CALICANTO: ¿HACIA UNA GOBERNABILIDAD DESPETRIFICADA?

¿HACIA UNA GOBERNABILIDAD DESPETRIFICADA?

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Hernando Llano Ángel.

El discurso del presidente Petro en la instalación del Congreso, el pasado 20 de julio[1], da píe para preguntarnos si estamos en el comienzo de una gobernabilidad despetrificada. Tal parece ser por su tono y contenido, al insistir que es el “momento de un acuerdo nacional”. Despetrificar la gobernabilidad significa de parte del Ejecutivo tener mayor flexibilidad para que fluyan acuerdos en torno a sus principales reformas, incorporando en ellas demandas de otras fuerzas políticas, sociales, económicas y culturales, sin que ello implique renunciar al proyecto reformista socialdemócrata que lo anima. Es un enorme desafío de concertación, pues pone a prueba la capacidad política del Pacto Histórico y de las diversas fuerzas de oposición para alcanzar acuerdos que permitan el ejercicio de una gobernabilidad democrática, sin que ella naufrague en medio del obstruccionismo de una oposición enrocada en la defensa a ultranza del statu quo y sus enormes beneficios sociales y económicos. Beneficios que profundizan las desigualdades y las conflictividades sociales, pues sin duda se requieren reformas históricas que transformen el paisaje insoportable de inequidad e inseguridad que predomina en el campo y la mayoría de nuestras ciudades, si en verdad esa oposición de derecha quiere alcanzar la cohesión y convivencia social que tanto pregona. De lo contrario, lo único que logrará será profundizar las brechas sociales que catalizan la ilegalidad y la criminalidad, en las cuales crece el magma de las erupciones y los estallidos sociales, como sucedió con la fallida reforma tributaria de Duque-Carrasquilla[2]. Esa derecha debería recordar una prudente sentencia atribuida a un pontífice, posiblemente Juan XXIII, que reza: “La seguridad de los ricos es la tranquilidad de los pobres”, tranquilidad inexistente si crece el desempleo, el hambre y la marginalidad, que aumentan el caldo de cultivo de la frustración y el resentimiento aprovechado por la delincuencia organizada y la criminalidad de alto impacto. Pero también demanda de parte del gobierno despojarse de ese voluntarismo mesiánico, casi siempre acompañado de una retórica presidencial desbordada, según la cual si no se acogen plenamente sus reformas no habrá salvación nacional, apelando para ello al furor de sus críticas contra el empresariado y el neoliberalismo depredador del actual capitalismo petrolizado y carbonizado de las energías fósiles. Al respecto, varias expresiones de su discurso en la instalación de la legislatura 2023-2024 expresan una rectificación de ese estilo grandilocuente de tener siempre la razón e ignorar las voces de la oposición y las ejecutorias del anterior gobierno, como son las siguientes:

1- “El prejuicio no lleva sino a una muy mala política y, en general, a los desastres de las naciones; sino que tiene que ver con el análisis, que tiene que ver con la razón, que tiene que ver con el entendimiento que, al final, es lo específicamente humano, lo que nos separa de los demás seres vivos, de los animales”.

Al respecto, habría que reconocer que son dos los grandes prejuicios que más dificultan alcanzar acuerdos alrededor de reformas como las de Salud, Laboral y Pensional, pues los consensos en este campo son imposibles, incluso contraproducentes. El primer prejuicio es la presunción ingenua del gobierno de considerar que lo público en sí mismo garantiza mayor equidad social, ignorando los efectos desastrosos del clientelismo, la corrupción y la incompetencia que predominan en la competencia política y en muchos funcionarios públicos, que han interiorizado la funesta expresión: “el sector público es la empresa privada de los políticos”. Refrán que algunos conjugan con destreza desastrosa para el bien público y en beneficio de sus electores, empresarios financiadores y copartidarios, como los exsenadores Ñoño Elías[3] y Mario Castaño[4], para no hablar de la injerencia determinante de los grandes capitales legales, Odebrecht[5], Aval y los ilegales del narcotráfico como los del Ñeñe Hernández[6] en las campañas presidenciales y en el triunfo de sus patrocinados. Y el segundo prejuicio invencible es el de la oposición, compartido por millones de “ciudadanos de bien” que creen, con la fuerza de un dogma indiscutible, que la empresa privada y la iniciativa particular garantizan por sí solas mayor igualdad, transparencia y eficiencia en beneficio de toda la sociedad, cuando en la realidad suele suceder lo contrario, como lo demuestran muchas EPS del sector de la salud, siendo SaludCoop y Carlos Palomino[7] los mejores y peores exponentes, con el desvío de cerca de 1.4 billones de pesos a sus bolsillos, según la Controlaría de entonces. Ese maniqueísmo simplista y falso de cada una de las partes, plateando como un dilema insalvable, impide análisis rigurosos sobre la complejidad de la política y la administración pública, que siempre deberían tener presente el aserto lapidario de Lacordaire: “Entre el fuerte y el débil, es la libertad la que oprime y la ley la que libera”. La segunda alusión del presidente Petro en su discurso, está referida a la búsqueda de mayor equidad social a través de las reformas:

