DE-LIBERACIÓN
(http://calicantopinion.blogspot.com)

T L C
(Abril 14 de 2008)

Hernando Llano Ángel.

Aunque el título alude al Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos de Norteamérica, en realidad esta columna se refiere a un síndrome que amenaza nuestro propio sentido de la realidad y existencia como sociedad. Es el síndrome de Todo Lo Contrario. Para describirlo, conviene consultar el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que nos define un tratado como aquel “que celebran entre sí dos o más príncipes o gobiernos”. Pero por lo acontecido la semana pasada en Washington, queda claro que en el norte no hay Príncipe y en el sur corre el riesgo de desaparecer el Gobierno. Por sustracción de materia, ya no habrá T L C en los noventa días que añoraba el príncipe del norte, porque George W Bush no gobierna en materia comercial. Se encuentra totalmente subordinado a la Cámara de Representantes de mayoría demócrata, bajo la implacable batuta de Nancy Pelosi. Pero mucho menos puede hablarse de un “tratado” con un Gobierno, como el del sur, que ha sido sustituido por una extensa y ubérrima tierra que carece de política comercial propia y su príncipe se ha convertido en un mayordomo que depende en lo esencial de los designios del norte.

Lo más grave del síndrome de Todo Lo Contrario es su propagación acelerada por un número cada vez mayor de dependencias estatales y en influyentes forjadores de opinión pública nacional. Síntomas inocultables de ello son la polémica en torno a la extradición de Macaco y la metamorfosis –según el magistral Osuna- de nuestro régimen parlamentario en uno penitenciario. A través de la extradición y supuestamente en nombre de la justicia, se está a punto de burlar la verdad y la dignidad de las víctimas y sus familiares sobrevivientes, pues en EEUU Macaco será juzgado como narcotraficante y no como el criminal de lesa humanidad que es. Así las cosas, el Estado colombiano y quien debería desempeñarse como Presidente, terminarán siendo y haciendo Todo Lo Contrario, obsecuentes operadores y tramitadores de la ignominiosa justicia norteamericana, sólo interesada en las rutas, cultivos, socios, laboratorios y cuantiosos bienes de Macaco. Basta recordar la sentencia contra “Chiquita Brands.” Ninguna importancia tendrá la verdad y menos el sufrimiento de las víctimas, que deberían ser la prioridad de un Estado decente y legítimo, para evitar precisamente que se consolide el crimen y terminen gobernando y legislando los criminales o sus testaferros, que actualmente son lo mismo.

Igual acontece con el escándalo del Congreso y la parapolítica, pues gracias a la actuación de la Sala penal de la Corte Suprema de Justicia, por primera vez los colombianos estamos comprendiendo las diferencias y también las grandes similitudes entre un régimen parlamentario y uno penitenciario, lo que separa a un Congresista auténtico de criminales disfrazados o camuflados de políticos. Todo Lo Contrario de lo que sucede en una verdadera democracia, donde es el juicio de los ciudadanos y no el de los magistrados, quien condena y depura sus instituciones representativas. En la misma dimensión hay que situar el mediático trasfondo de las misiones humanitarias, convertidas en coartadas publicitarias, donde la libertad y la salud de los secuestrados vuelven a ser sacrificadas en función de los objetivos políticos y militares de las partes enfrentadas. Una vez más, Todo Lo Contrario de lo que debería suceder en un escenario donde actúan Jefes de Estado y no comediantes o impotentes rehenes del poder y la violencia, como en la realidad nos acontece bajo el pretexto gubernamental de consolidar el éxito de la “Seguridad democrática” o la alucinante pretensión de las FARC de alcanzar el estatuto de grupo beligerante y se comporta como una banda de secuestradores, con total desprecio del Derecho Internacional Humanitario.

Uribe es rehén de un poder autista y vengativo, que le impide reconocer el carácter degradado e interméstico de nuestro conflicto, sobre él cual cada día pierde más control doméstico frente a protagonistas internacionales y mediáticos del poder, como Sarkosy y Chávez. La “seguridad democrática” depende en grado extremo del subsidio económico, la tecnología militar y la inteligencia norteamericana. Y el acuerdo humanitario ya no será posible sin la mediación de estadistas externos, más preocupados por la vida y la libertad de los rehenes, que por un remoto triunfo militar sobre el terrorismo. No deja de ser una amarga ironía que el regreso de los últimos secuestrados se deba más a la mediación de la senadora Piedad Córdoba y a la vocinglería del presidente Chávez, que a los éxitos de la seguridad democrática, cuyo mayor golpe ha herido gravemente y alejado en forma indefinida la perspectiva de dicho acuerdo humanitario, además de aislar a Colombia de la naciente comunidad latinoamericana. En otras palabras, el presidente Uribe demuestra ser Todo Lo Contrario de un auténtico estadista: aquel que conduce con autonomía la nave del Estado y garantiza la vida y libertad de todos sus tripulantes, sin subordinar la suerte del conjunto, sus relaciones internacionales y comerciales a la prosperidad y seguridad de los pasajeros de primera clase.

De otra parte, Marulanda está extraviado desde hace medio siglo en la manigua de la violencia, cada día más desprestigiado y aislado de la opinión nacional e internacional, a punto de morir con el estigma de ser el secuestrador más cruel y no el guerrillero más viejo del mundo. Todo Lo Contrario del legado de un auténtico revolucionario, que se rebela contra aquellos que en forma arbitraria y despótica niegan la vida y la libertad de sus semejantes, sacrificando incluso la propia en aras de una sociedad más justa, solidaria y humanitaria.

Seguramente nos está sucediendo Todo Lo Contrario de lo que deseamos, porque desde hace más de 60 años seguimos añorando ese hombre que encarnaba, con su verbo encendido y tez mestiza, lo que sólo un pueblo puede hacer, sin Mesías o caudillos: forjar una sociedad justa, libre y digna, donde la democracia sea una realidad y no este régimen electofáctico, que funciona como una perfecta coartada criminal para perpetuar los privilegiados de siempre dando un trato privilegiado a ciertos criminales, bajo la mascarada de la “seguridad democrática” y una supuesta “Ley de justicia y paz”. Algo semejante nos aconteció en nombre del “Frente Nacional” y el espejismo de la “Reconciliación Nacional” hace cincuenta años. ¿Repetiremos la historia o haremos Todo Lo Contrario para empezar, por fin, a construir democracia con justicia, libertad y dignidad?

DE-LIBERACIÓN

SUCUMBÍOS DEL ESTADO COLOMBIANO
(Marzo 26 de 2008)

Hernando Llano Ángel.

En ciertas ocasiones los nombres parecen predestinados para revelarnos el sentido profundo de la realidad. Tal es el caso de “Sucumbíos”, aquel lugar donde la vida internacional del Estado de derecho colombiano sucumbió y se enseñoreó en territorio ecuatoriano como una presencia mortífera de facto. Pero no se trata aquí de volver sobre lo que es evidente y se celebra como el mayor éxito de la “seguridad democrática”, el abatimiento de Raúl Reyes y cerca de 25 de sus acompañantes. Más bien se trata de reconocer que lo que ha sucumbido es la misma noción de la realidad política, arrasada por la lógica mortal e irreversible de una guerra que niega la misma existencia jurídica de los Estados al desconocer las fronteras como límites de su actuación legal y ámbito exclusivo de su soberanía política. El resultado de semejante desvarío, inspirado en el sofisma de la “guerra preventiva” contra el terrorismo y el supuesto triunfo inobjetable de la democracia, está en el sucumbíos internacional de Irak. Tras cinco años de ocupación militar norteamericana no florece allí propiamente la democracia.

Hoy Irak es el más dantesco cementerio de la humanidad: han perecido cerca de 600.000 personas, de las cuales 140.000 son civiles; 4.500.000 iraquíes han sido desplazados internamente y vagan como fantasmas por su territorio y cerca de 2.000.000 han logrado huir al exterior. Semejante paisaje de desolación y muerte es una prueba de que “Esta guerra ha sido noble, justa y necesaria”, según la declaración de George W Bush, al cumplirse el primer lustro de su epopeya civilizadora. Las estadísticas confirman el tamaño de su mentira, erigida en verdad oficial y vergüenza de la “política internacional” norteamericana: en la actualidad 6.000.000 de iraquíes requieren atención humanitaria urgente; se han inmolado 1.121 kamikazes, convirtiendo su humanidad en terror mortífero; el 70% de la población carece de agua potable y el 80% de alcantarillado. Semejante infierno “democrático” instaurado en suelo iraquí, cuenta con apenas el 38% de respaldo de los estadounidenses, según los últimos sondeos de opinión.

Algo similar, guardadas las proporciones de la mentira y el horror, nos sucede con los éxitos de la política de la “seguridad democrática”, pues en el ámbito internacional ella se ha convertido en la expresión más elocuente de un Estado que ha sucumbido en el campo de la ilegalidad y se ha transformado en una especie de maquinaria mortífera, que incluso elude el combate en su propio territorio y opta por financiar mercenarios para reclamar victorias tan oscuras y profundas como el sueño de sus enemigos. A este punto hemos llegado, conviene recordarlo, porque la política de “seguridad democrática” está inspirada por inteligencias superiores como la del Presidente Uribe y mentes tan obtusas como la de su asesor de cabecera, José Obdulio, que en su obsesión por negar el conflicto interno lo han desplazado más allá de nuestras fronteras. Hoy la realidad les da la razón: hemos perdido el control del conflicto y él ya tiene un carácter más internacional que doméstico, con el agravante de ser rechazados en todo el continente, salvo la vergonzosa excepción de George W Bush que, como en el lejano oeste, dispara y ocupa territorios preventivamente sin la menor consideración por la vida, seguridad y libertad de la población civil, como acontece en Irak.

Una consecuencia parecida, también guardando las proporciones, produce la política de “seguridad democrática” en nuestras relaciones con Ecuador, pues según ACNUR cerca de 250.000 colombianos han buscado refugio en el vecino país en los últimos cinco años y de estos 32.000 han solicitado su reconocimiento como refugiados, pero sólo 12.000 lo han obtenido. No deja de ser una amarga y cruel ironía que en reconocimiento a dicha hospitalidad, la “seguridad democrática” haya sido tan efectiva militarmente en territorio ecuatoriano como poco eficiente en el nuestro, sobre todo para garantizar la vida y los derechos sociales y económicos de quienes han tenido que abandonar su terruño. Por último, la mayor paradoja de la “seguridad democrática” en su renuencia obstinada por reconocer el carácter del conflicto interno y a las FARC como grupo irregular, es que tanto la Resolución de la OEA como la del Grupo de Río terminaron haciendo tal reconocimiento, dejando así al menos un resquicio para retomar la senda del acuerdo humanitario y una eventual liberación de todos los secuestrados, como preámbulo necesario para la búsqueda de horizontes políticos que impidan un sucumbíos generalizado de la vida y la libertad en la región andina, como hoy sucede en forma terrorífica en Irak y el Oriente Medio gracias a la guerra preventiva de George W Bush.

CALICANTO
(calicantopinion.blogspot.com)
Marzo 9 de 2008

“Bienvenidos al I Festival Andino de Teatro”

Hernando Llano Ángel.

En esta ocasión la apertura de la XI edición del festival iberoamericano de teatro realizada en Bogotá fue opacada por la puesta en escena del primer festival andino de teatro, protagonizada en Santo Domingo, República Dominicana, por tres histriónicos actores y cuestionados estadistas: Álvaro Uribe, Rafael Correa y Hugo Chávez, en el marco de la reunión de la Cumbre de Río. Nunca antes había sido tan visible la estrecha relación existente entre la política y el teatro. Pero en esta oportunidad, hay que reconocerlo, el teatro fue degradado por la pésima actuación política de los tres protagonistas de esta tragicomedia, llena de mentiras de Estado y far(c)sas revolucionarias, en la que ha derivado la apocalíptica obra norteamericana de la “guerra contra el terrorismo”.

