martes, abril 11, 2023

LA RESURRECCIÓN POLÍTICA DE LAS VÍCTIMAS

 

LA RESURRECIÓN POLÍTICA DE LAS VÍCTIMAS

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“El mal sufrido debe inscribirse en la memoria colectiva, pero para dar una nueva oportunidad al porvenir” Tzvetan Todorov.

Hernando Llano Ángel

Las víctimas del odio, la intolerancia y el fanatismo, sea este último de origen religioso, político, étnico, o de género, nunca mueren. Ellas siempre resucitan y viven en la memoria y los recuerdos de sus descendientes, sus seres queridos y amigos de toda la vida. No recordarlas y revivir con sensibilidad sus identidades y luchas, nos convertiría en cómplices de sus verdugos. Recordarlas, como aconseja Todorov, “para dar una nueva oportunidad al porvenir”, no para naufragar en el dolor por su ausencia y mucho menos quedar atrapados en el odio o la venganza hacia sus verdugos. También sobreviven en las epopeyas de sus pueblos, que transmiten de generación en generación las gestas y sufrimientos de quienes fueron asesinados y vejados por ser ejemplos y testimonios de vida, verdad, justicia y humanidad, como lo padeció hace más de dos mil años Jesús de Nazaret. Crucificado, en parte, por afirmar que su reino no era de este mundo (Juan 18:36)[1], ese mundo del imperio romano, con todo su poder y violencia, que desde entonces han emulado todos los demás imperios hasta el presente, solo que con mayor ignominia, terror y mentiras. Basta un vistazo a la decadencia del actual imperio hollywoodense con Trump, ese esperpéntico protagonista de la codicia, la lascivia, el racismo, la misoginia y la mentira, y, del otro lado, ver el cinismo y la criminalidad de Putin en la ocupación genocida a Ucrania, que denomina “operación especial”[2]. Ambos son criminales y fantoches del poder a quienes aplauden hoy multitudes de seguidores nacionalistas que los vitorean, como antaño lo hicieron los fanáticos judíos que crucificaron a Jesús de Nazaret. Por eso los que mueren son ellos, esos victimarios imperiales, cuya crueldad y fariseísmo siempre es recordada por sus criminales, vergonzosas e inolvidables hazañas contra la humanidad, por su negación obstinada de la verdad y la justicia. Dichos victimarios suelen reinar y triunfar en su tiempo, pero son condenados al infierno de la ignominia por toda la eternidad. De alguna forma, su gloria efímera es una vergüenza irredimible, son evocados y siempre recordados como verdugos implacables en los archivos de la historia y la memoria de la humanidad. Aunque no faltan seguidores revisionistas que sibilina y periódicamente tratan de reivindicar y negar sus identidades criminales, de santificarlos en el altar de la mentira como supuestos salvadores de la nación, la democracia y hasta la revolución. Pero fracasan rotundamente, porque hoy sus víctimas están más vivas que nunca, ya ellas no están sepultadas en el pasado, se encuentran presentes en la memoria de sus descendientes sobrevivientes; en los museos que albergan sus identidades como el Museo de la Historia del Holocausto, Yad Vashem[3], en las Comisiones de la Verdad[4] y sus informes finales[5]; y en los tribunales que los emplazan y condenan, como la Jurisdicción Especial de Paz (JEP)[6]. Vivimos la resurrección política, histórica y humanitaria de las víctimas sacrificadas. Millones de ellas sacrificadas supuestamente en el altar de la defensa de la democracia o en la instauración de la justicia social y el triunfo de la revolución, cuyos victimarios suelen ser denominados héroes de la patria desde la extrema derecha, o comandantes míticos desde una izquierda radical y revolucionaria, extraviada en maniguas doctrinarias. Una resurrección que cobra vida con las verdades y confesiones de sus victimarios, que les restituye a sus víctimas la dignidad arrebatada y mancillada, ya que es imposible reparar lo irreversible, su aniquilación, desaparición y hasta el brutal desmembramiento de sus cuerpos, arrojados a la