viernes, abril 22, 2022

PERDÓN SOCIAL Y CACOCRACIA

 

Perdón social y Cacocracia

https://blogs.elespectador.com/politica/calicanto/perdon-social-cacocracia

Hernando Llano Ángel

El mayor riesgo de la propuesta de Petro sobre el perdón social es que se diluya en medio del escándalo electoral. Un riesgo inevitable, puesto que se planteó en el escenario penitenciario y sus inspiradores, según el mismo Petro, resultaron ser servidores públicos condenados por graves delitos contra la administración, como los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas. Dos connotados representantes de la cacocracia[1], aquella forma de gobierno presidida por los más hábiles ladrones de la confianza ciudadana, es decir cacos, que una vez alcanzan posiciones de poder o gobierno (kratos) los utilizan para desmantelar y depredar el presupuesto y los bienes públicos. Tal el origen de la cacofónica palabreja: cacocracia que, en efecto suena muy mal, pero sus consecuencias en la vida pública y social son todavía más desagradables y dañinos. El primer efecto es la deslegitimación de la democracia, pues ella se convierte en el gobierno de los cacos, en beneficio de pocos y perjuicio de todos. A partir de allí crece la desconfianza y un número cada vez mayor de ciudadanos difícilmente vuelve a creer en los políticos. Por eso en el humor popular nadie es más deleznable, vituperable y hasta despreciable que los políticos. Ellos son la mejor expresión de la deshonestidad, la picardía y la incompetencia. Un humor comprensible y estúpido que lo repiten periódicamente los “cuentachistes” de Sábados Felices y su público lo celebra a carcajadas, sin ser consciente que quienes ríen son sus primeras víctimas, pues no suelen votar y dejan que otros elijan siempre a los mismos corruptos. Ese público que ríe es tan listo que no comen cuento, pero si sufre el cuento de la corrupción. Y así viven felices aplaudiendo a quienes los roban y repitiendo en las reuniones sociales a sus hijos, nietos y amigos esos malos chistes sobre los políticos corruptos. Exactamente lo mismo puede suceder con la propuesta de Petro, convertirse en el peor chiste de todos en esta campaña, siendo quizá uno de los asuntos más serios y graves, pues si no lo resolvemos es imposible que vivamos algún día democráticamente en paz y con dignidad. De lo que se trata, en verdad, es de saber si como sociedad somos capaces de romper el vínculo estrecho entre la política y el crimen, entre la política y los delincuentes de cuello blanco, que la mayoría de las veces quedan impunes o se reeligen en cuerpo ajeno. De saber, también, el tipo de justicia que se requiere para ello y sobre todo cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos corrientes para que ese vínculo no se prolongue hasta el infinito. ¿No será que en lugar del perdón social lo que precisamos es la condena irrevocable en las urnas de semejantes cacos del interés público y del bien común?

