viernes, septiembre 06, 2019

Encrucijada política de Álvaro Uribe Vélez.

La encrucijada de Álvaro Uribe

(Tiempo estimado: 5 - 10 minutos)

Por la preponderancia de su figura, Uribe debería pensar en su responsabilidad política

Hernando LLanoMás allá de sus procesos con la justicia, lo que está en juego es su responsabilidad política. ¿Debería retirarse de la vida pública, siguiendo el ejemplo de Belisario Betancur?

Hernando Llano Ángel*

Culpabilidad penal versus responsabilidad política

Parece que al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe le ha llegado la hora de la verdad. En los próximos meses tendrá que rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal.
Para su ventura y su tormento, esto acontece bajo un presidente escogido por él, lo cual lo expone aún más a los reflectores de la opinión nacional e internacional.
Pero Uribe se siente seguro y triunfante, porque de entrada asume el reto en el terreno más ventajoso para su figura: el foro penal, que demanda la plena prueba para ser procesado y condenado; pruebas que además serán ferozmente controvertidas por su equipo de abogados. Es probable que los jueces no tengan otra alternativa que dejarlo libre de cargos por el famoso in dubio pro reo —en caso de duda, se favorece al acusado—.
Sin embargo, el proceso de defensa personal podría implicar una pérdida en el terreno político, pues se trata del líder más protagónico, representativo y pugnaz de la nación en la actualidad.
La encrucijada de Uribe consiste en que, además de estar en juego su culpabilidad penal, buena parte del país quiere que enfrente su responsabilidad política. La primera es estrictamente personal, mientras que la segunda se expresa en hechos públicos, objetivos e innegables que a todos nos afectan. De ella son responsables, por acción u omisión, quienes toman decisiones desde cargos públicos, más allá de sus buenas o malas intenciones.

Encuentre en Razón Pública: La indagatoria de Uribe y su significado jurídico, político e institucional.

El ejemplo del presidente Betancur

Un ejemplo dramático de responsabilidad política lo vivió Belisario Betancur (q.e.p.d). Durante la toma del Palacio de Justicia, el expresidente tomó la decisión fatal de no ordenar el alto al fuego, que en cambio habría sido lo prudente para salvar las vidas de muchos rehenes que se encontraban en manos del M-19.
La misma tarde del terrible suceso, Belisario Betancur asumió su responsabilidad política como presidente y jefe constitucional de las Fuerzas Armadas. Argumentó que siempre tuvo la mejor intención y procedió en “cumplimiento de la Constitución y la ley”. Posteriormente, y consecuente con esa responsabilidad, se marginó por completo de la vida política, en vez de seguir defendiendo una decisión y una gestión deplorables.
Además de estar en juego su culpabilidad penal, buena parte del país quiere que enfrente su responsabilidad política. 
Años después el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y conminado a esclarecer lo sucedido y reparar a las víctimas, orden que todavía no se ha cumplido plenamente.
Belisario Betancur murió sin que la justicia se pronunciara sobre su culpabilidad personal, pero al menos tuvo la entereza de asumir la responsabilidad política, pedir perdón a las víctimas y aceptar que lo que sucedió fue consecuencia de su decisión y del acto terrorífico y alucinado del M-19, artífice del holocausto junto con la respuesta brutal y vengativa de la Fuerza Pública.
Belisario Betancur nunca fue procesado por los hechos del Palacio de Justicia, pero asumió su responsabilidad política.
Foto: RTVC
Belisario Betancur nunca fue procesado por los hechos del Palacio de Justicia, pero asumió su responsabilidad política.

Lea en Razón Pública: Uribe: rechazo a rendir cuentas e impunidad política.

¿De qué hechos públicos es responsable Uribe?

Valdría la pena que Álvaro Uribe y sus millones de electores reflexionaran sobre la decisión y la conducta de Belisario Betancur.
Sin duda, Uribe, al igual que Betancur y todos sus sucesores hasta Santos, estuvieron obsesionados con la búsqueda de la paz, pero sus resultados saltan a la vista y sólo este último la firmó.
No puede negarse que la ley 975 de 2005, promovida por Uribe, logró desmantelar y desmovilizar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Pero tampoco hay que olvidar la continuidad del fenómeno paramilitar y su mutación bajo otras formas criminales.
También debe recordarse el escamoteo de las responsabilidades de políticos y empresarios en la conformación de las AUC, evasiva que se obtuvo mediante la extradición a Estados Unidos de sus máximos comandantes en el momento que empezaron a contar la verdad sobre esa red de parapolíticos y empresarios que contribuyeron a la gobernabilidad de las dos administraciones de Uribe. Y la lista continúa:
  • El antecedente legal de las AUC fueron las Convivir, autorizadas por el Decreto Ley 356 de 1994 de César Gaviria, promovidas con entusiasmo en Antioquia por el entonces gobernador Álvaro Uribe.
  • Durante su gobernación el número de personas masacradas aumentó notablemente, desde 143 en 1995, a 357 en 1996 y a 439 en 1997 con 439, como se puede apreciar en el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP.
  • Durante su gestión como Director de la Aeronáutica Civil se expidió el mayor número de licencias para aeronaves de narcotraficantes y pistas de aterrizaje, que luego el sacrificado ministro Rodrigo Lara Bonilla tuvo que anular en su lucha contra Pablo Escobar.
  • Su política de “Seguridad Democrática”, expresada en la circular 029 de 2005, dejó un número de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” cuyo cifra todavía no se ha podido precisar, pero sobrepasa las dos mil víctimas mortales.
  • Su segundo mandato presidencial (2006-2010) tuvo un origen ilícito, pues el cambio del “articulito” constitucional, les costó a sus ministros de Interior y Justicia, Sabas Pretelt, y de salud, Diego Palacio, algunos años de cárcel por el delito de cohecho.
Dicho delito fue legitimado en las urnas por 7.397.835 votos, en reconocimiento de sus logros en la lucha contra las FARC, pues redujo el número de secuestros de 2.986 a 806 en el 2003, entre otras acciones militares exitosas.
En fin, más allá de la impronta política de Álvaro Uribe está la responsabilidad política de los millones de ciudadanos que lo han llevado a la cumbre institucional y pública que hoy ocupa, inaccesible hasta ahora a la justicia penal, pero no ajena para muchos ciudadanos conscientes de su responsabilidad en hechos dolorosos para el país.
Álvaro Uribe: culpabilidad penal y responsabilidad política
Foto: Facebook Álvaro Uribe
Además del asunto penal ¿no tiene una responsabilidad el expresidente Uribe con el país?

