Paz o guerra: el falso dilema de estas elecciones.

PAZ O GUERRA: EL FALSO DILEMA EN ESTAS ELECCIONES

La paz es mucho más que un acuerdo entre el gobierno y un grupo guerrillero. Es una forma distinta de convivir y de hacer la política, y por eso ni Santos ni Zuluaga están haciendo la paz verdadera: están polarizándonos alrededor de un falso dilema. 

Hernando Llano Ángel*

Zuluaga y Santos perdieron en primera vuelta

Todo parece indicar que el próximo domingo los colombianos estaremos abocados a un dilema de vida o muerte, a escoger entre la paz y la guerra. Pero si fuera así de simple, nadie en sano juicio dudaría en votar por la paz.

Entonces tenemos que concluir que el asunto es mucho más complejo, ya que el pasado 25 de mayo los dos candidatos punteros, Zuluaga y Santos, apenas alcanzaron a convocar a 7.061.786 votantes, que escasamente representan el 21,41 por ciento del total de colombianos y colombianas habilitados para votar, pues el censo electoral es de 32.975.158 cédulas vigentes.

En términos futbolísticos, tendríamos que reconocer que el 25 de mayo los colombianos   perdimos el juego más trascendental en toda sociedad: el juego del poder, por un marcador escandaloso y preocupante de 6 goles contra 4, pues la abstención fue del 60 por ciento y la participación apenas del 40 por ciento. En un juego del cual depende no sólo cómo vivimos, sino incluso cómo morimos.

Y si miramos al desempeño individual de cada “jugador”, tenemos que Zuluaga apenas representa el 11,40 por ciento  de la ciudadanía y Santos el 10,01 por ciento. Incluso, siguiendo con las cuentas, pues al fin al cabo lo que ellas reflejan es la voluntad de los ciudadanos, llegamos a la paradójica conclusión de que Zuluaga y Santos fueron derrotados, cada uno por separado, si sumamos los votos obtenidos por los otros tres jugadores, en su orden: Martha Lucía Ramírez (1.995.698 votos: 15,52 por ciento); Clara López (1.958.414 votos: 15,23 por ciento) y Enrique Peñalosa (1.065.142 votos: 8,28 por ciento), con un total de 5.019.254 votos que representan el 39,03 por ciento de los votos válidos.

Por si lo anterior fuera poco, 770.610 (5,99 por ciento) colombianos al votar en blanco expresaron su rechazo a todos los anteriores “jugadores”;  52.994 electores (0,40 por ciento) no marcaron el tarjetón y 311.758 (2,35 por ciento) votos fueron anulados al no expresar dichos electores claramente su voluntad en los tarjetones.

Conclusión: Ni Zuluaga, ni Santos representan la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, sino solamente a una minoría de 7.061.786 colombianos, que escasamente es el 21,41 por ciento de los habilitados para votar. En otras palabras, cerca del 80 por ciento de los colombianos y colombianas no creen en Zuluaga ni Santos, pero será entre ellos dos que tendremos que elegir al presidente de la República. Semejante apatía, escepticismo, rechazo o repudio de semejantes “ganadores”, significa que la inmensa mayoría de los colombianos no creen en sus propuestas políticas y tampoco en que sean la solución para definir el falso dilema de la guerra o la paz que nos plantean para el próximo domingo.

Equipos mediocres y jugadores tramposos

Zuluaga y Santos han clasificado a la final por descarte o repechaje, pero no lo merecen, pues la jugaron en medio de escándalos y en un estadio semivacío, ya que sólo asistió el 40 por ciento de los espectadores.

Ahora el 39,03 por ciento de los “hinchas” que respaldaron y creyeron en los otros equipos y sus candidatos, más el 6 por ciento que votaron en blanco, tendrán que decantarse en la final por alguno de los dos candidatos  mediocres y escandalosos, como lo demostraron con sus maniobras oscuras  durante la primera vuelta.

Y para buscar que haya más afluencia de público al partido final, lo están promoviendo como si se tratara de un combate entre la paz y la guerra, la vida o la muerte. Cada candidato está intentado demostrar al público elector este dilema falso y dantesco, como si los ciudadanos fuéramos hinchas de barras bravas que pueden ser manipulados con tanta facilidad.

El falso dilema

El dilema es falso porque lo que está en juego en La Habana no es la paz, sino el fin del conflicto armado, y en tanto no se firme entre el Estado colombiano y las guerrillas de las FARC y posteriormente el ELN, dicha confrontación seguirá aniquilándonos y degradándonos como seres humanos, ciudadanos y colombianos. 

En efecto: la paz es mucho más que el fin del conflicto armado,  es una responsabilidad de todas y todos los ciudadanos y sólo empezará desde el instante en que dejemos de pensar y delegar nuestra voluntad de vida, justicia y reconciliación en manos de supuestos líderes o salvadores, que prometen y hablan de paz pero se preparan para ganar la guerra. Que al mismo tiempo que exhiben acuerdos se regodean por dar muerte a sus adversarios.

Con semejante doble juego y falsos protagonistas, jamás podremos vivir en paz, simplemente porque la paz política sólo puede nacer desde la ciudadanía y no desde los batallones, las trincheras y los campos minados. Sólo podemos forjar paz si pensamos y actuamos como ciudadanos, es decir como soberanos generadores de poder político en función de objetivos comunes y en beneficio colectivo,  en lugar de seguir delegando y enajenando nuestra voluntad en falsos políticos que acaban siendo déspotas soberanos, situados incluso por encima de la Constitución y la ley, hasta el extremo de poder decidir sobre la intimidad, la libertad, la dignidad, la vida o la muerte de todos nosotros, en nombre de la paz.  

Mucho menos podremos construir paz si en lugar de la reconciliación nos empeñamos en la confrontación y la eliminación del contrario, deslegitimándolo bajo la etiqueta de narcoterrorista o paramilitarista. Sólo podremos vivir en paz cuando tengamos el valor, la lucidez y la magnanimidad de la reconciliación, que nos permitirá reconocernos como seres humanos  --más allá de las atrocidades causadas por el odio y la venganza— con igual derecho a vivir con dignidad.

Pero si en vez de eso persistimos en dividirnos entre buenos y malos y en hacer de la política una cruzada donde unos pocos --que se consideran y autoproclaman lideres honorables y virtuosos-   predestinados por Dios y la Patria para salvarnos de otros pocos malos y terroristas, contra los cuales obviamente vale todo - la mentira, la tortura, el desarraigo y el asesinato- no podremos avanzar por la senda difícil que conduce a la democracia y seguiremos inmersos en el laberinto de las emboscadas y las trincheras, las tumbas o las fosas comunes donde  llevamos más de cincuenta años extraviados.

Entre 1958 y 2012, 220.000 colombianos perdieron la vida en ese laberinto. Peor aún, apenas el|18,5 por ciento de los muertos eran combatientes y el 81,5 por ciento restante eran civiles.  Fueron desplazados de sus tierras cerca de seis millones de colombianos y entre 15 mil y 30 mil han sido desaparecidos, según las diversas fuentes  oficiales o particulares consultadas por el Grupo de Memoria Histórica.

