lunes, abril 11, 2022

Por una democracia ciudadana, social y telúrica

 

POR UNA DEMOCRACIA CIUDADANA, SOCIAL Y TELÚRICA

https://blogs.elespectador.com/politica/calicanto/una-democracia-ciudadana-social-telurica

Hernando Llano Ángel.

La democracia liberal y representativa está agónica, corroída por el mercado, que dicta sus mandatos e impone los intereses de los banqueros[1] y mercaderes sobre las necesidades, derechos y reivindicaciones de los ciudadanos, profundizando así su crisis histórica. Cada día es menos democracia y más una mercadocracia que representa y acrecienta las ganancias de minorías[2] y exacerba la desesperación de las mayorías. Por eso con mayor frecuencia la democracia vive hoy en las calles y en las plazas públicas. Los partidos y sus líderes políticos son repudiados y fustigados por una inmensa mayoría de ciudadanos, que cada vez creen menos en sus demagógicos programas y promesas electorales. Y es apenas lógico, pues ellos son los principales responsables del orden social excluyente e injusto, así como de la falta de oportunidades. Sin embargo, no dejan su cinismo y vuelven, como Fico, a presentarse como los adalides del orden y las oportunidades en compañía de los responsables del caos y la negación de oportunidades para las mayorías. Todos proclaman su lucha contra la corrupción, pero en sus filas pululan políticos investigados o sancionados por la Procuraduría o ellos mismos están cuestionados por sus graves errores en la gestión pública, como sucede con Fajardo y Petro. Fajardo, con el desacertado empréstito en dólares cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia[3], que terminaron pagando todos los paisas, sin desestimar sus responsabilidades en la crisis de Hidroituango[4]. Por parte de Petro, fueron desastrosas sus improvisadas decisiones en la crisis desatada por la gestión de las basuras en Bogotá, aunque posteriormente “el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, le ordenó a Daewoo Truks S.A.S. pagar un poco más de 1.500 millones de pesos a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por el incumplimiento del contrato para la reparación preventiva, correctiva y puesta en punto para el funcionamiento de los 39 vehículos compactadores. Además, ordenó a Seguros del Estado S.A. a pagarle a la Empresa de Alcantarillado y Aseo la suma equivalente al 3 % del valor total de la condena que corresponde a 47.053.061 pesos”[5]. En ambos casos, si bien hasta ahora han salido airosos disciplinaria y penalmente, es deplorable su incapacidad para la autocrítica, el reconocimiento de errores y la oportuna rendición de cuentas ante la ciudadanía. Ni hablar de Rodolfo Hernández, que se presenta como el Savonarola[6] nacional, habiendo sido sancionado por la Procuraduría debido a la falta de cordura y ecuanimidad en el trato a sus críticos y opositores[7], además de tener una investigación en curso por “presuntas irregularidades en la modificación del Manual de funciones para los empleos en la Alcaldía[8]”. En cuanto a Ingrid, ella misma con sus incoherencias y soberbia narcisista nos demuestra que no conoce límites éticos en la búsqueda de votos, pues en su primera candidatura a la Presidencia llamaba a Uribe en el 2001 el candidato del paramilitarismo[9] y ahora lo considera un ejemplo de liderazgo contra la corrupción, cuando el “presidente eterno” dejó una estela vergonzosa de funcionarios condenados por crímenes de lesa humanidad[10], concierto agravado para delinquir con grupos paramilitares, asesinatos[11], cohechos[12] y delitos de “clase” como Agro Ingreso Seguro[13].  Por todo lo anterior, es imperioso reinventar la democracia en clave ciudadana, social y telúrica, pues los políticos profesionales la tienen moribunda y amenazan con destruir el planeta al entregarlo a la depredación de las empresas dedicadas a las energías fósiles, el fracking[14] y la extracción de minerales raros[15] y valiosos. Y la única forma de hacerlo es asumiendo como ciudadanos nuestras responsabilidades. La democracia es vital para dejarla en manos de mercaderes del interés público y el bienestar colectivo.