Le recomendamos ver: Las investigaciones contra Álvaro Uribe.

Entre la Corte Suprema de Justicia, la JEP y el retiro de la vida pública

Por eso, más allá de la decisión que tome la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, está el juicio de cada ciudadano frente a la responsabilidad política e histórica de Álvaro Uribe y sus sucesores en el poder estatal.
La encrucijada personal de Uribe tiene varios caminos, uno de los cuales es seguir los pasos de Belisario Betancur, marginándose de la vida pública, y el otro es comparecer ante la JEP y empezar a contar, con la misma sinceridad y entereza de su paisano, las verdades que nos debe a todos.
Está el juicio de cada ciudadano frente a la responsabilidad política e histórica de Álvaro Uribe.
Con eso contribuiría a un cambio histórico en nuestra vida pública, el del fin de la impunidad política. Esta es mucho más grave que la impunidad penal, porque requiere de la complicidad de millones de electores y la negación del dolor y la dignidad de millares de víctimas.
Quizás, entonces, podamos entre todos empezar a vivir en paz. Tal es el mayor desafío y la más valiosa contribución de la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Por eso debemos apoyarlas en lugar de limitarlas --disminuyendo su presupuesto como hace el actual gobierno— o, desprestigiarlas a partir de calumnias y mentiras propaladas por las redes sociales y por algunos medios de comunicación.
La Corte Suprema de Justicia luego de resolver las recusaciones de Uribe lo citó a indagatoria.
Foto: Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia luego de resolver las recusaciones de Uribe lo citó a indagatoria.
Por ahora, Uribe sigue participando activamente en la política y hace algunos días reaccionó contra el video donde Iván Márquez y otros exmiembros de las FARC anunciaban su rearme, afirmando que más que un proceso de paz hubo una serie de indultos a delitos atroces y llamando nuevamente a reformar el Acuerdo y a eliminar su blindaje constitucional.

* Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, profesor Asociado en la Javeriana de Cali, socio de la fundación Foro por Colombia, Capítulo regional suroccidente.
Publica en el blog: calicantopinion.blogspot.com

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viernes, agosto 23, 2019

Preguntas y tribulaciones de un ciudadano frente al voto.


PREGUNTAS Y TRIBULACIONES DE UN CIUDADANO FRENTE AL VOTO

http://consorciociudadano.org/preguntas-y-tribulaciones-de-un-ciudadano-frente-al-voto/

Hernando Llano Ángel.

La primera pregunta es también la mayor tribulación. ¿Tiene algún sentido votar? ¿Puedo, como ciudadano, al marcar el tarjetón, hacer la diferencia? ¿En qué medida, ese acto trivial y casi anodino, puede ser decisorio? Para la mayoría de ciudadanos, al menos en Cali, la respuesta a estas preguntas fue negativa hace casi cuatro años. En las elecciones de octubre de 2015 la abstención fue la ganadora, con el 54.62%. De un censo electoral de 1.611.391 ciudadanos habilitados para votar, participamos 731.317, el 45.38% de los ciudadanos. Y así ha sucedido desde la primera elección, en 1998, con ligeras variaciones en la participación. Pero la abstención siempre ha ganado. Y, seguramente por ello, Cali, como ciudad, sigue perdiendo. Porque toda ciudad es, en últimas, lo que sus ciudadanos quieren o permiten que sea. Es obvio. Mientras menos ciudadanos voten y participen, la ciudad será lo que decida esa minoría que concurra a las urnas. Entonces, la cuestión no es de pandebono, sino de ciudadanía. ¿Por qué la mayoría, que no vota, decide que sea una minoría la que elija alcalde y  se abstiene del ejercicio de su poder y de su decisión ciudadana?

“Todos los políticos son iguales”

Y la respuesta parece también obvia, porque no cree en los políticos, en los candidatos con sus programas y promesas, que casi nunca cumplen, y deciden por ello abstenerse. Entonces caemos en el abismo de la incredulidad y la impotencia ciudadana, cuya máxima expresión de sabiduría es: “Todos los políticos son iguales”, “una mano de ladrones”, con su irrefutable conclusión y decisión: “yo no voy a ser tan tonto de votar por ellos”. Así llegamos a esa masa de listos, inteligentes, honestos y pulcros ciudadanos que detestan la política, porque la consideran una actividad sucia, corrupta y violenta, que nada tiene que ver con ellos. Ellos son moralmente superiores y no se dejan conducir, como un rebaño de crédulos estúpidos, al redil de las urnas, donde depositan sus votos y mueren también sus ilusiones. Ya lo había sentenciado, con su lucidez lapidaria e implacable, José María Vargas Vila: “Quien vota, elige un amo”. Tal es la mayor tribulación y frustración adonde nos conduce la representación política. Ella se convierte en una especie de artilugio que sirve tanto para ilusionarnos como para defraudarnos.  Los políticos no nos representan, más bien, nos suplantan. Una vez ganan las elecciones, no le cumplen a sus electores, sino a sus patrocinadores. Esa es la verdadera alquimia de la corrupción política, generada en gran parte por el alto costo de las campañas políticas. Sus patrocinadores, entonces, cobrarán por la ventanilla de la contratación pública, de los planes de ordenamiento territorial, de las concesiones y licitaciones amañadas, lo que han invertido en sus pupilos. Además, tendrán que repartir la frondosa burocracia  municipal entre los más confiables y leales a esos intereses particulares, partidistas o empresariales, no entre los más competentes para administrar y gestionar intereses generales.  La ciudad se subasta en el mercado. Sus prioridades son definidas y fijadas tras bastidores, en ese mercado de intereses limitados, que pasa inadvertido en medio del jolgorio de los debates y las visitas de los candidatos a los barrios populares y las “ollas” de nuestras ciudades, donde derrochan seguridad, sonrisas, simpatía y popularidad.

