CALICANTO: LA PAZ GRANDE, PAZ POLÍTICA Y SOCIAL.

LA PAZ GRANDE, PAZ POLÍTICA Y SOCIAL

Hernando Llano Ángel

Nada más importante en la vida política y social que una comunicación clara y precisa, pues es a partir de ella que se forjan los acuerdos para la convivencia y la paz o, dada su ausencia y ambigüedad, se generan malentendidos y desconfianzas que conducen a escenarios de hostilidad y violencia. Esto último parece estar sucediendo con la política de “Paz Total”[1] del presidente Petro y el Pacto Histórico. Para empezar, esa apelación a una “Paz Total” es casi celestial, inalcanzable en nuestra pagana realidad política y social, constituida por conflictos y disputas que nunca desaparecerán totalmente. “Paz total” tiene una connotación metapolítica, si se quiere hasta religiosa, la paz eterna del reino de los cielos, no la de este “valle de lágrimas”. Valle en el que deben transformarse creativamente los conflictos, si son asumidos en forma civilista, democrática y social, como es la voluntad de este gobierno, y evitar su perpetuación generacional si se continúa enfrentándolos solo a partir de la fuerza y la violencia, como obsesivamente lo pregonan los guerreristas, sean los civiles del Centro Democrático o los militares de la reserva. Con mayor razón en una sociedad como la nuestra, cruzada por conflictos políticos, sociales y económicos cuya matriz es telúrica, pues en el centro de todos está la disputa por la propiedad, posesión y uso de la tierra. Desde los grandes latifundistas ganaderos o agroindustriales, pasando por los campesinos minifundistas, las comunidades indígenas y negras despojadas, hasta los vastos territorios periféricos o selváticos en disputa por diversos grupos armados ilegales para hacerse al control violento de economías ilegales como la coca, o legales como el oro, el petróleo y los minerales raros[2], imprescindibles para las tecnologías de punta. Grupos armados ilegales que, bien por razones políticas o de codicia, han terminado simbióticamente relacionados con dichas economías, generando dinámicas depredadoras de la naturaleza y matanzas infernales, como la del ELN en el corregimiento de Machuca[3], prolongando indefinidamente un conflicto político, social y económico en el que el mayor número de víctimas mortales las sufre y padece la población civil.

Un conflicto de Cambalache

Un conflicto que por sus dinámicas violentas y arrasadoras ha difuminado los límites entre lo político, lo delincuencial, lo social y hasta lo estatal, institucional y legal. En nuestro conflicto interno, como en el tango Cambalache[4], todos “vivimos revolca'os en un merengue y, en el mismo lodo, todos manosea'os”. Lo grave es que es un merengue sangriento, amargo e interminable. Formado por un lodazal de reivindicaciones históricas, como la reforma agraria y la paz política, amalgamado con odios, venganzas y codicias que solo pueden contenerse a través de la política estatal y sus acuerdos. Acuerdos más o menos explícitos, más o menos concertados y más o menos violentos, con todos aquellos grupos y actores que tienen la capacidad de perturbar el orden público y hacer “invivible la República”. Al respecto, no hay que olvidar que la Constitución del 91 nació con la impronta del narcoterrorismo en su artículo 35, que prohibió la extradición de colombianos por nacimiento, para así poder contener la oleada terrorista de Pablo Escobar y los secuestros de personalidades, pues el Estado colombiano y sus agencias militares, policivas y judiciales fueron incapaces de capturarlo y judicializarlo. García Márquez, en su libro “Noticia de un secuestro”[5], narra muy bien como el presidente César Gaviria con un decreto, después de mucha sangre y víctimas, logra la entrega del capo. Con su entrega vivimos una paz parcial, hasta que Pablo Escobar decidió fugarse de su “Catedral”[6], el 21 de julio de 1992. Sin duda, se trató de una negociación política, mediada por el padre García Herreros desde el “Minuto de Dios”, que se concretó en la política estatal denominada “sometimiento a la justicia”[7]. Es un antecedente que tanto el gobierno actual como sus opositores deberían tener en cuenta, para no prolongar más este cambalache infernal en que malvivimos y en el que continúan muriendo, desplazados y confinados miles de colombianos en el campo y nuestras ciudades. Pero, sobre todo, para no propiciar más mutaciones fatales de este conflicto, pues también hay que recordar que la baja de Pablo Escobar y su criminal cacería fue posible con el engendro monstruoso de los PEPES[8] (Perseguidos por Pablo Escobar), fusión abominable de agencias del Estado colombiano con la DEA, la CIA y los carteles del narcotráfico enemigos y competidores de Pablo Escobar. En el origen y la supervivencia de ese Frankenstein estatal y criminal figuran desde expresidentes, como César Gaviria que creó posteriormente las llamadas cooperativas de seguridad rural Convivir[9], hasta Álvaro Uribe que las promovió con tesón y constancia desde su gobernación en Antioquia, con la ayuda invaluable de su secretario de gobierno Pedro Juan Moreno Villa[10], misteriosamente fallecido en un accidente aéreo en Mutatá el 24 de febrero de 2006[11].