Primero la vida y la reconciliación

Por todo lo anterior, lo que está en juego el próximo domingo son las posibilidades de reconciliarnos y empezar a  con-vivir como colombianos, supuestos imprescindibles para construir una paz democrática, donde no haya lugar para más víctimas y mucho menos victimarios, y sí  para la vida y para los derechos de todos los ciudadanos.

Vale la pena recordar la conclusión de Robert Dahl: “La democracia comienza cuando – después de mucho luchar— los adversarios se convencen de que el intento de eliminar al otro es mucho más oneroso que convivir con él”, y ya llevamos más de 50 años de ignominia en tal intento y se han dilapidado cerca de  260 billones de pesos en plomo desde 1985, según sostiene Alfredo Molano en El Espectador.

Por eso quien se abstenga de asistir a las urnas este 15 de junio estará contribuyendo a que las minorías violentas sigan cavando tumbas. Lo que está en juego es mucho más que un presidente, es la forma como vivirán o morirán las próximas generaciones. Por eso primero la vida y la reconciliación, para conjurar la guerra y comprometernos con la paz, exigiendo al actual y el próximo gobierno su respeto irrestricto del artículo 22 de la Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” y a las Farc su compromiso impostergable con acciones de confianza, como el desminado de campos, el fin del reclutamiento de menores y el cumplimiento cabal del Derecho Internacional Humanitario, los pasos imprescindibles  hacia el cese del fuego bilateral con verificación internacional. De no hacerlo, seguiremos eligiendo y muriendo en nombre de la paz.

HAY QUE CONTAR CABEZAS EN LUGAR DE CORTARLAS

DE-LIBERACIÓN

(http://calicantopinion.blogspopt.com)

HAY QUE CONTAR CABEZAS EN LUGAR DE CORTARLAS

(Mayo 18 de 2014)

Hernando Llano Ángel

¿Tiene sentido votar?

En víspera de la próxima elección presidencial, bien vale la pena reflexionar sobre el sentido de votar. Y la primera reflexión es al mismo tiempo una grave tribulación ¿Tiene algún sentido votar el próximo domingo 25 de mayo? Pregunta que puede parecer absurda para quien ya ha tomado la decisión irrevocable de votar por un candidato o una candidata específica, porque considera que es la mejor opción para Colombia. Pero aún en este caso, valdría la pena preguntarse si dicho ciudadano o ciudadana tomó la decisión considerando sólo  sus propios intereses y valores, o también la repercusión de su voto en el conjunto de la sociedad. Porque votar, si bien es un acto esencialmente personal, su repercusión es fundamentalmente social, colectiva y pública. Sin duda, es la decisión personal con mayor repercusión colectiva que podamos tomar el próximo 25 de mayo. Con ella decidiremos, no sólo cómo queremos vivir nuestra propia vida, sino también cómo será la de todos los demás. De allí el principio del sufragio universal, igual y secreto, pues todos tenemos el mismo poder de decidir, no sólo quién gobernará y tomará las decisiones en nuestro nombre, sino sobre todo qué tipo de decisiones y qué políticas públicas serán las que afectarán nuestras vidas y las futuras generaciones. ¿Serán políticas a favor de la convivencia o la confrontación? ¿De la profundización de esta degradada guerra o del comienzo de su fin? ¿De la igualdad social o de los privilegios y beneficios para unos pocos? Por eso quien no vota, renuncia al ejercicio de su libertad y responsabilidad, pues deja en manos de otros su destino. Tenía toda la razón el político y diplomático irlandés, Edmund Burke, cuando sentenció: “Los gobernantes corruptos son elegidos por ciudadanos honestos que no votan”, pues con su abstención permiten que continúen gobernando los mismos de siempre en beneficio de minorías indolentes.

Nadie es apolítico

Y esto sucede así, porque nadie en este mundo puede escapar a las consecuencias de la política. Nadie puede vivir sin respirar aire puro y beber agua potable, asuntos vitales que cada día dependen más de las políticas públicas ambientales que decidan los gobernantes que elegimos. Políticas que pueden estar al servicio de la ambición de las grandes empresas mineras, o de los derechos que todos tenemos a nuestra tierra y agua.  Así mismo, nadie puede vivir sin tener un lugar seguro y amable donde trabajar, descansar, amar y soñar. Pero resulta que en nuestra patria cerca de 6 millones de colombianos, la mayoría mujeres viudas, niños y niñas huérfanos, han sido despojados cruelmente de su terruño y deambulan como fantasmas por nuestras ciudades y campos. Y todo ello sucede porque estamos en una guerra despiadada, ensañada contra los más débiles e indefensos, desde hace más de 50 años. Porque políticamente no hemos sido capaces de reconocernos todos y todas, sin excepción alguna, como personas dignas con iguales derechos y aspiraciones a la vida, la libertad, la seguridad y la convivencia.

Es decir, como una ciudadanía capaz de convivir y construir una sociedad y un Estado que nos dignifique a todos y todas por igual, sin distinción alguna de clase, género, etnia, credo religioso o ideología política.

Por todo lo anterior, más allá de por cuál candidato decida usted votar, todo ciudadano y ciudadana debe reflexionar si con su decisión contribuirá o no a que nos reconozcamos como lo que somos en las urnas, ciudadanos con igual poder decisorio en la vida pública, empeñados en construir una Colombia que supere la división y confrontación sangrienta entre víctimas y victimarios, o, por el contrario, continuemos empeñados en seguir matándonos con la  absurda pretensión de demostrar que unos son mejores que otros, profundizando trincheras y sembrando  la  tierra de minas y tumbas.

Tal es el sentido esencial del voto del próximo domingo 25 de mayo. Quizá entonces cobre entre nosotros vida y sentido la sencilla y profunda definición de la democracia de otro político irlandés, James Bryce, cuando dijo: “Es aquella forma de gobierno que permite contar cabezas en lugar de cortarlas”. Pero lamentablemente en Colombia llevamos más de 50 años cortando cabezas sin poder contarlas. Ya va siendo hora de que empecemos a contarnos y convivir entre todos y todas, si al menos queremos vivir como humanos y cristianos.

Consejo Nacional de paz y Realismo Mágico

 El Consejo Nacional de Paz: ¿una ilusión de “realismo mágico”?

Hace más de quince años se ordenó crear el Consejo Nacional de Paz, pero esta institución ha parecido más una fantasía salida de la literatura de ficción que una realidad.

Hernando Llano Ángel*

Frases de Gabo para entender el país

Para superar el lugar común de las apologías sobre Gabriel García Márquez como el gran fabulador y creador del “realismo mágico”, este artículo sobre el Consejo Nacional de Paz va acompañado por tres frases breves y dicientes de su proclama “Por un país al alcance de los niños”, donde el nobel se revela como el más lúcido, crítico y conciso desmitificador de nuestra realidad nacional.