Desde el Frente Nacional hasta nuestros días

Tan es así, que dicho desafío fue planteado desde los orígenes del Frente Nacional en la célebre Declaración de Sitges en los siguientes términos: “Ninguno de los dos partidos tradicionales de Colombia acepta que el delito pueda ser utilizado para su incremento o preponderancia. Los crímenes que se cometen con ese fingido designio deben ser repudiados y reprimidos enfáticamente por una y otra de nuestras colectividades, de manera constante e indudable, porque su impunidad afecta el decoro de la república y va en deslustre directo de los mismos partidos en cuyo servicio, se pretende, hipócritamente, cometer[2].Un desafío que todavía como Nación no hemos sido capaces de superar.                                                                                          Más bien nos ha sucedido todo lo contrario, se ha profundizado a un nivel inimaginable con el concurso de millones de ciudadanos que eligen periódicamente a quienes desde el gobierno auspician la corrupción y el desfalco de los bienes públicos, en beneficio de sus propios partidos. O, peor aún, convierten el delito mismo en una fuente de legitimidad política, totalmente ajena a la legitimidad democrática, que incluso posibilitó la reforma constitucional de 2004[3], cambiando un “articulito” de la Constitución mediante la comisión de un cohecho ministerial. Así sucedió y por ello fueron condenados los exministros Sabas Pretelt[4] y Diego Palacio. Gracias a la comisión de dicho delito, cerca de 7 millones de ciudadanos pudieron reelegir en el 2006 a Uribe Vélez en la Presidencia[5]. Por eso el mismo presidente Uribe, en ejercicio de su cargo, en el Congreso Cafetero realizado el 29 de noviembre de 2006, pronunció estas históricas palabras, que son el santo y seña de la cacocracia: “les voy a pedir a todos los congresistas que nos han apoyado que mientras no estén en la cárcel a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria”[6]. Y con absoluto cinismo, Uribe tenía toda la razón, pues entonces la Corte Suprema de Justicia adelantaba investigaciones por parapolítica contra numerosos congresistas que culminaron con la condena de más de 60 de ellos, cuya mayoría respaldaron su gestión presidencial, según esta rigurosa relación del portal Verdad Abierta que lleva el significativo título de “La curul a la cárcel”[7]. Y si a lo anterior sumamos el número de cercanos colaboradores y subordinados del entonces presidente Uribe condenados por graves delitos, que van desde concierto para delinquir y crímenes de lesa humanidad, como los cometidos por el director y subdirector del DAS, Jorge Noguera[8] y José Miguel Narváez[9] respectivamente, y muchos otros más contra la administración pública, como Agro Ingreso Seguro con Andrés Felipe Arias[10], tenemos que concluir objetivamente que entre 2002 y 2010 vivimos el máximo esplendor de la cacocracia, coronada con las cerca de 6.400 ejecuciones extrajudiciales conocidas como “Falsos Positivos”, que hoy investiga la JEP[11] como el macrocaso número 3.

¿Paz con legalidad o letalidad?

Por todo lo anterior, es apenas comprensible que uno de los principales propósitos del presidente Duque haya sido controvertir y torpedear al máximo la labor de la JEP y que ladinamente su consigna central para deslegitimar el Acuerdo de Paz haya sido “paz con legalidad”, hoy expresada en operativos tan ilegítimos y criminales como el de Puerto Leguízamo[12] con la masacre de 11 civiles inermes, masacre que todavía Duque proclama como un operativo legítimo. Con esa actitud, su diferencia con el cinismo de Putin y la ocupación de Ucrania estriba solo en el número de víctimas civiles sacrificadas, pero no en los falsos argumentos que ambos esgrimen para justificar esos crímenes de lesa humanidad.  También es comprensible que el expresidente Uribe oculte al máximo lo que es público y evidente, el apoyo incondicional de su partido, el Centro Democrático, a la candidatura criptouribista de un tal Fico, que augura la consolidación de la cacocracia y por ello es todo lo contrario de lo que proclaman sus vallas: “el presidente de la gente”. En realidad, es el candidato para asegurar y perpetuar la impunidad cacocrática, de allí que aparezca dando declaraciones contra la corrupción por fuera de la cárcel La Picota[13]. Así como es de significativo y desacertado que Petro lance su propuesta de perdón social atendiendo un llamado de los hermanos Moreno, Iván y Samuel[14], a quienes con sus denuncias él mismo Petro llevó a la cárcel. Desacertado, pues no cabe ningún perdón social con quienes no solo defraudaron al que entonces era su partido, el Polo Democrático, sino la confianza ciudadana de millones de bogotanos, depredando el presupuesto para obras públicas en beneficio propio y de sus cómplices. Para quienes se lucran y viven de la política, solo cabe la sanción política y social en las urnas, jamás el perdón y mucho menos su elección en cuerpo ajeno, sobre todo cuando simulan ser el candidato de la gente, pero hacen sus campañas con quienes más roban y se aprovechan en forma impune de la ingenuidad, la ignorancia, las necesidades y el miedo de la gente como las redes clientelistas de los Char y Dilian Francisca Toro.