corriente profunda y mortal de nuestros ríos o sepultados en miles de fosas comunes, como lo demuestra la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas[7], cuyo tenebroso universo ronda la cifra de 104.602 víctimas espectrales. Pero esos victimarios no pueden eliminar y menos desaparecer el espíritu de todas sus víctimas, con sus verdades irrefutables y sus ejemplos vitales de resistencia contra la violencia y las mentiras de sus victimarios y cómplices encubridores. Poco importa la identidad oficial, rebelde o mercenaria de los mismos, pues cada día están más expuestos a las evidencias irrefutables de los hechos y los testimonios de sus cómplices y víctimas sobrevivientes, que conocemos gracias a los informes de la JEP, en casos como los miles de secuestros de las Farc-Ep[8] y los llamados “falsos positivos”[9] de miembros de la Fuerza Pública. Lo más insólito es que ante tal cúmulo de confesiones y evidencias, los máximos responsables institucionales del Estado colombiano de tanta ignominia no sean capaces de reconocerla y seguir el ejemplo de la cúpula del secretariado de las Farc-Ep, que al menos asumió la responsabilidad de sus crímenes de lesa humanidad y de guerra y se encuentran a la espera de las penas propias[10] de la justicia transicional y restaurativa que les imponga la JEP. Por esa negativa de los líderes políticos y expresidentes del Estado colombiano con sus máximos comandantes operacionales de la fuerza pública a reconocer sus responsabilidades en casos escabrosos como el holocausto del Palacio de Justicia y la masacre de la Unión Patriótica, sin olvidar la complicidad asesina de miembros de la Fuerza Pública con las Autodefensas Unidas de Colombia, los “Pepes”, los “falsos positivos”, la “operación Orión”[11] en la comuna 13 de Medellín  y muchos casos más, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado en más de 14 ocasiones al Estado colombiano hasta 2019. Su más reciente condena al comienzo de este año fue por el exterminio de la Unión Patriótica[12], en la que el Tribunal Interamericano asegura que el Estado colombiano “fue responsable directo de más de 6.000 víctimas de esta formación de izquierda, desde 1984 y por más de 20 años”. Por eso es más que insólita esa renuencia de expresidentes, exministros y exministras a reconocer sus responsabilidades gubernamentales, institucionales y personales en los casos anteriores, pues todos ellos y ellas se reclaman creyentes y hasta fervientes católicos, pero se lavan sus manos y conciencias como Poncio Pilato, crucificando a millones de colombianos en nombre de razones de Estado. Así lo hizo el fallecido y piadoso Belisario Betancur ante el demencial asalto del Palacio de Justicia por parte del M-19, y su posterior destrucción e incineración, por la aún más demencial y desmesurada operación de la Fuerza Pública, que todavía la versión oficial denomina retoma y el entonces coronel Alfonso Plazas Vega[13] llamó “mantener la democracia”. Curioso Estado de derecho que pregona la separación de las ramas del poder público, pero promueve la decapitación de la cúpula de la rama judicial y sus más ilustres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y auxiliares. Un “Estado de derecho” y una “democracia” incapaz de detener la vorágine asesina que cada día cobra la vida de más líderes sociales y de derechos humanos[14], la mayoría de ellas a manos de organizaciones criminales que se reclaman “revolucionarias”, pero en la realidad son liberticidas y asesinas, signos políticos distintivos de lo más reaccionario, autoritario y antidemocrático que pueda uno imaginar y existir. Lo más inadmisible e inaceptable es que el ELN levante las banderas de la paz y la participación ciudadana, sin dejar de intimidar, disparar contra los líderes sociales y confinar a sus comunidades. ¿Será capaz el ELN de reflexionar sobre lo absurdo que es seguir crucificando un pueblo, al que dice representar, en nombre de su paz liberticida?