1. “Pues somos dos países a la vez: uno en el papel y otro en la realidad”

Sin duda, eso es y ha sido hasta la fecha el Consejo Nacional de Paz, creado por la Ley 434 de 1998, y que en su primer artículo afirmaba: “La política de paz es una política de Estado, permanente y participativa. En su estructuración deben colaborar en forma coordinada y armónica todos los órganos del Estado, y las formas de organización, acción y expresión de la sociedad civil, de tal manera que trascienda los períodos gubernamentales y que exprese la complejidad nacional”.

Además, entre sus más importantes principios rectores figuraban, textualmente, los siguientes:   

-          “Integridad. Para la consecución y mantenimiento de la verdadera paz no es suficiente la sola eliminación de la guerra; se requiere simultáneamente de un conjunto de medidas integrales de carácter socioeconómico, cultural y político que combatan eficazmente las causas de la violencia;

-          Participación. Alcanzar y mantener la paz exige la participación democrática de los ciudadanos, el compromiso solidario de la sociedad y la concertación de las políticas y estrategias para su consecución y

-          Negociación. La consecución de la paz implica la utilización prioritaria del recurso del diálogo y la negociación como procedimientos expeditos para la desmilitarización de los conflictos sociales y políticos nacionales y territoriales”.

No obstante la claridad de la ley, hasta la fecha ningún presidente la ha cumplido, pues las administraciones de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe utilizaron la paz como estrategia política para alcanzar la Presidencia y luego dedicarse desde ella a hacer la guerra.

• El primero, apoderándose del legítimo derecho y la ingenua esperanza de más de diez millones de colombianos que exigimos, mediante el Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad, de octubre de 1997, el cese de la guerra y el respeto de la población civil por parte de todos los actores armados.
• Y el segundo, capitalizando la repulsa y el miedo producido por las acciones terroristas de las FARC en contra de la población civil, para prometer una pax romana por la vía de las armas que nunca estuvo cerca de alcanzar, pese al anuncio de que estábamos “en el fin del fin”, como otro coronel Aureliano Buendía en una de sus muchas guerras demenciales.

Obviamente, en tal contexto dejó de existir la política de paz como una “política de Estado permanente y participativa”, para cambiarse primero por el Plan Colombia y, después, mediante la negación del conflicto armado interno, por una guerra contra la “amenaza terrorista”. Esta guerra desembocó en miles de “falsos positivos”, vistiendo de terroristas a jóvenes civiles, pobres e indefensos, para aumentar así criminal y mentirosamente el número de bajas de las FARC.

Por arte de la política y no de la literatura, el “realismo mágico” fue sustituido por el “terror oficial”, según la clarividente definición del punto 33 del “Manifiesto Democrático” de Álvaro Uribe: “Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”.

2. “Somos conscientes de nuestros males, pero nos hemos desgastado luchando contra los síntomas mientras las causas se eternizan”

Pero ahora parece que por fin el gobierno y las FARC han tomado consciencia sobre las causas de nuestros males, reconocen el “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, e incluso han identificado las dos causas principales: la disputa violenta por la tierra y los odios generados por la exclusión política y las revanchas interminables entre adversarios, convertidos así en enemigos irreconciliables.

De allí que de nuevo aparezca en el horizonte la urgencia del Consejo Nacional de Paz, ahora sí para cumplir la ley y darle vida política, social y territorial, pues nada se ganaría con una firma en La Habana si la construcción de la paz no avanza en las regiones y en la sociedad colombiana.

Precisamente por lo anterior, Luis Eduardo Garzón, encargado por el presidente Santos de organizar el Consejo Nacional de Paz, ha declarado: "Reactivaremos este ente para que tenga validación. Construirlo será complejo, pero lo vamos a trabajar".

Para esto, el Consejo "debe tener línea directa con los diálogos de paz", "esta es la oportunidad para no tener escenarios de confrontación total, porque es bien difícil el escenario de guerra que vive Colombia".

3. “Esta encrucijada de destinos ha forjado una patria densa e indescifrable donde lo inverosímil es la única medida de la realidad”

De esta forma el Consejo Nacional de Paz se convierte en pieza clave para armar el rompecabezas de la paz, pues debe tener la suficiente representatividad y a la vez efectividad para asumir los retos que implica reconocer las verdades de todas las víctimas del conflicto, como un paso imprescindible para llegar al horizonte de reconciliación nacional.

Pero el Consejo también debe ser una caja de resonancia que recoja y exprese la pluralidad de voces e intereses de nuestra conflictiva y disputada sociedad civil, para que la difícil travesía de una eventual firma de la paz en La Habana a los hechos de paz en el territorio nacional no naufrague en un mar de escepticismo e incredulidad.

Para eso los representantes de la sociedad deben actuar con radical autonomía frente al gobierno de turno y frente a las FARC, pues de otro modo el Consejo correrá el riesgo de convertirse en una arena de disputa política y electoral, en lugar de ser la afirmación de los derechos a la verdad, la reparación y la dignidad de todas las víctimas del conflicto.

Colombia 2014: ¿La copa de la Paz?

DE-LIBERACIÓN

Colombia 2014: ¿La copa de la paz?

Colombia enfrenta un Mundial de Fútbol y la posible resolución de un conflicto de más de medio siglo. ¿Seremos capaces de vencer a nuestros rivales futbolísticos y a aquellos que quieren dejar a la paz fuera de lugar? 

Hernando Llano Ángel*

Un gran equipo

Tanto política como futbolísticamente, 2014 es para Colombia la hora de la verdad. Sin duda, la paz y la Copa Mundo son los máximos anhelos de todos los colombianos.

Para muchos, la selección de fútbol es la encarnación de la identidad nacional. Su camiseta es una divisa tan preciada que todos desean portarla, desde el presidente Santos hasta los delegados de las FARC en La Habana, como símbolo indiscutible de victoria y afirmación colectiva.

El uniforme de la Selección es hoy más representativo que todos los símbolos patrios, y sus jugadores más reconocidos y respetados que cualquier político. Ellos ya clasificaron en la memoria y el corazón de los colombianos y ahora ocupan un destacado cuarto lugar en la historia estadística de la FIFA.

No gratuitamente muchos aficionados postularon a Pékerman para la Presidencia, pues había alcanzado la proeza que toda sociedad demanda de un auténtico líder: cumplir su más preciada meta gracias al esfuerzo de sus jugadores. Seguramente por eso el mismo presidente Santos se apresuró a ofrecerle la nacionalidad colombiana, para aumentar su popularidad y contar con su ayuda.

La copa de la paz

Siguiendo con la alegoría, nada desearía más Santos que emular a Pékerman y firmar la paz con las FARC antes de las elecciones presidenciales. Pero esta es una meta inalcanzable, porque la “copa de la paz” es mucho más difícil que la Copa en Brasil, donde jugará la Selección más preparada, responsable y exitosa que hayamos tenido, sin más aspiración que un triunfo deportivo.

En cambio en la disputa de la paz sucede lo contrario, pues tras ella se oculta el juego mayor en toda sociedad, que no es otro que el poder: su ejercicio, control y conquista desde el Estado, para definir quiénes se quedan con qué y cómo se vive y juega en el vasto campo de la vida social, económica y cultural.