 


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martes, abril 19, 2022

Gustavo Petro ¿Un político para la transición o la transacción política?

 

Gustavo Petro ¿Un político para la transición o la transacción política?

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Hernando Llano Ángel.

La reciente propuesta de perdón social lanzada por Petro[1], aprovechando el espíritu de  reconciliación propio de la semana santa, refleja muy bien su sentido del tiempo político, no exento de pragmatismo y oportunismo electoral. Puede ser leída como una señal tranquilizadora que lanza a todos aquellos políticos que le temen a un Petro presidente con ínfulas de depurador moral, implacable con la corrupción y el clientelismo, que expulsaría a la llamada “clase política” al ostracismo[2] y a una dura y prolongada travesía por el desierto de la oposición sin cuotas burocráticas, “mermelada” y los gajes propios de los privilegios y favores personales que son la esencia de la corrupción política. Pero ese escenario de austeridad y transparencia en el ámbito público es inimaginable en Petro, no solo por su cuestionado estilo de gestión en la alcaldía de Bogotá, sino sobre todo por quienes lo acompañan en esta campaña: Roy Barreras[3], Armando Benedetti[4] y ahora el Jefe de Debate, Alfonso Prada[5]. Los dos primeros son maestros del transfuguismo político exitoso y de la gestión pública penumbrosa. Durante sus carreras políticas han demostrado un despliegue virtuoso de las prácticas clientelistas y del manejo de los intersticios legales para su propio beneficio y su ascenso vertiginoso a la cúspide de la rama legislativa. Están con el Pacto Histórico no tanto por sus afinidades políticas, sino por sus ambiciones políticas personales. No son políticos para la transición política, sino para la transacción política, y en forma pragmática ahora se suben apresurados al tren de la victoria para disfrutar de los gajes del poder estatal durante los próximos cuatro años, seguramente en ministerios robustos burocrática y presupuestalmente, como los del Interior, Salud, Minas y Transporte. Desde allí desplegarán sus artes para la transacción de los intereses privados y sus empresas más rentables con los personales y los públicos, en un precario equilibrio, donde probablemente el bien común saldrá maltrecho. Son profesionales para vivir de la política y por ello dominan el arte de la gobernabilidad en beneficio de sus carreras y aspiraciones políticas, adaptándose hábilmente al proyecto político gobernante, hegemónico y victorioso del momento. Por eso, son artistas del transfuguismo partidista y siempre están con el ganador, poco importa que sus proyectos políticos sean incompatibles y hasta antagónicos. Tal la exitosa carrera de Roy Barreras, que comienza con Cambio Radical pero pasa rápidamente al Partido de la U con Uribe y promueve con entusiasmo su proyecto contrainsurgente y guerrerista de la “Seguridad democrática”, para luego sumarse a Santos con fe de militante a la causa de la Paz y ahora al Pacto Histórico con Petro. Solo es superado por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez con su plasticidad ideológica y  promiscuidad política[6] que le ha permitido ser parte de equipos ministeriales con expresidentes que hoy ni siquiera se