CALICANTO: ELECCIONES CONTRA LA DEMOCRACIA Y A FAVOR DEL ÑOÑO ELÍAS (Segunda parte)

ELECCIONES CONTRA LA DEMOCRACIA Y A FAVOR DEL ÑOÑO ELÍAS

(Segunda parte)

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Hernando Llano Ángel

No hay que sorprenderse por la multitudinaria y festiva bienvenida[1] que brindaron a Bernardo el Ñoño Elías[2] sus paisanos de Sahagún, después de cumplir seis años y ocho meses en prisión por el papel protagónico que jugó en la trama multimillonaria de Odebrecht, valiéndose de su fuero de congresista. Para explicar la apoteósica bienvenida, algunos apelan a los estereotipos y prejuicios de los “cachacos de bien” contra los “corronchos dañados”, hablando del “síndrome de Sahagún”, según el cual eso es lo propio de esa tierra fértil para la picardía y la corrupción, donde la compraventa de votos es una costumbre arraigada. Explicación maniquea y falsa, pues la injerencia de Odebrecht también estuvo presente en las campañas presidenciales de Santos y Zuluaga, sin que el primero aparentemente se diera cuenta, y con pleno consentimiento del segundo, aunque ahora se declare inocente ante la Fiscalía, pese al reconocimiento de su culpa ante el sacerdote Arturo Uría[3], quien le aconsejo: “protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. A usted nada lo obliga a no protegerse y proteger a su familia’. Incluso, me lo dijo: ‘Eso está en la fe, habla de la restricción mental, usted no tiene por qué inmolarse'”. Revelador comportamiento de su afiliación conservadora, pues Zuluaga cree que confesando ese pecado capital –avaricia de poder— ya ha expiado todas las culpas y pretende eludir así su responsabilidad como hombre público, siguiendo el ladino consejo del sacerdote Uría. Sin duda, Zuluaga, es un alumno aventajado de su maestro y patrocinador político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien hasta la fecha ha evadido impunemente su responsabilidad política por el éxito de su “seguridad democrática”, que dejó una estela de más de 6.400[4] ejecuciones extrajudiciales de jóvenes inermes. Una cifra terrorífica que ni siquiera el implacable y admirado Nayib Bukele ha podido igualar en El Salvador. Tampoco Nicolás Maduro ha sido capaz de emular, con toda su parafernalia de la fuerza pública y sus corruptas redes clientelares, una carrera política tan triunfal como la del expresidente Uribe. Triunfal, pues fue gracias a la exitosa “seguridad democrática” –según palabras del propio expresidente— sumadas a la corruptela de la Yidispolítica[5] y, por consiguiente, la ilegal reforma de un articulito de la Constitución, lo que hizo posible su reelección. De allí que la escandalosa bienvenida al ñoño Elías sea insignificante, frente a las proezas del expresidente Uribe Vélez, todavía admiradas y celebradas por sus seguidores, pese a que más de una docena de sus cercanos y valiosos colaboradores[6] han sido condenados por graves delitos, que van desde los de lesa humanidad hasta los más graves y cuantiosos contra la administración pública, como Agro Ingreso Seguro[7]. Todo lo anterior solo es comprensible políticamente, así como inadmisible éticamente, si se logra contextualizar históricamente las elecciones y el sentido que los votantes le confieren a sus decisiones en las urnas. Hay que recordar que Uribe Vélez ganó su primera campaña contra las Farc y las secuelas de sus miles de secuestros y crímenes de lesa humanidad, lo que llevó a millones de colombianos a votar en las urnas en busca de seguridad y libertad. Sin duda, las Farc fueron su mejor jefe de “campaña presidencial”. Pero también hay que recordar su consiga central de campaña: “Contra la corrupción y la politiquería”. En el punto 25 de su Manifiesto Democrático[8] escribió: “De una vez tenemos que derrotar la corrupción…Que los corruptos no puedan regresar al Estado por nombramiento, elección o contrato”. Pero él mismo promovió su reelección con “corrupción y politiquería”, al punto que terminaron en la cárcel dos de sus más cercanos y queridos ministros: Sabas Pretelt de la Vega, entonces ministro de Interior y Justicia y Diego Palacio[9], ministro de Salud. Ministros que estaban constitucional y legalmente llamados a conservar incorruptibles las tres dimensiones más vitales en una democracia: la política, la justicia y la salud pública. Algo semejante le sucedió a su más joven y promocionado sucesor, el ministro de agricultura, Andrés Felipe Arias. Hoy continúa esa misma saga Óscar Iván Zuluaga, quien seguramente terminará condenado, pero pagando su pena como un interno privilegiado en un establecimiento militar o quizá en su propia casa, siguiendo los ejemplos de los tres ministros ya mencionados. La pregunta obvia es ¿Por qué todavía millones de colombianos votan por un partido político, como el Centro Democrático, que tiene semejante prontuario de candidatos y altos funcionarios condenados o en camino de serlo? ¿Por qué Álvaro Uribe Vélez continúa siendo casi inmune judicial y políticamente a tanto escándalo pese a que sus más cercanos colaboradores terminan en la cárcel? Al respecto, en alguna ocasión Sartre comentó: “Nada es más respetable que una impunidad largamente tolerada”, para referirse a escándalos políticos sin sanción moral.