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martes, abril 04, 2023

NO HAY PAZ NI FUTURO SIN VERDADES NI DEMOCRACIA

 

NO HAY PAZ NI FUTURO SIN VERDADES NI DEMOCRACIA

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Hernando Llano Ángel

Todo parece indicar que la “Paz con legalidad” del expresidente Iván Duque y la “Paz Total” del presidente Gustavo Petro, no obstante obedecer a concepciones políticas e ideológicas incompatibles, tienen en común su letalidad e incapacidad para garantizar la seguridad, la vida y tranquilidad de los colombianos. En desarrollo de la “Paz con legalidad”, entre 2018 y 2022, se consolidó la presencia de Grupos Armados Organizados y la intimidación violenta de la población en cerca del 37% del territorio nacional, según la investigación “Plomo es lo que hay”[1] de la fundación Paz y Reconciliación. El Clan del Golfo, extendió su presencia en 241 municipios; el ELN en 183; las disidencias de las Farc al mando de Gentil Duarte en 119 y la “Segunda Marquetalia” de Iván Márquez en 61 municipios. Por otra parte, las masacres entre 2019 y 2020, aumentaron en más del 300 por ciento. En el 2019 se perpetraron 16 masacres, en el 2021, 72 y en su último año 25, en tres años de la “Paz con legalidad” se cometieron 113 masacres, que Duque insistía en denominar “homicidios colectivos”[2], eufemismo mucho más cínico que el  de “cerco humanitario”[3] del actual ministro del interior Alfonso Prada. Y el número de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos asesinados alcanzó la vergonzosa cifra de 957 y de 261 firmantes del Acuerdo de Paz, según detallada relación de Indepaz[4]. Pero en la errática aplicación de la llamada “Paz Total”, los resultados en cuanto al número víctimas de la violencia política en estos 8 meses es similar a la de la “Paz con legalidad”. Según el recuento cotidiano realizado por Indepaz hasta el 31 de marzo, ya van 35 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos asesinados[5] y 5 excombatientes firmantes de la paz. Más allá de las respectivas y nobles intenciones de ambas políticas de paz, sin eufemismos, hay que reconocer que sus resultados son letales y frustrantes. Quizá ello obedezca a la incapacidad de ambas políticas de paz de reconocer una verdad de a puño: no puede haber paz, ni legal y mucho menos total, en una sociedad donde la criminalidad se fusiona y difumina en todas sus actividades, empezando por la política, continuando con la economía, la vida cultural y la cotidianidad de todos sus habitantes. El dinero es la savia del narcotráfico y de todas las economías que prosperan en ese inconmensurable umbral penumbroso entre lo legal ilegal en que vivimos los colombianos. Dinero que circula a torrentes por la economía nacional y global. Al respecto, no es que el narcotráfico sea un delito conexo con la política y la rebelión, sino más bien que es una actividad anexa e inmersa en la política desde siempre. Así lo reconoció el expresidente Alfonso López Michelsen en la campaña presidencial de 1982, que perdió frente a Belisario Betancur, en el libro “Palabras Pendientes: Conversaciones con Enrique Santos Calderón”. Dicha confesión precisa ser citada en extenso, para comprender sus posteriores y más escandalosas consecuencias, el proceso 8.000 y la narcoparapolítica, que se reeditan en cada campaña electoral, como la de Duque con la ñeñepolítica[6] y ahora con el supuesto enriquecimiento ilícito de Nicolás Petro[7]. Entonces, el expresidente López Michelsen, le contó a Enrique Santos Calderón sobre la financiación de su campaña y la de Belisario: “Se había realizado la convención de Medellín, que me había proclamado candidato para las elecciones presidenciales de 1982, y el jefe de nuestra campaña era Ernesto Samper. Estábamos en la capital de Antioquia y por la noche llegaron el senador Federico Estrada Vélez y Santiago Londoño a decirme que había un grupo de copartidarios que quería saludarme. Yo estaba de prisa, entré un momento y ni siquiera me senté. Les di la mano a unos tipos que no conocía. Después, en el curso de los episodios, descubrí que eran los Ochoa, Pablo Escobar y, probablemente Carlos Lehder y Rodríguez Gacha. Estuve un rato con ellos y después me salí. Samper se quedó en la reunión con Santiago Londoño, a