hablan entre ellos: Samper, Gaviria, Pastrana, Uribe, Santos hasta ser Vicepresidenta con Duque. Una historia inverosímil de versatilidad política apenas comparable con la de Claudia Blum[7], su antecesora en la Cancillería, que acompañó a Pastrana, Uribe y Duque. El anterior recuento sobre las figuras más representativas del transfuguismo político nos revela que él es parte esencial de la gobernabilidad política nacional, a cuya dinámica tampoco escapa Gustavo Petro, pero que intenta contrarrestar con figuras como Francia Márquez[8], tan opuesta y antagónica a ese arte de la transacción y la conveniencia política, su fórmula vicepresidencial, una lideresa de las luchas sociales, ecológicas y étnicas. De esta forma, Petro se mueve entre la transición política democrática y la transacción clientelista y burocrática, representada por sabuesos electorales como Roy Barreras, Armando Benedetti, Alfonso Prada y Luis Fernando Velasco[9], entre otros. Sin duda, una eficiente combinación de las formas de lucha electoral que lo tienen ad portas de ganar la presidencia en la primera vuelta el próximo 29 de mayo. Pero si no le alcanza, con seguridad que continuará sumando apoyos oportunistas para el 19 de junio procedentes de líderes liberales regionales, buscando llegar a la Presidencia de la República, sin importarle mucho la procedencia de los votos. Pero el costo de ello puede ser muy alto y su victoria electoral corre el riesgo de convertirse en una temprana derrota gubernamental. Tendría que empezar a transar la Presidencia con muchos intereses y apetitos que le impedirían avanzar hacia la transición vital que anuncia y se convertiría en el líder de “funcionarios de un negociado de sueños dentro de un orden,”[10] que no cambiaría nada en lo estructural. ¿Será Petro un líder para la transición política democrática o un contemporizador más de la transacción con este orden político corrupto y cacocrático[11]? Hasta ahora Petro ha demostrado su astucia y flexibilidad ideológica para contar con votos procedentes de casi todo el espectro político, étnico, sexual, cultural y hasta religioso, exceptuando obviamente la ubérrima derecha de hacendados y empresarios ultramontanos, que se esconde detrás de un figurín publicitario con greñas apodado Fico, experto en engatusar a la “gente” con su acento de culebrero paisa, obsesionado con seducir y ganarse a César Gaviria para su “equipo Colombia” y obtener así los votos decisivos de la maquinaria liberal para su triunfo. Pero quizá Gaviria ya no sea el capitán de ese espectral partido liberal y muchos liberales empobrecidos se sientan más identificados con una negra auténtica, como Francia Márquez, que convoca a los y las nadies, a los mayores y mayoras,[12]que no se sienten representados por un tal Federico Gutiérrez, alias Fico, que pretende ser identificado como el presidente de un imaginario país llamado Gente, como aparece en miles de vallas que ocultan el horizonte y el paisaje de Colombia en nuestras carreteras y ciudades. Lo sabremos más temprano que tarde y depende de todos y todas resolver el acertijo sin que tengamos la seguridad de acertar y mucho menos de no ser defraudados por el candidato ganador, siempre y cuando no se burle antes nuestro voto con fraudes en el “casino y el escrutinio electoral”.