2- “Unas condiciones mayores de equidad social nos pueden llevar a la paz. Allí hay una ventana de oportunidad. Yo creo que es el momento de la Reforma Social. Es el momento, y sabemos que no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana, que esta sociedad sea más igualitaria. Por tanto, es el momento de un Acuerdo Nacional…Yo invitaría a quienes hasta ahora han dirigido el país, social, económica, cultural y políticamente, a convencerse que es un momento de ceder; que precisamente para aprovechar la que la vida del mundo nos está arrojando en términos de desarticularnos de la mafia, oportunidad del narcotráfico y de las economías ilícitas, es el momento de ceder para construir un país más equitativo en el mundo laboral, en el mundo productivo, en las distribuciones del presupuesto público hacia la educación, la salud, etcétera, que aquí tanto se ha discutido.”

Igualmente, ambas partes, Gobierno y Oposición, tienen que aprender a ceder, para forjar una democracia de suma positiva, donde todas las partes ganen en derechos y oportunidades, empezando por las mayorías que no los tienen en sus precarias vidas cotidianas, en lugar de persistir en una democracia de suma nula, donde unas minorías siempre ganan y el resto pierde. Ello implica aprender a concertar en beneficio de interés generales y públicos, como lo manda la Constitución en su artículo primero[8] y es lo propio de un Estado Social de Derecho y de una “democracia participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”, lo que lamentablemente no sucede en nuestra realidad social. Y, por último, en un asunto del cual depende la vida de toda la humanidad, como es la transición energética:

3- “En transición energética tenemos unos datos. Se ha debatido aquí, me ha costado una ministra excelente. Los datos al día de hoy, de lo que hemos podido hacer, -heredamos un balbuceo indudable pero cierto del Gobierno anterior, que ya había captado la necesidad de esta transición-…Allí están 134 empresas ¿Qué significa eso? ¿Cómo podríamos, con lo ya hecho, si lo hacemos bien de aquí en adelante, garantizar que la matriz energética de Colombia sea limpia 100 %, porque a estos 8.3 gigas asignados hay que sumarle los que asignó (el expresidente Iván) Duque”.

Que es nada menos que construir sobre lo construido, reconociendo a cada quien lo que le corresponde, dejando atrás ese síndrome de adanismo[9] gubernamental, que pretender inventar de nuevo el mundo empezando desde cero. Algo que le acontece a este gobierno en la “Paz Total”, pues olvida un axioma de la realpolitik expresado en el siglo XVII por Thomas Hobbes[10]: “Los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras, sin fuerza para proteger al hombre, en modo alguno”. Por eso no tiene sentido que el presidente Petro afirme: “Hemos hecho el proceso de paz con el ELN y avanza. Hoy hay un cese al fuego en todo el país con el Ejército de Liberación Nacional. Eso ha traído como resultado una disminución sustancial, comparando el número de bajas del Ejército y de la Policía de este año, respecto al año pasado del 60 % y del 55 %”, cuando en la realidad la cifra de líderes sociales asesinados hasta el 17 de julio es de 91 y de firmantes de la paz de 22, según lo registra con nombres propios Indepaz[11].