Por una gobernanza ciudadana

Es un compromiso con la política y el bien común que se está extendiendo progresivamente por todas las latitudes. En nuestro subcontinente la vanguardia está en Chile, cuya ciudadanía está embarcada en la reinvención de la democracia en su Convención Constitucional[16], la primera en la historia con composición paritaria de mujeres y hombres, integrada por ciudadanas y ciudadanos corrientes, representativos de liderazgos sociales, étnicos, comunitarios y académicos, más allá de cualquier militancia o afiliación partidista. Es decir, que viven la política como un ejercicio de ciudadanía con fuerte raigambre social y telúrica, comprometidos con la vigencia de los derechos y la igualdad de oportunidades para todas las personas, en lugar de estar comprometidos fundamentalmente con la seguridad para el mercado y las inversiones privadas. En otras palabras, su propósito central es socializar y ciudadanizar la política, desmercantilizándola y desburocratizándola de políticos, mercaderes y mercenarios del interés público. En nuestro país son numerosos los esfuerzos de Organizaciones No Gubernamentales y de consorcios con el mismo fin, como Viva la Ciudadanía[17], Foro Nacional por Colombia[18], CINEP[19],  junto a diversas iniciativas en marcha, entre las que cabe destacar la Construcción de Agendas Ciudadanas para la Coexistencia Pacífica en Democracia para la Colombia Pos-Covid 19, con el apoyo financiero del Fondo Nacional para la Democracia, NED (por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos y la Corporación LA PAZ QUERIDA, LPQ[20]. Con la dirección del profesor Gabriel Murillo y Alberto Heredia, director ejecutivo de LPQ, el pasado 23 y 24 de marzo de 2022 se llevó a cabo el último ejercicio dialógico del proyecto en la ciudad de Cali, acompañada por el Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, el Capítulo Territorial de LPQ de la misma ciudad. Como lo resalta el profesor Murillo, en la siguiente relatoría síntesis, “a este encuentro de carácter diverso e inclusivo asistieron setenta (70) personas que acogieron la invitación de los anfitriones Entre otros, participaron activamente líderes comunitarios juveniles, académicos, educadores, funcionarios públicos, empresarios, líderes y lideresas pertenecientes a diferentes organizaciones de la sociedad civil y de asociaciones de interés cívico de Cali, comunicadores, miembros de la pastoral social y de organizaciones de la cooperación internacional. El evento fue facilitado por miembros del equipo técnico de LPQ y se basó en la implementación de dos (2) metodologías dialógicas complementarias: En primer lugar, la conversación generativa, orientada hacia la construcción rigurosa de visiones colectivas sobre el pasado y el presente de la sociedad territorial. En segundo lugar, el método deliberativo para construir y compartir una visión realista de futuro a través de una prospectiva con la cual se busca la creación de acuerdos ciudadanos plurales para soportar una agenda viable conducente al señalamiento realista basados en opciones alternativas de solución a un conjunto de cinco (5) ejes problemáticos interrelacionados y determinantes de la actual coyuntura de crisis que hoy se vive en Colombia: 1. Clientelismo y corrupción, 2. Pobreza y desigualdad, 3. Paz y verdad, 4. Conflicto y violencia y, 5. Medio ambiente y sostenibilidad. Frente a cada una de estas problemáticas, se adelantaron sendas lluvias de ideas y se sopesaron varias opciones, complementadas con la formulación de compromisos factibles proclives a la implementación de un plan de acción ciudadana. Para esto se concertó un esquema de gobernanza colaborativa a ser desarrollado y evaluado grupalmente en lapsos temporales de cortísimo, corto, mediano y largo plazo. Este proyecto de LPQ culminará en un gran Foro Nacional a realizarse próximamente en Bogotá. En él participarán voceros de cada una de las siete (7) AGENDAS CIUDADANAS TERRITORIALES donde se desarrolló este ejercicio: los departamentos de Nariño, Santander, Caquetá y Chocó; las ciudades de Cartagena y Cali, y la provincia del occidente de Boyacá. Como innovación sin precedentes en el país, estas agendas han sido construidas de abajo hacia arriba (bottom-up). Con ellas, los pobladores de cada territorio le presentarán a la opinión pública nacional el resultado del sus conversaciones generativas y deliberativas para la coexistencia pacífica y democrática territorial, sin exclusión alguna. Esto, bajo la clara certeza de que cada uno de estos compendios dialógicos y propositivos resume con rigor el conocimiento incomparable, la civilidad y el compromiso colectivo de los pobladores de cada uno de los territorios en donde se construyeron estas agendas conducentes a la conquista de una nueva ética social con dignidad humana y sostenibilidad medio ambiental. Esta será la primera vez que en el país se manifestará integralmente el producto de la inteligencia, la responsabilidad social y la sabiduría colectiva y plural de los pobladores de cada uno de estos territorios colombianos. Complementariamente, los voceros de cada una de estas agendas conversarán con connotados expertos públicos y privados especializados en cada uno de los cinco (5) ejes problemáticos eslabonados y arriba mencionados. También se busca que sus propuestas para el cambio territorial transformador sean conocidas y utilizadas por las candidaturas presidenciales en competencia que puedan estar interesadas en incluir la voz de los territorios en sus respectivos programas de gobierno”. Sin duda, transitando por esta senda con el capital social y ciudadano presente en todas las regiones de nuestro país podremos forjar una gobernanza democrática que se consolide y vaya mucho más allá de los liderazgos políticos partidistas y personales, independientemente de quién ocupe transitoriamente la Presidencia de la República.