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POR UNA COLOMBIA SIN VÍCTIMAS NI VICTIMARIOS

 

POR UNA COLOMBIA SIN VÍCTIMAS NI VICTIMARIOS

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Hernando Llano Ángel

Este 9 de abril, día consagrado nacionalmente a conmemorar[1] las víctimas de la violencia política, coincide con un ambiente preelectoral que pretende de nuevo dividirnos entre víctimas y victimarios en esta letal democracia[2]. Ello sucede porque en la mente y la estrategia electoral de las fuerzas políticas defensoras del Statu Quo predomina una concepción antagónica y confrontadora de la democracia, en lugar de pensarla y vivirla en clave de concertación política transformadora, mediante reformas sociales estructurales, que posibiliten la reconciliación nacional con justicia y dignidad para las mayorías. Desde la campaña de Fico ya se anuncia que la democracia está en inminente riesgo. Para Fico y quienes lo acompañan, la democracia es concebida como una fortaleza económica inexpugnable para la defensa de la propiedad privada y la seguridad de ganancias exorbitantes en beneficio de una elite financiera codiciosa e indolente que, en plena pandemia del Covid-19, alcanzó utilidades por 11.7 billones[3] de pesos. Una elite tan ambiciosa que parte de su prosperidad ha sido AVALada mediante transacciones ilegales y hasta criminales con fortunas procedentes del narcotráfico, financieramente blanqueadas. Al respecto, hay antecedentes del banco de Occidente sancionado en octubre de 2019 por un superintendente delegado para el Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo[4], condenándolo “a una multa de $500 millones por eludir obligaciones en el control de lavado de activos y ocultar a las autoridades información sobre el asunto en mención”. Pero el mismo banco de Occidente, en su sucursal de Panamá, ya había sido implicado en 1989 por el procurador general estadounidense, Richard Thornburgh, el jefe de la agencia antidrogas norteamericana, DEA, John Lawn, y las cabezas del FBI, la administración de impuestos (IRS) y la aduana, por estar incurso en el lavado de más de 1.200 millones de dólares procedentes del narcotráfico entre 1987 y 1988, como se puede leer en la siguiente crónica policiaca de la revista Semana[5] en su edición del 30 de abril de 1989. Esa elite banquera y empresarial cuyo prestigio continua inmune e impune, igual que el de su dirigencia política, pese a evidencias criminales como las anteriores, a las que hay que sumar la más reciente de Odebrecht, es incapaz de reconocer que la perpetuación de sus privilegios ilegales está llegando a su fin. Incluso, así el gobierno de turno destine subsidios y políticas asistencialistas –que Fico llama ahora oportunidades- para contener la desesperación de la pobrería que se expresa espasmódica y episódicamente en estallidos sociales, como nos sucedió en 2019[6] y 2021[7]. Estallidos que dejan una estela incalculable de víctimas[8] y victimarios, tanto más dolorosa como aniquiladora del más elemental vestigio democrático[9] . Si hoy existe un consenso nacional es que ya es insostenible, tanto para las mayorías como las minorías, la continuidad de una democracia que no garantiza los derechos fundamentales de todos, sin discriminación alguna de carácter social, étnica, cultural o religiosa. No hay que olvidar –en estos días dedicados a la memoria y la reconciliación-- que la democracia renace en la vida moderna proclamando, en el artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, que: “La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”. Derechos arrasados completamente durante las recientes eclosiones sociales y vulnerados aún más por la pandemia: comenzando por el natural a la vida, siguiendo con la libertad, la seguridad y la propiedad. Y si hay algo que no tolera la democracia es precisamente la perpetuación impune de generaciones de víctimas y victimarios mediante la negación crónica de sus derechos fundamentales. Negación histórica que suele convertir hoy en víctimas a quienes ayer fueron victimarios en su intento desesperado por resistirse a la opresión. Así nos sucede en el presente con el número creciente de víctimas mortales entre los firmantes del Acuerdo de Paz, que ya supera la cifra de 312[10] miembros del Partido Comunes asesinados. Todavía más antidemocrático e intolerable es el número de líderes, lideresas sociales y defensores de derechos humanos que, precisamente el segundo punto del Acuerdo de Paz[11] se proponía proteger y evitar, pues ya supera el número de 1.327[12] demócratas asesinados desde noviembre de 2016 hasta marzo 17 de 2022. Al anterior panorama letal, que el presidente Duque olvidó y ocultó en su informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz ante el Consejo de Seguridad de la ONU, se suma la reciente masacre perpetrada por el ejército de 11 civiles inermes en Puerto Leguízamo[13] que, con un cinismo comparable al de Putin en Ucrania, Duque llama “operación legítima” contra disidentes narcoterroristas de las Farc. Entre esos supuestos disidentes se encontraba un indígena de 16 años, Brayan Pama, además del gobernador indígena del resguardo Bajo Remanso, Pablo Panduro Coquinche, el presidente de la Junta de Acción comunal de Alto Remanso, Divier Hernández y su esposa, “Ana María Sarrias, una mujer de 24 años en estado de embarazo, madre de dos niños de 2 y 6 años», según este descarnado relato de la periodista Valentina Parada Lugo en El Espectador Colombia + 20[14].