De las Convivir a las AUC

Así las cosas, con el trasfondo inicial del entramado legal del Estado, esas Convivir, mutaron posteriormente en las AUC[12], con figuras tan destacadas como los hermanos Carlos y Vicente Castaño, Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo[13], alias Don Berna, y otros más que, gracias a la ley 975 de 2005, eufemísticamente llamada de Justicia y Paz, bajo el gobierno del presidente Uribe, se desmovilizaron. Pero cuando empezaron a revelar sus nexos político-criminales con numerosos congresistas de la coalición gubernamental que pasaron de la Curul a la Cárcel[14], como lo contó Mancuso en el noticiero de RCN[15], inmediatamente fueron extraditados a Estados Unidos de Norteamérica. La parábola es elocuente, infamante y ejemplarizante: de aliados más o menos ocultos y auspiciados por el Estado para dar de baja a Pablo Escobar y combatir las guerrillas pasaron a ser repudiados y extraditados, todo ello avalado con el engranaje y la parafernalia propia del Estado, con decretos, resoluciones, sentencias y firmas presidenciales, que incluso intentó inicialmente reconocerlos como sediciosos. En una palabra, en virtud de políticas presidenciales y los entramados legales correspondientes para llevarlas a cabo, con el concurso de los congresistas, hemos llegados hasta el día de hoy, sin que esa violencia criminal haya sido posible contenerla y mucho menos desmantelar sus organizaciones y múltiples ramificaciones en la vida política, social, económica y cultural de nuestro país. Un total fracaso que, paradójicamente, garantiza la existencia de este régimen que fusiona perfecta, legal e institucionalmente la política con el crimen, bajo la coartada impecable de elecciones periódicas que lo consagra como una “democracia” ejemplar. Pero también ejemplar en el número de víctimas propiciatorias que provoca, que sobrepasan las perpetradas por todas las dictaduras del cono sur durante sus prolongados años. El propósito de la Paz total parece ser poner fin a tan interminable sangría y este régimen electofáctico[16] con su correspondiente Estado cacocrático[17]. Pero con la Paz Total el gobierno confunde a todo el mundo y solo da argumentos a quienes ayer con sus políticas de “Convivir”, “Plan Colombia”, “Seguridad democrática” y hasta el reciente “Acuerdo de Paz” se oponen a la misma, con sofismas que van desde calificarla como una “paz para todos los criminales con total impunidad”, “complaciente con los traidores del Acuerdo de Paz”, hasta considerarla el comienzo de una “dictadura narco-guerrillera” en asocio con Nicolás Maduro. Sin embargo, de lo que trata la Paz Total es de avanzar hacia una paz política, propiciando el tránsito de organizaciones alzadas en armas con historia y motivaciones políticas, hoy encalladas y atrapadas en el vergel del narcotráfico, como el ELN, las disidencias de las FARC y la “Nueva Marquetalia”, hacia la vida legal y democrática, tal como lo hicieron más de 13.000 hombres y mujeres de la otrora FARC-EP. Pero también trata de desarticular las organizaciones criminales dedicadas exclusivamente al narcotráfico, con sus vastos entramados en la economía legal y sus vasos comunicantes con la institucionalidad y la política, como los empezó a revelar Darío Antonio Usuga David[18], más conocido como Otoniel, antes de ser extraditado. No por casualidad dos de los más importantes protagonistas de las AUC y el llamado Clan del Golfo, Don Berna[19] y Otoniel, comenzaron en la guerrilla del EPL y luego dieron el salto al narcotráfico y la contrainsurgencia. Como tampoco es coincidencia y mucho menos fortuito que todos los presidentes, desde César Gaviria con la Política de sometimiento a la Justicia; Ernesto Samper con el proceso 8.000; Andrés Pastrana con el Plan Colombia; Álvaro Uribe con la Ley de Justicia y Paz; Juan Manuel Santos con el Acuerdo de Paz y Duque con su fallida Paz con legalidad, hayan sido incapaces de romper el nudo gordiano que ata la política con el narcotráfico, las guerrillas y este cambalache de conflicto armado interno que todavía no superamos. Porque en nuestro país no es que el narcotráfico se haya convertido en un delito conexo con la política, sino más bien que la política, al menos desde finales de la década del 70, es una actividad conexa con el narcotráfico. A tal punto que el mismo Pablo Escobar[20] fue un “honorable” Representante a la Cámara y la política internacional de Colombia un apéndice sangrante de la “guerra contra las drogas”, atada por el nudo letal del Tratado de Extradición con Estados Unidos. Nudo que quizá empieza a desatarse con la reciente decisión del presidente norteamericano, Joe Biden, al otorgar libertad a miles de condenados federales por posesión de marihuana, como bien lo resalta el editorial de hoy de EL ESPECTADOR[21].