Por lo tanto, en este juego mayor del poder todos participamos, pues resultamos afectados, aunque en la mayoría de las ocasiones muy pocos toman las decisiones y casi siempre ganan los mismos.

De allí que en víspera de elecciones para el Congreso, el próximo 9 de marzo y Presidencia de la República, el 25 de mayo, todo esté en juego. Incluso el debut de la Selección Colombia contra Grecia será el sábado 14 de junio, justo un día antes de la segunda vuelta presidencial.

Sin duda, en ambas fechas los colombianos nos jugamos mucho más que la euforia de un triunfo o la tristeza de una derrota. La diferencia consiste en que durante el Mundial ninguno de los jugadores corre el riesgo de morir violentamente, pues las reglas son aceptadas por todos, además de contar con un árbitro imparcial, con una organización internacional que promueve el juego limpio, y con millones de espectadores que jamás tolerarían la violencia y la trampa como tácticas.

Los 22 jugadores estarán bajo la miradas de miles de millones de aficionados, sus aciertos y errores serán públicos. Así las cosas el resultado será inobjetable, incluso cuando el triunfo se obtiene con la “mano de Dios”, desluce por lo injusto, como sucedió con Argentina frente a Inglaterra.

En cambio en nuestro juego por el poder político sucede lo contario. En lugar de la competencia limpia de la democracia, en nuestra cancha tienden a predominar la violencia, la trampa y la codicia.

Incluso cuando convienen reunirse en La Habana el Gobierno y las FARC para definir esas reglas del juego político que todas las partes acatarán y respetarán, lo hacen en el contexto de juego sucio de la guerra y la eliminación del contario.

Por fuera del campo de juego nacional -en La Habana- se reconocen como interlocutores y adversarios, pero dentro del país, en la cancha nacional –donde se define realmente el juego vital- son acérrimos enemigos, bandos enfrentados a muerte: “demócratas” contra “terroristas” o “revolucionarios” contra “vende patrias”, según las proclamas y coartadas que cada equipo logra promover entre sus hinchas.

Dos goles en favor de la paz

No obstante lo anterior, en La Habana se lograron acuerdos sobre dos puntos cruciales para el juego limpio del poder nacional.

El primero, la propiedad y uso de la tierra, vale decir, el tamaño de la cancha y su uso justo, para garantizar que todos los jugadores honestos la puedan cultivar. Para evitar su concentración e impedir su apropiación y depredación por codiciosos jugadores de grandes equipos extranjeros.

El Gobierno promueve la Ley 1448 de 2011 –Ley de víctimas- para restituir millones de hectáreas a campesinos desplazados por la ambición desmedida de narcos, parapolíticos y agroempresarios nacionales e internacionales.

Pero según el grupo de Monitoreo de la Unidad de Restitución de Tierras, se han resuelto 911 casos, que corresponden a 19.255 hectáreas y cerca de 790 predios. Y en medio de ese proceso han sido asesinados más de 66 líderes populares, hechos por los que hasta agosto de 2013 habían sido capturadas 3 personas. En otras palabras, la ley apenas se aplica, pero se excluye a los jugadores que aspiran a cultivarla y cuidarla.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha informado sobre al menos 71 asesinatos de líderes de procesos de restitución ocurridos en 14 departamentos entre 2006 y 2011. Pero el informe más completo al respecto fue elaborado por Human Rights Watch, que habló de más de 80 casos de amenazas contra reclamantes de tierras y más de 30 nuevos casos de desplazamiento en los que reclamantes abandonaron su hogar una vez más luego de amenazas vinculadas con sus intentos de restitución o activismo, según denuncia Tatiana Acevedo en su columna de El Espectador.

El segundo acuerdo entre el Gobierno y las FARC concierne a la participación en política, nada más y nada menos, que a las reglas sobre “quién se queda con qué, cómo y cuándo del poder estatal”.

Hay que reconocer el espíritu de juego limpio que los animó en el segundo punto a “establecer medidas para garantizar y promover una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancias y no estigmatización lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto por la ideas, tanto de los opositores políticos como de las organizaciones sociales y de derechos humanos”.

Por eso son alentadoras sus ideas innovadoras de “Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz”, “para promover la integración territorial y la inclusión política de zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono, de manera que durante un periodo de transición estas poblaciones tengan una representación especial de sus intereses en la Cámara de Representantes”.

Pocos hinchas en las graderías

Pero dicho espíritu incluyente parece tener poco eco en las tribunas de ciudadanos consultados por el Barómetro de las Américas en su sondeo sobre ¿Qué piensan los colombianos del proceso de paz?, que arrojó resultados como los siguientes:

-          En las zonas de conflicto el 61,2 por ciento no está de acuerdo con la transformación de las FARC en un partido político y en el país como un todo la cifra asciende a 68,4 por ciento.

-          En las zonas de conflicto el 68,4 por ciento no apoyaría desmovilizados de las FARC a las Alcaldías y Concejos Municipales, y el 73,1 por ciento no lo harían en el orden nacional.

-          Para eventuales candidatos al Congreso, el rechazo es respectivamente del 72,5 y 76,6 por ciento.

-          Y, por último, si eventualmente un desmovilizado ganara una Alcaldía en zona de conflicto, el 45,5 por ciento no aceptaría el triunfo frente a un 38,5 por ciento que lo haría y nacionalmente la proporción sería de 53,7 frente a 35,1 por ciento. 

¿Podremos ganar la copa de la paz?

Si a lo anterior sumamos la existencia de árbitros sesgados por una concepción punitiva de orden doctrinario de la contienda política, ajena al pluralismo ideológico, el secularismo y a la legalidad, como es el caso del procurador Ordoñez, obcecado en expulsar de la cancha política a jugadores que le son incómodos, es claro que en el 2014 no ganaremos la copa de la paz.

Con mayor razón cuando tenemos partidos tan singulares –como Uribismo Centro Democrático- que no logran definir una divisa y un uniforme distintos de la figura y el nombre de su goleador, experto en gambetear la ley y en dejar a su suerte o en la cárcel a muchos de sus anteriores copartidarios.

Todo parece indicar que tendremos que esforzarnos unos cuantos años más para ganar la copa de la paz, pues todavía nos falta forjar un Estado democrático con funcionarios que garanticen el juego limpio, unos equipos con jugadores legales y competentes, además de demócratas exigentes que no toleren la violencia, ni las trampas, ni el miedo o el fanatismo como tácticas de juego y mucho menos de triunfo.

Afortunadamente sí tenemos una selección de fútbol en este Mundial del 2014 que cuenta con todo lo anterior y debemos emular para ganar la paz, que es la copa que merecemos y solo podemos forjar entre todos y todas, con la generosidad de varias generaciones y no solo de unos pocos líderes o supuestos héroes en representación de nosotros.

Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, profesor Asociado en la Javeriana de Cali, socio de la Fundación Foro por Colombia, Capítulo Valle del Cauca.
Publica en el blog: calicantopinion.blogspot.com. 

(Publicado en www.razonpublica.com)

¿Hacia una paz democrática?

¿HACIA UNA PAZ DEMOCRÁTICA?