Vallas de “Tramparencia”

De alguna manera, sus costosas y numerosas vallas son un excelente indicador de lo que ocultan, así ellas anuncien todo lo contrario. Anuncian transparencia, pero son mamparas de la “tramparencia”.  Mientras más vallas de campañas políticas invadan nuestras ciudades, más lejano y difuso será nuestro horizonte de ciudadanía, pues nos impiden forjarnos una visión compartida entre todos. Sin duda, habría que reformar y eliminar progresivamente el derroche en demagogia publicitaria, para ganar un poco de espacio en reflexión y deliberación ciudadana. Indigna y deprime ver tanto candidato y candidata exhibiendo sonrisas y eslóganes sobre su competencia y honestidad en medio de la sangría de tantas lideresas y líderes populares, asesinados por demandar derechos y decir verdades, por ser demócratas integrales y no figurines de una mercadocracia asesina. Para las mentiras de campaña, están las urnas. Para las verdades de los líderes sociales, las tumbas. Por ello, valdría la pena que todos los candidatos y candidatas nos revelarán a todos los ciudadanos el costo de sus campañas y las identidades de sus patrocinadores. Los compromisos con sus aliados, a la derecha y la izquierda. Que nos contarán para quién y cómo nos van a gobernar. Así, al menos, tendríamos criterios más claros para saber por quién votar, pues sabríamos de antemano a favor de quienes van a gobernar. Entonces decidiríamos hasta donde votamos por la democracia, la mercadocracia o la cleptocracia, sin olvidar la sabida advertencia de Edmund Burke: “Los políticos corruptos son elegidos por ciudadanos honestos que no votan”. Sin duda, de nosotros depende que la elección de nuestro próximo alcalde sea mucho más que un juego de azar, una inversión de pocos en desmedro de intereses mayoritarios o un tinglado de negociados en beneficio de una voraz y hábil cleptocracia, experta en robar periódica e impunemente la confianza ciudadana.




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martes, agosto 06, 2019

Ivan Duque: Un presidente delicuescente



Iván Duque: Un presidente delicuescente

 http://consorciociudadano.org/ivan-duque-un-presidente-delicuescente/

Hernando Llano Ángel.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el adjetivo delicuescente denota un estilo literario y cultural “evanescente, sin vigor, decadente”. Ad portas de cumplir su primer año en la Casa de Nariño, el presidente Duque demuestra ser un excelente cultor de dicho estilo en el ámbito gubernamental. Basta recordar los tres grandes objetivos que nos propuso a los colombianos en su discurso de posesión presidencial, resumidos en el acrónimo LEE: Legalidad, Equidad y Emprendimiento.

Un presidente que no lee a Colombia.

Por la forma como los ha venido cumpliendo, uno duda sobre su competencia para leer a Colombia y empieza a sospechar que estamos frente a un grave caso de analfabetismo político. Empecemos por la legalidad. Su desempeño ha sido evanescente, es decir, cada día la legalidad se desvanece y esfuma más. Así lo demostró con sus objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, al punto que ha sido el único presidente forzado por la Corte Constitucional a sancionar una ley. Es decir, reprobó el examen de legalidad en materia grave. Casi incurre en una falta de lesa humanidad, pues la JEP se instauró con el propósito central de honrar a todas las víctimas del conflicto armado interno, mediante el esclarecimiento de la verdad de lo sucedido. Es decir, de las responsabilidades de todos los victimarios, desde los violentos y desalmados guerrilleros, pasando por los institucionales y “bien intencionados” miembros de la Fuerza Pública, perpetradores de miles de “falsos positivos”, sus mandos superiores, hasta ciertos exitosos empresarios y algunos gobernantes innombrables, aún inimputables. Pero todo parece indicar que en esta legislatura de nuevo la “inteligencia superior” del Centro Democrático insistirá, con su tozudez de domador equino, en la creación de una sala especial en la JEP para juzgar a los militares. Tal iniciativa complementaría a su inefable proyecto de doble instancia retroactiva que, vanamente, buscará exonerar a todos los políticos ya condenados por su asociación delictiva y criminal con grupos paramilitares, los parapolíticos, además de aligerar la pena de su putativo hijo político, más conocido como “Uribito”. Todo ello, con la anuencia del transitorio habitante de la Casa de Nariño, carente de vigor para oponerse a semejante estrategia, incapaz de comportarse como un presidente de la Nación, que juró cumplir la Constitución y la ley. En lugar de ello, se comporta como un decadente y obsecuente funcionario al servicio de quien denomina “presidente eterno” y dirige una organización facciosa[1], casi mafiosa que encubre y favorece a sus integrantes,  camuflada bajo la sigla del “Centro Democrático”. De concretarse tal proyecto y concepción de legalidad, estaríamos asistiendo a la instauración de un Estado delicuescente, diseñado para encubrir cierta criminalidad elitista, revestido con los oropeles de normas rimbombantes que no logran ocultar la complicidad, iniquidad e indignidad de sus gestores con el régimen electofáctico[2] que regentan.

Una Equidad codiciosa.

Algo todavía más aberrante parece estar a punto de pasar con la Equidad, su segunda bandera, si con nuestros impuestos el Estado le cancela al grupo Aval las deudas contraídas a su favor por Odebrecht[3], con quien se confabuló en una operación corrupta para ejecutar la Ruta del Sol. Tal operación nos conduciría directamente a las tinieblas de la inequidad para avalar la codicia sin límites de dicho grupo financiero. Así las cosas, Duque nos está conduciendo a una decadencia inimaginable, donde la legalidad se troca en  impunidad y la equidad en injusticia e iniquidad.

Un Emprendedor devastador.

En cuanto al Emprendimiento, su tercera y última bandera, es quizá la más amenazante y peligrosa, pues está pintada con un explosivo color naranja de maniqueísmo y tecnicismo. El maniqueísmo depredador de asperjar con glifosato la “mata que mata”, en lugar de reconocer y emprender una investigación rigurosa sobre las maravillosas propiedades de la coca[4] y asumir el liderazgo de su regulación estatal, en beneficio de la población campesina que ha sido vejada, rociada y victimizada con la coartada de la “guerra contra el narcotráfico”. Ayer era la marihuana la mata maldita, fumigada con paraquat, hoy es la mata bendita cultivada y legalmente explotada por la industria farmacéutica. ¿Hasta cuándo se devastarán nuestros bosques y parques nacionales, los cultivos y la salud de los campesinos en nombre de una guerra perdida y absurda contra la Mama Coca? Y, por último, ya se anuncia el  fracking, como la alternativa para dinamizar la economía, con todos los tecnicismos y previsiones para evitar crisis ambientales. Todo parece indicar que este gobierno será un gran emprendedor de futuras catástrofes provocadas. Un gobierno delicuescente: evanescente, sin vigor y decadente. Más cercano a ciertos privilegiados delincuentes, que a la gente común y decente.  


[1] Lo que distingue a una facción política de un partido, es que la primera subordina los intereses de toda la sociedad a los beneficios de sus correligionarios, como bien lo señaló Giovanni Sartori. Un partido político se reconoce como parte de un todo, respeta las reglas del juego y sirve al conjunto dela sociedad.
[2] Acrónimo que significa un régimen con elecciones pero al servicio de poderes e intereses fácticos, tanto ilegales como los legales, a través de sofisticadas maniobras “legales”, como las de Aval y Odebrecht.

