CALICANTO: DEL NUDO GORDIANO DE LA INGOBERNABILIDAD AL HILO DE ARIADNA DE LA PAZ DEMOCRÁTICA (Tercera parte)

Del nudo gordiano de la ingobernabilidad al hilo de Ariadna de la paz democrática

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Hernando Llano Ángel

Parece que al quedarse el presidente Petro sin Laura Sarabia, “su mano derecha” y exjefe de Gabinete, el hilo de Ariadna de la gobernabilidad se puede convertir en una especie de nudo gordiano[1] de ingobernabilidad. Un nudo cada vez más inextricable e intrincado, formado por las versiones policiacas de la revista Semana[2] que, amparada en el secreto de una fuente anónima, proyecta una imagen delincuencial y deleznable del presidente Petro[3]. Lo presenta como un codicioso sin límites que utilizó el apartamento de Laura Sarabia para supuestamente ocultar tres mil millones de pesos cuyo origen se desconoce, pero que todo el mundo asocia con dineros procedentes del narcotráfico, después de las etílicas revelaciones de Armando Benedetti sobre un supuesto ingreso de 15 mil millones de pesos a su campaña presidencial.

Deslegitimar para impedir gobernar

Esta puesta en escena de Semana, de la cual se hace eco todo el establecimiento mediático, entraña una estrategia política de deslegitimación inadmisible, cuyo objetivo es hacer imposible la gobernabilidad presidencial y torpedear el trámite de sus reformas en el Congreso, como en efecto está sucediendo. Una estrategia cuyo curso no puede continuar amparándose en una perversa utilización del secreto periodístico y la protección de una fuente humana anónima, cuya existencia es más incierta que el paradero de Wilson[4], el comando canino extraviado en la selva. A la revista Semana y su directora no les queda otro camino, si tienen realmente interés en la verdad judicial y en la defensa de la democracia, que remitir en forma inmediata y formal a la Fiscalía todas las pruebas que el anónimo informante les suministre para que sea el Fiscal Barbosa quien rápidamente avance en la investigación y, de ser el caso, formule denuncia contra el presidente Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Pero de ser lo anterior toda una patraña, lo mínimo que debería hacer Vicky Dávila es renunciar a la dirección de Semana y retirarse del periodismo por su ausencia de ética y responsabilidad profesional. Como lo advertía Albert Camus, un periodista de verdad: “El privilegio de la mentira es que siempre vence al que pretende servirse de ella”.

El Golpe Semanal

De no hacerlo así, Semana confirmaría que hace parte de la primera fase del llamado golpe blando. Fase que consiste precisamente en socavar sin prueba alguna la legitimidad de un gobernante a punta de rumores y graves cargos criminales, que son reforzados por los prejuicios y el odio incontenible que circula por las redes sociales, creando así una “realidad” indemostrable, pero eficazmente polarizadora, sustentada en tramas propias de un thriller digno de Tarantino. A continuación, esas redes sociales pueden desatar pasiones de fanáticos dispuestos a batirse en contra de quienes apoyan el gobernante estigmatizado, ya condenado irremediablemente en sus mentes, ámbitos familiares y medios empresariales. Luego convocarán manifestaciones públicas para salvar la “democracia”. Allí, esas multitudes salvíficas de ciudadanos de bien promoverán la “defenestración” del corrupto presidente y, en cuestión de Semanas, estaríamos en la antesala de una violencia incontenible, con un saldo de víctimas incierto, propiciadas por el manejo irresponsable e interesado de esas versiones periodísticas. Versiones sin sustento alguno en pruebas o hechos públicos demostrados, alimentadas en gran parte por un anónimo fantasma y un entramado mediático cuyo interés no es informar sino manipular y exacerbar la crisis política para que ésta haga tránsito de la ingobernabilidad a la ilegitimidad.

¿Crisis de gobernabilidad y de legitimidad?

De esta forma, una crisis de gobernabilidad presidencial puede convertirse en una grave crisis de legitimidad institucional, cumpliéndose así la autoprofecía catastrófica de la derecha según la cual un gobierno de izquierda provocaría una hecatombe nacional. Para conjurar semejante escenario, los medios de comunicación deberían ser conscientes de su inmensa responsabilidad histórica si se convierten en cajas de resonancia y divulgación de graves cargos criminales contra el presidente Petro, propalando versiones de fuentes anónimas y de un Benedetti decepcionado e irascible por no ser atendidas oportunamente sus ambiciones de figuración y protagonismo político. Por ello, Benedetti deberá aportar a la Fiscalía pruebas, contactos y movimientos que demuestren el ingreso de esos supuestos 15 mil millones de pesos a la campaña presidencial de Petro en el caribe. Si no lo hace e insiste en su versión de que todo fue producto de un ataque de “rabia y tragos”, le corresponderá a la Fiscalía desvirtuar esa versión de Benedetti y demostrar la ocurrencia de tan generosa financiación, así como los responsables de la misma. Es probable que en esa investigación tenga más éxito el fiscal Barbosa que en su fracasada defensa del expresidente Uribe[5]. Entonces asistiríamos a una especie de nudo gordiano de la política nacional formado por la acusación contra Petro por supuesta financiación ilegal de su campaña presidencial, la oposición cerril a las reformas sociales del Pacto Histórico y el incierto avance de la Paz Total. Un nudo que penderá sobre las próximas elecciones regionales del 29 de octubre, pues serán convertidas por la oposición en una especie de plebiscito de la gestión presidencial, buscando asestarle una derrota histórica en las principales ciudades y departamentos del país.

De la Paz Total a la Paz Democrática

De allí que el mayor desafío que enfrenta el presidente Petro sea no solo superar la actual crisis de gobernabilidad, sino sobre todo evitar que se convierta en una crisis de legitimidad. Y ello dependerá, en gran parte, del curso de la Paz Total. Una paz que deberá convertirse en Paz Democrática, para que las elecciones puedan desarrollarse con garantías para todos los partidos y aspirantes, sin tutelaje y constreñimiento a los electores por parte de ninguna organización armada. Que los comicios no transcurran entre urnas semivacías y tumbas de candidatos asesinados, como suele suceder en esta “democracia genocida”[6]. Tal propósito implica que el acuerdo de paz en marcha con el ELN se sustente en el poder de la palabra concertada y honrada. Es decir, que el ELN reconozca que el poder democrático no nace de la punta del fusil sino de la libre participación ciudadana. Y ese reconocimiento demanda desde ya el fin de las extorsiones, los secuestros, los confinamientos y la violencia contra la población civil. Porque si ello continúa siendo una práctica consuetudinaria del ELN, entonces no habrá libertad para el ejercicio de la política por parte de la sociedad civil y menos seguridad humana, pues lo que se impone es el miedo, la intimidación y la violencia. Actuaría como un Ejército Liberticida y no de liberación nacional. Entre otras, porque la deliberación presupone el respeto irrestricto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, sin los cuales no existen las condiciones mínimas para el ejercicio de la democracia. Y le corresponde constitucionalmente al Ejecutivo y el Estado garantizar lo anterior, pues como bien lo expresó Hobbes, “los pactos, sin la espada, son solo palabras”. Quizá así se empiece a desatar el nudo gordiano de la ingobernabilidad, como también a tejerse entre todos y con muchas manos diferentes el hilo de Ariadna de la civilidad y la democracia para salir del laberinto de horror en que vivimos y eliminar para siempre el Minotauro[7] de la guerra y la ilegalidad que históricamente nos ha devorado.