quien le dieron un cheque por veintitrés o veinticinco millones de pesos, no recuerdo bien, cheque que no ingresó a la campaña sino al directorio liberal de Antioquia. Posteriormente, cuando terminaron las elecciones, en las que participaron como candidatos, además de mi persona, Belisario Betancur y Luis Carlos Galán, se nombró una comisión investigadora sobre el ingreso de los llamados dineros calientes a las campañas, comisión que absolvió de culpa a los tres grupos. Lo cual no resultaba muy afortunado, porque se examinaron las cuentas de Bogotá y, por ejemplo, las de Belisario funcionaban en Antioquia. Su tesorero era Diego Londoño, que después trabajó como gerente del metro de Medellín, y que tenía relaciones muy cercanas con Pablo Escobar”. En cuanto a su dimensión social y cultural, el exprocurador Carlos Jiménez Gómez, en 1987, realizó el diagnóstico más certero y brillante sobre el significado del narcotráfico, hoy plenamente vigente: “Ya el problema del narcotráfico no es un negocio de dos o tres capos, sino un ingrediente normal y masivo de la economía y la vida colombiana; ya no se trata de romper una moral o una ilegalidad sino algo más profundo: un estilo de vida, y un patrón cultural como el de la economía informal […] Sus negocios crecen, su base social se ensancha y multiplica, sus medios de acción se diversifican y desinhiben más todos los días”. Por último, en el terreno económico, es la investigación de la Universidad de los Andes y sus Centros de Estudio sobre Seguridad y Drogas y el de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE y CESED), en su Documento número 44[8] de noviembre de 2019, el que nos revela la ubicua y masiva presencia del narcotráfico. Estima que “el PIB de la cocaína alcanzaría un 1,88% del PIB total en 2018, más de dos veces el PIB de un sector emblemático como el café, que representa un 0,8% del PIB. Dicha cifra es igualmente preocupante comparada con la del período 2011-14, cuando en promedio solo representó un 0,6% del PIB, y en términos y nominales alcanzó en 2018 unos $18 billones”. Estas cifras revelan que se puede distinguir analíticamente la economía ilegal de la legal, pero en la vida real y en la economía de mercado, a través del lavado de activos realizada por Bancos como el Occidente[9] del prestigioso grupo AVAL y de inversiones cuantiosas en finca raíz, esa diferencia se difumina, nos afecta y “contamina” a todos, excepto al Fiscal Barbosa que maliciosamente acusa a este gobierno de pretender legalizar la cocaína. Más bien es lo contrario, la única forma de poner fin a ese poder criminal, corruptor y devastador del narcotráfico, incluso incrustado en la Fiscalía con la narcoalianza de Ana Catalina Noguera[10], es regulando la producción de la hoja de coca, pues como bien lo advirtió Milton Friedman[11], que algo sabia de economía, es que “si analizamos la guerra contra las drogas desde un punto de vista estrictamente económico, el papel del gobierno es proteger el cartel de las drogas. Eso es literalmente cierto», pues sus ganancias siderales dependen de la prohibición. Por eso, ojalá el contrato de asesoría del gobierno con la afamada economista Mariana Mazzucato[12] contemple la necesidad de alianzas productivas del Estado con los emprendimientos popular que transforman y agregan valor a la hoja de coca, como los realizados por la comunidad indígena Nasa con su aromática  de Coca y Menta, Coca-Nasa[13] y Coca-Pola[14].  Solo reconociendo estas verdades, podremos avanzar por la difícil manigua de la Paz Democrática, que garantizaría la vida de miles de líderes sociales, frenaría el desplazamiento forzado de millones de compatriotas y el confinamiento violento[15] de comunidades campesinas, indígenas y negras, porque sin Paz Política, Social y Ambiental no hay democracia y menos futuro. Desconocer lo anterior y continuar ufanándonos de vivir en la democracia más antigua y estable de Sudamérica es ser cómplices de este degradado conflicto armado interméstico[16] que, como lo demostró el Informe Final de la Comisión de la Verdad[17], nos ha dejado una estela de víctimas mortales cercana al medio millón, siendo el 90% civiles y más de 9 millones de víctimas[18], incluyendo 8.412.309 personas desplazadas forzosamente de sus terruños.