 

 

 


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domingo, marzo 27, 2022

El "País político" contra el "País Nacional".

 

EL PAÍS POLÍTICO CONTRA EL PAÍS NACIONAL

https://blogs.elespectador.com/politica/calicanto/pais-politico-pais-nacional

Hernando Llano Ángel

La mayor paradoja de estos comicios es que nos están demostrando, una vez más, que los escrutinios y la Registraduría Nacional del Estado civil son la mayor amenaza institucional para la existencia y perdurabilidad de nuestra elogiada “democracia”. Ello sucede porque la mentira y la simulación son las señales distintivas y esenciales de nuestra realidad política. Por eso el Registrador Nacional, Alexander Vega[1], se autoproclama como ganador en las pasadas elecciones en medio de semejante fracaso. Algo comprensible en un hijo cuyo padre, Campo Elías Vega Goyeneche, fue condenado en el 2013 por el delito de corrupción del sufragante como cómplice[2]. Simular y mentir son las claves del sistema político colombiano y de sus encumbrados voceros. Simulan en sus declaraciones y discursos oficiales que somos una democracia casi perfecta. Proclaman que tenemos una economía de mercado competitiva. Dos mentiras insostenibles. No es democrática una sociedad y menos un gobierno que contemporiza con el crimen y la violencia. En lo corrido del año han sido asesinados 41 líderes sociales y 9 reincorporados de las Farc-Ep, firmantes de la Paz, miembros del partido Comunes[3]. Algo que no sucede ni siquiera en las dictaduras de Maduro y Ortega. ¿Qué sucedería si en lugar de anónimos líderes sociales hubiesen sido asesinados 41 líderes empresariales y 9 miembros de partidos como el Liberal, Conservador o Centro Democrático? Para completar tan dantesco cuadro “democrático”, Colombia registra hoy el mayor número de defensores del medio ambiente asesinados en el mundo, según este excelente documental de Fuerza Latina[4]. Como si lo anterior fuera poco, durante este año se han cometido 25 masacres con un saldo superior de 75 víctimas[5]. Y ni hablar de una economía de mercado competitiva, cuando lo que predomina son los oligopolios y los conglomerados financieros cuyas utilidades en el 2021, en plena pandemia, superaron los 11.7 billones[6] de pesos, junto a un mercado informal que condena al “48.2%  de los ocupados en 23 ciudades a empleos que no les garantizan aportes a la seguridad social”[7]. Así las cosas, no es sorprendente que Gustavo Petro sea el candidato con la mayor votación en las consultas interpartidistas del pasado 13 de marzo. No hay que olvidar que Petro es políticamente hijo legítimo del fraude electoral del 19 de abril de 1970, que escamoteó el triunfo a la Alianza Nacional Popular, ANAPO[8], y del general Gustavo Rojas Pinilla. El entonces presidente Carlos Lleras Restrepo así lo reconoció en conversación privada con su jefe de prensa, Próspero Morales: “Próspero, esto se ha perdido. No hay nada que hacer, el general ha ganado. Si, de acuerdo con lo que me han informado, Rojas decide salir uniformado para iniciar una marcha por las principales avenidas con destino al palacio de San Carlos, temo que haya un levantamiento, una sublevación, con todas las atrocidades y derramamiento de sangre que de ella se pueda derivar. No puedo permitir por ningún motivo la toma del poder por la fuerza”[9]. Entonces decretó el toque de queda a las ocho de la noche en toda la nación y amaneció ganando Misael Pastrana Borrero. Fraude que luego confirmó el ministro de gobierno, Carlos Augusto Noriega, el “tigrillo”, en su libro de 1988 “Fraude en las elecciones de Pastrana”, atribuyéndolo en principio a un “empleado de la Registraduría que de manera involuntaria accionó en la madrugada del 20 de abril de manera defectuosa una sumadora y le computó 30.000 votos más al doctor Pastrana”. Han transcurrido 52 años y parece que continúan sucediendo errores parecidos, según la debacle de los escrutinios del pasado 13 de marzo. Tal fraude engendró la guerrilla del M-19[10] en 1974 y su consigna de lucha: “Con el pueblo, con las armas, al poder”, donde Petro comenzó su andanzas político-militares. Hoy esa consigna parece estar a punto de trocarse en: “Petro, con el pueblo en las urnas, al poder”, según los resultados del 13 de marzo y la tendencia en los sondeos de opinión.