Una obra escrita por fatuos libretistas en el rol de jefes de Estado, que están convencidos que el mundo se divide en dos bandos enfrentados a muerte. El bando de los virtuosos y buenos demócratas, poseedores de la verdad absoluta y casi todos los bienes y valores (especialmente los transables en el comercio y las bolsas) contra los corruptos y desalmados terroristas, encarnación del mal absoluto y de la violencia, que suelen desafiar la prosperidad y tranquilidad de los primeros. En nombre de esta visión maniqueísta de la realidad política, los virtuosos demócratas están empeñados en salvar el mundo de los perversos terroristas, sin importarles convertir esta tierra en un infierno, como acontece hoy en Irak, Afganistán y el Medio Oriente. Obviamente, siempre y cuando ese infierno esté bien distante de sus fronteras, como se encarga de repetirlo cínicamente Bush con su doctrina de la guerra preventiva.

Pero cuando ese libreto es trasladado y representado en un escenario como la región Andina, deja de ser una doctrina y se transforma en un teatro de guerra bajo la dirección de personajes que portan con enorme improvisación la careta de Presidentes de Estado. Así quedó demostrado en Santo Domingo, con la deplorable actuación de los tres presidentes, la cual hoy trata de ser magnificada y exaltada por el corifeo mentiroso de unos medios de comunicación interesados en manipular y sobredimensionar un estúpido sentimiento nacionalista, antes que en informar, analizar y promover la comprensión ciudadana de lo sucedido.

Para empezar por casa, hay que señalar que la forma como la gran prensa se ha convertido en caja de resonancia de las mentiras oficiales –salvo contadas excepciones-- tergiversando bajo eufemismos como la “guerra contra el terrorismo” la que ha sido la más flagrante y vergonzosa violación del Derecho Internacional por parte del gobierno de la “seguridad democrática”, la coloca en un lugar destacado de la historia universal de la infamia, quizá ni siquiera imaginado en la genial ficción de Borges.

Pero nada distinto se puede esperar de unos medios que se han convertido en eco del odio y las mentiras. Bien lo decía Camus en 1951, cuando el mundo se dividía entre supuestos demócratas “inteligentemente libres” y comunistas “idiotas irremediablemente útiles,” al señalar que: “De diez periódicos, en el mundo actual, nueve mienten más o menos. Es que en grados diferentes son portavoces del odio y de la ceguera. Cuanto mejor odian, más mienten. La prensa mundial, con algunas excepciones, no conoce hoy otra jerarquía. A falta de otra cosa mejor, mi simpatía va hacia esos, escasos, que mienten menos porque odian mal”.[1] Hoy sabemos, gracias a las revelaciones de archivos secretos de ambas superpotencias, que tanto los “listos” ciudadanos norteamericanos como los “estúpidos” comunistas rusos fueron engañados por la manipulación ideológica de sus gobernantes y sus fabulosas maquinarias propagandísticas, en nombre de las cuales invadieron Estados, promovieron guerras de liberación y ejecutaron infernales masacres, eso sí, en defensa de sacrosantos principios como la Libertad y la Autodeterminación de los Pueblos.

Ya va siendo hora de no creer más en estas tragicomedias del “bien” que derrota el “mal” y de los supuestos héroes que protagonizan tan inverosímiles historias, más propias de la ficción Hollywoodense que de la realidad histórica. Es hora de que caiga el telón de las mentiras oficiales que promueven odios y masacres bajo las coartadas de la guerra contra el terrorismo o contra el imperialismo, pero que siempre se escriben con la sangre de los otros, las mentes ingenuas y los cuerpos anónimos de los héroes de la Patria o del pueblo revolucionario.

En Santo Domingo terminaron los tres presidentes hipócritamente abrazados y reconciliados, pues los comediantes del poder corrían el riesgo de perder sus caretas y quedar desnudos ante la mirada sorprendida del público. Era aconsejable cubrirse rápidamente con el ropaje y las formas de la cortesía diplomática y no continuar revelando las intimidades fácticas y criminales detrás de sus impecables trajes civiles y cuestionadas credenciales presidenciales: la tolerada presencia guerrillera en Ecuador; la despiadada fuerza militar invasora colombiana; la legal y benévolamente tratada violencia paramilitar por parte de Uribe (Ley 975) y la inocultable e impredecible afinidad ideológica de Chávez con Marulanda, sumada a la codicia del narcotráfico en Venezuela (Wilber Varela), todas ellas funcionales y estimuladas por la mentira imperial de la guerra contra las drogas y el terrorismo, que le permite a Estados Unidos conservar su presencia en la base militar de Manta y cogobernar en Colombia a través del Plan Colombia y el Plan Patriota.

En lugar de continuar con ese tinglado de mentiras estatales y de guerras terroristas, donde ya no hay combates sino bombardeos a mansalva en medio de las tinieblas del sueño y no hay honor del guerrero sino traición del mercenario, deberíamos exigir un cambio rápido de escenario, actores y libretos, para así impedir una degradación más profunda del conflicto y un costo mayor de vidas inocentes, que siempre terminamos pagando los civiles por ingenuos, carentes de valor, iniciativa política, control y resistencia democrática.

Pasar del escenario mortecino de esta guerra degrada al vital de la política concertada, mediante la realización del acuerdo humanitario y el fin incondicional del secuestro. Pasar de belicosos comisionados de paz a sensibles e inteligentes gestores de paz. De cínicos y prepotentes guerrilleros a sinceros y realistas interlocutores de paz. Reconocer, de una vez por todas, que el libreto de la seguridad democrática se ha convertido peligrosamente en fuente de inestabilidad e inseguridad en las fronteras, sin garantizar una paz estable en el interior. Pero, sobre todo, reconocer que la guerra contra el terrorismo arrastra inevitablemente a los contendientes legales e ilegales en el vértigo de la degradación mutua mediante la utilización de un horror sin límites para vencer al contrario, al punto que sus identidades y comportamientos criminales terminan siendo iguales, más allá de las supuestas razones de Estado o de fines revolucionarios que invoquen para justificar sus acciones.

De nuestra parte, como ciudadanos y ciudadanas, no deberíamos aplaudir y mucho menos reelegir a tan pésimos actores, carentes de competencia y decoro para representar un papel digno en el convulso escenario de la política y la historia andina. Especialmente porque la obra que ellos representan pone en juego nuestras vidas personales y el destino colectivo de nuestras sociedades. Sus palabras, insultos y decisiones no son un asunto de vanidad personal, sino de irreversible responsabilidad pública que afecta millones de vidas y destinos. Se trata de tener derecho a ser un actor protagónico en la más vital, decisiva y trascendental obra de teatro que existe: la política. Pero por lo que hemos visto, el teatro andino no tiene actores a la altura de esta encrucijada histórica y todo parece indicar que serán actores externos los que definan los próximos capítulos de esta tragicomedia, particularmente en el escenario penumbroso de Colombia y sus difusas fronteras con Ecuador y Venezuela, que se debaten entre la ilegalidad agresora de la “seguridad democrática”, la criminalidad y el terror del narcotráfico y las FARC.




[1] - Camus, Albert. “Las sevidumbres del Odio” en Bibliotecas Premios Nobel. Ensayos, pág 366. Editorial Aguilar 1981, Madrid.

CALICANTO
(calicantopinion.blogspot.com)
Marzo 9 de 2008

“Bienvenidos al I Festival Andino de Teatro”

Hernando Llano Ángel.

En esta ocasión la apertura de la XI edición del festival iberoamericano de teatro realizada en Bogotá fue opacada por la puesta en escena del primer festival andino de teatro, protagonizada en Santo Domingo, República Dominicana, por tres histriónicos actores y cuestionados estadistas: Álvaro Uribe, Rafael Correa y Hugo Chávez, en el marco de la reunión de la Cumbre de Río. Nunca antes había sido tan visible la estrecha relación existente entre la política y el teatro. Pero en esta oportunidad, hay que reconocerlo, el teatro fue degradado por la pésima actuación política de los tres protagonistas de esta tragicomedia, llena de mentiras de Estado y far(c)sas revolucionarias, en la que ha derivado la apocalíptica obra norteamericana de la “guerra contra el terrorismo”.

Una obra escrita por fatuos libretistas en el rol de jefes de Estado, que están convencidos que el mundo se divide en dos bandos enfrentados a muerte. El bando de los virtuosos y buenos demócratas, poseedores de la verdad absoluta y casi todos los bienes y valores (especialmente los transables en el comercio y las bolsas) contra los corruptos y desalmados terroristas, encarnación del mal absoluto y de la violencia, que suelen desafiar la prosperidad y tranquilidad de los primeros. En nombre de esta visión maniqueísta de la realidad política, los virtuosos demócratas están empeñados en salvar el mundo de los perversos terroristas, sin importarles convertir esta tierra en un infierno, como acontece hoy en Irak, Afganistán y el Medio Oriente. Obviamente, siempre y cuando ese infierno esté bien distante de sus fronteras, como se encarga de repetirlo cínicamente Bush con su doctrina de la guerra preventiva.

Pero cuando ese libreto es trasladado y representado en un escenario como la región Andina, deja de ser una doctrina y se transforma en un teatro de guerra bajo la dirección de personajes que portan con enorme improvisación la careta de Presidentes de Estado. Así quedó demostrado en Santo Domingo, con la deplorable actuación de los tres presidentes, la cual hoy trata de ser magnificada y exaltada por el corifeo mentiroso de unos medios de comunicación interesados en manipular y sobredimensionar un estúpido sentimiento nacionalista, antes que en informar, analizar y promover la comprensión ciudadana de lo sucedido.

Para empezar por casa, hay que señalar que la forma como la gran prensa se ha convertido en caja de resonancia de las mentiras oficiales –salvo contadas excepciones-- tergiversando bajo eufemismos como la “guerra contra el terrorismo” la que ha sido la más flagrante y vergonzosa violación del Derecho Internacional por parte del gobierno de la “seguridad democrática”, la coloca en un lugar destacado de la historia universal de la infamia, quizá ni siquiera imaginado en la genial ficción de Borges.

Pero nada distinto se puede esperar de unos medios que se han convertido en eco del odio y las mentiras. Bien lo decía Camus en 1951, cuando el mundo se dividía entre supuestos demócratas “inteligentemente libres” y comunistas “idiotas irremediablemente útiles,” al señalar que: “De diez periódicos, en el mundo actual, nueve mienten más o menos. Es que en grados diferentes son portavoces del odio y de la ceguera. Cuanto mejor odian, más mienten. La prensa mundial, con algunas excepciones, no conoce hoy otra jerarquía. A falta de otra cosa mejor, mi simpatía va hacia esos, escasos, que mienten menos porque odian mal”.[1] Hoy sabemos, gracias a las revelaciones de archivos secretos de ambas superpotencias, que tanto los “listos” ciudadanos norteamericanos como los “estúpidos” comunistas rusos fueron engañados por la manipulación ideológica de sus gobernantes y sus fabulosas maquinarias propagandísticas, en nombre de las cuales invadieron Estados, promovieron guerras de liberación y ejecutaron infernales masacres, eso sí, en defensa de sacrosantos principios como la Libertad y la Autodeterminación de los Pueblos.

Ya va siendo hora de no creer más en estas tragicomedias del “bien” que derrota el “mal” y de los supuestos héroes que protagonizan tan inverosímiles historias, más propias de la ficción Hollywoodense que de la realidad histórica. Es hora de que caiga el telón de las mentiras oficiales que promueven odios y masacres bajo las coartadas de la guerra contra el terrorismo o contra el imperialismo, pero que siempre se escriben con la sangre de los otros, las mentes ingenuas y los cuerpos anónimos de los héroes de la Patria o del pueblo revolucionario.

