CALICANTO: CIUDADANÍA, DEMOCRACIA Y JUSTICIA TRIBUTARIA PARA LA PAZ.

CIUDADANÍA, DEMOCRACIA Y JUSTICIA TRIBUTARIA PARA LA PAZ

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Hernando Llano Ángel.

Sin ciudadanía no hay democracia y menos paz política. Suele reducirse la ciudadanía a sus dimensiones más formales y visibles, tales como el cumplimiento de la mayoría de edad, que cada día se reduce a una menor edad en todas las democracias. También a incentivar desesperadamente su participación periódica en las urnas. Incluso, instaurando el voto obligatorio, como si bastará con depositarlo en una urna para la existencia de la democracia. Pero se olvida lo esencial: el ciudadano es el sujeto creador del poder democrático y máximo responsable de su existencia, no un objeto del poder estatal. Nos convertimos políticamente en ciudadanos, nadie es naturalmente ciudadano. La ciudadanía es lo más artificial que existe y ha costado mucha sangre, sudor y lágrimas a todas las sociedades democráticas. Somos ciudadanos en tanto tenemos la capacidad de forjar un poder político estatal con otros y no tanto contra otros. Un poder político estatal garante de los derechos humanos y la dignidad de todos. Dimensión proteica de la ciudadanía que no es reconocida por la mayoría de colombianos. En gran parte, porque nuestra socialización y educación política históricamente ha sido engendrada en una matriz profundamente antidemocrática: racista, clasista, sexista y depredadora, que convierte a la naturaleza en una fuente supuestamente inagotable de crecimiento económico para beneficio de unos pocos. Por todo lo anterior, no es sorprendente que algunas personas expresen en forma tan vehemente su racismo y odio, como la manifestante opositora que comparó a la vicepresidenta Francia Márquez con un simio y a la población negra con la criminalidad, la violencia, la brutalidad y la ignorancia: “Francia Márquez, es un simio, qué educación puede tener un negro, los negros roban, atracan y matan... Qué educación puede tener un negro”[1]. Pero dicha declaración es apenas una expresión más de las que viralmente circulan por las redes sociales, incluso con fotografías y memes más infamantes contra la vicepresidenta, que se suman a una campaña misógina intensa contra la ministra de minas, Irene Vélez, cuya “incompetencia” “logrará que gracias a un acuerdo que se debe dar en las próximas semanas ente generadores y comercializadores de energía eléctrica se puede asegurar que las tarifas bajarán sin duda al finalizar el año”[2]. Se le niegan a la Vicepresidenta Márquez y a la ministra Vélez sus competencias y logros en beneficio de toda la población porque los prejuicios raciales y machistas se sobreponen al juicio ciudadano. Un juicio que siempre debe sustentarse en la prelación de lo público sobre lo privado, pues un auténtico ciudadano es aquel que vive en función del bienestar y la prosperidad de la Polis, de la Ciudad o la Nación, y por lo tanto es capaz de pensar y actuar en función de lo público, “aquello que afecta por igual nuestra condición humana y la dignidad de todos”. Es una exigencia de la que estamos muy lejos en nuestra cultura ciudadana, permeada casi siempre por un individualismo extremo con múltiples expresiones en los más diversos órdenes. Por ejemplo, en la familia, con refranes tan reveladores y amorales como aquel de que siempre debes estar “con tu familia, con razón o sin ella”. Un refrán que es la quinta esencia del familismo amoral y la piedra angular de la cultura mafiosa. Sin duda, no hay reproche alguno del amor y la entrega de Pablo Escobar a su familia, que con orgullo reivindicaron su madre, hermana, esposa y descendientes en su sepelio ante los medios comunicación. Otras expresiones de este familismo son los carteles empresariales, tan frecuentes en nuestra economía, que incluso reclaman con orgullo los paisas con su otrora “sindicato antioqueño”, hoy más conocido como Grupo Empresarial Antioqueño[3]. Y está presente también en la cartelización de la economía en muchas otras regiones y sectores económicos, como el clúster[4] azucarero en el Valle del Cauca. Ese individualismo, corporativismo empresarial y familismo amoral es tan fuerte, que se expresa de manera especial en la peculiar relación que la mayoría de colombianos tienen con la ley y su capacidad para burlarla y eludirla, siempre a su favor, en contra del interés público y general. Ya lo resaltó en forma brillante García Márquez en su Proclama “Por un país al alcance de los niños”: “En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo”[5]. Familismo en el que incluso incurrió el presidente Gustavo Petro, un adalid del interés general sobre el particular, al designar a su esposa, Verónica Alcocer, como “Embajadora de Misión Especial para que pudiera atender la invitación de Japón a Colombia y también acompañara al canciller Álvaro Leyva al funeral de la Reina Isabel II”[6], con viáticos equivalentes a 63 millones de pesos. Misión que mejor podría haber cumplido la Viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil[7], como funcionaria del Estado, sin incurrir el presidente en ese censurable favorecimiento conyugal, así haya sido frecuente en gobiernos pasados. Pero una de las expresiones más escandalosas e inadmisibles se encuentra en las exenciones tributarias, que burlan legalmente el sentido de la justicia tributaria y social a favor de intereses empresariales y particulares. El derecho como fuente de inequidad económica e iniquidad social.