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lunes, julio 22, 2019

Tercer acto



ESCENAS VERDADERAS EN UN TINGLADO ELECTOFÁCTICO

http://consorciociudadano.org/escenas-verdaderas-en-un-tinglado-electofactico/

(Tercer Acto)
14 de julio de 2019.
Hernando Llano Ángel.

Los más recientes escándalos de la actualidad política nacional reflejan plenamente la esencia de nuestro régimen electofáctico: la simbiosis entre la política, el delito y la criminalidad, con dos protagonistas situados en los extremos ideológicos del teatro político: Jesús Santrich, de la FARC, y Andrés Felipe Arias, del Centro Democrático. Lo que tienen en común, además de proclamarse inocentes y perseguidos por la justicia  --como suele suceder con todo político investigado— es que su actividad política ha estado directa o indirectamente vinculada con el crimen y la ilegalidad. Y que cada uno de ellos ha intentado evadirla con relativo éxito.

De “buenos” y “malos” delincuentes.

Pero las diferencias son notables y hasta cruelmente irónicas, pues ambos están signados por la extradición y la justicia norteamericana, más que por la colombiana, hasta ahora impotente en su ejercicio y eventual castigo. “Uribito” se fugó de la justicia colombiana, terminó en una cárcel norteamericana y fue extraditado a Colombia. Santrich hizo lo mismo, pero para eludir la justicia colombiana y su eventual extradición a cárceles norteamericanas. El primero tiene sentencia ejecutoriada por 17 años de cárcel, pero clama por el derecho a una segunda instancia, bien para lograr una remota absolución o una sustancial rebaja de penas. Lo cual no obsta para que reciba un tratamiento especial, como delincuente “bueno”, privilegiado y de primera clase, al punto que los medios de comunicación no pudieron cubrir su llegada a Colombia –atentaría contra su honorabilidad-- y que su reclusión o paradero sea la Escuela de Caballería de Bogotá. Una paradoja propia de un Estado electofáctico, sus guarniciones militares terminan albergando, con comodidad y privacidad, a los “buenos muchachos” condenados por delitos contra la administración pública. Sabas Pretelt, por contribuir al cambio de un articulito de la Constitución, pagó cerca de 6 años en la Base Naval de Cartagena y Diego Palacio, en la Escuela de Caballería. Pareciera que los delitos relacionados con Uribe fueran menores, insignificantes, eufemísticos, como los “falsos positivos”, o hasta inexistentes, como  sucede  en el caso personal del “presidente eterno”. Tal es el tratamiento dado a los “buenos delincuentes”, que contrasta con el destinado a los “malos delincuentes”, los opositores y desertores, como Santrich, por quien hay una oferta de cerca de 3 mil millones de pesos. Y después dicen que el crimen no paga o quizá se trate, más bien, de una versión naranja del “que la hace la paga”. Ironías propias del maniqueísmo punitivo, que da trato diferente a los delincuentes, según sean “buenos” o “malos” muchachos, así como hay “ciudadanos de bien” y otros del “mal”, según estén a la diestra o siniestra de quien gobierna. Para los primeros, discreción, presunción de inocencia y respeto, para los segundos, escarnio, ensañamiento y condena.

Una Justicia política a la medida

En fin, una justicia a la medida de la importancia y del rol político de los “buenos” delincuentes. Tanto para los de extrema derecha y ahora, con estupor e indignación de estos, también para  sus contradictores de la otrora extrema izquierda, quienes hoy son sus colegas en el Congreso y prácticamente tienen a esta corporación por cárcel, en tanto cumplan con la JEP, digan toda la verdad y reparen a sus víctimas, según lo establecido en el Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición del Acuerdo de Paz.
Quizá por eso hace tanto ruido la necesidad de que el Congreso de la República consagre la retroactividad en la aplicación de la segunda instancia para todos. Así, cubriría a quienes todavía pagan condenas por parapolítica y probablemente a los que ya la pagaron “injustamente”, como también a tantos condenados en el proceso 8.000. De imponerse esta especie de “justicia política retroactiva y a la medida”, entraríamos en un cuarto acto de nuestro vergonzoso tinglado político, que bien podría titularse con luces centellantes: “Transando impunidades”. Otra característica propia de nuestro régimen electofáctico.

“Hay que tumbar el régimen”

Tal régimen fue descrito por Álvaro Gómez Hurtado (q.e.p.d,) con exactitud premonitoria en entrevista publicada en el número 303 de la revista Diners, en junio de 1995, cuando señaló que “es todo régimen opresivo, que está usufructuando los gajes del poder, y que naturalmente no se quiere dejar modificar, que no le importa que haya leyes porque está por encima de ellas. El régimen transa las leyes con los delincuentes” y por eso concluía: “El mal no está en las sábanas. El mal está en el régimen, que todo lo corrompe. Lo de fondo es tumbar el régimen”. Quizá por ello el régimen se apresuró a matarlo. Y este régimen seguirá matando impunemente, en la mayoría de los casos, a quienes se opongan a los poderes de facto y sus dinámicas electofácticas. Dinámicas que tienen origen tanto en las frondosas y prósperas economías ilegales (narcotráfico, minería depredadora, deforestación, contrabando, lavado de activos) como en las muy legales de Odebrecht, financiando campañas presidenciales de ganadores (Santos) y de perdedores (Zuluaga). Pero sobre todo auspiciando y encubriendo penumbrosa relaciones entre miembros de la cúpula gubernamental con empresarios o inversiones en Zonas Francas, como la de los jóvenes y emprendedores hijos del “presidente eterno”. Pero mejor no hablar del pasado, cuando en el presente la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, participa en negocios tan legales y prósperos como el Banco de Sangre Hemolife. Banco que, según investigación de José Roberto Acosta, publicada en El Espectador[1] el pasado sábado 13 de julio, “es una fundación que reportó $19.000 millones en venta en 2017 y cuyo actual presidente es su esposo, el señor Miguel Rueda, hermano de la activista-periodista María Isabel Rueda. La ministra Gutiérrez también aparece como como subgerente de la sociedad Principia Médica S.A.S, donde su esposo es el único accionista”. Todo lo anterior, anota Acosta, “violando el artículo 8 del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) y sin que la ministra del Interior haya revelado su conflicto de intereses, como lo ordena la ley 1434 de 2011. Además, la ministra participó en el Conpes 3956, que redujo trámites para que el Invima otorgue registros sanitarios a empresas como Principia Médica S.A.S y también participó en el Conpes 3957, que prevé destinar $179.000 millones de recursos públicos a empresas como Hemolife”. Grave denuncia que deberían investigar su veracidad órganos de control como la Procuraduría General de la Nación y la misma Contraloría, además de ser objeto de un debate de control político en el Congreso. Este pasaje no deja de tener una enorme carga de drama bufonesco en un gobierno con consignas y banderas como la Transparencia, la Legalidad y “el que la hace la paga”. Una magnífica oportunidad para  que Duque demuestre que es un genuino Presidente y no un gracioso y joven bufón de un Palacio situado en un tinglado electofáctico que, tras bastidores, dirigen y usufructúan banqueros, empresarios y poderosos personajes vinculados con la política y el crimen impune. Parece que la función de verdad apenas va a empezar.

