CALICANTO: ELECCIONES 2022: ¿Coaliciones políticas o delincuenciales?

ELECCIONES 2022 ¿COALICIONES POLÍTICAS Y/O DELINCUENCIALES?

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Hernando Llano Ángel

Quizá la pregunta pueda parecer exagerada, pero no carece de sentido y menos de actualidad. Incluso se podría afirmar que es una pregunta con vigencia histórica todavía sin responder. La política y su relación simbiótica con el delito, sea de orden menor como el plagio en sus tesis de Maestría de la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias[1], o de dimensiones mayores que incluso afectan gravemente la legitimidad de Jefes de Estado como el proceso 8.000 con Samper[2], la reelección del presidente Uribe[3] y del mismo Congreso con la parapolítica[4] y sus cerca de 60 congresistas condenados por concierto para delinquir agravado, parece ser el signo distintivo del régimen político en que vivimos. Un régimen que, por tanto, bien podría ser denominado cacocrático, pues en él gobiernan los más habilidosos políticos en fraguar alianzas con el crimen y la ilegalidad, o también electofáctico, para extenderlo a otros poderes de facto, incluso de la economía legal, que son determinantes en su triunfo como las financiaciones de Odebrecht o del sector financiero y empresarial, que se conocen después de elecciones y quedan en la absoluta impunidad. Por ello, no es de sorprenderse que en las actuales coaliciones de prácticamente todas las precandidaturas ninguna esté a salvo de tener alguno de sus miembros sub júdice o que lo haya estado en el pasado, bien por investigaciones disciplinarias o fiscales. Incluso en la coalición que más énfasis hace en su lucha contra la corrupción, como la llamada Coalición Centro Esperanza, se encuentra Sergio Fajardo enredado por la investigación fiscal de la Contraloría Nacional[5] en el complejo y oscuro descalabro de Hidroituango.[6] En la denominada Coalición de la Experiencia, las investigaciones pasadas sobre el desempeño en sus cargos públicos de Dilian Francisca Toro[7] y Enrique Peñalosa[8], también siembran dudas sobre sus ejecutorias y transparencia. Ni hablar de los escándalos que salpican a Gustavo Petro, como cabeza del Pacto Histórico, de todos las cuales ha salido airoso en el Consejo Nacional Electoral[9], como también ha sucedido con las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos con Odebrecht[10] e Iván Duque con el Ñeñe Hernández[11]. Algo semejante acontece con el precandidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, también salpicado en su campaña de 2014 por supuesta financiación de Odebrecht[12], de la cual fue exonerado. Ni hablar de las investigaciones contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez[13], protagonista principal de la política nacional desde al menos 16 años, para quien actualmente el coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán, solicita la preclusión de la investigación por los cargos que se le imputan de falsedad documental y soborno de testigos. En fin, sería casi interminable seguir con un recuento que relacione a todos los precandidatos en competencia, y más bien deberíamos ser conscientes que esa relación de la política institucional con la ilegalidad y el delito es una constante histórica y estructural, que desde la misma Declaración de Benidorm, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez Castro, mencionaron y condenaron, sin que se haya superado: “ninguno de los dos partidos tradicionales de Colombia acepta que el delito pueda ser utilizado para su incremento o preponderancia”. Más bien ha sucedido exactamente todo lo contrario, pues el narcotráfico catalizó y refundió la política en una arena movediza de sangre, dinero y agencias estatales de inteligencia como el B-2, F-2 y DAS, que desembocó en los magnicidios de tres candidatos presidenciales: Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez, además de la profunda degradación del conflicto armado interno con las AUC y las guerrillas, que encontraron en dicha economía ilegal su principal fuente de financiación. La carta de José Ever Rueda Silva[14], cómplice en el magnicidio de Galán, revela ese entramado mortífero de la política con el crimen y las agencias de inteligencia estatales. Un entramado de una dinámica y cambios tan inimaginables que en el pasado propició coaliciones entre un candidato presidencial conservador como Andrés Pastrana con las FARC, en el interregno entre la primera y la segunda vuelta electoral, siguiendo los consejos de Álvaro Leyva, y que a la postre significó su triunfo sobre Horacio Serpa, quien le había ganado en primera vuelta. Coalición que se tradujo en el despeje del Caguán y el fallido proceso de paz. Posteriormente se reeditaría con el apoyo explícito de las AUC en las campañas presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. Al respecto, en el caso del presidente Álvaro Uribe Vélez las relaciones de su denominada política de “seguridad democrática” con el respaldo electoral e ideológico de los máximos comandantes de la AUC son irrefutables. En la última entrevista concedida por Mancuso al periodista y editor judicial de RCN, Juan Carlos Giraldo[15], a la pregunta sobre la relación electoral entre las AUC y las campañas presidenciales de Álvaro Uribe, respondió: “Claro de que éramos conscientes de que las votaciones nuestras estaban apoyando al presidente Uribe, porque los conceptos ideológicos de Uribe en cuanto al tema de la seguridad, en nada riñen con los que nosotros teníamos en la zona, parecido a lo que implementamos en las regiones. ¿Sin ustedes, Álvaro Uribe hubiera sido presidente de Colombia? No creo, porque las personas que están en esas zonas de autodefensa tienen una ideología en cuanto a seguridad nacional, parecida a la seguridad democrática que estaba exponiendo Uribe. Por supuesto que les dijimos a nuestras comunidades, aquellas que nos eran afectas y que dependían de nosotros, como un estado en gestación que éramos, a nuestros líderes, a nuestras bases y a nuestros simpatizantes, que votaran por ese candidato ya que engranaba perfectamente con nuestras ideologías políticas (Giraldo, “Las comadres de la parapolítica” 2008, p. 403)”. Por su parte, Vicente Castaño fue todavía más explícito: “La seguridad democrática funcionó y se nos ha terminado la razón de existir. Las autodefensas nacieron porque el Estado no podía defendernos, pero en este momento el Estado está en capacidad de defender a los ciudadanos. En Urabá tenemos cultivo de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos. La idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a esas zonas llegan las instituciones del Estado. Desafortunadamente las instituciones del Estado sólo les caminan a esas cosas cuando están los ricos. Hay que llevar ricos a todas las regiones del país y esa es una de las misiones que tienen todos los comandantes (Revista Semana, edición número 1.205, junio 6 a 13 de 2005, página 34”). Quizá por todo lo anterior sea comprensible hoy el ingreso a la coalición del Pacto Histórico del exalcalde y exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, cuya responsabilidad en la criminal operación Orión[16], Petro pretende ignorar. Un olvido que pone de presente que más allá de la verdad, el dolor, la justicia y la reparación de las víctimas de la comuna 13 está el pragmático cálculo por los votos de Pérez y el respaldo que le brindarían sectores de ultraderecha y las AUC que le cobrarían en las urnas a Uribe la extradición de sus comandantes por develar el respaldo electoral que le brindaron. Son todas estas macabras historias y coaliciones las que parecen renovarse en esta época preelectoral y que debemos tener en cuenta el próximo 2022 para no legitimar con nuestro voto dicho régimen electofáctico.