Por una Paz Grande, política y social

Para romper ese nudo gordiano se requiere una Política de Paz Integral, una Paz Grande[22] que articule la paz política con la paz social, en lugar de esa maximalista y ambigua política de Paz Total. Paz política con todas aquellas organizaciones que comprendan que con las armas y la violencia jamás llegarán al poder estatal, como lo reconoció tardíamente las FARC-EP, y que respondan ante la justicia transicional y restaurativa reparando en lo posible a todas las víctimas de sus extravíos, errores y horrores sangrientos. Y paz social, generando las condiciones legales, económicas e institucionales para impedir que las economías ilegales y diversas organizaciones criminales se aprovechen de las condiciones de la marginalidad y la exclusión social para controlar violentamente gran parte del campo, sus habitantes y la periferia de nuestras principales ciudades. De eso tratan precisamente la Reforma Rural Integral, primer punto del Acuerdo de Paz[23], y el cuarto punto, Solución al problema de las Drogas Ilícitas[24], inextricablemente ligados, puntos que no cumplieron ni Santos ni Duque, pero que Petro no puede procrastinar, so pena de convertir la “Paz Total” en un fracaso total y el Pacto Histórico en una nueva mutación política-criminal que frustre la transición hacia una auténtica democracia y su Estado Social de derecho. Todo parece indicar que el reciente acuerdo entre el presidente Gustavo Petro y José Félix Lafaurie, presidente del gremio de los ganaderos, Fedegan, para “iniciar el proceso de compra de 3 millones de hectáreas” por parte del Estado[25] es un paso certero para transitar hacia la paz social. Un paso histórico porque promoverá alternativas legales de producción para miles de familias campesinas, desposeídas y cooptadas por el narcotráfico, que encuentran en los cultivos de uso ilícito su mejor opción de supervivencia. De esta forma, el “País Nacional”[26], “que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura”, empieza a ser reconocido y atendido por el “País Político” del Pacto Histórico, más allá de medidas asistencialistas y clientelistas, brindándole oportunidades, derechos sociales y económicos, titulándole la tierra que siempre ha labrado pero no gozado. Propiedad que le permitirá al campesinado el pleno ejercicio de su ciudadanía, convertirse en sujeto protagónico de la democracia y dejar de ser siervo en las urnas o carne de cañón en la guerra, para forjar con el Estado la paz política y social que nunca ha tenido. Tal es el horizonte de un paz política y social, una Paz Grande como la llama el Informe Final de la Comisión de la Verdad, más terrenal y factible de alcanzar en este “valle de lágrimas” que esa Paz Total, cuasi colindante con el apacible y eterno reino celestial.