La falsa polarización

Pero contra ello no solo conspira la sospechosa incompetencia de la Registraduría, sino la falsa polarización y el ambiente de zozobra que están creando los profesionales de la manipulación, el miedo, los prejuicios, la ignorancia y el odio, junto a los mercaderes de la codicia con su intimidatoria “Cláusula Petro”. Según estos profetas de la “hecatombe nacional” estamos al borde del “fin de la democracia, la propiedad privada y la economía de mercado”. Exactamente como alertaban antes del plebiscito sobre el Acuerdo de Paz, vociferando que si se permitía a las FARC “hacer política con total impunidad” nos convertiríamos en Venezuela. Y nada de ello sucedió. Más bien sucedió todo lo contrario, ganó el NO, uno de sus promotores llegó a la Presidencia y durante el estallido social, desatado por su proyecto de reforma tributaria, vivimos como en Venezuela: con calles, carreteras bloqueadas, sin abastecimiento de víveres en las principales ciudades y con una violencia oficial y social que dejó más de 80 víctimas mortales, miles de heridos y una economía agónica. Irónicamente, fueron los protagonistas del NO quienes realizaron su profecía autocumplida. Todo ello sucede porque su forma de pensar y gobernar está muy lejos de ser políticamente democrática y muy cerca de ser plutocrática y cacocrática, es decir, de estar al servicio de los más ricos y los más corruptos. Para ello, empiezan por robarse, como diestros cacos, la confianza de los ciudadanos prometiendo en las elecciones lo que nunca harán en sus gobiernos: reformas económicas y sociales que generen prosperidad general y no solo enriquecimiento de élites codiciosas y criminales. Basta recordar Agro Ingreso Seguro[11] y Unión Temporal Centros Poblados[12], quizá los más cercanos. En realidad, nos han expropiado la democracia y la han convertido en una mercadocracia, sometiéndonos a la servidumbre del consumo, con los días sin IVA. Hemos extraviado, con nuestra indolencia y autocomplacencia, la soberanía y la libertad que es la esencia de la ciudadanía. Nuestra capacidad para cambiar este entramado y tramoya de complicidades entre “políticos” que no son más que testaferros de capitales y ganancias tanto legales como ilegales, AVALados[13] por la banca, Odebrecht y el Ñeñe Hernández[14]. Que ganan sus elecciones presidenciales apelando a coaliciones con grupos criminales, como Uribe con las AUC, o con acuerdos más o menos explícitos con la guerrilla, Pastrana con las Farc y la zona de distensión en el Caguán o Santos con el Acuerdo de Paz, que al menos logró la desmovilización de más de diez mil miembros de las Farc. Un Acuerdo que contiene, no está demás repetirlo, los mínimos de una democracia liberal: Reforma Rural Integral y respeto a la propiedad privada; Participación política sin armas; Representación política para las víctimas del conflicto armado; Solución al problema de las drogas ilícitas y Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición para las víctimas. Así las cosas, lo que está en juego en estas elecciones no es el fin de la democracia sino más bien la transición hacia una auténtica democracia, apenas su comienzo en clave ciudadana y popular.