En Santo Domingo terminaron los tres presidentes hipócritamente abrazados y reconciliados, pues los comediantes del poder corrían el riesgo de perder sus caretas y quedar desnudos ante la mirada sorprendida del público. Era aconsejable cubrirse rápidamente con el ropaje y las formas de la cortesía diplomática y no continuar revelando las intimidades fácticas y criminales detrás de sus impecables trajes civiles y cuestionadas credenciales presidenciales: la tolerada presencia guerrillera en Ecuador; la despiadada fuerza militar invasora colombiana; la legal y benévolamente tratada violencia paramilitar por parte de Uribe (Ley 975) y la inocultable e impredecible afinidad ideológica de Chávez con Marulanda, sumada a la codicia del narcotráfico en Venezuela (Wilber Varela), todas ellas funcionales y estimuladas por la mentira imperial de la guerra contra las drogas y el terrorismo, que le permite a Estados Unidos conservar su presencia en la base militar de Manta y cogobernar en Colombia a través del Plan Colombia y el Plan Patriota.

En lugar de continuar con ese tinglado de mentiras estatales y de guerras terroristas, donde ya no hay combates sino bombardeos a mansalva en medio de las tinieblas del sueño y no hay honor del guerrero sino traición del mercenario, deberíamos exigir un cambio rápido de escenario, actores y libretos, para así impedir una degradación más profunda del conflicto y un costo mayor de vidas inocentes, que siempre terminamos pagando los civiles por ingenuos, carentes de valor, iniciativa política, control y resistencia democrática.

Pasar del escenario mortecino de esta guerra degrada al vital de la política concertada, mediante la realización del acuerdo humanitario y el fin incondicional del secuestro. Pasar de belicosos comisionados de paz a sensibles e inteligentes gestores de paz.
De cínicos y prepotentes guerrilleros a sinceros y realistas interlocutores de paz. Reconocer, de una vez por todas, que el libreto de la seguridad democrática se ha convertido peligrosamente en fuente de inestabilidad e inseguridad en las fronteras, sin garantizar una paz estable en el interior. Pero, sobre todo, reconocer que la guerra contra el terrorismo arrastra inevitablemente a los contendientes legales e ilegales en el vértigo de la degradación mutua mediante la utilización de un horror sin límites para vencer al contrario, al punto que sus identidades y comportamientos criminales terminan siendo iguales, más allá de las supuestas razones de Estado o de fines revolucionarios que invoquen para justificar sus acciones.

De nuestra parte, como ciudadanos y ciudadanas, no deberíamos aplaudir y mucho menos reelegir a tan pésimos actores, carentes de competencia y decoro para representar un papel digno en el convulso escenario de la política y la historia andina. Especialmente porque la obra que ellos representan pone en juego nuestras vidas personales y el destino colectivo de nuestras sociedades. Sus palabras, insultos y decisiones no son un asunto de vanidad personal, sino de irreversible responsabilidad pública que afecta millones de vidas y destinos. Se trata de tener derecho a ser un actor protagónico en la más vital, decisiva y trascendental obra de teatro que existe: la política. Pero por lo que hemos visto, el teatro andino no tiene actores a la altura de esta encrucijada histórica y todo parece indicar que serán actores externos los que definan los próximos capítulos de esta tragicomedia, particularmente en el escenario penumbroso de Colombia y sus difusas fronteras con Ecuador y Venezuela, que se debaten entre la ilegalidad agresora de la “seguridad democrática”, la criminalidad y el terror del narcotráfico y las FARC.




[1] - Camus, Albert. “Las sevidumbres del Odio” en Bibliotecas Premios Nobel. Ensayos, pág 366. Editorial Aguilar 1981, Madrid.

DE LIBERACION

LAS MARCHAS NO MIENTEN Y LAS MENTIRAS NO MARCHAN

(Para actualidadcolombiana.blogspot.com y calicantopinion.blogspot.com)

Marzo 2 de 2008.

Hernando Llano Ángel.

El pasado 4 de febrero y el próximo 6 de Marzo quedarán como fechas emblemáticas en nuestra larga e inconclusa marcha de formación de ciudadanía y construcción de democracia. Dichas fechas se sumarán a otras tantas de nuestra frágil memoria histórica, como la famosa marcha del silencio convocada por Jorge Eliécer Gaitán, el 7 de Febrero de 1948, cuando pronunció estas memorables palabras en su “Oración por la paz: Señor Presidente: no os reclamamos tesis económicas o políticas…Pedimos pequeña cosa y gran cosa: que las luchas políticas se desarrollen por la vía de la institucionalidad… Impedid, Señor Presidente, la violencia. Sólo os pedimos la defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo.”

El denominador común de todas estas manifestaciones es que expresan un clamor ciudadano, verdaderamente multitudinario, que repudia la violencia como instrumento de acción política. Bien sea la violencia oficial, que entonces desplegaba impunemente Mariano Ospina Pérez, o la actual violencia terrorífica de organizaciones armadas situadas en los extremos de la izquierda y la derecha, como espectros de la muerte que han cercenado miles de vidas civiles y continúan haciéndolo bajo el pretexto de alcanzar objetivos y fines políticos. Porque dicha violencia constituye la primera y más perversa mentira que nos impide marchar y avanzar hacia la democracia. La monstruosa mentira de pretender fundar o consolidar un orden político democrático sobre la violencia y sus secuelas de dolor, oprobio, venganza y exclusión social. La violencia jamás será fuente de legitimidad política democrática, pues solamente la participación y el poder ciudadano la generan.

Justamente vamos a cumplir, el próximo 9 de Abril de 1948, sesenta años de vivir en medio de esa ignominia instaurada por la colosal mentira de ser la democracia más antigua y estable de Suramérica. Esa mentira ha ocultado, bajo fórmulas como el Frente Nacional, con gran éxito y cinismo cívico, ríos de sangre que han anegado nuestros ubérrimos valles e ignotas selvas. Esa mentira hoy se pavonea por la comunidad internacional con el oropel de la Constitución de 1991 y un fantasmagórico Estado Social de derecho, sin lograr ocultar los cerca de 4 millones de campesinos desarraigados y desplazados que sobreviven dispersos y humillados en nuestras ciudades. A esa multitud se le niega su ciudadanía, pues carece de derechos para vivir dignamente, a tal punto que la Corte Constitucional ha señalado, en histórica sentencia, que su existencia configura un “estado de cosas inconstitucional.” Es decir, antidemocrático. Esa multitud, aislada y marginada en nuestras principales ciudades, es casi invisible en medio de su penuria y miedo a expresarse. El hambre y el rebusque por sobrevivir no la dejan marchar. Si lo hiciera, la verdad de su incontenible desesperación seguramente desbordaría avenidas y calles, tiendas y supermercados. Esa multitud no marchó el 4 de Febrero.


No fue convocada por facebook ni los grandes medios de comunicación. Carece de líderes y de organización. Tampoco dispone de Internet, ni medios de expresión. Esa multitud, víctima de todas las formas de violencia, empezando por la cultural del desprecio y la segregación hacia campesinos, negros e indios que afean “nuestras” ciudades; la estructural de la exclusión y la marginalidad social, sin derecho a Carimagua alguna; la directa de los grupos armados ilegales que los han expulsado de sus parcelas y la violencia oficial que los persigue por ser vendedores ambulantes en el centro o invasores en la periferia de “nuestras” ciudades, difícilmente podrá marchar el próximo 6 de Marzo por estar ocupada en sobrevivir, en medio del reciclaje y los oficios más inverosímiles.

Esa verdad multitudinaria no suele marchar por calles y avenidas. Sus vidas y penurias marchan al margen de la historia. Aunque en ocasiones, como aquel 9 de Abril de 1948, cuando fue asesinado un hombre que era multitud, ella se desbordó en una avalancha incontenible de odio y revancha, que casi nada dejó a su paso. Pero hoy no tenemos un hombre-multitud, sino una multitud de mentiras que nos ocultan al anónimo hombre y la mujer de verdad, de carne y hueso, que son asesinados o desaparecidos, desplazados o secuestrados, en cuya memoria, dignidad y defensa de su vida y libertad siempre tendríamos que marchar, no sólo el pasado 4 de Febrero y el próximo 6 de Marzo.

Todos los días deberíamos manifestarnos contra esas perennes mentiras que nos impiden marchar hacía la vida y la libertad, sin las cuales jamás podrá existir la democracia y mucho menos alcanzar seguridad, así se gane la guerra y se festejen inicuas y pírricas victorias. En este momento de euforia belicista, cobra toda su validez esta precisa reflexión de Robert Dahl: “La democracia comienza en el momento –que llega después de mucho luchar-- en que los adversarios se convencen de que el intento de suprimir al otro resulta más oneroso que convivir con él.”

DE-LIBERACIÓN
(Para: http://www.actualidadcolombiana.org/ y calicantopinon.blogspot.com)
Febrero 4 de 2008


Del terror de la mentira al horror de la verdad.

Hernando Llano Ángel.

Para avanzar hacía la paz tenemos que recorrer un largo y sinuoso camino, que va desde reconocer el terror de la mentira hasta superar el horror de la verdad. Es un camino por hacer, en el que todos nos tenemos que comprometer, pero quienes deben dar los primeros pasos son aquellos que hoy se han convertido en antagonistas de la vida y la libertad. Para empezar, las FARC deberían reconocer –como lo afirmaba Camus- que nada hay más reaccionario que ser partidario de la pena de muerte y de la privación arbitraria e indefinida de la libertad, tal como sucede con la práctica sistemática del secuestro político y el extorsivo. La privación de la libertad y la pena de muerte son los signos distintivos de la tiranía y el despotismo, contra los cuales se han levantado los pueblos en rebelión y han vencido en batallas donde la ética y la épica van de la mano. Hoy, las FARC y el ELN se han convertido en liberticidas. Han perdido toda noción de la ética y la épica del combate, al desconocer flagrantemente principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario. Objetivamente se comportan más como mercaderes y mercenarios, pues degradan al ser humano al convertirlo en botín de guerra. Pero en algo todavía más horripilante han incurrido los grupos paramilitares, sus herederos y simpatizantes, con los descuartizamientos y desapariciones de cientos de sus secuestrados, según las exposiciones libres de sus verdugos en las audiencias realizadas bajo la ley 975, cínicamente denominada de “Justicia y paz”. Todos ellos recurren al terror de la mentira, pues invocan supuestos motivos políticos para cometer semejantes atrocidades. La FARC y el ELN pregonan la justicia social de la revolución. Las AUC y sus sucesores, la justicia privada de la seguridad, las inversiones y la prosperidad.

Para completar el anterior cuadro dantesco pintado por la mentira y el terror, el Gobierno nacional lo rubrica con la política de seguridad democrática, que durante estos casi seis años no logra ocultar -pese al bombo mediático de sus éxitos en la lucha contra el secuestro- las cerca de 1.000 ejecuciones extrajudiciales en las que aparecen comprometidos miembros de la Fuerza Pública y los 550 secuestrados en poder de las AUC cuyo destino no se estableció, pues según Mancuso: “No teníamos secuestrados; los retenidos fueron dados de baja en su mayoría”, según entrevista concedida a Natalia Springer. La pregunta obvia es ¿Por qué el Gobierno inició negociaciones con las AUC sin exigirles la liberación de todos los secuestrados en su poder? ¿En dónde queda la universalidad de la “seguridad democrática” que pregona “proteger a todos, al trabajador, al campesino, al sindicalista, al periodista?” Sin duda, estamos frente al terror de la mentira oficial, que ahora pretende mediante la ley 975 validar y casi legitimar estas atrocidades, pues sus responsables intelectuales y materiales recibirán penas entre 5 y máximo 8 años de cárcel. Pero la mentira del terror no se detiene allí, pues el gobierno con la intervención vehemente del Presidente Uribe ha insistido en que dichos crímenes son de carácter político y ha calificado de sediciosos a sus ejecutores. Poco importa que las AUC hayan cometido tantas o más atrocidades que las FARC, para quienes reserva en forma exclusiva el título de terroristas y a cuyos miembros extradita como narcotraficantes. Exactamente lo contrario del tratamiento dado a las AUC y sus máximos comandantes, a quienes congela discrecionalmente la extradición, no obstante haberse comprobado que han continuado delinquiendo desde las cárceles. Ello se debe a que los considera “sediciosos” y no terroristas, aunque figuran en todas las listas internacionales como tales, empezando por la del Departamento de Estado norteamericano. No debe quedar, pues, la menor duda de la capacidad de engendrar y encubrir el terror que tiene la mentira oficial, aunque ella sea compartida por cerca del 85% de la opinión que respalda al Presidente Uribe, según reciente encuesta.