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Escenas (Segundo Acto)


ESCENAS VERDADERAS DE UN TINGLADO ELECTOFÁCTICO[1]

 http://consorciociudadano.org/escenas-verdaderas-de-un-tinglado-electofactico-segundo-acto/

(Segundo Acto)
2 de julio de 2019.
Hernando Llano Ángel.

Antes de que caiga el telón del primer acto sobre el tinglado del Congreso, conviene hacer un recuento de sus principales actores, aquellos más estrechamente relacionados con los poderes de facto del narcoparamilitarismo y también con el protagonista estelar del poder presidencial, Álvaro Uribe Vélez, entre el 2002 y el 2010. Empecemos por quienes representaron el sainete tragicómico de la parapolítica y ocuparon fugazmente sus curules, siendo  trasladados del rutilante escenario del Congreso al penumbroso y confortable de pabellones carcelarios exclusivos, como auténticos criminales privilegiados. Para ello, nada mejor que el riguroso informe que aparece en el portal La Verdad Abierta, bajo el título de “La curul a la cárcel”, donde señala que en seis años de investigación, la justicia condenó por parapolítica a 60 congresistas, cuya inmensa mayoría hizo parte de la coalición de gobierno uribista (https://verdadabierta.com/de-la-curul-a-la-carcel/). Al respecto, el profesor e investigador Javier Duque, en su libro “Las urnas contaminadas.  Elecciones, fraude y manipulación en la democracia colombiana 1990-2015”, concluye: “De los 265 congresistas elegidos en 2002 al menos 50 ganaron sus curules con el respaldo económico y militar de organizaciones criminales narcoparamilitares en 15 de los 32 departamentos…Como se mencionó, Salvatore Mancuso y otros jefes paramilitares, así como ex congresistas y excandidatos, coincidieron en la versión según la cual la elección presidencial de 2002 se vio infiltrada por estas influencias ilegales” (Duque, 2017, p. 299). De allí que el Congreso  entre el 2002 y el 2010 haya sido más un tinglado electofáctico que una instancia de representación democrática, diseñada y decorada en gran parte por los poderes de la narcoparapolítica, sumados a los del clientelismo y el mercadeo electoral de la compraventa de votos, exceptuando un número escaso de congresistas, representativo del minoritario voto de opinión. Y todo ello aconteció bajo la bandera de Uribe y su lucha “contra la corrupción y la politiquería”, durante sus dos administraciones. Fin del primer acto y comienzo del segundo.

“Voten mientras no estén en la cárcel”

Tanto fue así, que el mismo presidente Álvaro Uribe Vélez, en la instalación del congreso de la Federación Nacional de Cafeteros, exhortó a los congresistas que votaran sus proyectos de ley “mientras no estén en la cárcel”, como se puede observar en este esperpéntico vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=B0qW21fXioo. Hay que abonarle a este actor estelar del poder presidencial  --a quien concedió Iván Duque el laudatorio título de “presidente eterno”—su sinceridad. Una  sinceridad extraña en su talante antioqueño, tan dado a presumir honestidad y virtud pulquérrima, pero que resume muy bien su ingeniosidad y capacidad política para metamorfosear un espacio parlamentario --superando incluso la imaginación literaria de Kafka-- en un privilegiado y exclusivo régimen carcelario, dispuesto para los congresistas de su coalición de gobierno. Este pasaje de la política nacional nos revela muy bien la versátil y verdadera identidad de los principales protagonistas de nuestro sistema político. Una identidad mutante, pues ellos logran integrar en sus roles como presidentes, congresistas y hasta magistrados de las altas cortes judiciales, lo legal con lo ilegal y lo legítimo con lo ilegítimo, que es la esencia del régimen político electofáctico. Por eso no fue fortuita la rápida extradición de los 12 comandantes paramilitares, cuando Salvatore Mancuso y sus colegas empezaron a revelar ese tinglado criminal del Congreso, producto de votos tutelados, coaccionados y ensangrentados. Mucho menos esa decisión presidencial fue inspirada por la entereza moral y la fortaleza de Uribe, sustentada supuestamente en su lucha contra el narcotráfico, como una coartada perfecta para ocultar el trasfondo criminal de la elección de sus copartidarios en el Congreso y la suya propia. Más bien fue todo lo contrario. Fue inspirada en la necesidad imperiosa de ocultar la ilegitimidad de ese Congreso, que a la postre podría afectar gravemente la de su propio mandato, haciendo así cada vez más incierta su gobernabilidad, pues quedaría al desnudo su raigambre criminal y revelaría su ilegitimidad democrática. Algo que no podía repetirse después del proceso 8.000 y que limitaría el alcance de su cruzada por la “seguridad democrática”, contra la politiquería y el narcoterrorismo de la “Far”, según sus propias palabras. 

Sin embargo, no hay que olvidar que su reelección en el 2006 fue posible cambiando un “articulito” de la Constitución, que les costó a sus ministros de Justicia, Sabas Pretelt y de Salud, Diego Palacios, varios años de cárcel por el delito de cohecho. Una paradoja propia de un régimen electofáctico, una “legitimidad” política derivada de una ilegalidad, que sólo se explica por el predominio de la opinión, expresada en las urnas, frente a un Estado derecho impotente ante el delito. No es una casualidad, entonces, que ahora el senador Uribe exprese que el Estado de Opinión es la fase superior del Estado de derecho, una falacia propia de su inventiva política, parecida a aquella según la cual la JEP es una justicia de impunidad. Ambas afirmaciones son todo lo contrario. Su Estado de opinión arrasa con el Estado de derecho y su cruzada por desmantelar la JEP asegura la mentira y la impunidad, como fuentes de una espuria legitimidad democrática.