Las exenciones tributarias

El ejemplo más claro se encuentra en las dificultades casi insuperables que el actual gobierno enfrenta para la aprobación de su reforma tributaria y orientar los mayores recaudos al desarrollo de políticas públicas a favor de las mayorías. Según los expertos, el valor de las exenciones tributarias fue de 92 billones[8] en el 2021 y “dentro del grupo de personas jurídicas contribuyentes en el impuesto de renta que utilizan las rentas exentas, se destacan los subsectores de actividades financieras y de seguros y suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, con una participación de 39,7 y 26,2 %, respectivamente, en el costo fiscal”. Los sectores que se oponen radicalmente al proyecto del Pacto Histórico, que pretende recaudar 25 billones, son liderados por los congresistas del Centro Democrático, como lo expresa su líder eterno el expresidente Álvaro Uribe Vélez[9]: “Eliminar los transitorios antes del vencimiento del plazo legal es un golpe a los empresarios, a los trabajadores y a la confianza. Lo mismo si se afecta el periodo de exención que trajo tanta inversión”, resaltó. Algo comprensible y muy coherente con políticas de estímulo como Agro Ingreso Seguro[10] que canalizó a favor de grandes empresarios agrícolas la módica suma de 233.486.708.188 millones de los cuales “el 1 de octubre de 2010 la Fiscalía indicaba una negociación en proceso para recuperar aproximadamente 13 mil millones de pesos”. Sin olvidar la historia de la Hacienda Carimagua, ahora que hay tanta indignación por la toma de tierras en diferentes regiones del país, que “fue adjudicada a desplazados por la violencia generada por el conflicto armado colombiano, pero tras cuatro años, el 11 de febrero de 2008, el ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias intento cambiar la adjudicación y dársela a inversionistas privados alegando que darían mejor uso a la tierra y eso representaría mayores dividendos para el estado y a su vez a los desplazados. Los inversionistas privados pretendían cultivar Palma africana para el desarrollo de biocombustibles”[11]. Para resolver ese conflicto histórico en torno a la propiedad, la posesión, producción y redistribución de la tierra es imperioso empezar por cumplir la Constitución en su artículo 58[12]: “Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio”. Sin duda, los ciudadanos y este gobierno, que juró cumplir la Constitución, tenemos en la aplicación de este artículo la fórmula más democrática, justa y pacífica para tramitar y resolver los conflictos actuales sobre la tierra, pues lo propio de un Estado Social de derecho es velar por “la prevalencia del interés general”, según el artículo 1[13] de la Carta. Solo falta pasar del dicho al hecho, de la Constitución a la realidad, de su burla y violación, a su respeto y cumplimiento, que es lo mínimo que debe hacer todo gobernante y ciudadano.