Es así como llegamos al horror de la verdad en que actualmente nos debatimos. Una verdad que nos revela que la política, y con ella nuestras vidas y dignidad, está secuestrada por el crimen y la mentira oficial. Por eso hay que empezar a reconocer y repudiar esta realidad y a quienes pretenden seguir engañándonos. Los unos, en nombre de una revolución ya degradada y los otros en nombre de una democracia inexistente, en virtud de la cual tenemos el más alto índice de secuestros en el mundo y el mayor número de sindicalistas y periodistas asesinados por causa del conflicto, además de cerca de 4 millones de desplazados y la mayor cantidad de minas antipersona del continente. Sólo cuando reconozcamos el terror de la mentira y superemos el horror de esta verdad, podremos vivir digna y libremente en una democracia, en paz, sin la depravación de la guerra y ese miedo obsesivo por estar seguros en medio de tanta iniquidad, como nos sucede en la actualidad.

CALICANTO
(Enero 24 de 2008)
Calicantopinion.blogspot.com

Hernando Llano Ángel.

La Hora de la Verdad

Todo parece indicar que nos estamos acercando, por demás en forma vertiginosa y sesgada, a la hora de la verdad. Aquella hora donde los hechos, con toda su dimensión de las realidades lacerantes y fatales, nos confrontan y desafían sin que podamos evadirlas. Las agónicas pruebas de los supervivientes en poder de las FARC han sido el detonante de un justo y multitudinario rechazo ciudadano a la humillación del secuestro y a las cadenas del oprobio y la vergüenza que a todos nos atan. Por ello, el próximo 4 de Febrero se trata no solo de exigir la liberación de todos los rehenes y secuestrados, sino especialmente de liberarnos nosotros mismos de las cadenas más crueles y mortales que existen.

Las cadenas de los prejuicios políticos y la manipulación maniqueísta del dolor y la sensibilidad humana. Son cadenas tan sutiles e invisibles que no las percibimos ni sentimos, porque nos atan el alma y no el cuerpo. El alma del entendimiento, la sensibilidad y la deliberación. Nos atrofian el juicio a tal punto, que empezamos a rechazar sólo cierto tipo de violencia y a indignarnos selectivamente frente a sus responsables. Entonces, sin darnos cuenta, vamos legitimando el terror y la violencia de unos y olvidando a sus víctimas, hasta incluso llegar al extremo de negar su existencia. Tal es el mayor error y horror de la movilización ciudadana convocada para el próximo 4 de Febrero contra las FARC y la liberación de sus víctimas, pues desconoce la ignominia y el terror sin límites de quienes, como los paramilitares y sus extensas redes de civiles criminales y cooperantes oficiales, se dedicaron a desplazar, masacrar y desaparecer a miles de compatriotas. De ellos no tenemos una sola prueba de supervivencia, sólo quedan innumerables fosas clandestinas donde todavía son rehenes de la muerte. Sus cuerpos han sido arrastrados y sepultados en ríos de indolencia e insensibilidad ciudadana. Mientras unos se dedicaban a la prosperidad de sus negocios y otros a la angustia de sobrevivir, miles de campesinos fueron arrasados por la maquinaria criminal de una guerra depravada entre paramilitares, narcotraficantes, guerrilleros y fuerza pública, como si se tratara de talar bosques tropicales para sembrar coca y cosechar muerte. A la depredación de nuestra riqueza natural se sumo la degradación de nuestra condición humana. Y no salimos a las calles.

Ahora sus memorias, gritos de dolor y agonía de cuando eran torturados, descuartizados y desaparecidos, corren el riesgo de ser silenciados por la algarabía de quienes sólo se solidarizan con un grupo de víctimas, con aquella clase de víctimas que sienten cercanas porque son sus semejantes, familiares, vecinos o copartidarios. Pero las otras víctimas no existen. Cuesta mucho trabajo reconocer la vida y dignidad de los otros, los diferentes, de aquellos pobres muertos de hambre y del campo que no sienten y piensan como nosotros, los seguros, civilizados y buenos ciudadanos.

Por todo ello la manifestación del 4 de Febrero no puede ser sólo contra las FARC y por la liberación de todos los secuestrados. Debería ser la manifestación contra la guerra, la violencia, el horror y la mentira, por la libertad, la vida, la paz y la verdad. Una movilización de vida, valor y dignidad por la memoria de todas las víctimas, sin exclusión alguna. No una manifestación donde se manipula la sensibilidad y la razón y predomina una confusa mezcla de odio, miedo y venganza.



Un confuso sentimiento estimulado por el bullicio de unos banales medios de comunicación y de muchas voces frívolas dedicadas a tergiversar y maquillar esta compleja y terrible realidad, al querer dividirnos entre el bando de supuestos buenos y ejemplares ciudadanos enfrentado a muerte contra desalmados terroristas. Porque no hay terror más devastador y repudiable que el de aquellos que se consideran justos y predestinados para salvarnos y ordenan disparar con absoluta buena conciencia o rescatar heroicamente a los rehenes. Todo ello en nuestro nombre y con nuestra complacencia, invocando trascendentales valores como la Patria, la libertad, la vida, la seguridad democrática y hasta la reconciliación nacional para derrotar el terrorismo. Parece que estamos llegando a la hora de la verdad, que no puede ser otra que la de la vida y la libertad, no la mentirosa de la guerra y la victoria total, que suele ser mortal.

DE-LIBERACIÓN
(Para www.actualidadcolombiana.org y calicantopinion.blogspot.com)
Enero 14 de 2008


¿Del acuerdo humanitario al conflicto internacional?

Hernando Llano Ángel.

Se atribuye a Confucio una sencilla y profunda definición del poder. “El poder es la capacidad para denotar la realidad”. Es decir, para darle un nombre, pues quien logre que todo el mundo la denomine de la misma manera, ya con ello le ha fijado una identidad que empieza a considerarse como definitiva e inmodificable. Así se llega a una de las falacias más nefastas para el entendimiento humano, cierto nominalismo fundamentalista que termina por confundir el nombre con la realidad. Entonces se cree, ingenua o maliciosamente, que basta con cambiar el nombre para transformar la realidad, en lugar de hacer lo contrario. Tal es el fondo de la interminable controversia acerca del carácter de actores políticos beligerantes o terroristas que tienen las FARC y el ELN, según la última propuesta del presidente Chávez.

De esta ilusión nominalista son especialmente cautivos los políticos y los juristas, cuando creen que cambiando Constituciones, aprobando leyes y profiriendo decretos ya han creado otra realidad. A tal punto que se vuelven trascendentales y se creen inmortales cuando proclaman cartas constitucionales que consagran rimbombantes instituciones como el Estado social de derecho, la República Bolivariana y la Democracia Participativa. Lo grave es que estos ilusionistas de nuevas realidades disponen del poder institucional para tratar a quienes pongan en duda esas nuevas verdades como traidores de la Patria y terroristas, descargando contra dichos disidentes todo el peso de la ley, las armas y la opinión mayoritaria. Entonces en nombre de sacrosantas, intangibles e imaginarias realidades como la Patria, la Soberanía Nacional, la Justicia, la Democracia, la Libertad, la Seguridad y un largo etcétera, se encarcela, tortura, secuestra, desaparece y asesina a personas de carne y hueso, muy tangibles e insustituibles, pero que carecen de la importancia trascendental de esos inamovibles e intocables valores e instituciones.

Tanto Chávez como Uribe son rehenes de ese nominalismo institucional que legitima sus respectivos proyectos políticos y afianza su protagonismo narcisista, considerándose cada uno predestinado para escribir la historia, como si ella fuera un simple resultado de sus geniales capacidades personales. Ambos padecen una curiosa y peligrosa megalomanía política. Chávez se cree predestinado para liderar la derrota del imperialismo norteamericano, encarnando el Bolívar del siglo XXI y realizando su sueño de una América Latina integrada y poderosa, pero ahora en clave socialista. Por su parte, Uribe se proyecta como una especie de gran patriarca y patriota, predestinado para derrotar el terrorismo, pero confunde a Colombia con el Ubérrimo y reduce la democracia al mercado y la seguridad para las inversiones privadas, siendo por ello su destino vital la derrota de las FARC. No deja de ser un revelador contraste que Uribe sea el anfitrión en el Ubérrimo del presidente de la multinacional norteamericana General Electric, mientras Chávez lo es en Miraflores de Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo, tras su liberación por las FARC.

De allí que para Chávez las FARC y el ELN sean ejércitos con un proyecto político antiimperialista y para Uribe grupos terroristas. Ambos se encuentran situados en las antípodas y la realidad los supera con creces, pues sus ideologizadas visiones y vanidosas personalidades no les permite reconocerla en toda su complejidad y riqueza de matices.

La afinidad política de Chávez con la guerrilla le impide apreciar la degradación criminal en que ella incurre al convertir el secuestro en su principal estrategia de negociación y supervivencia política, y al utilizar el narcotráfico como principal fuente de abastecimiento militar. De otra parte, el odio visceral de Uribe hacia la guerrilla y su afinidad personal con quien la combata, sin deparar mucho en los excesos criminales del paramilitarismo, para quien continúa reclamando un trato político y cuyos cabecillas protege todavía de la extradición, lo debilitan ética y políticamente en su lucha contra el terrorismo y su publicitada política de seguridad democrática. Así es percibido internacionalmente, aunque nacionalmente cuente con cerca del 75% de opinión favorable, para la cual parece haber un narcoterrorismo encomiable (AUC) y otro repudiable (FARC).

De lo anterior se puede concluir que tanto Chávez como Uribe carecen de convicción, coherencia, personalidad y compromiso real con la democracia y sus principios fundamentales: la vida, la libertad, la paz y la deliberación de sus ciudadanos, a quienes consideran una masa de maniobra política y militar de sus respectivos proyectos estratégicos, bajo espejismos como el socialismo del siglo XXI y la seguridad democrática. Lo más grave de lo anterior es que ambos continúan actuando como si fueran protagonistas de la historia, cuando el libreto está siendo definido en otras latitudes. Sus movimientos no son tan autónomos y sus decisiones tan soberanas como afirman. Más parecen alfiles en el ajedrez geoestratégico y militar de Washington contra las FARC, acostumbrado al sacrificio de piezas menores para alcanzar sus objetivos. Poco importa la vida de unos cuantos miles de “peones,” sean ellos rehenes, secuestrados, campesinos, terroristas, guerrilleros beligerantes, soldados colombianos o bolivarianos. El nombre es lo de menos, lo que cuenta es el poder de matar (la guerra) y no el de hacer vivir (la política). No se puede permitir que dicha semántica belicista transforme el imperativo ético y político de la vida y la libertad de todos los rehenes y secuestrados en la hecatombe impredecible de un conflicto internacional, para beneficio de la industria militar norteamericana, los mercaderes y mercenarios de la muerte, todos ellos interesados en la perpetuación de un par de megalómanos en el poder, en lugar de los estadistas y demócratas auténticos que se precisan para superar esta encrucijada histórica.

CALICANTO
(Enero 5 de 2008)
Calicantopinion.blogspot.com

Hernando Llano Ángel.

La parábola de Emmanuel.