Hernando Llano Ángel

Una coyuntura de verdad

Para empezar, habría que decir que estamos viviendo una coyuntura de verdad, en tanto las conversaciones de La Habana entre el gobierno y las Farc tienen la doble connotación de revelarnos las fracturas profundas de nuestro régimen político, las llagas purulentas de la corrupción y las heridas sangrantes de sus víctimas, así como las capacidades y limitaciones de sus protagonistas y antagonistas para identificarlas, subsanarlas y eventualmente superarlas. Si deparamos en “El Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, encontramos en él una esclarecedora revelación de dichas fracturas y los complejos desafíos que entraña superarlas. Por eso, desde el comienzo, ambas partes reconocen que:

 -“La construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción.

-El respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional es un fin del Estado que debe promoverse.

-El desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente, es garantía de paz y progreso.

-El desarrollo social con equidad y bienestar, incluyendo las grandes mayorías, permite crecer como país.

-Una Colombia en paz jugará un papel activo y soberano en la paz y el desarrollo regional y mundial;

-Es importante ampliar la democracia como condición para lograr bases sólidas de la paz”.

Para ello, acordaron seis grandes puntos, y hasta el momento han alcanzado compromisos históricos, aunque parciales, en los dos primeros, que constituyen las llamadas causas objetivas y subjetivas del conflicto armado interno: la propiedad y uso de la tierra y el ejercicio del poder político.

¿Del dicho al hecho un trecho de sangre?

Pero no obstante tan significativo avance, ambas partes siguen atrapadas en la lógica de la guerra, subordinando la salida política a la incertidumbre de la violencia y el crimen, como en forma alarmante y obscura lo ha revelado el anunció del ministro de defensa de la presunta preparación y planeación de un atentado mortal por parte de las FARC contra el expresidente Uribe y el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre. Más allá de la especulación sobre la veracidad o no de tan grave como repudiable acción criminal, de la ausencia o no de mando al interior de las FARC y de la implicación del narcotráfico, punto que próximamente abordarán,  lo que está claro es que dicha noticia ha causado el mayor daño a todo el proceso, pues ha dado directamente en su corazón al lesionar mortalmente la confianza entre la partes y de los colombianos en la palabra y la coherencia de las FARC.

Todo lo acordado en el segundo punto sobre la Participación Política, pero especialmente en su primer numeral: “Derechos y garantías para el ejercicio de la Oposición política en general” y su correlato institucional: “un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Dicho sistema se concibe en un marco de garantías de derechos, deberes y libertades, y busca asegurar la protección de quienes ejercen la política sobre la base el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y de opinión”, volaron por el aire dinamitadas con la sola noticia del presunto atentado. Así lo advirtió el mismo Humberto De La Calle: “una hipótesis como esta que proviene de fuentes de inteligencia es inaceptable y destruiría por completo la viabilidad del proceso”.

La paz es confianza

De allí, que al reanudarse el próximo ciclo de conversaciones, la responsabilidad de las FARC es crucial para evitar que ello acontezca y le tocará restablecer la confianza no con palabras sino con hechos. Porque la confianza es el tiempo en que se mide la paz y la coherencia entre las palabras y las acciones es lo único que la hará posible. De lo contrario la distancia entre lo dicho --lo acordado sobre Participación Política— y lo hecho  --la confrontación militar y los atentados criminales— ahogaran en sangre el proceso actual. Con mayor razón en una coyuntura electoral como la actual, donde según Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), en la revista Semana que circula: “En Colombia cada dos días se produce un hecho de violencia política. El 85 por ciento corresponde a amenazas, el 8 por ciento a atentados, el 5 por ciento a homicidios y el 1 por ciento a secuestros. Según el análisis, de 314 hechos de violencia política registrados en los dos últimos años, los departamentos con más atentados son Caquetá, Tolima, Huila y Antioquia. Esos departamentos coinciden con la presencia de actores armados ilegales, como la guerrilla de las Farc y Bacrim. Hay una lucha territorial por el poder, la política local y las tierras”.

Tanto el gobierno como las Farc tienen la responsabilidad de garantizar que en las próximas elecciones se puedan contar las cabezas en las urnas sin amenazas y evitar a toda costa que se sigan cortando y cavando más tumbas. Para ello es imperioso que trasladen lo acordado en el papel a la realidad, por ejemplo, poniendo en práctica compromisos como los asumidos en el segundo punto de Participación Política: “se acordó establecer medidas para garantizar y promover una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto por las ideas, tanto de los opositores políticos como de las organizaciones sociales y de derechos humanos. Para tal efecto, se prevé el establecimiento de Consejos para la Reconciliación y la Convivencia tanto en el nivel nacional como en los territoriales con el fin de asesorar y acompañar a las autoridades en la implementación de lo convenido”.

Con mayor razón ahora con el anuncio del regreso de candidatos de la Unión Patriótica a la arena política y la eclosión de nuevos movimientos que cubren todo el espectro político, desde la derecha Uribista, el centro reformista  y la izquierda progresista. Seguramente que lo anterior, además del acompañamiento de la MOE, requerirá de presencia internacional, para dar más confianza y garantías a todas las partes. De avanzarse por dicha senda, incierta y peligrosa en medio del conflicto armado, estaríamos transitando hacia una paz democrática, pues como bien lo expresó Robert Dahl: “La democracia comienza en el momento –que llega después de mucho luchar—en que los adversarios se convencen de que el intento de suprimir al otro es mucho más oneroso que convivir con él”. Un consejo que bien valdría la pena tuvieran en cuenta tanto las Farc como Uribe, además del gobierno, para por fin comenzar la transición hacia la democracia y hacer realidad el principal objetivo del acuerdo sobre la Participación Política que, según palabras de Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz: “tiene que ver con un pacto fundamental en la sociedad: nunca más política y armas juntas. Es un pacto de doble vía: los que están en armas dejan de usarlas y juegan con las reglas de la democracia; y el Estado asegura que ni ellos ni en general quienes están en la política serán objeto de la violencia. Hay que dignificar la política para construir la paz”.

Las elecciones históricas que se avecinan

RAZON PÚBLICA

(www.razonpublica.com)

Las elecciones históricas que se avecinan

(Octubre 9 de 2013)

Elegir entre seguirnos matando y alcanzar acuerdos, entre la política como fuerza o como juego de pesos y contrapesos, entre eternizar la guerra o construir un país diferente: esto es lo que se decide.

Hernando Llano Ángel*

Elegir la paz

Todo parece indicar que está llegando la hora de la verdad en La Habana. El gobierno y las FARC tienen que hacer muy pronto elecciones históricas. Definirse por la guerra o por la paz.

Porque el tiempo político, que se mide en las urnas, los está emplazando a que dejen atrás y sepulten para siempre el tiempo de las tumbas y las fosas comunes, en el que cruelmente se mide la guerra.

Una guerra que todos hemos estado perdiendo desde hace más de 60 años, a tal extremo que no podemos saber el número exacto de víctimas mortales. Pero sí tenemos una certeza: el mayor número de víctimas, de sufrimiento y de humillación, corre a cargo de los civiles.