País Político Vs País Nacional

Nada distinto a ese pulso histórico planteado hace más de 75 años por Gaitán entre el País Nacional[15] y el País Político. Por eso hoy cada ciudadano debe tener conciencia a cuál de los dos países dará su voto. Si al País Político de siempre, al servicio de los intereses de pocos, es decir, las oligarquías o, por el contrario, al País Nacional naciente en función de los intereses de las mayorías, es decir, la democracia. Para ello, no solo debemos tener en cuenta las fórmulas presidenciales recién conformadas por Petro, Fajardo y Fico, sino especialmente sus ejecutorias como servidores públicos, sus relaciones y coaliciones políticas pasadas y presentes, su coherencia con la defensa de derechos, la legalidad o la promoción de privilegios. También sus políticas públicas contra la criminalidad organizada y la eficacia de las mismas en términos de impunidad, complicidad o desmantelamiento de ellas en ciudades como Bogotá y Medellín, donde fueron alcaldes Petro, Fajardo y Fico. Además de las cuestiones centrales que están contempladas en sus respectivos programas de gobierno, pero especialmente la coherencia entre sus palabras y acciones, así como entre quienes los apoyan y los compromisos que adquieren con ellos, pues esto definirá la continuidad de este moribundo y corrupto País Político o el nacimiento y la identidad de un maltrecho y vital País Nacional. Un País Nacional que viene expresándose en su pluralidad, conflictividad y rebeldía en manifestaciones y protestas periódicas como el estallido social, pero clama y requiere urgentemente cauces institucionales que le posibiliten dignidad, justicia y prosperidad para una convivencia democrática y no la perdurabilidad de este régimen electofáctico[16] y cacocrático. Un País Nacional que precisa democratizadores antes que caudillos o salvadores de la gente. Democratizadores capaces de unir a las mayorías en torno a intereses vitales como la paz política y el desarrollo de una economía social de mercado, una economía no depredadora de nuestra portentosa biodiversidad, puesta al servicio del País Nacional. Una economía que posibilite el ejercicio de una ciudadanía autónoma, reacia a continuar siendo manipulada por el miedo o, peor aún, a vivir sumisa y dependiente a la espera de un supuesto gobernante providencial y paternalista que resolverá todas sus carencias con subsidios y paliativos coyunturales. Ya lo anunciaba Gaitán: “No creo en el destino mesiánico o providencial de los hombres. No creo que por grandes que sean las cualidades individuales, haya nadie capaz de lograr que sus pasiones, sus pensamientos o determinaciones sean la pasión, la determinación y el pensamiento del alma colectiva”. Porque la democracia es esa alma colectiva hasta ahora acallada, un asunto de ejercicio permanente de ciudadanía que se pierde cuando se confía y delega totalmente en manos de unos pocos, los denominados políticos profesionales, que en su mayoría no representan ni agencian intereses generales sino particulares y oligárquicos. Por eso la consigna de Gaitán “el pueblo es superior a sus dirigentes”, en realidad significa que no hay democracia sin una ciudadanía activa y autónoma que se expresa, delibera y actúa desde sus organizaciones y no solo en época de elecciones. Tal es el desafío al que nos enfrentamos: forjamos entre todos una auténtica democracia o continuaremos sumidos, por lo menos otros cuatro años, en esta violenta y endémica cacocracia[17] que desprecia a su gente y beneficia a sus “patrones”.   