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domingo, marzo 26, 2023

EL ABORTO DE LA REFORMA POLÍTICA

 

EL ABORTO DE LA REFORMA POLÍTICA

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Hernando Llano Ángel.

Más allá de la aparente imposibilidad de encontrar a los responsables personales de la abortada reforma política presentada por el gobierno en el Congreso y el autogol que se anotó el Pacto Histórico, como lo califica el senador Roy Barreras[1], presidente del Congreso, lo verdaderamente grave es que ello demuestra la falta de voluntad política y la incompetencia de los congresistas para asumir su mayor responsabilidad: el ejercicio de la política en función del interés público y no de la perpetuación en sus curules y su testaferrato al servicio de intereses limitados, corporativos y empresariales. Porque lo que está en juego en toda reforma política con sentido democrático es la pregunta ¿A quién le sirve la política? Y la respuesta, obviamente, debería ser al bien público y la justicia. Así aparece en esa obra de ficción política llamada Constitución en su artículo 133[2]: “Los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común”. Pero todos sabemos que la inmensa mayoría de los congresistas actúan en primer lugar consultando su bolsillo y el bien propio. Es una vergüenza, una burla y una violación flagrante de ese artículo que los congresistas en nuestro país ganen mensualmente, $37′880.084  pesos[3], teniendo en cuenta que su último incremento fue de  2′563.973 pesos. Es decir, casi 38 salarios mínimos. En ese caso, antes que representantes de los ciudadanos, muchos de ellos son parásitos que viven del trabajo de los ciudadanos. De entrada, entonces, actúan burlando la justicia y el bien común, pues sus ingresos son pagados con nuestros impuestos. Como meridianamente lo demuestra el análisis de Jorge Galindo en el diario El País de España “los congresistas colombianos son los mejor pagados de las democracias latinoamericanas, y los que más ganan con respecto a sus conciudadanos”[4]. El sueldo de nuestros congresistas no tiene presentación y menos justificación, pues no se puede recurrir al argumento de que los representantes electos reciban remuneraciones altas para “atraer el mérito y el talento”, pues todos sabemos que lo que predomina en el Congreso es la mediocridad y la incompetencia, salvo contadas excepciones. De allí la inmensa dificultad de realizar una reforma política que consulte “la justicia y el bien común”. Para ser coherentes con este principio, del cual depende la legitimidad democrática de los representantes, lo primero que deberían hacer los congresistas es eliminar de raíz semejante remuneración que los convierte objetivamente en unos plutócratas. Unos plutócratas indolentes, pues trabajan muy poco y ganan en forma exorbitante. Lo resalta Alfredo Molano Jimeno[5]: “Y más alarmante es la cifra cuando se hacen cuentas de los días que van a trabajar este semestre. Según lo ha podido establecer El Espectador, en esta legislatura –la más corta del año-, los parlamentarios tendrán 12 semanas laborales y recibirán, cada uno, un total de $103. 209. 420. Palabras más palabras menos, estamos hablando de que cada legislador gana $3.686.050 por cada sesión a la que asiste, ya que los números muestran que en este periodo tendrán, por bien que nos vaya a los colombianos, 28 sesiones”. Lo más inadmisible es que semejantes privilegios no terminan allí, sino que se extienden al régimen especial que tienen para pensionarse.  “Según datos de la dirección del Fondo de Previsión Social del Congreso entre los exfuncionarios del legislativo hay 626 pensiones que superan los 25 salarios mínimos, que le cuestan al Estado más de $12.200 millones al mes. Hoy, hay 37 congresistas que esperan pensionarse con salarios superiores a los $25 salarios mínimos mensuales legales vigente”. Por todo lo anterior, más allá de las iniciativas polémicas que contenía la reforma abortada, como la lista cerrada y la financiación estatal de las campañas electorales, que en efecto pueden contribuir a depurar a la política del clientelismo y la corrupción, el gobierno del Pacto Histórico tiene la oportunidad de proponer una reforma que cambie de tajo esa práctica política plutocrática, que es la negación misma de la democracia. Lo podría hacer desmontando ese régimen privilegiado de remuneración y de pensiones[6] infamante, pero ello es casi imposible pues los congresistas no apoyarían el resto de sus reformas con contenido social. Definitivamente, para los políticos profesionales el Estado es su empresa privada y con esa actitud no solo impiden la existencia del Estado Social de derecho y la “prevalencia del interés general” sobre sus personales y partidistas intereses, sino que además revelan su vergonzosa existencia de parásitos institucionales, salvo algunas excepciones. Parásitos que viven a expensas de la ignorancia, la necesidad o la ingenuidad de miles de sus electores, sin descontar aquellos congresistas que son testaferros de sus generosos financiadores legales e ilegales y se proclaman defensores a ultranza de la que consideran la “democracia más antigua y estable de Latinoamérica”. Sin duda, antigua en desangrar a su pueblo y estable en enriquecer a las minorías que representan en perjuicio del interés y el bienestar general.

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lunes, marzo 20, 2023

PETRO Y EL PACTO HISTÓRICO: "TODO EN TODAS PARTES AL MISMO TIEMPO"

 

PETRO Y EL PACTO HISTÓRICO: “TODO EN TODAS PARTES AL MISMO TIEMPO”

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Hernando Llano Ángel.

“Todo en Todas partes al mismo Tiempo”[1], es la aclamada cinta que ganó en Hollywood 7 estatuillas: mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor actor y actriz de reparto, mejor guión original y mejor montaje, en la más reciente edición de los Premios Oscar. Pero también nos puede servir como alegoría de nuestra realidad, de las numerosas reformas del actual gobierno y sus pretensiones históricas, que abarcan todo en todas partes al mismo tiempo. Igual que en la película, sin comas ni pausas, con el mismo vértigo de los multiversos a los que se enfrenta su protagonista, Evelyn.