Tasa de cambio moral flexible

Pero quizá existe una respuesta más prosaica y es porque en Colombia tenemos una “tasa de cambio moral flexible”, según la cual toleramos los delitos de quienes son nuestros amigos, socios, afines partidistas y conocidos, aquellos considerados “gente de bien”. Esa tasa de cambio moral flexible fija a la vez la mayor o menor gravedad de los delitos y los sitios de reclusión de los condenados conforme a las estrategias y objetivos políticos de quienes ganen las elecciones. Así, por ejemplo, durante las administraciones del presidente Uribe resultó mucho más grave el delito de narcotráfico que asesinar, desplazar y despedazar con motosierras a seres humanos, razón por la cual extraditó a los comandantes paramilitares a Estados Unidos, en lugar de haberlos investigado y condenado la justicia colombiana por semejantes crímenes de lesa humanidad. Contra esa tasa de cambio moral flexible es que hoy existe, investiga y tendrá que condenar la JEP tanto a comandantes guerrilleros de las Farc, miembros de la fuerza pública y funcionarios que cometieron o facilitaron crímenes de guerra y de lesa humanidad. Precisamente es por eso que solo conocemos ahora, cuando Mancuso comparece ante la JEP, parte de esa horrible verdad extraditada, así como también los militares que perpetraron “falsos positivos” están contribuyendo a desenterrar los cuerpos de sus víctimas en el cementerio de Dabeiba[10]. Seguro que no existen penas para reparar lo irreversible y castigar a los perpetradores de tan horrendos e imperdonables crímenes, pero también es cierto que solo con la verdad plena que ellos aporten se podrá compensar en algo el dolor de millones de víctimas y sobre todo evitar que vuelvan a repetirse semejantes ignominias. Es lo que han sentido y expresado algunos familiares de las víctimas de los falsos positivos sepultados en Dabeiba.

La urgencia del juicio ciudadano responsable

Pero para que ese pasado tenebroso no continúe estando presente y vivamos un futuro de impunidad, se precisa un juicio ciudadano informado y responsable en las urnas. Un juicio ciudadano que repudie esa tasa de cambio moral flexible y no vote por quienes han convertido la política en un tejido de complicidades criminales. Para ello, convendría recordar, por ejemplo, entre los más de 60 aspirantes a congresistas investigados y condenados por parapolítica, quiénes fueron y en nombre de cuáles partidos resultaron electos. Algo que podemos verificar en este enlace de Verdad Abierta: https://verdadabierta.com/de-la-curul-a-la-carcel/ : “El partido con más congresistas condenados es Cambio Radical, con 6 senadores y 9 representantes, le siguen los partidos liberal y conservador, ambos con 3 senadores y 5 representantes”. El departamento con más condenados es Antioquia, cuyos líderes políticos se precian de tener valores morales superiores y principios cristianos incontaminados, “donde 5 senadores y 6 representantes fueron enjuiciados y encontrados responsables de tener alianzas con paramilitares”. Pero para que el juicio ciudadano el próximo 29 de octubre no sea de nuevo manipulado y engañado, conviene tener presente la siguiente información, publicada en EL ESPECTADOR el pasado 4 de julio bajo el título: “Estos son los precandidatos más cuestionados y riesgosos, según PARES”[11]. Entre ellos, figuran “los clanes políticos Char, Blel, Gnecco, Rey, Nueva Fuerza Guajira, Villamizar, Barreto y Dilian Francisca Toro”. Porque la mayor importancia y poder del voto es que expresa un juicio ciudadano concluyente. Éste no tiene apelación una vez depositado en la urna. Un ciudadano desinformado o manipulado puede elegir que gobierne impunemente un potencial delincuente y sus copartidarios, pero si está bien informado y vota conscientemente también los puede condenar y expulsar de por vida al ostracismo político[12] junto a sus partidos. Obviamente para que ello suceda se precisa no solo de la responsabilidad ciudadana derivada de una información veraz y una deliberación pública crítica, sino también su rechazo a la tasa de cambio moral flexible. Pero, sobre todo, condiciones de seguridad para votar libremente, sin el apremio insuperable de la violencia de los grupos armados ilegales[13] o las acuciantes necesidades vitales insatisfechas de miles de electores, que terminan vendiendo su voto según la tasa monetaria y moral imperante el día de las elecciones[14], como seguramente lo revelará el libro “La Costa Nostra”[15], de la valiente periodista Laura Ardila. No hay que olvidarlo, las elecciones son apenas una condición necesaria para la democracia, pero son insuficientes e incluso terminan devolviéndose como un bumerán contra la democracia cuando se desarrollan sin garantías para el ejercicio de las libertades públicas. En estos casos son los poderes de facto quienes deciden, como nos viene sucediendo periódicamente, hasta consolidar este régimen político electofáctico[16], bajo el amparo de una espuria y falsa democracia, electoralmente corrupta y políticamente cacocrática[17], según la misma senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal[18]