Según el informe del Grupo de Memoria Histórica ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, de las aproximadamente 220.000 víctimas mortales entre 1958 y 2012, el 81,5 por ciento son civiles. Una cifra que debería avergonzar a quienes hoy pretenden ganar esta guerra, pues su victoria los cubriría de ignominia por la eternidad.

No solo gobernarían sobre fértiles campos sembrados de cadáveres y ríos enmarañados de desaparecidos, sino que lo harían en una sociedad fragmentada por el odio y la ansias de revancha, en medio de la desconfianza y del miedo.

No habría posibilidad de reconocernos como ciudadanos, sino solamente como vencedores o vencidos, víctimas o victimarios, haciendo imposible la existencia de una comunidad política o la convivencia social.

Los victoriosos, en lugar de ganar la paz, estarían condenando a sus hijos y nietos a una espiral incierta de venganzas y retaliaciones, bajo coartadas cada vez menos políticas y más criminales.

Solo podrían gobernar con cómplices, imponiendo el consenso del miedo y la censura de la verdad, acallando las voces y la memoria de los vencidos.

Elegir el juego democrático

Por eso estamos ante unas elecciones históricas. La responsabilidad del Gobierno y de las FARC es inexcusable, pues si son incapaces de lograr un compromiso para garantizar que las próximas elecciones sean legítimas, es decir libres y auténticas, todo lo avanzado en La Habana naufragaría en el mar de la violencia, las amenazas y la desconfianza.

Se puede decir que están condenados a alcanzar un compromiso para que en estas elecciones se pueda, por fin, contar las cabezas en forma legítima y libre, en lugar de continuar coartándolas de manera violenta o velada, bien sea mediante el constreñimiento al elector, propio de los grupos paramilitares y de los frentes guerrilleros, o la pesca y el tráfico de su conciencia en la redes clientelistas.

En todo caso, el gobierno y las FARC no pueden permitir que se sigan cortando más cabezas sin poder contarlas, como ha venido sucediendo desde la coyuntura constituyente de los noventa, en que se han celebrado ininterrumpidamente elecciones en medio de una violencia proteica y difusa de diversos poderes de facto que las condicionan y definen a su favor.

Así sucedió con la elección de Cesar Gaviria, cuando fueron decapitadas las cabezas de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, por esa alianza tenebrosa del narcotráfico con la política, miembros del DAS y otra agencias de inteligencia del Estado, y que aún está sin esclarecer.

Luego, con la generosa y determinante financiación del narcotráfico de la campaña de Samper que lo llevó a la Presidencia.

Posteriormente, con la alianza preelectoral, en la segunda vuelta, entre Pastrana y las FARC, intercambiando el veto de estas a Serpa por la zona de despeje del Caguán.

Y recientemente, como cada vez se conoce con mayores detalles, por el apoyo de los grupos paramilitares en 2002 a Uribe, y por la parapolítica en 2006, con el “cohecho de oro” aportado por Yidis y Teodolindo para la reforma de la Constitución de 1991.

En todas estas recientes elecciones han sido los poderes de hecho y no el poder de los ciudadanos lo determinante en el triunfo de los candidatos en liza, de allí que la esencia de nuestro régimen político sea más lo “electofáctico” que lo democrático.



Se necesita el compromiso de elegir

Para que ello no siga sucediendo, se impone un compromiso entre el gobierno y las FARC para que en las próximas elecciones al Congreso y la Presidencia la ciudadanía no sea constreñida por dichos poderes violentos, especialmente en las zonas rurales.

Un compromiso que demandará la creatividad y coherencia de ambas partes, como también el imprescindible acompañamiento de veedores internacionales irreprochables, reforzados por campañas como la Misión de Observación Electoral (MOE), para impedir que los poderes de facto predominen sobre la voluntad de los ciudadanos.

Sin duda, el mayor compromiso que deberían alcanzar el gobierno y las FARC es avanzar rápidamente en el cumplimiento del punto 3 del Acuerdo General, concertando un cese del fuego bilateral con supervisión técnica internacional, pues así demostrarían que en ellos prevalece la voluntad política sobre la bélica.

Así, se superaría esa brecha insondable entre las palabras y las acciones, que tanto escepticismo y desconfianza está causando entre la ciudadanía, y se realizaría el mayor aporte a la paz, que no es otro que optar por las urnas en lugar de las tumbas.



*

Tags: Proceso de Paz en La Habana, Elecciones 2014, Memoria histórica, FARC, Diálogos de Paz.

El Catatumbo: Laboratorio de guerra, paz y... coherencia.

DE-LIBERACIÓN

El Catatumbo: laboratorio de guerra, paz… y coherencia

Publicado en www.razonpublica.com Domingo 30 de junio de 2013

Las protestas campesinas — y sobre todo su manejo torpe por parte del gobierno — muestran que ha llegado la hora de la coherencia entre las palabras y las acciones: hay que sincronizar el tiempo político con el tiempo social.

Hernando Llano Ángel *

Entre el cielo y el infierno

En un reciente comunicado, las FARC afirmaron que las conversaciones de paz discurrían entre el cielo y el infierno. Por la forma violenta como transcurren las protestas de los campesinos del Catatumbo — que han cobrado ya la vida de cuatro civiles y causado numerosos heridos entre la Fuerza Pública — el infierno queda en Colombia y el cielo queda en La Habana.

En parte, ello se debe a la perversa ambigüedad del lenguaje cuando refleja acuerdos entre fuerzas antagónicas, como el gobierno y las FARC, que polarizan en bandos irreconciliables a los grandes sectores de una sociedad. Entonces se incurre en eufemismos y en excesos retóricos como los del “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, como si fuera posible regular toda la compleja pluralidad y disparidad de intereses en una sociedad moderna mediante la eliminación de los conflictos, embarcándose en un maximalismo idílico y armonioso.

Los delegados de las FARC en ocasiones parecen pretender alcanzar el cielo con algunas de sus propuestas, como las de participación política, en la mesa de conversaciones en La Habana. Al igual que los delegados del gobierno, en sus respuestas negativas a dichas pretensiones, creen que en Colombia vivimos en el cielo de la democracia participativa y el Estado Social de Derecho, apenas enunciados en la Constitución de 1991.

Ambas partes deberían poner sus pies en la tierra y llamar las cosas por su nombre, para evitar que protestas sociales como las de los campesinos del Catatumbo se conviertan en un infierno.

Porque justamente dichas protestas contienen el almendrón de nuestro degradado conflicto: la disputa por la tierra, los cultivos de uso ilícito, la expoliación de los recursos minero–energéticos y la vigencia de los derechos sociales, económicos y culturales, cotidiana y secularmente desconocidos a la inmensa mayoría de los campesinos. Todos temas incluidos en la agenda en La Habana.

¿Un pueblo escéptico y maduro?

Entonces — en aras de alcanzar una meta verificable — resulta imperioso que tanto el gobierno como las FARC entiendan que su compromiso histórico es ante todo poner fin al conflicto armado, sin lo cual todo empeño por construir una paz estable y duradera está condenado al fracaso.