El multiverso de la guerra

 En nuestra realidad cotidiana nos pasa algo parecido, todos los colombianos decimos anhelar la paz, pero en nombre de ella se aniquila casi todo en todas partes al mismo tiempo. Seguramente porque en nuestra realidad el multiverso de la paz es la guerra. Según los entendidos, un multiverso es “la existencia de múltiples universos con sus propias reglas físicas y propiedades particulares”. Casi una explicación perfecta de lo que nos sucede. Tenemos el multiverso de la guerra del Clan del Golfo, cuyo escenario hoy es el bajo cauca antioqueño. Pero además existen otros multiversos en donde combaten las disidencias de las Farc, la Nueva Marquetalia y, claro, la Fuerza Pública contra todos ellos, sin importar mucho la vida y el territorio de quienes lo habitan. El actual gobierno pretende desarticular todos esos multiversos con el multiverso mayor de la Paz Total. Paradójicamente, todos los anteriores protagonistas pregonan en sus respectivos multiversos que también quieren la paz, pero hacen la guerra. Y en medio de esas guerras chiquitas, que fragmentan la unidad nacional y confinan a miles de sus habitantes, la paz total desaparece.  Quizá por ello hasta la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad en su convocatoria a la PAZ GRANDE[2] afirma, en la página 45, que la guerra hace parte de nuestra democracia: “Una democracia en construcción en medio del conflicto por el poder del Estado... Dentro de ese relato cabe destacar dos aspectos que nunca cesan: las armas en la política y la idea del enemigo interno”. Algo realmente tan inverosímil y contradictorio como la agresión de Evelyn, la protagonista de la película, en su multiverso contra la funcionaria de impuestos para evadir su cumplimiento y la batalla marcial que gana su marido contra los agentes del orden, formando ambos una pareja de ascendencia china. Hasta Hollywood, pasando por TikTok, llega la paranoia de los norteamericanos contra los chinos, en su temor por perder el control del multiverso tecnológico y por consiguiente del planeta.

Nuestro multiverso “democrático”

En cuanto a nosotros, más nos convendría reconocer que ninguna democracia puede existir, salvo en el multiverso discursivo de los académicos y los políticos, cuando sus actores protagónicos y sus ciudadanos consideran que pueden valerse de las armas para gobernar o vencer a quienes consideran sus enemigos. Porque en esos casos los ciudadanos no pueden elegir frente a las urnas, pues sus candidatos y propuestas terminan sepultados en tumbas: Jorge Eliecer Gaitán, Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro y Álvaro Gómez, junto a más de seis mil miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica[3]. Igual nos sucede hoy, en muchos lugares de nuestros territorios y ciudades, donde son asesinados en forma rutinaria líderes sociales y reincorporados de las Farc. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 216 y 2022 fueron asesinados 1.113 líderes sociales[4] y hasta la fecha van 355[5] reincorporados del partido Comunes. Y, en la “Colombia potencia mundial de la vida”, ya van 20 líderes sociales y 2 reincorporados[6] asesinados. Pronto olvidaremos que cerca de seis mil jóvenes fueron sepultados como falsos positivos en nombre de la “seguridad democrática” y la Directiva 029[7] de 2005 del ministerio de defensa. Ignoramos ese multiverso de víctimas irredentas y de victimarios indolentes. Incluso muchos lo niegan, empezando por sus principales responsables, pues viven inmersos en su propio multiverso político y esos seis mil jóvenes no hacían parte de él. No eran sus hijos, no estudiaban en universidades prestigiosas y acreditadas, muchos de ellos ni siquiera trabajaban, por eso fueron fácilmente engañados con promesas de empleo y sepultados en fosas comunes. Eran “nadies”[8] que ni siquiera tuvieron derecho a una tumba. Si no fuera por la JEP[9], ya serían parte de los más de 100.000 desaparecidos[10] que, por arte de esta “democracia”, se esfumaron de nuestra realidad y todavía no sabemos el multiverso en que se encuentran. Para empezar a poner fin a esta película nacional en donde se traslapan terroríficos multiversos políticos y criminales, es necesario que intentemos reconocernos en el pluriverso de una democracia real, viva y deliberante, que comienza por gestos tan básicos como poder hablar sin insultar al contrario y condenarlo al ostracismo del odio, antesala de su negación y muerte. Solo así podremos avanzar por la difícil senda de las reformas sociales, económicas y políticas que nos conduzcan al pluriverso de la paz democrática, sin víctimas propiciatorias en nombre del “Estado de derecho” o la “Justicia social” y victimarios impunes cobijados por la indolencia de sus electores. Una democracia viva donde todos participemos de iguales oportunidades y derechos para reconocernos como ciudadanos y no como potenciales enemigos, que viven y mueren defendiendo sus limitados multiversos.


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