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martes, marzo 22, 2022

¿Se podrá votar sin miedo por Petro y con transparencia por Fico?

 

¿Se podrá votar sin miedo por Petro y con transparencia por Fico?

https://blogs.elespectador.com/politica/calicanto/se-podra-votar-sin-miedo-petro-transparencia-fico

Hernando Llano Ángel

La complejidad de nuestra realidad política y social está más allá de la competencia electoral entre Petro y Fico, si bien es cierto que sus propuestas tienen relación con los dos más graves y acuciantes problemas que enfrentamos: la cuestión social y la inseguridad. El hambre y la propiedad privada. Problemas que están en el centro de la vida de todos los colombianos y por lo tanto no son asuntos solo de Petro y Fico. Y mucho menos podrán resolverlos solos, cualquiera sea el que gane. Son problemas vitales que nos afectan y conciernen a todos, claro que con distinta intensidad. Algo que, curiosamente, no entienden los que se sitúan en el centro político, probablemente porque no sufren las penalidades del hambre y gozan de cierta seguridad. Pero no hay que caer en falsas dicotomías. Con hambre y sin seguridad no hay esperanza para nadie. Problemáticas que se disputan Petro y Fico, sin que Fajardo y los demás candidatos se enteren todavía de ello. En parte por eso se encuentran rezagados en esta competencia electoral. Están en el lugar equivocado, totalmente descentrados de las necesidades y angustias de las mayorías: el hambre y la inseguridad. Sin superar estos dos mortales desafíos no habrá esperanza, democracia y mucho menos lucha eficaz contra la corrupción. Con hambre, miedo e inseguridad no existe el paraíso de la ética, ella no puede prosperar en medio de tanta necesidad y marginalidad social.

¡Tened presente el hambre[1]!

Es claro que la propiedad privada nunca estará segura con el hambre creciente y acuciante de la población. Por más policías y penas de cárcel que se aumenten. El ansía por sobrevivir es incontenible, sobrepasa el miedo y el castigo. El hambre sitia a la seguridad y la desborda, como sucedió durante el estallido social. Pero también es cierto que sin propiedad no hay seguridad alimentaria. Porque la propiedad de la vida y la libertad de cada uno comienza con un mínimo de ingresos monetarios que le sacian el hambre, lo prevengan de la enfermedad y la inedia mortal. Para ello se requiere generar empleos y crecimiento económico, no solo subsidios y asistencialismo estatal, como panaceas a la crisis social. Ese asistencialismo estatal, sea de derecha o izquierda, de Fico o Petro, no será suficiente, aunque es imprescindible. Se precisa además estimular la inversión privada con seguridad y reglas claras. Generar empleos reales y no solo el rebusque informal. Aumentar la productividad junto a los salarios y así incrementar progresivamente su capacidad adquisitiva. Es decir, fortalecer la economía social, el mercado interno y no solo las ganancias especulativas de unos pocos, como los banqueros que obtuvieron 117 billones[2] más de utilidades durante el año del estallido social. En medio de la hambruna social que vivimos y la que se avecina, con certeza mucho mayor y más aguda, la seguridad no será cuestión de autoridad sino de equidad social y de productividad. De justicia e inclusión social, antes que de represión policial. De concertación política en el Congreso antes que de confrontación social y menos de ese maniqueísmo político que nos divide entre “buenos y malos ciudadanos”. Asuntos que parece comprender mejor Petro que Fico, pues para este último el estallido social fue más terrorismo urbano que protesta popular y los colombianos nos dividimos entre supuestos “buenos ciudadanos cumplidores de la ley y respetuosos de la autoridad”, contra presuntos “malos ciudadanos que protestan violentamente y desafían las autoridades”.