Con apenas tres años y medio de vida, Emmanuel encierra en su frágil y maltratado cuerpo los rasgos más dramáticos y degradados de nuestro conflicto, pero también los más vitales, esperanzadores y paradójicos. Rehén de las ansias de vida y libertad de su madre, Clara Rojas, es concebido en cautiverio y nace en primavera (Abril 16), encadenado a una historia de revanchas y odios entre antagonistas sin grandeza, que han reducido la política a una interminable serie de matanzas donde la vida, la libertad y la dignidad humana son una simple pieza de recambio en el juego mortal de la guerra. Una guerra que nos insensibiliza a tal punto que gran número de colombianos son incapaces de reconocer el dolor y la dignidad de las víctimas, al menospreciarlas e insultarlas, como sucede en los casos de Yolanda Pulecio y Clara de Rojas, por ser indeclinables en la liberación de sus seres queridos y permanecer junto a Chávez con quien las FARC tienen ahora una doble deuda de honor.

Un conflicto que tiende a transformar a los verdugos en inocentes y a las víctimas en culpables, como acontece cuando muchos señalan que Ingrid merece su condición por irse a meter en la boca del lobo. Una guerra que tiende a convertir a los criminales de lesa humanidad y narcotraficantes en actores políticos, con el auspicio del propio Presidente Uribe y su promovida ley de “Justicia y paz”, que en varias ocasiones ha defendido en contravía de los pronunciamientos de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. En fin, una guerra que nos degrada a todos cada día más, pues con nuestra indolencia y pasividad nos convertimos en cómplices, cuando no en instigadores irresponsables de la misma al recordar y odiar con intensidad los crímenes de las FARC y al olvidar y perdonar con facilidad los crímenes de las AUC. Una guerra que jamás podrá terminar hasta que tomemos conciencia y reconozcamos plenamente nuestra responsabilidad personal y social en su continuidad y progresiva depravación.

De alguna manera esa es la parábola de Emmanuel, pues en medio de las atrocidades de esta pervertida guerra y las presiones políticas nacionales e internacionales, donde hay que reconocer la función catalizadora de la mediación de la senadora Piedad Córdoba y del Presidente Hugo Chávez, las FARC no tuvieron otra opción que prometer la liberación de Clara Rojas, la ex Senadora Consuelo González de Perdomo y el pequeño Emmanuel. Pero Emmanuel, además de ser hijo de Clara Rojas es un sobreviviente de la guerra y, paradójicamente, sus crueles avatares lo pusieron a salvo, al ser dejado en custodia por las FARC en Guaviare al mecánico José Gómez y éste entregarlo al ICBF por su grave estado de desnutrición y precaria salud.

Su nombre ahora cobra un significado más terrenal que celestial: es la vida y la libertad entre nosotros, a la espera de su madre, Clara Rojas, quien debe ser prontamente liberada. Sin duda, el llanto y la alegría de Emmanuel reclaman con urgencia su presencia. Emmanuel es ahora el cordón umbilical que ata a la vida a su madre y la puede liberar del laberinto del secuestro. Con sus inocentes y frágiles años ha sobrevivido a la crueldad y las mentiras de las FARC tanto como a la desidia presidencial, que sólo tuvo conocimiento de su vida e identidad cuando ésta cobró valor político. Entonces dejó de ser el anónimo Juan David Gómez Tapiero para convertirse en el predestinado Emmanuel.

Pero sucede que en condiciones similares, según el ICBF, viven cerca de 15.853 niños en Colombia y con pocas posibilidades de tener la nueva vida que va a iniciar Emmanuel, rodeado del afecto y las seguridades que le brindarán su abuela materna y demás familiares, mientras se reencuentra con su insustituible madre. Según UNICEF, “entre 10.000 y 13.000 menores han sido reclutados por grupos armados ilegales. Hay cerca de 2.000.000 de niños desplazados por la violencia. Entre 1990 y 2007 fueron víctimas de minas antipersona 449 menores de edad y 149 murieron”. Una cantera inagotable para nuevas guerras y revanchas. El representante de UNICEF en Colombia, Paul Martin, denunció que “21.000 niños mueren al año en el país por causas prevenibles como la desnutrición y no tener acceso a sistemas de salud o agua potable.[1]” Pero además de dicha violencia estructural y mortal, está la violencia intrafamiliar, que aunque menos letal es mucho más indignante y humanamente superable. Elvira Forero, directora del ICBF, informa que los “casos de maltrato infantil han crecido en los últimos 4 años. En el 2004 se registraron 36.000 denuncias, en el 2005, 47.979; en el 2006, 54.310; entre enero y abril de 2007 ya iban 23.5000”. También una cantera apreciable para grupos armados ilegales y potenciales vengadores de una infancia ultrajada y secuestrada, precisamente por quienes deberían protegerla y estimular su sano crecimiento.

De manera, pues, que la inhumanidad, crueldad y mentiras no son exclusivas de los grupos armados ilegales, sino también de numerosas familias donde crecen miles de “Emmanueles” en oprobiosa libertad. Por todo ello, la parábola de Emmanuel no es personal sino social, como también sucede con las causas y el entorno de nuestro degradado conflicto armado, ya no sólo de carácter doméstico sino también internacional o “inteméstico”, tanto en su profunda degradación belicista como en su urgente humanización política, con la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja para evitar otro desenlace fatal como el de los once diputados de la Asamblea del Valle.

Tal es la histórica responsabilidad del presidente Uribe y de Marulanda, pues si continúan empecinados en la utilización y manipulación política y militar de los rehenes, serán inferiores al imperativo humanitario que les exige la comunidad internacional y la sensibilidad humana: su vida y libertad. De persistir cada uno en la obsesión belicista de vencer y humillar al contrario, no habrá operación humanitaria sino otro rescate funerario. Entonces ambos podrán reclamar ante toda la humanidad y la posteridad la victoria de la muerte sobre la vida y la libertad de los rehenes. Se cubrirán de vergüenza y soberbia, en lugar de gloria y humanidad, cada uno responsabilizando al otro de lo ocurrido. Su comportamiento será más propio de criminales que de combatientes y no podrán eludir su responsabilidad frente a la eventual acción de la justicia penal internacional y el perenne juicio de la humanidad.

[1] - El Tiempo, Jueves 3 de Enero 2008, página 1-4 Nación.

CALICANTO
(calicantopinion.blogspot.com)
Diciembre 7de 2007

Navidad del 2007: Entre el terror rojo y el horror blanco.

Hernando Llano Ángel.

En medio de la desolación y la crueldad que agobia sin tregua a todos los rehenes y secuestrados en poder de las FARC y el ELN, la carta de vida y agonía de Ingrid Betancourt es un testimonio de dignidad y sensibilidad que nos increpa a todos sobre el sentido de nuestra humanidad y la propia dimensión de la realidad en que vivimos. Su figura en el video, casi espectral y silente, contrasta cruelmente con los símbolos de nuestra navidad y sus grotescas muecas de felicidad. El jolgorio callejero de las mil rumbas navideñas no podrá acallar el rotundo silencio de Ingrid, más cercano al duelo de la muerte que al palpitar de la vida. Tampoco los millones de bombillas de nuestras ciudades podrán disipar las tinieblas de la selva y filtrar su luz multicolor por la manigua que devora las ansias de vida y libertad de todos los cautivos. Todo parece indicar que pasarán un año más sin libertad, sin luz y sin navidad, porque sus secuestradores les han robado hasta el tiempo. Han convertido sus vidas en una agonía interminable de días y noches indescifrables.

También nosotros hemos ido perdiendo la dimensión humana del tiempo. Pero sobre todo quienes pretenden ser protagonistas de la historia y actúan en el presente como antagonistas de la vida. Para empezar, los comandantes de las FARC, refugiados en la selva desde hace casi medio siglo y los dirigentes del Establishment, apertrechados desde toda la vida en sus mansiones e instituciones, rehenes de sus convicciones y privilegios mortales, extraviados en laberintos de discriminación, odio y codicia. Ambos han perdido el sentido de la vida y de la historia. Tal es el caso de Marulanda, que se ufana de ser el guerrillero más viejo del mundo, en lugar de sentirse avergonzado por semejante anacronismo e incompetencia militar. Pero también del presidente Uribe, que reclama como un autista la soberanía de un territorio sobre el cual se enseñorea la muerte y la impunidad, como lo atestiguan más de tres millones de desplazados. Un territorio que ordena fumigar con glifosato y bombardear sin descanso, todo ello en nombre de la “seguridad democrática”, la lucha contra el terrorismo, el crecimiento de las inversiones y la estabilidad macroeconómica. Un territorio “reordenado” por la violencia paramilitar, sembrado de tumbas y fosas comunes, que colinda con minas antipersona y cambuches de secuestrados. En fin, un campo tan portentoso en biodiversidad como ignominioso para la dignidad humana; tan fértil y extenso como inseguro e injusto para sus ancestrales moradores: indígenas, campesinos y comunidades negras.

Por todo lo anterior, ya es hora de que dichos antagonistas de la vida y la historia, reconozcan que el tiempo militar corre en su contra y a favor de la muerte. Es hora de que las FARC reconozcan que el reloj del tiempo político se les agota aceleradamente, porque cada minuto que niegan de la libertad presente les será cobrado y descontado con creces en el futuro. Aquellos que niegan hoy en la selva la libertad política, difícilmente podrán mañana reclamar el apoyo político en las urnas. Todo liberticida se inhabilita ética y políticamente, como parece empezarlo a comprender en forma extemporánea el ELN, y todavía no logra comprenderlo el presidente Uribe, cuando persiste en el rescate militar como una opción y es incapaz de desbrozar el terreno para un acuerdo humanitario. Pero especialmente cuando se enfrenta a la Corte Suprema de Justicia y arremete contra los magistrados de la sala penal en defensa de los comandantes paramilitares, porque estos no son reconocidos como delincuentes políticos por dichos magistrados. Al respecto, es necesario decir que frente al liberticidio cometido por las FARC y el ELN, los comandantes de las AUC los superan en horror y cinismo, pues el propio Salvatore Mancuso reconoció en entrevista con Natalia Springer que: “No teníamos secuestrados; los retenidos fueron dados de baja en su mayoría”.

Retenidos que superaban el número de 550 personas, según los registros de “País Libre”, la Fundación contra el secuestro auspiciada por el hoy Vicepresidente Francisco Santos. Semejante horror blanco, ordenado en nombre de la defensa del statu quo por Mancuso y sus copartidarios, no aparece registrado en la gran prensa y sus familiares sobrevivientes han desaparecido de las cámaras, pantallas de televisión y emisoras, como si fueran más fantasmales que sus seres queridos secuestrados, asesinados y desaparecidos. Ni que hablar de la presencia y recuerdo de más de 550 “retenidos” en la frágil memoria de los cientos de miles de buenos ciudadanos que sólo se escandalizan y se movilizan por las víctimas del terror rojo de la guerrilla. Para dichas anónimas víctimas, sus mentes y corazones están en blanco, como la buena conciencia de quienes los asesinaron en nombre de la patria y en su cruzada contra el terrorismo comunista.

Ante una situación tan degradante, sería algo peor que el horror encender hoy las velas de la esperanza sólo por las víctimas del secuestro y condenar al olvido y a la indolencia de la impunidad a las miles de víctimas de las AUC, cuyo asesinato y desaparición sistemática ha sido reconocida por sus ejecutores intelectuales y materiales. Los familiares de estas víctimas no deberían pasar otra navidad sin conocer la verdad sobre el destino de sus seres amados. ¿Por qué fueron “retenidos”, asesinados y desaparecidos? ¿Dónde están sus restos?

No debería haber navidad sin libertad y verdad, pero como nos preciamos de ser el país más feliz del mundo, no dejaremos de celebrar y brindar. Sin vergüenza y mucho menos sentimientos de culpa, pues hay que levantar las copas y reconocer los logros de este gobierno, que nos ha proporcionado tanta prosperidad y seguridad. Sin duda, somos un país de tierras ubérrimas y gente buena. ¡Feliz Navidad!