Poder presidencial electofáctico

Pero no solo la integración del Congreso ha sido el resultado de diversos poderes de facto, tanto de los legales, mediante la financiación de campañas políticas (recientemente Odebrecht), como de los ilegales, coaccionando criminalmente o intimidando con finalidades políticas (narcoparamilitarismo y en algunas regiones Farcpolítica), sino que el mismo poder presidencial, al menos desde Gaviria hasta el presente, ha sido condicionado y muchas veces determinado directamente por esos mismos poderes. Obviamente con muy diferentes matices, propios de las violentas coyunturas que tuvieron que enfrentar, todos los presidentes de la república de los últimos 28 años han sido afectados y algunos hasta activamente promovidos por diversos poderes de facto. Empezando por César Gaviria, un presidente escatológico, pues nunca lo hubiera sido sin el magnicidio de Luis Carlos Galán por Pablo Escobar, planeado y ejecutado por una tenebrosa coalición narcopolítica con agentes de organismos de inteligencia estatal (DAS, F-2. B-2), como el mismo Gaviria[2] en sus memorias y las investigaciones judiciales lo ha revelado en sus sentencias condenatorias contra el exministro Alberto Santofimio y el exdirector del DAS Maza Márquez.[3].

Sus sucesores, tampoco habrían alcanzado la Presidencia de la República de no contar con el apoyo de otros poderes de facto criminales. En el caso de Samper, con el proceso 8000 y la generosa contribución de los carteles del narcotráfico en la segunda vuelta. Andrés Pastrana, de no haber diseñado su campaña, después de la primera vuelta, para ganar la confianza de las Farc-Ep, con la imprescindible asesoría de Álvaro Leyva, comprometiéndose con la zona de distensión del Caguán, intercambiando así votos por zona de despeje. No hay que olvidar que dicha organización guerrillera veto a Horacio Serpa, quien había ganado en primera vuelta por escasos votos (http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Col/pres98_1.html). En igual sentido, Álvaro Uribe Vélez, combinando magistralmente el repudio y el miedo de los colombianos a las Farc-Ep, junto a la simpatía de los paramilitares con su política de “seguridad democrática”. Así lo expresó Salvatore Mancuso en declaraciones a la “W Radio”: “Uno se identifica ideológicamente con algunas personas y cuando hay identidad ideológica las mismas poblaciones van y votan. Y con el Presidente Uribe hubo una identificación ideológica en la concepción de la lucha contra la subversión, de la institucionalización del Estado, de devolverle la seguridad a las zonas, cosas que quién  va a querer más que una población que ha padecido un conflicto en carne propia”.  Y el temible y desaparecido, José Vicente Castaño: “La seguridad democrática funcionó y se nos ha terminado la razón de existir. Las autodefensas nacieron porque el Estado no podía defendernos pero en este momento el Estado está en capacidad de defender a los ciudadanos” (Revista Semana, edición 1.205, Junio 6 a 13 de 2005, página 34).

Por último, incluso las elecciones recientes de Juan Manuel Santos, como la actual de Iván Duque, no se pueden comprender sin la influencia o el rechazo a dichos poderes de facto, como está sucediendo en nuestros días con el proceso de transición de las Farc-Ep y su conversión en Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Pero ello precisa un tercero y último acto, en la próxima entrega, para terminar con la presentación de esta trágica obra electofáctica y su parafernalia institucional. Una obra en la que, de alguna manera, todos tenemos un  papel que representar, más allá de la de pasivos, fanáticos o indiferentes espectadores, pues nadie puede renunciar a su responsabilidad política en este tinglado electofáctico. Si continuamos tolerándolo o promoviéndolo, cada día será más repudiable y aborrecible, y hasta corremos el riesgo de que el teatro sea destruido y la función termine en una auténtica hecatombe para todos. Esto es lo que nos está sucediendo ahora en forma dolorosa, criminal e impunemente con el asesinato de cientos de defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales. Hay que poner fin ya a esta macabra función.


[1] Neologismo para referirse a las elecciones condicionadas y determinadas por poderes de facto, tanto legales como ilegales, y no por la libre voluntad de la ciudadanía, que consolidan un régimen donde la política se fusiona con el delito y el crimen.


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Escenas verdaderas de un tinglado electofáctico (Primer Acto).


ESCENAS VERDADERAS DE UN TINGLADO ELECTOFÁCTICO

http://consorciociudadano.org/escenas-verdaderas-de-un-tinglado-electofactico-primer-acto/

(PRIMER ACTO)
18 de junio de 2019
Hernando Llano Ángel.
Política y dramaturgia

La política y la dramaturgia son hermanas siamesas. Viven indisolublemente ligadas a la representación de la vida en sus múltiples e inesperados avatares. Desde la comedia, el drama hasta la tragedia. Bien lo sabían los griegos, con su pléyade de autores trágicos y sus extraordinarias obras[1]. En ambas actividades sus protagonistas se resisten a salir de escena, especialmente cuando son exitosos y su público los reclama, como en los casos de los senadores Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro. Ellos, como los actores de teatro, no pueden vivir sin la fama y sus devotos electores, pues son vanidosos y narcisistas que aspiran a ser eternos. Aunque su ámbito de representación y actuación sea diferente. La dramaturgia suele escenificarse en teatros y en ocasiones también en la calle y las plazas públicas. De la política se puede decir que, siendo la obra mayor de la vida y la muerte, se representa y actúa en todos los ámbitos, desde los públicos e institucionales del Estado, hasta lo más privados y personales, como los laborales y familiares. En ese sentido, todos hacemos parte de la obra y somos actores políticos, aunque de reparto, especialmente en las elecciones. De allí, que nadie pueda escapar a las consecuencias de la política, aunque las decisiones que a todos nos afectan las tomen unos pocos, esos actores profesionales que llamamos políticos. Ellos representan su función en escenarios especialmente visibles: Presidencia, Ministerios, Congreso y en los ámbitos regionales y municipales: Asambleas, Concejos, Gobernaciones y Alcaldías. Pero, sin duda, el escenario más importante es el Congreso, porque allí se escribe y decide el libreto de la sociedad a través de Actos Legislativos y de diversas leyes. En él se escenifica, de alguna forma, lo que acontece en la sociedad: sus necesidades, reivindicaciones, angustias, conflictos y aspiraciones. En ese sentido, sus actores son más o menos representativos de todos nosotros y de lo que nos sucede. Por eso, las escenas dramáticas que se vivieron con el ingreso de un nuevo actor a tan importante escenario, como Santrich, son tan significativas y vale la pena considerarlas en el contexto de otras temporadas, obras y actores que han representado diversos papeles en el Congreso. Quizá así veamos toda la tramoya que hay detrás de semejante tragicómico espectáculo y podamos comprender las dimensiones reales de la política nacional, una verdadera ópera bufa de la democracia.