¿La hecatombe nacional?

Mucho menos parece comprenderlo el expresidente Uribe, que ahora no acepta los recientes resultados electorales en la conformación del Congreso, porque el preconteo provisional acaba de asignar tres curules más al Pacto Histórico y pierden una respectivamente el Centro Democrático, el Partido Conservador y el Verde. Prepara así las condiciones para realizar su profecía fatal, azuzando el miedo: la hecatombe nacional. Lo único que faltaba. Para Fico y sus seguidores del Centro Democrático, cualquier reforma social es castrochavismo y dictadura izquierdista. Para ellos, promover la justicia social, la movilización popular y la autonomía ciudadana es una deriva hacia el totalitarismo, una inminente venezonalización de Colombia, advierte Fico con su voz apocalíptica de culebrero paisa. Por eso tilda a la protesta social de terrorismo urbano, cuando la mayoría de las veces es un recurso desesperado de los excluidos y una indignada voz ciudadana de clase media contra tanta incompetencia y corrupción oficial. Quizá por ello un sector de esa clase media no votó por la difusa esperanza del Centro político y sí lo hizo por la incierta justicia social que enarbola la izquierda del Pacto Histórico. Para Fico y sus seguidores de derecha votar por cualquier otro candidato no tiene sentido porque vivimos en una democracia ejemplar, casi perfecta, que solo requiere más pie de fuerza y penas draconianas, incluso más salvoconductos para que los “ciudadanos de bien” porten armas y disparen en “legítima defensa” contra tanta chusma e inseguridad, como lo promueven María Fernanda Cabal y Christian Garcés. En esa concepción señorial y semifeudal la democracia de los llamados “ciudadanos de bien” se agota en sus propiedades, sus ganancias, sus tierras y la máxima seguridad para sus negocios e ilimitadas libertades. El Estado es una extensión de sus negocios e inversiones estratégicas: “Las empresas estatales son las empresas privadas más importantes porque pertenecen a toda la comunidad. Es un delito de lesa comunidad hacer fiesta con lo estatal”, como reza el punto 17 del Manifiesto Democrático[3] uribista. Una comunidad como la de Carimagua[4], limitada a los empresarios amigos del exministro y hoy condenado Andrés Felipe Arias, igual que Agro Ingreso Seguro y Unión Temporal Centros Poblados, tan perfectamente gestionado por la exministra Karen Abudinen[5], quien todavía no responde por la pérdida de más de 70 mil millones de pesos. En eso quedó la consigna “el que la hace la paga”, así como la “paz con legalidad” ya cobra más de 800 asesinatos de líderes sociales durante este gobierno[6].   

