CALICANTO: POR UNA COLOMBIA SIN VÍCTIMAS NI VICTIMARIOS

POR UNA COLOMBIA SIN VÍCTIMAS NI VICTIMARIOS

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Hernando Llano Ángel

Este 9 de abril, día consagrado nacionalmente a conmemorar[1] las víctimas de la violencia política, coincide con un ambiente preelectoral que pretende de nuevo dividirnos entre víctimas y victimarios en esta letal democracia[2]. Ello sucede porque en la mente y la estrategia electoral de las fuerzas políticas defensoras del Statu Quo predomina una concepción antagónica y confrontadora de la democracia, en lugar de pensarla y vivirla en clave de concertación política transformadora, mediante reformas sociales estructurales, que posibiliten la reconciliación nacional con justicia y dignidad para las mayorías. Desde la campaña de Fico ya se anuncia que la democracia está en inminente riesgo. Para Fico y quienes lo acompañan, la democracia es concebida como una fortaleza económica inexpugnable para la defensa de la propiedad privada y la seguridad de ganancias exorbitantes en beneficio de una elite financiera codiciosa e indolente que, en plena pandemia del Covid-19, alcanzó utilidades por 11.7 billones[3] de pesos. Una elite tan ambiciosa que parte de su prosperidad ha sido AVALada mediante transacciones ilegales y hasta criminales con fortunas procedentes del narcotráfico, financieramente blanqueadas. Al respecto, hay antecedentes del banco de Occidente sancionado en octubre de 2019 por un superintendente delegado para el Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo[4], condenándolo “a una multa de $500 millones por eludir obligaciones en el control de lavado de activos y ocultar a las autoridades información sobre el asunto en mención”. Pero el mismo banco de Occidente, en su sucursal de Panamá, ya había sido implicado en 1989 por el procurador general estadounidense, Richard Thornburgh, el jefe de la agencia antidrogas norteamericana, DEA, John Lawn, y las cabezas del FBI, la administración de impuestos (IRS) y la aduana, por estar incurso en el lavado de más de 1.200 millones de dólares procedentes del narcotráfico entre 1987 y 1988, como se puede leer en la siguiente crónica policiaca de la revista Semana[5] en su edición del 30 de abril de 1989. Esa elite banquera y empresarial cuyo prestigio continua inmune e impune, igual que el de su dirigencia política, pese a evidencias criminales como las anteriores, a las que hay que sumar la más reciente de Odebrecht, es incapaz de reconocer que la perpetuación de sus privilegios ilegales está llegando a su fin. Incluso, así el gobierno de turno destine subsidios y políticas asistencialistas –que Fico llama ahora oportunidades- para contener la desesperación de la pobrería que se expresa espasmódica y episódicamente en estallidos sociales, como nos sucedió en 2019[6] y 2021[7]. Estallidos que dejan una estela incalculable de víctimas[8] y victimarios, tanto más dolorosa como aniquiladora del más elemental vestigio democrático[9] . Si hoy existe un consenso nacional es que ya es insostenible, tanto para las mayorías como las minorías, la continuidad de una democracia que no garantiza los derechos fundamentales de todos, sin discriminación alguna de carácter social, étnica, cultural o religiosa. No hay que olvidar –en estos días dedicados a la memoria y la reconciliación-- que la democracia renace en la vida moderna proclamando, en el artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, que: “La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”. Derechos arrasados completamente durante las recientes eclosiones sociales y vulnerados aún más por la pandemia: comenzando por el natural a la vida, siguiendo con la libertad, la seguridad y la propiedad. Y si hay algo que no tolera la democracia es precisamente la perpetuación impune de generaciones de víctimas y victimarios mediante la negación crónica de sus derechos fundamentales. Negación histórica que suele convertir hoy en víctimas a quienes ayer fueron victimarios en su intento desesperado por resistirse a la opresión. Así nos sucede en el presente con el número creciente de víctimas mortales entre los firmantes del Acuerdo de Paz, que ya supera la cifra de 312[10] miembros del Partido Comunes asesinados. Todavía más antidemocrático e intolerable es el número de líderes, lideresas sociales y defensores de derechos humanos que, precisamente el segundo punto del Acuerdo de Paz[11] se proponía proteger y evitar, pues ya supera el número de 1.327[12] demócratas asesinados desde noviembre de 2016 hasta marzo 17 de 2022. Al anterior panorama letal, que el presidente Duque olvidó y ocultó en su informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz ante el Consejo de Seguridad de la ONU, se suma la reciente masacre perpetrada por el ejército de 11 civiles inermes en Puerto Leguízamo[13] que, con un cinismo comparable al de Putin en Ucrania, Duque llama “operación legítima” contra disidentes narcoterroristas de las Farc. Entre esos supuestos disidentes se encontraba un indígena de 16 años, Brayan Pama, además del gobernador indígena del resguardo Bajo Remanso, Pablo Panduro Coquinche, el presidente de la Junta de Acción comunal de Alto Remanso, Divier Hernández y su esposa, “Ana María Sarrias, una mujer de 24 años en estado de embarazo, madre de dos niños de 2 y 6 años», según este descarnado relato de la periodista Valentina Parada Lugo en El Espectador Colombia + 20[14].

Las víctimas siempre resucitan y los victimarios nunca son olvidados

Más le convendría al presidente Iván Duque, que se precia de ser un católico piadoso, que recuerde en estos días de semana santa que las víctimas nunca mueren del todo, pues siempre viven y resucitan en la memoria de sus descendientes y creyentes –como le sucedió a Jesús de Nazaret– mientras que los victimarios, como Poncio Pilato[15], prefecto de Judea, nunca son olvidados y son condenados históricamente a la ignominia, así se laven muy bien las manos y su conciencia ante sus coetáneos. También nos convendría a todos reflexionar que la democracia no se puede crucificar en defensa de privilegios e injusticias, pues ella resucitará y vivirá solo cuando todos seamos responsables de su existencia y no la deleguemos en forma irresponsable cada 4 años en manos de muchos Pilatos, empeñados en esta campaña en dividirnos y seguir confrontándonos como víctimas y victimarios. Para evitarlo, debemos actuar como ciudadanos que no toleramos más que en nombre de la democracia se continúe crucificando impunemente a nuestros más auténticos demócratas: los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, como nos está sucediendo bajo este gobierno de “la paz con legalidad”, con la ingenua complacencia de millones de “ciudadanos de bien”, tan parecidos a los que hace más de dos mil años vitorearon la crucifixión de Jesús de Nazaret y la salvación de Barrabás[16]. Ninguna democracia existe cuando la mayoría de sus ciudadanos son víctimas, pues se les desconocen y vulneran cotidianamente sus derechos fundamentales a una vida digna, el trabajo, la salud, la seguridad y prosperidad, mientras los restantes ciudadanos, bien por indolencia, comodidad o ignorancia, se convierten en cómplices de privilegiados victimarios, custodiados por ejércitos de escoltas, que eluden las normas y sus responsabilidades políticas, proclamándose cínicamente en sus campañas electorales y en foros internacionales como los auténticos defensores de la democracia, cuando en la realidad son sus sepultureros y los gestores históricos de este vergonzoso régimen electofáctico[17] y su Estado cacocrático[18].