CALICANTO: PERDÓN SOCIAL Y CACOCRACIA

Perdón social y Cacocracia

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Hernando Llano Ángel

El mayor riesgo de la propuesta de Petro sobre el perdón social es que se diluya en medio del escándalo electoral. Un riesgo inevitable, puesto que se planteó en el escenario penitenciario y sus inspiradores, según el mismo Petro, resultaron ser servidores públicos condenados por graves delitos contra la administración, como los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas. Dos connotados representantes de la cacocracia[1], aquella forma de gobierno presidida por los más hábiles ladrones de la confianza ciudadana, es decir cacos, que una vez alcanzan posiciones de poder o gobierno (kratos) los utilizan para desmantelar y depredar el presupuesto y los bienes públicos. Tal el origen de la cacofónica palabreja: cacocracia que, en efecto suena muy mal, pero sus consecuencias en la vida pública y social son todavía más desagradables y dañinos. El primer efecto es la deslegitimación de la democracia, pues ella se convierte en el gobierno de los cacos, en beneficio de pocos y perjuicio de todos. A partir de allí crece la desconfianza y un número cada vez mayor de ciudadanos difícilmente vuelve a creer en los políticos. Por eso en el humor popular nadie es más deleznable, vituperable y hasta despreciable que los políticos. Ellos son la mejor expresión de la deshonestidad, la picardía y la incompetencia. Un humor comprensible y estúpido que lo repiten periódicamente los “cuentachistes” de Sábados Felices y su público lo celebra a carcajadas, sin ser consciente que quienes ríen son sus primeras víctimas, pues no suelen votar y dejan que otros elijan siempre a los mismos corruptos. Ese público que ríe es tan listo que no comen cuento, pero si sufre el cuento de la corrupción. Y así viven felices aplaudiendo a quienes los roban y repitiendo en las reuniones sociales a sus hijos, nietos y amigos esos malos chistes sobre los políticos corruptos. Exactamente lo mismo puede suceder con la propuesta de Petro, convertirse en el peor chiste de todos en esta campaña, siendo quizá uno de los asuntos más serios y graves, pues si no lo resolvemos es imposible que vivamos algún día democráticamente en paz y con dignidad. De lo que se trata, en verdad, es de saber si como sociedad somos capaces de romper el vínculo estrecho entre la política y el crimen, entre la política y los delincuentes de cuello blanco, que la mayoría de las veces quedan impunes o se reeligen en cuerpo ajeno. De saber, también, el tipo de justicia que se requiere para ello y sobre todo cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos corrientes para que ese vínculo no se prolongue hasta el infinito. ¿No será que en lugar del perdón social lo que precisamos es la condena irrevocable en las urnas de semejantes cacos del interés público y del bien común?