De otra manera, la búsqueda de la paz naufragará en el terreno cenagoso de una guerra mezquina donde todos los días caen más víctimas civiles, mientras los portavoces de las partes armadas civilizadamente se descalifican y deslegitiman ante la opinión pública nacional e internacional.

Por consiguiente, de lo que ahora se trata es de abolir el recurso a la violencia política —ya sea institucional, insurgente o para–institucional — para poder reconocer y tramitar los conflictos de origen social, económico, étnico o cultural por la única vía que puede contribuir a construir una paz estable y duradera: la resolución política y civil de los mismos.

Es decir, mediante la participación política, garantizando la vida y pluralidad de todos los intereses y de sus portadores, sin el temor a la persecución, desaparición o aniquilación, como lamentablemente está ocurriendo en El Catatumbo.

No se trata, entonces, de poner fin al conflicto, sino más bien de realizar su potencial para el cambio social creativo. Y para ello es condición sine qua non el tratamiento político–social y no militar–policivo de la protesta por parte del gobierno, así como el divorcio entre la acción armada de la guerrilla y la justa indignación de los campesinos.

Razón tenía el maestro Estanislao Zuleta cuando sentenció: “Sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra y maduro para el conflicto merece la paz”.

Es el tiempo político y social de la paz

El tiempo político de la paz está ahora determinado por la coherencia entre las palabras y las acciones. No se puede convenir en La Habana un acuerdo sobre la consolidación y la ampliación de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y, al mismo tiempo, disparar contra los campesinos que las exigen en el Catatumbo.

Pero tampoco pueden las FARC abogar por las ZRC y seguir sembrando el campo con minas antipersonales, reclutando a los jóvenes campesinos y amenazando con extorsiones las inversiones en el campo.

Sin duda, a más compromisos rotos por parte del gobierno y promesas incumplidas con los diversos sectores sociales — ya sean cafeteros, transportadores, cacaoteros, estudiantes… — menos tiempo político para la paz y más combustible para la desesperanza, la ira y la violencia: es decir, tiempo para la guerra.

No sobra repetirlo: la mejor estrategia para sembrar la paz es la coherencia entre las palabras y las acciones por parte del gobierno y de las FARC. Por eso deberían comprometerse a dejar de utilizar la población civil como masa de maniobra:

• El gobierno con sus cálculos mezquinos para una eventual reelección, que saldría victoriosa si antes logra firmar el acuerdo del fin del conflicto; de aquí su premura en lograrlo antes de culminar este año.

• Y la FARC, apostando a la radicalización violenta de las protestas sociales, para demostrar su fortaleza política y militar.

Si ambas partes persisten en sus tácticas, es probable que ganen los partidarios de la guerra, que apuestan al fracaso de las conversaciones en La Habana. Una de las mejores formas de evitar lo anterior, es exigir desde nuestro poder ciudadano acciones concretas de voluntad y de coherencia política al gobierno y las FARC, que pasan por el respeto progresivo e incondicional de los derechos y la autonomía política de la población civil, acatando en forma incondicional e inmediata el Derecho Internacional Humanitario.

De allí la urgencia de convenir un plan de desminado del campo con las FARC, así como su compromiso de no escalar violentamente las protestas sociales. Pero también es preciso exigir al gobierno que atienda las reivindicaciones sociales en forma concertada y mediante políticas de largo aliento, no a través de subsidios transitorios con clara proyección e intención electoral.

Quizás así se vaya alcanzando la confianza para avanzar hacia el tercer punto de la agenda: el cese del fuego bilateral, el abandono de las armas y la violencia política por parte de las FARC.

El mayor desafío en esta hora es lograr una convergencia entre las conversaciones y eventuales acuerdos en La Habana con el tiempo político de las transformaciones exigidas por las reivindicaciones y protestas sociales, para así superar esa falsa dicotomía entre el cielo y el infierno y alcanzar nuestra humana convivencia en esta tierra, sin convertirla en un valle de lágrimas, como sigue sucediendo.

* Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, profesor asociado en la Javeriana de Cali, socio de la Fundación Foro por Colombia, Capítulo Valle del Cauca. Blog: calicantopinion.blogspot.com.

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¿La Constituyente de la paz o la Paz Constituyente?

DE-LIBERACIÓN

(Junio 23 de 2013)

¿LA CONSTITUYENTE DE LA PAZ O LA PAZ CONSTITUYENTE?

Hernando Llano Ángel.

Un fantasma recorre las calles de La Habana y está a punto de ahuyentar la obsesión por la paz que reinaba en las conversaciones entre el Gobierno y las FARC. Justo cuando ambas partes abordan el segundo punto sobre la participación política, se extravían en un confuso y laberíntico debate político-jurídico sobre el sentido y alcance de una Asamblea Nacional Constituyente. Probablemente ello se deba a la idea entre romántica y narcisista que conserva el gobierno de la Constituyente de 1990 y de la Carta del 91, frente a la imagen de frustración y engaño que tienen las FARC, pues el mismo 9 de diciembre en que elegíamos los delegatorios, era bombardeado el Secretariado en Casa Verde. El siguiente es el recuerdo de Pablo Catatumbo, en entrevista con Alfredo Molano:

“Nosotros estábamos preparados para la constituyente, y el gobierno de Gavira, sin oponerse públicamente a nuestra participación, barajaba sus cartas. Con una de ellas en el bolsillo llegaron altos funcionarios del Gobierno a conversar con Marulanda un mes antes de la elección de constituyentes; buscaban definir el número de constituyentes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), compuesta por ELN, EPL, FARC y M-19 en la asamblea constituyente. Conversaron con Marulanda y con Alfonso en muy buenos términos hasta que se trató el número de constituyentes de la Coordinadora. Días antes se habían reunido sus jefes Francisco Caraballo, el cura Manuel Pérez, Carlos Pizarro con Marulanda para definir nuestra participación. Las cifras eran muy distintas y la diferencia muy grande. Gaviria ofrecía cinco cupos y la Coordinadora pedía 20. Una vez puestos los números sobre la mesa, los delegados dijeron: “Los toman o los dejan”. Marulanda no contestó ni sí ni no, dijo solamente: “Necesitamos un tiempo para consultar con todos los miembros de la CGSB”. No hay tiempo, respondieron en forma perentoria los funcionarios, el helicóptero no puede volar después de las 5 de la tarde. Ustedes deben tomar la decisión ya. Marulanda no podía tomarla y les dijo: “Quédense esta noche aquí y mañana encontramos una solución”. Respondieron: No, no tenemos tiempo. Marulanda les ripostó: si no tienen una noche para conversar, ¿qué tiempo le van a dedicar a la paz? Así que el helicóptero salió aquella tarde sin una respuesta. Un mes después, el día de la elección de constituyentes, el Ejército bombardeó los campamentos del río Duda. Fue la llamada Toma de Casa Verde, que ni fue en Casa Verde ni fue toma; el coronel Alfonso Velázquez reconoció después en un escrito que el alto mando militar admitió que el operativo había sido un gran error militar. La realidad es simple y llana: No nos liquidaron, allá seguimos. Lo digo ahora: Los ultimátum no sirven con las Farc. Fue el momento en que más cerca hemos estado de un acuerdo de paz. Es obvio que si nosotros participamos en una constituyente y compartimos su redacción, de hecho, nos acogemos a ella sin reservas y queda sin fundamento el alzamiento armado. La insurgencia no puede seguir alzada en armas contra una Constitución que ha suscrito”.