CALICANTO

(calicantopinion.blogspot.com)
Noviembre 27 de 2007

Del acuerdo humanitario a la hecatombe interna-cional

Hernando Llano Ángel

Más que decepcionante para los secuestrados y sus familiares, ha sido vergonzosa y deplorable la forma como los presidentes Uribe y Chávez pusieron fin al esperanzador proceso de mediación para superar la ignominia del secuestro que con fines políticos práctica las FARC. Ignominia que en forma astuta y cínica utiliza las FARC, con desprecio de todo principio de humanidad y de las normas básicas del DIH, al ser incapaz de cumplir con la mínima exigencia de aportar pruebas de vida de los rehenes en su poder. Por eso, en medio de esta tragicomedia internacional, conviene no olvidar que el secuestro, como la desaparición forzada y las ejecuciones sumarias, marcan el punto muerto de la política. Porque desde el momento en que se priva de la libertad a quienes la ejercen democráticamente, como Ingrid Betancourt y sus demás colegas en cautiverio, muere la política. De lo que se trata, entonces, es de liberarlos, para que viva la política y será únicamente a través de la política que se los pueda rescatar con vida, ya que en el azar de un operativo militar no se puede excluir la posibilidad de un desenlace fatal. Un desenlace como el que trágicamente recordamos desde hace 22 años, cuando Belisario Betancur, pletórico de razones de Estado, decapitó a la Corte Suprema de Justicia para salvar esta peculiar democracia que inmola a sus mejores magistrados.

Pero, pese a esa trágica lección, todavía predomina la obstinación de los guerreros y su obsesión por humillar o derrotar al contrario –siempre el único responsable de lo acontecido— pues hoy, como ayer, ambos antagonistas, Uribe y Marulanda, son incapaces de reconocer su cuota de responsabilidad en la degradación del actual conflicto y la suerte de los rehenes. Si los rehenes mueren, toda la responsabilidad recaerá en el otro, que es un desalmado terrorista dedicado al secuestro o un prepotente fascista empecinado en la guerra. Lo más grave es que esta lógica binaria y maniqueísta, donde siempre habrá héroes y villanos, la han asumido ahora Uribe y Chávez, comportándose como caudillos de hordas, ávidos de aplausos y del reconocimiento incondicional de sus seguidores. Y todo ello en nombre de grandilocuentes valores y palabras como la verdad, la democracia, la soberanía y la dignidad de la Patria, que sólo reflejan su inmensa megalomanía de narcisos del poder y su irresponsabilidad frente a la vida de los rehenes y la angustia de sus familiares. Ambos carecen de la sensatez que es propia de políticos responsables y de auténticos estadistas, comprometidos en primer lugar con la vida y la libertad de sus ciudadanos, antes que en proclamar victorias personales o imponer sus proyectos políticos, bajo la retórica vacua de la “seguridad democrática” o el “socialismo del siglo XXI”.


Sin duda, quedaron desnudos y mostraron ante el mundo que no están a la altura de los desafíos de la historia y de las demandas básicas de sus pueblos: paz, vida, justicia y libertad. Han pasado de ser los protagonistas de un frustrado acuerdo humanitario a desempeñar el papel de cómicos de una opereta que pueden convertir en una hecatombe interna-cional. ¿Por qué terminaron representando tan patético papel? Ante todo, porque Uribe y Chávez, al igual que las FARC, tratan a los rehenes como piezas de sus respectivos proyectos políticos y militares, subordinando lo humanitario al logro de sus particulares objetivos.

Uribe quiere la libertad de todos los políticos secuestrados, pero primero la humillación y el procesamiento de los terroristas, cuando no su aniquilación física. Por eso el único lugar que encuentra adecuado para hablar con Marulanda es ante la Fiscalía, si es que antes de empezar a confesar sus crímenes, el ejército no le ha pegado una matada, como espera el Presidente que suceda más temprano que tarde. De allí que le reclame airadamente a Chávez que no haya “mediado contra el terrorismo” y tampoco condenado a las FARC por sus acciones terroristas. Obviamente ningún mediador puede ser un fustigador de la contraparte y al mismo tiempo un aliado de quien lo ha designado como tal. De otro lado, el Gobierno exige a las FARC pruebas de supervivencia de los rehenes, pero no cesa de insistir y ordenar a la Fuerza Pública y a todos los organismos de inteligencia que su obligación es rescatar a los secuestrados, pues no cree en la palabra de los terroristas. Incluso solicita ayuda internacional en tecnología y entrenamiento de grupos de asalto con tal fin. Así las cosas, las pruebas de supervivencia se pueden trocar en señuelos de muerte. La consecuencia de esta lógica belicista no puede ser otra que el silencio de la selva y el estruendo de las armas. Nunca la palabra y mucho menos el acuerdo.

Por su parte, Chávez, obnubilado en su protagonismo narcisista, se convierte de mediador en pacificador, y arrastrado por la afinidad de las FARC con su mito Bolivariano y el “socialismo del siglo XXI”, las rehabilita internacionalmente como protagonistas políticos con quienes se puede hacer la paz, sin que antes le hayan cumplido siquiera con las pruebas de vida que prometieron entregarle. Ante semejante escenario, no faltaba más que un buen pretexto para dar por terminada su mediación, y nada mejor que su inoportuna e inocua llamada al General Montoya. Entonces pasamos del fracaso de una mediación uribizada a unas relaciones internacionales deschavetadas, donde todos podemos perder mucho, empezando por los secuestrados, y sólo pueden ganar los interesados en la guerra y la muerte, que vitorean irreflexivamente las “dignas actitudes” de sus gobernantes que más parecen gamberros de barrio que jefes de Estado.

Para evitar una hecatombe interna-cional se requiere con urgencia una mediación diplomática profesional, que quizá solo puede provenir de las Naciones Unidas, o de los buenos oficios de quienes han dado ejemplo de ser auténticos constructores de paz y jefes de Estado, como el Arzobispo Desmond Tutu y el Ex Presidente Nelson Mandela, quienes se ofrecieron voluntariamente en el Coloquio de Justicia Restaurativa y Paz en Colombia, realizado en Febrero del 2005 en nuestro Campus de la Javeriana de Cali.

CALICANTO
(calicantopinion.blogspot.com)
Noviembre 12 de 2007

Uribe y Marulanda: Los inamovibles de la hecatombe nacional.

Hernando Llano Ángel.

La política es movimiento. No conoce el reposo, aunque no falta quienes añoren su anquilosamiento y quieran convertirla en un lago de aguas tranquilas, donde naveguen sin sobresalto sus naves y sus intereses siempre estén a salvo. Incluso hay quienes van más lejos y pretenden erigirse en guardacostas y vigías de la política, definiendo las rutas y fijando los horizontes a todos los navegantes que se atreven en sus abiertas, profundas y procelosas aguas. Estos vigías y adelantados navegantes llegan al extremo de decidir, previo asalto de las naves y captura de su tripulación, quienes pueden surcar el inescrutable mar de la política y quienes no pueden hacerlo. Convierten así la política en una cruenta y degradada batalla naval, en lugar de reconocer que ella siempre será una travesía más o menos incierta por un mar agitado, infestado de intereses, navegantes y piratas, en busca de un puerto seguro.

Sin duda, la primera ha sido la concepción y la práctica de la política que ha predominado en nuestra historia. Por ello han sido más frecuentes los piratas y corsarios del interés público, antes que los auténticos capitanes, promotores y defensores del mismo. Se han hecho al mando de la nave del Estado los expertos en escribir e interpretar las cartas de navegación en beneficio de su más selecta tripulación, marginando a las galeras de los trabajos forzados a la mayoría de sus pasajeros. Así sucedió durante la larga y casi inconclusa travesía del frente nacional. Y lamentablemente volvió a repetirse, aunque esta vez con más protagonistas y en medio de una terrible tormenta, durante el proceso constituyente de 1991.

A partir de entonces la nave estatal se ha encontrado a punto de naufragar, resistiendo furiosos embates de la derecha y la izquierda, porque ella nunca fue diseñada y mucho menos construida en un astillero de cobertura nacional, aunque la Asamblea Nacional Constituyente parecía serlo. Pero el presidente Gaviria y la mayoría de los delegatarios no tuvieron en cuenta que para empezar a navegar por el incierto mar de la democracia hay que contar con todos los potenciales navegantes, pues aquellos que no participan en el diseño de la nave estatal y de su carta de navegación, suelen dedicarse al pillaje y sabotaje propio de los piratas y filibusteros que infestan el mar de asaltos y secuestros. Así aconteció con las FARC y el ELN en el proceso constituyente, abortado por las presiones del narcoterrorismo de Pablo Escobar, que logró su cometido de pirata mayor (la prohibición constitucional de la extradición), y por el hegemonismo triunfante de una concepción de la democracia reducida al mercado, levantada apresuradamente sobre las ruinas del muro de Berlín. Pero hoy esa concepción de democracia mercantil, que pretendió sustituir al ciudadano por el consumidor, está naufragando en el espejismo de una globalización que profundiza las desigualdades y la desintegración social.

Por eso la XVII cumbre de Jefes de Estado Iberoamericanos, clausurada abruptamente en medio de voces estridentes y la impostura monárquica, fue dedicada a la integración social. Porque sólo con integración social puede existir la democracia, ya que el mercado dejado a la lógica de sus beneficiarios produce mayor desintegración y confrontación social. Y dicha integración sólo puede propiciarla la política, escuchando y atendiendo todas las voces e intereses. Sin acallar a nadie, estigmatizar al adversario o anunciar hecatombes. Sin fijar condiciones inamovibles, como lo hacen Uribe y Marulanda, que sepultan así la política en el campo de la guerra y la ignominia del secuestro. Por eso se han convertido en los inamovibles de la política nacional, obcecados en la confrontación militar y social, antes que en integración que promueve toda auténtica democracia. Ambos son incapaces de reconocer que la política es movimiento, libertad y vida. Que ella nunca va a responder en forma fiel y cabal a la inmovilidad de sus aspiraciones. Ni siempre puede garantizar el triunfo de sus candidatos favoritos, como Peñalosa en la capital. No será ese paisaje de palmas africanas que sueña Uribe para gran parte de la geografía nacional, como si se tratara de una heredad familiar. Tampoco será la revancha sin límites del campesinado marginado y humillado contra la prepotencia de latifundistas y oligarcas inamovibles, como sueña Marulanda.

Tendrá que ser una tierra ancha y fértil que permita sembrar y cosechar todos los sueños. Un mar abierto, con olas más o menos tormentosas, donde pueda navegar desde la más humilde chalupa hasta la más moderna y potente nave. Ambas con derecho indeclinable a sus riquezas, sin mezquindad ni avaricia que impida a cualquier navegante imaginar y gozar de infinitos horizontes, donde todos los días nace y se oculta el sol, sin que algún escollo inamovible le permita navegar, vivir y prosperar en libertad hasta alcanzar el puerto anhelado de una paz con derecho a la verdad, la justicia y la dignidad. Una paz democrática que todos y todas merecemos, sin resignarnos a los inamovibles de la política nacional que nos han conducido a la actual hecatombe política e institucional, supuestamente en nombre de la “seguridad democrática” y la “justicia social”.

CALICANTO
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(Octubre 14 de 2007)

Hernando Llano Ángel.

La Parapolítica: paradojas de la política y la justicia.

