yo abracé a un soldado emocionado, no lo había hecho antes. Fue emocionante porque nos hizo saber que todos protegemos la vida, cuidamos la vida. Los soldados conocen la vida, merecen abrazos, los guardias indígenas merecen abrazos».