Un tinglado electofáctico

Habría que empezar por la presencia en el Congreso, en el pasado reciente, de un trío de actores tenebrosos, más representativos de una película de horror que de un escenario político: Salvatore Mancuso, Ivan Roberto Duque (alias Ernesto Báez) y Ramón Isaza, destacados jefes paramilitares, inmersos hasta los tuétanos en el narcotráfico y las masacres de campesinos[2]. El debut de Mancuso en el Congreso fue el 28 de julio de 2004 y tuvo como propósito fundamental ambientar políticamente el trámite de la que sería después la ley 975 de 2005, más conocida como de “Justicia y paz”. Apartes de su elocuente intervención pueden verse en https://www.youtube.com/watch?v=KcQYlCDuwFk. La mayoría de los congresistas no sólo lo escucharon con atención, sino que lo aplaudieron con devoción al final de su intervención. Entonces no hubo suspensión y menos levantamiento de la sesión. Ni los opositores tuvieron posibilidad de hacer escuchar sus voces. Una voz airada en las barras fue acallada. Cuatro años después, en el libro “Las comadres de la parapolítica”, tras bambalinas, el periodista Juan Carlos Giraldo, en entrevista a las congresistas Eleonora Pineda y Rocío Arias, nos cuenta cómo fue posible la visita de tan importantes actores:
“Le contamos al presidente que ya los jefes de la AUC no querían ir al Congreso, dice Eleonora tratando de reconstruir ese momento. Y Rocío recuerda lo que dijo al presidente: Pre, ellos no van a venir. No es que tengan miedo de venir, lo que pasa es que le temen al rechazo de algunos sectores políticos como el Polo, Gustavo Petro, las organizaciones de las víctimas, y sabemos que las ONG están organizando sabotajes. Bueno niñas, ustedes no pueden aplazar esa visita, les dijo el presidente mirándolas fijamente. Las dos comadres se cruzaron miradas de entusiasmo. Entendieron que con esas palabras él apoyaba su causa. No podían creer que el presidente Álvaro Uribe las fuera a respaldar de manera tan inmediata y sencilla. Esperaban trabas, y se sintieron todavía más dichosas cuando, según lo recuerdan, el primer mandatario les pidió solucionar de una vez el problema. Esto es muy importante para la paz de Colombia. Eleonora, llame a Mancuso. … Llamé a Mancuso y le dije: aquí estoy con el presidente de la República, el presidente dice que nosotras tenemos toda la autonomía, y que él no ve inconveniente porque es una oportunidad histórica. Por su parte Rocío también lo reafirmó: Desde el teléfono persuadimos a los jefes de las autodefensas para que vinieran al Congreso; el presidente estaba a un lado de nosotras, y delante de él llamamos a Mancuso y le aclaramos todo, lo tranquilizamos y le dijimos que el gobierno quería que ellos vinieran. (Giraldo, 2008, pp. 179- 180).

El mismo Juan Carlos Giraldo, el 28 de abril de 2008, en la emisión central del noticiero de televisión de RCN, entrevista a Mancuso y éste le explica lo que está pasando en el Congreso con la detención de numerosos congresistas investigados por parapolítica, entre ellos Mario Uribe, primo segundo del entonces presidente Álvaro Uribe:

“Estos síntomas inician por las autodefensas, porque somos los primeros que hemos tenido que avanzar en unos procesos judiciales contando la verdad de lo sucedido. En la medida que avance la guerrilla a contar las verdades y luego el narcotráfico a contar las verdades, más de la mitad del Congreso de la República estará vinculado a estos fenómenos que se dieron regionalmente en las diferentes zonas de Colombia. Lo que dije fue que el 35% del Congreso fue elegido en zonas donde habían estado las Autodefensas. En esos estados nosotros fuimos los que cobramos tributación, impartimos justicia, tuvimos el control territorial y militar de la región y todas estas personas que querían hacer política en la región tenían que venir y concertar con los representantes políticos que teníamos allí”[3].

El 13 de mayo de 2008, apenas 15 días después de dicha entrevista, Mancuso junto a otros 12 jefes narcoparamilitares fueron extraditados a Estados Unidos[4] y con ellos gran parte de la verdad sobre las relaciones entre la política y el crimen. Relación que constituye la quintaesencia del régimen político que tenemos, cuya denominación más próxima sería la de electofáctico, puesto que no sólo un número significativo de congresistas son elegidos por sus alianzas o coaliciones con actores criminales y poderes de facto, sino que incluso en todas las elecciones presidenciales, desde Gaviria hasta Duque, dichos poderes han tenido una influencia condicionante y determinante. Pero esa historia precisa un segundo y hasta tercer acto, en las próximas entregas de Consorcio, para describir en forma más detallada el complejo e ingenioso tinglado electofáctico que es nuestra realidad política nacional, cuya más reciente y escandalosa escena fue la protagonizada por Santrich, un actor de mucha menor importancia e influencia política que la del aclamado trío de los comandantes narcoparamilitares. ¿Por qué será que muchos le tienen tanto miedo a la verdad completa y solo rechazan y les escandaliza aquella relacionada con los crímenes y la corrupción del adversario, pero no la relacionada con los crímenes y la corruptela auspiciada por sus propios correligionarios? ¿Será que hay una violencia “buena y legítima”, la propia, y otra “mala e ilegítima”, la del adversario? ¿Unos “buenos muchachos”, los que me acompañan y otros “malos muchachos”, los que se me oponen? ¿Unos que asesinan legalmente y otros que matan ilegalmente? ¿Será posible vivir en una sociedad decente y en paz con semejante maniqueísmo criminal?


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lunes, junio 10, 2019

CORONELL ES GENERAL


EL CASO DE DANIEL CORONELL ES UN ASUNTO DE INTERÉS GENERAL

Hernando Llano Ángel

La desaparición del periodista Daniel Coronell de las páginas de la revista Semana, con sus rigurosas investigaciones y sus sustentadas opiniones, es mucho más que un debate sobre la libertad de expresión pública en Colombia. Es un asunto de interés general y de trascendencia vital. Sin exagerar, es una cuestión de Estado, de civilidad y humanidad, que nos emplaza a todos frente a nuestra realidad.