El signo distintivo de la política nacional es la parapolítica, expresión de una tensión histórica entre la política y la justicia, que ha terminado por ser irreconciliable e insuperable. Una paradoja de marca mayor, pues ninguna sociedad puede sobrevivir decentemente cuando la política niega a la justicia y la justicia procesa a la política como una actividad criminal. Es la paradoja de un conflicto lacerante e inmemorial, que hoy se nos representa como una disputa mediática entre el Presidente y la Corte Suprema de Justicia. Una disputa que se desenvuelve en múltiples escenarios y tiene muchos actores protagónicos. El entramado judicial es uno de esos escenarios, pero no es el más importante, aunque así pretenda proyectarlo el presidente Uribe con su fiscal ventrílocuo y el corifeo de medios de comunicación que hacen resonar sus destempladas y disonantes voces. Como es frecuente, cuando se trata de asuntos de poder y verdad, el principal escenario es la arena política.

Un escenario polifónico por esencia, donde se expresan y pueden escuchar muchas voces, no sólo las de aquellos que quieren imponer una melodía oficial. Un escenario donde se escuchan desde las voces comunes de la calle hasta las encumbradas de los estrados judiciales. Desde las voces de los delincuentes comunes hasta las de sus defensores oficiales. Sólo que en esta ocasión parece haber una yuxtaposición entre el escenario político y el judicial, sin que ello signifique una subordinación y mucho menos una fusión, que termine por escamotear el conocimiento de la verdad y la justicia. Así, por ejemplo, la reciente condena de Santofimio a 24 años de cárcel por su papel determinante en el magnicidio de Luís Carlos Galán, viene a probar, 18 años después, la verdad política de la simbiosis criminal entre el dirigente liberal y Pablo Escobar, como capo que incursionó con relativo éxito en la política para eliminar la extradición de nuestro ordenamiento constitucional. Hay, pues, un desfase y una asincronía considerable entre la verdad política y la judicial.

Asincronía que ha intentado disminuir la sala penal de la Corte Suprema de Justicia en forma admirable y diligente, procesando a quienes han conquistado sus cargos de representación y poder político gracias a la simbiosis criminal con los grupos paramilitares y el narcotráfico. Simbiosis de la que objetivamente se ha beneficiado y servido el presidente Uribe en el Congreso, solicitándole a sus Senadores y Representantes que voten sus proyectos de ley antes de ser procesados por la Corte, como también mediante la aprobación de trascendentales normas, tales como el Acto Legislativo de la reelección presidencial inmediata, y la benevolente ley de Justicia y Paz para criminales de lesa humanidad y narcotraficantes camuflados de comandantes paramilitares. Simbiosis de la política con el crimen, que el mismo Uribe ha defendido, al criticar en forma vehemente a la Corte Suprema de Justicia, cuando él mismo promovió y defendió por los medios de comunicación el reconocimiento de los comandantes de las autodefensas como delincuentes políticos, en contravía de la sentencia de la Corte que los calificó como delincuentes comunes. Así las cosas, tanto objetiva como subjetivamente, el Presidente contemporiza con la alianza entre la política y el crimen. Por eso, resulta patético su desafío a la Corte Suprema de Justicia, acusándola de fraguar un complot contra su majestad, emplazándola ante la opinión pública nacional e internacional para que demuestre que el Presidente es o no un asesino.

Semejante desafío equivale a probar judicialmente que el ex presidente Belisario Betancur es culpable de las desapariciones, torturas y ejecuciones sumarias cometidas por miembros de la Fuerza Pública en la retoma del Palacio de Justicia. También es equiparable a demostrar judicialmente que el ex presidente Samper recibió la generosa financiación del narcotráfico en la segunda vuelta de su campaña presidencial. Desde luego, carece de sentido probar judicialmente la culpabilidad de los ex presidentes, pues se trata de procesos políticos en los que hoy nadie duda de su absoluta responsabilidad política, aunque ambos disfruten de la más vergonzosa y cínica impunidad social. Salvo que en el caso de Betancur, al día siguiente de la hecatombe de la Justicia, éste asumió públicamente toda la responsabilidad política de lo acontecido, mientras Samper continúa en forma ladina negando su responsabilidad política en la financiación de su campaña. Pero mucho más comprometida e inadmisible es la causa del presidente Uribe, pues pretende eludir totalmente su responsabilidad en el auge y el ascenso vertiginoso del crimen en la política nacional, regional y local. Por eso ahora quiere trasladar su responsabilidad política al terreno de la culpabilidad penal. Sabe muy bien, como el ex presiente Samper, de quien fue su aprendiz político en tiempos de “Poder Popular”, que en los estrados judiciales nada se le puede probar.

Sin duda, el presidente Uribe no es culpable de crimen alguno, pero es responsable de la simbiosis entre la política y el crimen. Una forma muy simple de demostrar lo contrario, sería que desistiera de los apoyos políticos que siempre le han brindado quienes están hoy procesados como parapolíticos y de su obsesión personal por convertir en delincuentes políticos a criminales de lesa humanidad y narcotraficantes, que en forma selectiva y discrecional hoy protege de la extradición, sin que los motivos sean del todo claros. Pero ello es ya imposible, pues no se puede negar el pasado, tampoco los lazos políticos y de sangre con su primo Mario Uribe y mucho menos el transito de Salvatore Mancuso de las “civilistas” cooperativas de seguridad “Convivir”, que con tanto entusiasmo promovió durante su gobernación en Antioquia, a las criminales filas del paramilitarismo. En todos los anteriores eventos hay tanta responsabilidad política de Uribe como ausencia de culpabilidad penal.

La responsabilidad política es un hecho público que no precisa pruebas, porque ellas están a la vista, apreciación y el juicio de todos, como ciudadanos que somos. La segunda es consecuencia de un proceso penal, de índole estrictamente personal, que requiere pruebas y sólo los jueces son competentes para apreciar y fallar. Por eso, no está de más recordar que los juicios de responsabilidad política los pronunciamos los ciudadanos cuando votamos, mientras que los judiciales corresponden sólo a los jueces mediante sentencias. No le pidamos, entonces, a la Corte Suprema de Justicia lo que no le corresponde y asumamos como ciudadanos la responsabilidad política que tenemos en las elecciones del próximo 28 de Octubre. Seamos conscientes que en estas elecciones regionales y locales, con nuestro voto, podemos derrotar o afianzar esa simbiosis entre el crimen y la política, que hoy se camufla bajo las más insospechadas formas y candidaturas, que ocultan una alianza sempiterna entre privilegios sociales con criminales privilegiados, poco importa que sean plebeyos o patricios. Pero ahora tenemos poder de veto, pues si el voto en blanco supera la mitad más uno de los votos válidos, tendrá que repetirse la elección con otros candidatos. Con dicho instrumento y nuestra conciencia podremos depurar la política de sus nexos con intereses criminales, bien sea los emergentes o los de cuello blanco, que abundan en tantas regiones del país. El voto blanco parece ser la opción más ética y política en muchas ciudades y departamentos, como lamentablemente sucede en Cali y el Valle del Cauca, donde los tres candidatos favoritos, más allá de sus condiciones y calidades personales que avalan en distinto grado sus aspiraciones, son rehenes de intereses y entornos plagados de turbios personajes con antecedentes penales y criminales.

CALICANTO
(Septiembre 30 de 2007)
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Elecciones regionales: entre tumbas y urnas.

Hernando Llano Ángel.

Las elecciones del próximo 28 de Octubre serán cruciales, pues en ellas decidiremos el tipo de fuerzas e intereses que gobernarán regional y localmente en Colombia. Una definición que se dará en un contexto enrarecido, entre tumbas y urnas, por el enorme influjo de poderes de facto que, a diestra y siniestra, recurren desde el asesinato y las amenazas, pasando por la generosa financiación de candidatos, hasta la sutil utilización de la ingenuidad ciudadana, cuando reclaman miles de firmas para respaldar supuestos candidatos cívicos e independientes, que camuflan así su origen partidista y el pasado más o menos turbio o castaño de sus patrocinadores, como sucede en el Valle del Cauca.

En otras palabras, la combinación de todas las tácticas y formas de lucha, para hacer pasar como elecciones democráticas intachables unos comicios aquejados de insuperables vicios de ilegitimidad e ilegalidad, según sea la región donde se realicen. Por ello la Misión de Observación Electoral (MOE) advierte, en su mapa de riesgo electoral por violencia, que cerca de 567 municipios tienen algún riesgo, de los cuales 237 se encuentran en riesgo extremo, 175 en riesgo alto y 164 en riesgo medio. Dichos vicios y riegos no son imputables exclusivamente a este gobierno de la “seguridad democrática”, pues su origen y existencia es estructural e histórica. Se podría afirmar que son las verdaderas señales de identidad de nuestra “ejemplar y estable democracia”, que se ufana de celebrar ininterrumpidamente elecciones desde 1957, bajo la égida de los más criminales o insospechados poderes de facto. Por eso no merece el título de democracia, sino de régimen electofáctico, pues la ciudadanía termina validando, sin mayor conciencia, dichos poderes de facto y su enorme capacidad de intimidación o mimetización partidista o cívica.

Sólo que bajo la divisa de la transparencia y su denodada lucha contra la corrupción y la politiquería --según lo afirma el asesor presidencial de cabecera, José Obdulio Gaviria-- este gobierno ha develado que en las elecciones de los últimos cinco años han sido determinantes los apoyos y patrocinios de los grupos paramilitares. Así lo ha venido probando judicialmente la sala penal de la Corte Suprema de Justicia al tener más de 40 honorables congresistas investigados por sus presuntos vínculos con los grupos paramilitares. Seguramente por ello el presidente Uribe insiste con tanta vehemencia ante dichos magistrados que deben reconocer a los paramilitares como delincuentes políticos, sediciosos exactamente, y no juzgarlos por sus actos como criminales de lesa humanidad y narcotraficantes. En efecto, las últimas elecciones parece que se hubieran decidido más en las tumbas que en las urnas, pues se calcula nacionalmente en cerca de 10.000 las víctimas de los paramilitares sediciosos. Pero también se decidieron en las urnas, como acontece en las democracias, aunque en nuestro caso con la pequeña diferencia de no haber sido libremente y en forma competitiva, como sucedió en muchas regiones del país en el 2003. Por eso hoy, como lo señala el número 1.326 de la revista Semana en circulación: “la mayoría de la dirigencia política tradicional de los departamentos de Cesar, Sucre, Magdalena y Córdoba está sub-júdice”. No gratuitamente los Gobernadores de Cesar y Magdalena, electos como candidatos únicos en el 2003, están hoy presos por sus vínculos con los grupos paramilitares, pues éstos no permitieron que Trino Luna, en el Magdalena, y Hernando Molina, en Cesar, tuvieran inoportunos adversarios. Sin duda, vencieron en las urnas, pero no convencieron a los magistrados en cuanto a la legitimidad y legalidad de sus victorias electorales.

En aquellas elecciones, José Vicente Castaño, el estratega de las AUC, reconocía las buenas relaciones con los políticos: “Hay una amistad con los políticos en las zonas donde operamos. Hay relaciones directas entre los comandantes y los políticos y se forman alianzas que son innegables. Las autodefensas les dan consejos a muchos de ellos y hay comandantes que tienen sus amigos candidatos a las corporaciones y a las alcaldías,” y daba las siguientes instrucciones a sus hombres: ““Tratar de aumentar nuestros amigos políticos sin importar el partido a que pertenezcan.”[1] Ahora sabemos, con nombres propios, como se cumplieron al píe de la letra las recomendaciones.

Pero hoy el panorama es más sombrío, pues las FARC tienen una presencia intimidante en 367 municipios, los nuevos grupos emergentes en 99 (“Águilas Negras”, al parecer al mando de José Vicente Castaño) y el ELN en 65. Por todo lo anterior, ya han sido asesinados 68 candidatos y se han cometido 37 atentados, 20 más que en el 2003, a pesar del éxito de la “seguridad democrática”, como lo pregonaba la semana pasada el presidente Uribe en su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Sin duda, tiene razón el Presidente cuando habla de que tenemos una democracia profunda, pues las tumbas aumentan cada día, como lamentablemente lo constatamos en el Valle del Cauca con el asesinato de los 11 diputados en poder de las FARC. Su periplo vital fue de las urnas a las tumbas. Democracia profunda: aquella que se debate entre tumbas y urnas, podría ser el aporte de José Obdulio Gaviria a la ciencia política y del presidente Uribe a la historia colombiana, si ambos persisten en negar la grave crisis política en que vivimos y creen poder superarla por la vía militar, la ilusión mediática del fin del paramilitarismo y el éxito de la seguridad democrática.