Las víctimas siempre resucitan y los victimarios nunca son olvidados

Más le convendría al presidente Iván Duque, que se precia de ser un católico piadoso, que recuerde en estos días de semana santa que las víctimas nunca mueren del todo, pues siempre viven y resucitan en la memoria de sus descendientes y creyentes –como le sucedió a Jesús de Nazaret– mientras que los victimarios, como Poncio Pilato[15], prefecto de Judea, nunca son olvidados y son condenados históricamente a la ignominia, así se laven muy bien las manos y su conciencia ante sus coetáneos. También nos convendría a todos reflexionar que la democracia no se puede crucificar en defensa de privilegios e injusticias, pues ella resucitará y vivirá solo cuando todos seamos responsables de su existencia y no la deleguemos en forma irresponsable cada 4 años en manos de muchos Pilatos, empeñados en esta campaña en dividirnos y seguir confrontándonos como víctimas y victimarios. Para evitarlo, debemos actuar como ciudadanos que no toleramos más que en nombre de la democracia se continúe crucificando impunemente a nuestros más auténticos demócratas: los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, como nos está sucediendo bajo este gobierno de “la paz con legalidad”, con la ingenua complacencia de millones de “ciudadanos de bien”, tan parecidos a los que hace más de dos mil años vitorearon la crucifixión de Jesús de Nazaret y la salvación de Barrabás[16]. Ninguna democracia existe cuando la mayoría de sus ciudadanos son víctimas, pues se les desconocen y vulneran cotidianamente sus derechos fundamentales a una vida digna, el trabajo, la salud, la seguridad y prosperidad, mientras los restantes ciudadanos, bien por indolencia, comodidad o ignorancia, se convierten en cómplices de privilegiados victimarios, custodiados por ejércitos de escoltas, que eluden las normas y sus responsabilidades políticas, proclamándose cínicamente en sus campañas electorales y en foros internacionales como los auténticos defensores de la democracia, cuando en la realidad son sus sepultureros y los gestores históricos de este vergonzoso régimen electofáctico[17] y su Estado cacocrático[18].


[1] Hacer memoria con otros sobre las circunstancias y los factores históricos que perpetúan la existencia de generaciones de víctimas y victimarios en nuestra sociedad.  https://www.unidadvictimas.gov.co/especiales/9deAbril2021/index.html#:~:text=El%20d%C3%ADa%209%20de%20abril,victimizado%20a%20millones%20de%20colombianos

 

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lunes, abril 11, 2022

Pasiones letales contra la democracia

 