Cuestión de Estado

Es una cuestión de Estado, puesto que la contemporización de la revista Semana en revelar las directrices de seguridad nacional del presidente Duque, fue lo que realmente generó la columna de Coronell que derivó en su despido de la publicación. Unas directrices que podían repetir, en forma más sutil y discreta, la criminal política de la llamada “seguridad democrática”, cuya más inhumana y brutal expresión fueron miles de ejecuciones extrajudiciales conocidas cínicamente como “falsos positivos”. Una reedición más sutil, pues ahora no está precedida de la funesta Directiva 029 de 2005[1] del entonces ministro de defensa, Camilo Ospina, en cumplimiento de la “inteligencia superior” del presidente Álvaro Uribe y su política de “seguridad democrática”, sino que se materializa en circulares y manuales del comandante del ejército, Mayor General, Nicacio Martínez, precedidos de “la Disposición 002 de 2019 que actualiza toda la normatividad militar que regula cómo deben actuar las tropas para preservar siempre los Derechos Humanos”[2].

Disposición para matar y ocultar

Una Disposición impecable desde la normatividad del Derecho Internacional Humanitario, pero también implacable en su errática y criminal aplicación, como quedó fatalmente demostrado con el aleve asesinato de Dimar Torres[3], desmovilizado de las FARC-EP. Asesinato que intentó justificar y excusar por todos los medios (televisivos, radiales y escritos) el ministro de defensa, Guillermo Botero, hasta que las evidencias de Medicina Legal lo refutaron. Porque la verdad detrás de esta Disposición 002 y de los manuales que la desarrollan es que de nada sirven, cuando se aplican en un contexto oficial que invita e incita a cometer “masacres con criterio social”, según el trino del senador Álvaro Uribe, que lo hace políticamente responsable de semejantes actuaciones militares. Con mayor razón, si el actual ministro de defensa cuenta con su incondicional apoyo y el del presidente Duque. Un apoyo que es ratificado por Duque en forma desafiante y también indecorosa, encargando a Botero de la Presidencia de la República durante su viaje a EL SALVADOR a la posesión presidencial de Nayib Bukele. Una designación políticamente muy reveladora, teniendo en cuenta que Botero está ad portas del trámite de una moción de censura en el Congreso. Sin duda, este episodio demuestra a las claras la impostura del mito de la civilidad de nuestros gobernantes, pues son ellos quienes aúpan y justifican las actuaciones ilegales y eventualmente criminales que cometen algunos miembros de la Fuerza Pública, que luego tratan de excusar con la metáfora impune de “algunas manzanas podridas” o de “agentes díscolos de la institucionalidad”.  De esta forma, proyectan nacional e internacionalmente una mentirosa imagen de “civilidad democrática”, arrojando de paso toda la responsabilidad y culpabilidad sobre los militares. Por eso la obsesión de este gobierno del Centro Democrático en hacer trizas la JEP, donde un grupo significativo de oficiales y miembros de la Fuerza Pública están revelando cómo se cometieron los “falsos positivos”, cumpliendo estrictamente las directrices emanadas del “presidente eterno” y su ministro de defensa, Camilo Ospina, determinadores últimos de tan numerosas ejecuciones. Sin duda, los avances de tales investigaciones en la JEP conducirán inevitablemente a revelar judicialmente la cruel verdad que todos conocemos: la responsabilidad insoslayable de Álvaro Uribe Vélez y su ministro de defensa, a través de la Directiva 029 de 2005, en la comisión de miles de ejecuciones extrajudiciales, supuestamente en defensa de la “democracia” contra el “terrorismo”. Esa es la verdad que tanto temen. Y para eludir semejante responsabilidad, tienen el cinismo de señalar que la JEP es una justicia que promueve la impunidad, cuando es exactamente lo contrario. Es una justicia que, al promover la verdad, impide la impunidad de los crímenes más atroces, desde los miles cometidos por las FARC-EP hasta los promovidos por el Estado y financiados o auspiciados por algunos civiles. Según el punto 33 del Manifiesto Democrático del “presidente eterno”: “También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”, que ahora se busca perpetuar a través del llamado derecho operativo, tras la filigrana humanitaria de la Disposición 002 de 2019.

Censura de la realidad y la verdad

Por eso, más allá que una grave censura a la libertad de expresión y a la opinión de Coronell, lo que este caso revela es una censura casi total de la realidad y la verdad. Realidad y verdad que una publicación como Semana omitió publicar –y, en lugar de hacerlo, primero consultó al Secretario General de la Presidencia, Jorge Mario Eastman— siendo así chiviada por The New York Times, en un ejercicio profesional de periodismo investigativo, ajeno por completo a la cómplice prudencia de las buenas relaciones públicas y políticas de los propietarios y editores de Semana. Ese es el mediocre entramado de unos medios de comunicación complacientes y comprometidos con el Statu Quo que develó y puso en crisis la columna de Coronell. Por eso sus propietarios y directores prescinden de la voz civil y crítica del periodista, pues son incapaces de reconocer su maridaje con la quintaesencia del poder autocrático que nos gobierna, esa simbiosis y amalgama perfecta del poder político-militar, siempre obsesionado en ocultar por todos los medios --especialmente los periodísticos-- su verdadero rostro arbitrario, criminal e impune y proyectar en su lugar una falsa e impúdica caricatura de legalidad y civilidad democrática. Caricatura grotesca que ha sido, una vez más, exaltada sobre el dolor de las víctimas de falsos positivos con el ascenso del actual comandante del Ejército, Nicacio Martínez, a General de cuatros soles. Ascenso realizado sin éste haber aclarado ante la justicia su presunta responsabilidad en varios  falsos positivos, siendo jefe del estado mayor de la Décima Brigada Blindada en los departamentos de Guajira y Cesar[4] en el 2005, bajo la administración del “presidente eterno”.

Asunto de civilidad y humanidad

Al producirse tal ascenso, lo que ha desaparecido es la civilidad de los senadores que la aprobaron, junto a la humanidad de quienes seguramente sufrirán los efectos de semejante promoción, como casi sucede con el cuerpo de Dimar Torres que iba a ser arrojado y ocultado en una zanja, presurosamente cavada por sus asesinos. Pero también está en juego nuestra propia civilidad y humanidad, pues inevitablemente todos veremos sus consecuencias políticas, una de las cuales parece ser el inicio de una publicitada y aguerrida campaña por una “Constituyente para la justicia”. Campaña cuyo principal cometido es hacer trizas la JEP y sus esfuerzos por revelar la verdad y poner fin a la encumbrada impunidad institucional y política que nos gobierna desde tiempos inmemoriales con ínfulas democráticas de “genuina legitimidad”. Tan genuina, que descansa sobre una brutal facticidad criminal, encubierta por una complicidad que asciende hasta la cúspide del poder político en el Senado, el Ejecutivo y el mando militar del Ejército. Una perversa trinidad: tres personas distintas y una sola realidad de iniquidad.

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