[1] - Revista Semana, edición número 1.205, Junio 6 a 13 de 2005, página 34.

CALICANTO
(calicantopinion.blogspot.com)
Septiembre 16 de 2007

Política: entre la palabra, la sangre, la memoria y el olvido.

Hernando Llano Ángel.

La política es siempre una tensión inextinguible e inestable entre la palabra y la sangre. La memoria y el olvido. Entre el discurso persuasivo y la violencia arbitraria. Entre el derecho, como dique frágil que intenta contener y regular la fuerza bruta de orden personal o la violencia organizada de carácter colectivo, desplegada como un ejercicio arrasador de identidades plurales y de intereses en conflicto. De allí que la vida social y la dignidad de cada persona dependan, esencialmente, de la forma como se relacionen y articulen la palabra y la violencia; de la contingente conjugación en el presente de la memoria y el olvido.

Por eso en la vida política y académica las controversias en este campo son vitales, trascendentales y perennes. Dicha controversia se ha puesto de presente, una vez más, en el ataque maniqueísta del asesor presidencial José Obdulio Gaviria contra el profesor Oscar Mejía Quintana, al acusarlo de promover y justificar ante sus alumnos de la Universidad Nacional la combinación de todas las formas de lucha. Sólo cabe en una mente obtusa y obnubilada por el poder, como parece suceder con la de José Obdulio Gaviria –que niega la existencia de un conflicto armado interno en nuestro país- semejante cargo contra un académico que reflexiona sobre las complejas relaciones entre la violencia y la política en la filosofía liberal.

Pero ahora dicha polémica ha saltado del mundo académico de las ideas al campo cenagoso de la política y de la contienda electoral. Han sido las FARC, protagonistas de la política escrita con sangre y fuego, de memoria implacable con sus enemigos y olvido deliberado de sus víctimas, a través de Raúl Reyes y su declaración de simpatía por el avance electoral del Polo Democrático Alternativo, quien ha desatado una intensa controversia entre Carlos Gaviria y Gustavo Petro. Pero antes del torbellino interno en que se debate el Polo y parece naufragar la cordura, hizo su aparición oportunista y farisaica el presidente Uribe, condenando la intervención de las FARC en política electoral y sindicando ladinamente al Polo de un supuesto aprovechamiento de la misma en los próximos comicios. Tanto escrúpulo ético y político se echa de menos en el presidente, cuando no rechaza con igual firmeza el apoyo de todos aquellos congresistas y parapolíticos que han consolidado su segundo mandato, pues fue gracias a su entusiasta votación de la reelección presidencial inmediata, que hoy Uribe despacha desde la Casa de Nariño. Y también fue gracias a los votos de conspicuos uribistas, hoy presos por concierto agravado para delinquir, como Miguel Alfonso de la Espriella, Vicente Blel Saad, Luís Eduardo Vives Lacouture, entre muchos otros, que se aprobó la ley de Justicia y Paz. Esa norma paracriminal, escrita a muchas manos entre el Gobierno, el actual Fiscal General y los “paras”, que casi se convierte en una coartada perfecta para alcanzar la impunidad bajo el falso ropaje de la justicia restaurativa y la reconciliación nacional, de no haber sido por los fallos de la Corte Constitucional y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

De manera, pues, que en el arte de combinar todas las formas de lucha el presidente Uribe es un discípulo aventajado de tantos maestros en dicha táctica, ejercida a diestra y siniestra por conservadores y liberales durante las nueve grandes guerras civiles que tuvimos en el siglo XIX y la horripilante Violencia del siglo pasado. Para no hablar de la cínica civilidad del frente nacional, revestida de sangre de los píes a la cabeza, que en nombre de ciudadanos incautos selló un pacto histórico de impunidad. Aquella pléyade de supuestos demócratas que llamaron golpe de opinión a la utilización del poder militar en cabeza del General Gustavo Rojas Pinilla, con la vana ilusión de sembrar la paz en la memoria y los corazones de las futuras generaciones. Para ello decretaron el olvido de sus crímenes y borraron de la historia la memoria de sus víctimas.

Bien lo dice García Márquez: “Nos han escrito y oficializado una versión complaciente de la historia, hecha más para esconder que para clarificar, en la cual se perpetúan vicios originales, se ganan batallas que nunca se dieron y se sacralizan glorias que nunca merecimos. Pues nos complacemos en el ensueño de que la historia no se parezca a la Colombia en que vivimos, sino que Colombia termine por parecerse a su historia escrita”[1]. No es cierto, entonces, que la combinación de las formas de lucha sea una invención del Partido Comunista y de su sempiterno Secretario General, Gilberto Vieira, ahora profundizada y perfeccionada por las FARC y los paramilitares. No. Esa táctica es tan arcaica como la existencia de la misma humanidad, que para sobrevivir ha intentado durante siglos separar la política de la violencia, sin haberlo logrado plenamente. Para ello nació Leviatán, ese monstruo mítico y bíblico, que trata de concentrar toda la violencia en el Estado, fusionando así la palabra con la sangre. Ese monstruo que sigue matando impunemente, ya sea en el orden internacional o en el doméstico, en nombre de la libertad y la democracia.

Ese mito del Estado de derecho liberal, que revela su esencia en momento de crisis, como el actual, cuando Temis empieza a recobrar la memoria de tantas víctimas que han desaparecido bajo el manto ensangrentado de su supuesta legitimidad y legalidad. Hoy empezamos a saber qué aconteció con los desaparecidos del Palacio de Justicia. Necesitamos veintidós años para comenzar a conocer lo que sucedió a plena luz del día en la Plaza de Bolívar, epicentro del poder público y eclesiástico de nuestra maltrecha nación. Para ver aquello que sucedió ante los ojos de todos, como la salida con vida del Magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, cuyo cuerpo abaleado fue luego depositado semidesnudo en el interior del Palacio de Justicia. Veintidós años para encontrar sus documentos de identidad en una guarnición militar y su nombre añadido mentirosamente a la lista de guerrilleros de ese Comando alucinado del M-19 que pretendió reivindicar los Derechos Humanos asaltando y aniquilando la majestad e inviolabilidad de la Justicia. Ante semejante extravío del M-19 e insondable degradación de los miembros de la Fuerza Pública que cometieron tales hechos, la devolución de los cadáveres de los diputados asesinados en poder de las FARC aparece como un acto de humanidad y decoro, aún en medio de la violencia y la crueldad que significaron los más de cinco años de su ignominioso secuestro.

Sin duda, necesitaremos mucho más de veintidós años para saber la verdad sobre las circunstancias en que los once Diputados fueron cruelmente sacrificados en medio de la manigua, la soledad y la más profunda oscuridad. Pero más importante que conocer esa dolorosa verdad, es recuperar con vida a quienes continúan en cautiverio. Y ello sólo es posible si predomina la política sobre la guerra; la palabra sobre la muerte; el acuerdo humanitario sobre el rescate militar; la memoria de las víctimas sobre las prepotentes ordenes y decisiones de quienes olvidan y traicionan su frágil condición humana y ordenan rescatar, desde los seguros aposentos de la institucionalidad, y asesinar en los inexpugnables recovecos de la clandestinidad, para vergüenza de toda la humanidad.

[1] . Gabriel García Márquez, “Por un país al alcance de los niños”.

CALICANTO
(calicantopinion.blogspot.com)
Agosto 31 de 2007

REHENES DE LA VIOLENCIA Y EL NARCOTRÁFICO

Hernando Llano Ángel.

“Tendrán ambos que ceder. Liberar aquí y liberar allá; cosas de la realidad...vamos a hablar a ver qué pasa.” De estas enigmáticas palabras del Presidente Chávez, dirigidas al Presidente Uribe y a Marulanda, queda claro que los considera por igual rehenes de sus propias posiciones de poder y confía, sin muchas ilusiones, que mediante el diálogo con ambas partes algo pueda alcanzar. Irónicamente se le ha asignado al presidente Chávez su rol más deseado: no el de un simple mediador, sino el de un providencial libertador de quienes están secuestrados por sus propias convicciones y proyectos estratégicos. De una parte, el presidente Uribe rehén de su obsesión de una “Colombia sin guerrillas ni paramilitares”, para lo cual parece que no le va a alcanzar su segundo mandato. Y las FARC, obsesionadas con lograr el reconocimiento, por parte de Uribe, de ser actores políticos y no abominables terroristas, a quienes el presidente sólo espera derrotar militarmente, pues es sabido que con “terroristas no se negocia”. Exceptuando, claro está, a los paramilitares, a quienes considera y ha dado el trato de delincuentes políticos. Hasta el extremo de desafiar y acusar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por su sentencia “ideológica”, al no reconocerles dicha condición política. Razón tiene Chávez al decir que hay que “liberar aquí y liberar allá.”

Liberar al Presidente

De lo primero que tendría que liberarse el presidente Uribe es de su concepción maniquea de que hay unos “terroristas buenos”, a quienes da un trato judicial privilegiado (Ley de justicia y paz), y unos “terroristas malos”, para quienes sólo cabe la confrontación militar. Sin duda, en este terreno el presidente se encuentra secuestrado por la idea de que existe una violencia, la ejercida por los grupos de Autodefensas o paramilitares, que es menos terrorista y criminal, que aquella desplegada por los grupos guerrilleros. Es tan evidente lo anterior, que asimila la primera al delito de sedición y la segunda al terrorismo, desconociendo no sólo la realidad de los hechos sino también la intencionalidad de sus responsables. Hechos tan irrefutables, como que la violencia de las Autodefensas y los paramilitares no ha tenido como objetivo combatir a la Fuerza Pública y mucho menos modificar o sustituir transitoriamente las funciones de las autoridades, sino más bien todo lo contrario, contribuir con ellas en la defensa de un establecimiento amenazado por la violencia y el terror rojo de la guerrilla.

Así las cosas, el presidente desconoce y olvida lo que planteó en su punto 33 del “Manifiesto Democrático”: “Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”. Desconocimiento tanto más grave, por cuanto esa defensa que se arrogaron los “paras” ha sido realizada gracias a la simbiosis criminal con el narcotráfico, motivo por el cual los principales comandantes de las AUC se encuentran en capilla de ser extraditados a Estados Unidos.

“Cosas de la realidad”, dice coloquialmente Chávez. Y la realidad está dejando en claro, frente a la inminente extradición de Macaco, que cada vez será más difícil para Uribe persistir en su obra política maestra: la metamorfosis, ni siquiera imaginada por Kafka, de convertir en delincuentes políticos a los mayores criminales de lesa humanidad y los más poderosos narcotraficantes del país, legitimando de paso el combate degradado del terror blanco de las AUC contra el terror rojo de las FARC. Terror agudizado por los ilimitados recursos que les proporciona el narcotráfico a los dos bandos. Sin duda, todos ellos son rehenes de la violencia y el narcotráfico, por eso su maniobrabilidad política es cada vez menor y persisten en ajustar sus cuentas en el terreno de la guerra y el delito, birlando al máximo la aplicación de la ley.

Bien lo expresa García Márquez: “En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma el leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo”. Todos ellos carecen del menor escrúpulo por la vida de los civiles, a quienes convierten en rehenes y masa de maniobra política y militar de sus objetivos, ambiciones y proyectos estratégicos, en los que ya parece imposible discernir la política del crimen. Hacen gala del más irresponsable desprecio por la legitimidad y la dignidad de las instituciones públicas, al convertirlas en escenarios de negociación y transacción con el crimen organizado.