“Ni tanto que queme al Santo, ni tan poco que no lo alumbre”.

En contraste con Catatumbo, De La Calle y Carrillo, protagonistas indudables en la concepción y parto de la Carta del 91, se comportan como padres orgullosos y defienden la legitimidad y cuasi perfección de la criatura, contra toda evidencia histórica. No hay que olvidar que dicha Constituyente es también hija de la violencia del narcoterrorismo de Pablo Escobar, que la catalizó desatando paradójicamente el proceso civilista de la 7 papeleta, más mediático que democrático, pues a la postre el índice participación ciudadana en la elección de los delegatorios apenas alcanzó el 25% del censo electoral de entonces. Y si realizamos un balance imparcial y consideramos el logro de sus objetivos históricos: la paz política, la democracia participativa, el fortalecimiento de la justicia y la construcción del Estado Social de derecho, su déficit es más que deplorable. La política en lugar de legitimarse se metamorfoseo en narco y parapolítica, convirtiendo la "democracia participativa" en una simbiosis entre el crimen, las elecciones y la corrupción administrativa, con capacidad para asaltar y hasta dirigir la nave del Estado en vastas regiones del país. La justicia está a punto de naufragar en la travesía del clientelismo, los privilegios salariales de las altas Cortes y un mar de impunidad agudizado por la crisis del sistema carcelario. Y sobre la existencia del Estado Social de derecho, habría que preguntarle a las cerca de 5.405.629 víctimas que se han registrado en la Unidad de Víctimas de la Fiscalía hasta qué punto ese pomposo Estado les garantiza sus derechos fundamentales. Bastaría con mirar de frente tal Estado de cosas inconstitucionales, como lo describe a menudo la Corte Constitucional en sus providencias, para despertar del embrujo del poder que se atribuye a las Constituyentes y a la promulgación de la más “democrática y progresista Constitución del continente”, como la denomina el coro gubernamental y sus barítonos De La Calle y Carrillo.

Gobierno y FARC, rehenes de la Constituyente.

Pero no. Todo parece indicar que tanto el Gobierno como las FARC están secuestrados por tan poderoso fetiche. El primero lo invoca para conservar intocable su espíritu “profundamente democrático”, que no pasa de ser un espectro frente a las dimensiones horripilantes de muestra crisis humanitaria. Y las segundas se aferran como naúfragos de sus excesos belicistas a la tabla de salvación de una Constituyente, con la ilusión de que entonces serán los protagonistas del pacto fundacional de la “Nueva Colombia”, con la amplia participación de un pueblo imaginario del cual se consideran su vanguardia y entonces promulgarán una auténtica Carta democrática en tránsito al socialismo. Tanto el Gobierno como las FARC parecen vivir en el reino perfecto de las ficciones políticas y continúan siendo víctimas de la más crónica y grave enfermedad que aqueja nuestra historia política: el fetichismo constitucional, magistralmente diagnosticado así por Miguel Samper en 1867 en su libro “La miseria en Bogotá”: “Al leer tantas Constituciones como las que se expiden en estas tierras, se nos ocurre que en vez de tantos libros consultados para elaborarlas, convendría empapelar los salones de las Cámaras con los cartelones en los que el Doctor Brandreth recomendaba sus píldoras con un aforismo tremendote: “Constitución es lo que constituye, y lo que constituye es la sangre”; sea la que se derrama a torrentes en la guerra, o la que queda en las venas de los señores que legislan, inficionada por los odios, la sed de venganza y la vanidad.” Después de casi dos siglos, ya va siendo hora de comprender que la metáfora médica del Doctor Brandreth no es el remedio más apropiado para la paz política, pues no se alcanzó durante el siglo XIX ni el XX, salvo breves interregnos, en gran parte debido la virulencia por proclamar nuevas y mejores constituciones. Porque, como bien lo demostró Hernando Valencia Villa, ellas no pasaron de ser “Cartas de Batalla”, incluso la mitificada carta del 91, que terminó siendo una tregua efímera con Pablo Escobar y una paz fragmentada que no incluyó a las FARC ni al ELN, entonces considerados por Gaviria y De La Calle monstruos políticos antediluvianos, heridos de muerte por los escombros de la caída del muro de Berlín. Pero para el resto de colombianos no fue el “fin de la historia”, sino más bien el comienzo de una interminable pesadilla marcada por la simbiosis entre la política y el crimen, tanto del lado institucional (la narcoparapolítica y la “seguridad democrática”) como del lado insurgente con sus espurias relaciones y nefastas coaliciones con el narcotráfico y el secuestro.

La paz se induce desde abajo, con sus pobladores y en sus regiones, no se deduce desde el centro y en las Constituyentes.

Así las cosas, habría que concluir que las constituyentes entre nosotros no engendran paz duradera, si acaso treguas parciales cuando no prolongadas y degradas guerras. Más bien suele acontecer lo contrario en la realidad. Es la paz la que constituye nuevos órdenes políticos de convivencia, como no cesan de demostrarlo en muchas regiones comunidades campesinas, indígenas y afros, los numerosos Premios Nacionales de Paz que encarnan epopeyas de civilidad y concordia. Los ejemplos abundan, incluso contra la voluntad vanguardista y militarista de las FARC y el ELN, sumada a la férula represiva del Estado, como son los casos de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare; la Guardia Indígena del Cauca; la misma Comunidad de Paz de San José de Apartadó y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, para sólo mencionar los ejemplos más conocidos, victimizados y estigmatizados. Y ello es así porque la paz política sólo será estable y duradera cuando se sustente en el poder de la civilidad y no de los protagonistas de la guerra. En ese poder que surge, como bien lo advirtió Hannah Arendt, “cuando las palabras y los actos no están separados. Cuando las palabras no se utilizan para velar intenciones sino para descubrir verdades y los actos no se realizan para violar y destruir, sino para establecer relaciones y nuevas realidades”. Y es esta dimensión y compromiso con el poder constituyente de nuevas realidades lo que ahora está ausente en La Habana, tanto en el Gobierno como en las FARC, que deberían empezar por el respeto irrestricto e incondicional de los civiles y sus derechos fundamentales, acatando su voluntad y anhelo de vivir ya en paz, sin tener que esperar una incierta y fantasmagórica nueva Constituyente. Porque de no hacerlo pronto, conviniendo una tregua bilateral internacionalmente supervisada y verificada, se perderá la fe en la paz y de nuevo resurgirán las ansias de guerra y venganza, aupadas por los que siempre ganan conservando sus privilegios en nombre de la “seguridad y la democracia”. Entonces se profundizará y prologará esta degradada guerra en nombre de la Constituyente de la paz.