El miedo nunca es inocente

Por eso ahora agitan de nuevo el fantasma del miedo con la llegada de un imaginario, inminente e inexistente comunismo, si gana Petro la Presidencia. Pero en realidad lo que está en juego en estas elecciones, como en las anteriores, es la urgencia de un tímido reformismo económico y social para evitar y contener una explosión mucho mayor que el estallido popular del año pasado. Con certeza, esta vez sus ondas expansivas destructivas serían mayores y de alcances impredecibles. Contra ese reformismo se dirige ahora la feroz campaña de la llamada “cláusula Petro”, que no es otra cosa que el veto de los mercaderes a la libertad política de los ciudadanos. ¿Cómo hablar de democracia cuando pende sobre la voluntad de los votantes la amenaza de la liquidación de posibles contratos laborales, de inminente fuga de capitales y de congelamiento de inversiones? La respuesta es clara, en este caso la democracia desaparece, lo que existe es la tiranía del mercado impuesta por el miedo a una mayor precariedad económica para las mayorías. La consolidación de una mercadocracia en beneficio de pocos y no de una democracia en función del interés general. Por eso el miedo nunca es inocente. Siempre hay detrás de él alguien que se beneficia, como ha quedado claro después del plebiscito contra el Acuerdo de Paz. Entonces miles de ciudadanos votaron NO por el miedo a que Colombia se convirtiera en Venezuela. Se les advirtió a los que votarán por el SÍ que le entregarían Colombia a “la Far” de la mano del traidor de Santos, un castrochavista disfrazado. Incluso que parte de sus pensiones serían destinadas al sostenimiento de los exguerrilleros y que sus hijos serían adoctrinados por la perversa “ideología de género” para moralmente pervertirlos. Y muchas mentiras más que llevaron a la gente a “votar verraca”[7].  Y seis años después, el partido Los Comunes, que agrupa a los exguerrilleros de la extinta Farc-Ep, apenas alcanza 50.000 votos en elecciones para el Senado. Esa violenta y temible guerrilla que convertiría a Colombia en comunista, se desmovilizó con un Acuerdo de Paz que contiene las premisas mínimas para la existencia de una auténtica democracia: Paz política; Reforma rural integral; Curules paras las víctimas; Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no Repetición; Sustitución de cultivos de coca y planes de desarrollo con enfoque territorial. Hoy la mayoría de los 10.000 exguerrilleros defienden la propiedad privada, se dedican laboriosamente a cultivar y trabajar el campo, soportando el asedio y el asesinato de más de 300 de sus compañeros, firmantes de la paz[8].

Preguntas y respuestas pendientes

Por todo lo anterior, para votar por Petro sin miedo o por Fico con transparecia al menos deberían respondernos preguntas básicas cómo las siguientes. ¿Cuáles son sus programas para resolver el crecimiento de la pobreza, el hambre y la exclusión social? ¿Cómo piensan hacerlo? ¿De dónde saldrán los recursos? ¿Con quienes desarrollarán esas políticas sociales? ¿Cuáles sus propuestas de justicia tributaria? ¿Cómo garantizar un sistema pensional justo y con mayor cobertura? ¿Cómo resolver el problema de las drogas ilícitas? ¿Cuál política energética promoverán? ¿Cómo enfrentarán el problema de la inseguridad y la violencia social? ¿Cómo garantizarán la vida de los líderes sociales y de la oposición? ¿Qué reformas realizarían a la Fuerza Pública, en especial a la Policía y el Ejército Nacional? ¿Adelantarían conversaciones de paz con el ELN y las disidencias de las Farc? ¿Cómo enfrentarían el desafío de los grupos armados organizados dedicados al narcotráfico y las economías ilegales? Y, como ambos han sido alcaldes de las dos más importantes ciudades del país, se ¿someterían a una evaluación académica y de expertos sobre los resultados de sus políticas de seguridad y desarrollo social en Bogotá y Medellín? Por último, de llegar a la segunda vuelta, ¿harían antes de la votación públicos los acuerdos políticos que tienen con sus aliados, la futura conformación de sus respectivos gabinetes, el dinero gastado en sus campañas y sus patrocinadores, así como sus declaraciones de rentas y fuentes de ingreso actuales?  Sin duda, con sus respuestas, los ciudadanos podríamos votar sin miedo, con seguridad y mayor confianza por alguno de los dos o en blanco, sin dejarnos arrastrar por prejuicios, odios y mentiras, que parecen ser los únicos insumos que hasta ahora tenemos y circulan profusamente por las redes sociales, embotando la mente y envenenando el corazón de todos.


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