Desde el Frente Nacional hasta nuestros días

Tan es así, que dicho desafío fue planteado desde los orígenes del Frente Nacional en la célebre Declaración de Sitges en los siguientes términos: “Ninguno de los dos partidos tradicionales de Colombia acepta que el delito pueda ser utilizado para su incremento o preponderancia. Los crímenes que se cometen con ese fingido designio deben ser repudiados y reprimidos enfáticamente por una y otra de nuestras colectividades, de manera constante e indudable, porque su impunidad afecta el decoro de la república y va en deslustre directo de los mismos partidos en cuyo servicio, se pretende, hipócritamente, cometer[2].Un desafío que todavía como Nación no hemos sido capaces de superar. Más bien nos ha sucedido todo lo contrario, se ha profundizado a un nivel inimaginable con el concurso de millones de ciudadanos que eligen periódicamente a quienes desde el gobierno auspician la corrupción y el desfalco de los bienes públicos, en beneficio de sus propios partidos. O, peor aún, convierten el delito mismo en una fuente de legitimidad política, totalmente ajena a la legitimidad democrática, que incluso posibilitó la reforma constitucional de 2004[3], cambiando un “articulito” de la Constitución mediante la comisión de un cohecho ministerial. Así sucedió y por ello fueron condenados los exministros Sabas Pretelt[4] y Diego Palacio. Gracias a la comisión de dicho delito, cerca de 7 millones de ciudadanos pudieron reelegir en el 2006 a Uribe Vélez en la Presidencia[5]. Por eso el mismo presidente Uribe, en ejercicio de su cargo, en el Congreso Cafetero realizado el 29 de noviembre de 2006, pronunció estas históricas palabras, que son el santo y seña de la cacocracia: “les voy a pedir a todos los congresistas que nos han apoyado que mientras no estén en la cárcel a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria”[6]. Y con absoluto cinismo, Uribe tenía toda la razón, pues entonces la Corte Suprema de Justicia adelantaba investigaciones por parapolítica contra numerosos congresistas que culminaron con la condena de más de 60 de ellos, cuya mayoría respaldaron su gestión presidencial, según esta rigurosa relación del portal Verdad Abierta que lleva el significativo título de “La curul a la cárcel”[7]. Y si a lo anterior sumamos el número de cercanos colaboradores y subordinados del entonces presidente Uribe condenados por graves delitos, que van desde concierto para delinquir y crímenes de lesa humanidad, como los cometidos por el director y subdirector del DAS, Jorge Noguera[8] y José Miguel Narváez[9] respectivamente, y muchos otros más contra la administración pública, como Agro Ingreso Seguro con Andrés Felipe Arias[10], tenemos que concluir objetivamente que entre 2002 y 2010 vivimos el máximo esplendor de la cacocracia, coronada con las cerca de 6.400 ejecuciones extrajudiciales conocidas como “Falsos Positivos”, que hoy investiga la JEP[11] como el macrocaso número 3.

¿Paz con legalidad o letalidad?

Por todo lo anterior, es apenas comprensible que uno de los principales propósitos del presidente Duque haya sido controvertir y torpedear al máximo la labor de la JEP y que ladinamente su consigna central para deslegitimar el Acuerdo de Paz haya sido “paz con legalidad”, hoy expresada en operativos tan ilegítimos y criminales como el de Puerto Leguízamo[12] con la masacre de 11 civiles inermes, masacre que todavía Duque proclama como un operativo legítimo. Con esa actitud, su diferencia con el cinismo de Putin y la ocupación de Ucrania estriba solo en el número de víctimas civiles sacrificadas, pero no en los falsos argumentos que ambos esgrimen para justificar esos crímenes de lesa humanidad. También es comprensible que el expresidente Uribe oculte al máximo lo que es público y evidente, el apoyo incondicional de su partido, el Centro Democrático, a la candidatura criptouribista de un tal Fico, que augura la consolidación de la cacocracia y por ello es todo lo contrario de lo que proclaman sus vallas: “el presidente de la gente”. En realidad, es el candidato para asegurar y perpetuar la impunidad cacocrática, de allí que aparezca dando declaraciones contra la corrupción por fuera de la cárcel La Picota[13]. Así como es de significativo y desacertado que Petro lance su propuesta de perdón social atendiendo un llamado de los hermanos Moreno, Iván y Samuel[14], a quienes con sus denuncias él mismo Petro llevó a la cárcel. Desacertado, pues no cabe ningún perdón social con quienes no solo defraudaron al que entonces era su partido, el Polo Democrático, sino la confianza ciudadana de millones de bogotanos, depredando el presupuesto para obras públicas en beneficio propio y de sus cómplices. Para quienes se lucran y viven de la política, solo cabe la sanción política y social en las urnas, jamás el perdón y mucho menos su elección en cuerpo ajeno, sobre todo cuando simulan ser el candidato de la gente, pero hacen sus campañas con quienes más roban y se aprovechan en forma impune de la ingenuidad, la ignorancia, las necesidades y el miedo de la gente como las redes clientelistas de los Char y Dilian Francisca Toro.