Pasiones letales contra la democracia

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Hernando Llano Ángel

En la política y en el amor las pasiones son inevitables. Pero también suelen ser letales. En el amor sucede cuando alguno de los amantes se obsesiona de tal modo, que le resulta imposible continuar su vida sin ella o sin él. Entonces corre el riesgo de morir de amor o incluso de matar por “amor”. Hay quienes se suicidan por un amor no correspondido o traicionado. Pero también los que matan por pasión, los feminicidas cuyos celos reclaman una posesión absoluta y exclusiva de la amada. Aunque  también existen mujeres, por cierto menos numerosas, que incurren en mariticidio[1], cuando asesinan a su esposo o novio.  Según “las estadísticas del FBI desde mediados de 1970 hasta mediados de 1980 de cada 100 maridos que mataron a sus esposas en los Estados Unidos, alrededor de 75 esposas mataron a sus maridos, indicando una ratio de 3:4 de mariticidio a uxoricidio”. ¿Será que en nuestra política sucede algo parecido? ¿Existirán los políticos suicidas, feminicidas y las políticas mariticidas? ¿Aquellos que se quitan su propia vida por amor a sus ideas cuando no son correspondidas en las urnas o son traicionadas por sus seguidores? Obviamente no me estoy refiriendo a los candidatos que mueren metafóricamente al no ser electos. Ellos suelen resucitar en las siguientes elecciones, no una sino muchas veces, hasta que alcanzan el cielo de su curul o el cargo anhelado. Es muy difícil, casi imposible, encontrar un político suicida, menos en nuestra inverosímil Colombia. Aunque son frecuentes los candidatos que terminan suicidándose varias veces en las urnas. Pero los auténticos políticos suicidas no existen porque ellos saben bien que sus vidas valen mucho más que sus fútiles ideas, efímeros y demagógicos programas de gobierno. Aunque si es muy frecuente lo contrario. Encontrar políticos que hacen matar por sus ideas y excepcionalmente mueren por ellas. Están y viven en las extremas, a la derecha y la izquierda, con sus fantasmagorías de siempre: la democracia, la libertad y la justicia, que ni ellos mismos se las creen y las niegan con sus crímenes. Algunos los llaman estadistas, otros les dicen patriotas, héroes y hasta revolucionarios. Incluso llegan al extremo de autodenominarse demócratas y con la mejor buena conciencia envían a otros a matar y morir en nombre de la democracia, la libertad, la igualdad y la Patria, mientras ellos cómodamente promueven la confianza, la seguridad inversionista, la intocable propiedad privada y sus ganancias ilimitadas, que hoy llaman orden y oportunidad. Propiedad y orden que priva a las mayorías de seguridad, libertad, oportunidades y dignidad, sin las cuales no existe democracia alguna. En otras palabras, dichos adalides de la democracia sienten por ella una pasión tan absoluta, que la poseen sin límites y cuando les place, como un objeto de su propiedad privada, en forma exclusiva y excluyente. Y en cuanto su amada democracia osa reclamar algo de autonomía y libertad para amar y compartir su vida con otros, entonces la repudian, la intimidan y hasta proclaman su inminente desaparición. Por eso, valdría la pena preguntarse ¿Se puede llamar demócrata a quien cela, amenaza y aterroriza así a su amada y venerada democracia? Más bien, ¿no estará muy cerca de convertirse en un “demócrata feminicida”? Las respuestas a este par de preguntas, que parecen absurdas en el ámbito político, las conoceremos próximamente en las urnas. Pero todos sabemos que en el terreno amoroso no se puede llamar amante a un feminicida. Lamentablemente ello nos sucede en nuestra “democracia”, pues quienes la han seducido y conquistado se consideran predestinados a ser su amante exclusivo, su celoso y tirano protector, en cuya defensa descalifican y si es preciso eliminan a los demás pretendientes. Al igual que hacen los numerosos y apasionados feminicidas colombianos. Sucede algo semejante en política a quienes reclaman de la democracia más justicia, protección y dignidad para todos y menos libertinaje, codicia y privilegios para unos pocos. Contra ellos, unos contados y privilegiados caballeros, amantes exclusivos de la democracia, han promovido, cometido y continúan perpetrando incontables felonías bajo el pretexto de la defensa de la integridad y libertad de su amada “democracia”. Incluso ahora esos caballeros levantan las banderas de la reconciliación y el fin del odio, al tiempo que el Ejército proclama victorias ignominiosas contra civiles inermes[2], como la reciente masacre de 11 en Puerto Leguízamo[3], Putumayo. Por eso en esta peculiar “democracia” lo que prevalece es el odio y no el amor, no se afirma la vida sino la muerte, igual que en los numerosos feminicidios[4] que cometen apasionados amantes colombianos. Como lo escribió y vivió letalmente Miguel Hernández durante la guerra civil española: “Tristes guerras si no es el amor la empresa. Tristes, tristes. Tristes armas si no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres si no mueren de amores. Tristes, Tristes”, cuya versión musical de Evohe vale la pena escucharla[5], junto a la más descarnada versión de “Canción del esposo soldado”, en la voz de Sole Candela & Sitoh Ortega[6]. ¿Será que nos damos la oportunidad de forjar y vivir en Colombia la democracia que la guerra civil española le negó a Miguel Hernández[7], muerto encarcelado en Alicante con apenas 31 años? La respuesta no depende solo de quién gane las elecciones y sea presidente, pues la democracia no es un botín, sino una exigente amante de todos los colombianos y colombianas, que solo es fiel y generosa cuando es tratada con justicia, respeto, libertad y dignidad, como lo exige y merece todo ser humano.

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