CALICANTO: ! QUE VIVA LA COCA VITAL!

¡QUE VIVA LA COCA VITAL!

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Hernando Llano Ángel.

Ya los principales medios de comunicación reaccionan indignados frente al anuncio del gobierno de Petro de limitar a 20.000 hectáreas la erradicación de los cultivos de coca en el 2023[1], sin utilizar el potencialmente cancerígeno glifosato[2]. Incluso, algunos consideran que dicha decisión es una prueba inocultable del carácter mafioso de este gobierno, que consolida así su alianza con el crimen organizado. Los más radicales dirán que estamos frente a un narcoestado. Para reafirmar ese cargo y deslegitimar el gobierno del Pacto Histórico y su ambicioso proyecto de Paz Total, suman a sus argumentos la disposición de la ley 2272[3] del 2022 que, en su artículo 2, abre la posibilidad de “(ii) acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento. Se entenderá por estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, aquellas organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas, organizadas en una estructura jerárquica y/o en red, que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo[4], que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen, y cumplan funciones en una o más economías ilícitas. Se entenderá como parte de una estructura armada organizada de crimen de alto impacto a los exmiembros de grupos armados al margen de la ley, desmovilizados mediante acuerdos pactados con el Estado Colombiano, que contribuyan con su desmantelamiento”.

El crimen sí paga políticamente

Sin duda, una filigrana legal nada novedosa para desactivar estructuras criminales de alto impacto, pues se inscribe en el modelo de “sometimiento a la justicia”[5], implementado por el expresidente César Gaviria para la entrega de Pablo Escobar y sus temibles “extraditables”. Todos recordamos que, en un principio, fue un éxito sin precedentes, pues desembocó en la entrega de Escobar y su combo criminal, al tiempo que la Asamblea Nacional Constituyente aprobaba el artículo 35 “prohibiendo la extradición de colombianos por nacimiento”. Fue un éxito efímero que logró salvar un número significativo de vidas[6], evitando que los extraditables continuarán sembrando nuestras calles con policías asesinados por sus sicarios o despedazando civiles con bombas detonadas al azar. Efímero, pues Escobar desde su Catedral siguió oficiando como gran cardenal del narcotráfico, incluso asesinando y descuartizando en dicho templo a sus socios traidores, los Moncada y Galeano[7]. Y, cuando lo considero necesario, abandonó su trono y volvió el terror a nuestras ciudades. Luego caería abatido en Medellín, gracias a la coalición criminal de los Pepes[8], tanto o más violenta que los extraditables, producto del pragmatismo del César que permitió el actuar de los hombres de los Rodríguez Orejuela de Cali junto al Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional, el DAS y agencias norteamericanas como la DEA y la CIA. Esta nefasta historia conviene recordarla para que, en nombre de la Paz Total, no se repitan episodios semejantes y evitar a toda costa una metamorfosis del crimen tan atroz como la que engendraron los Pepes, trasmutados al poco tiempo en AUC[9], con sus cabecillas principales: Vicente[10] y Carlos Castaño[11]; Diego Fernando Murillo[12], más conocido como Don Berna y Salvatore Mancuso[13], para solo nombrar los protagonistas de cientos de masacres, desplazamientos y despojos de millones de hectáreas a campesinos, indígenas y comunidades negras. Eran tiempos en que el crimen pagaba muy bien, política, social y económicamente. Tanto que Salvatore Mancuso pronunció en el Congreso un impecable e implacable discurso[14] sobre la “heroica gesta” de las AUC contra la subversión, como lo registró el Canal Institucional[15] el 28 de julio de 2004, con el beneplácito del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que no vetó la presencia de Mancuso en el “templo de la democracia”. Luego sería rápidamente extraditado con toda la cúpula de las AUC por atreverse a contar, el 28 de abril de 2008, en el noticiero estelar de RCN al periodista judicial Juan Carlos Giraldo, la verdad sobre la infiltración de los paramilitares en “todas las instancias del poder”[16]. De manera, pues, que el crimen si paga selectivamente. Permite alcanzar objetivos políticos y luego extraditar la verdad sobre aquellas alianzas y coaliciones que catapultaron exitosas carreras políticas, hoy en declive. Tal es la verdadera trama de nuestra política nacional, en algunas ocasiones públicamente develada, como en el proceso 8.000[17] y la narcoparapolítica[18], en otras apenas vislumbrada como la ñeñepolítica[19], pero todas ellas recubiertas por una densa capa de ritos electorales y legalismos que pomposamente llamamos democracia, Estado de derecho y separación de poderes públicos. Dicha trama la hemos empezado a ver con mayor claridad desde el Acuerdo de Paz con las FARC-EP, gracias al trabajo exhaustivo y riguroso de instituciones como la JEP[20] y la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición con su informe final “Hay futuro si hay verdad”[21]. Ambas instituciones nos han revelado las atrocidades de todas las partes, empezando por el Secretariado de las Farc[22], continuando con miembros de la Fuerza Pública[23] y tangencialmente los máximos responsables políticos, los expresidentes de la República, que han pasado de agache, justificando sus actuaciones ante la Comisión de la Verdad con coartadas institucionales que les brindan total impunidad.

Criminalidad de cuello blanco

Y, paradójicamente, la principal coartada ha sido siempre la lucha contra el narcotráfico, que aparece como el chivo expiatorio de todos nuestros males, cuando no es más que una consecuencia. Una consecuencia, en primer lugar, de la política prohibicionista y su fallida expresión militar de “guerra contra las drogas”. No está de más repetir la contundente apreciación de Milton Friedman[24], premio nobel de economía en 1976, según la cual: "si analizamos la guerra contra las drogas desde un punto de vista estrictamente económico, el papel del gobierno es proteger el cartel de las drogas. Eso es literalmente cierto". Sin duda, es la ilegalidad el rey Midas[25] del narcotráfico, pues aumenta sideralmente las ganancias de los capos, como también las que recicla con creces el sector financiero. Incluso el Banco de Occidente, buque insignia del próspero grupo AVAL, fue multado por “el lavado de más de 1.200 millones de dólares entre 1987 y 1988”[26], en la operación “punta del Iceberg”, encabezada por “el procurador general de los Estados Unidos, Richard Thornburgh. En rueda de prensa Thornburgh calificó como "el mayor golpe dado por nuestro gobierno al lavado de dólares provenientes del narcotráfico". Volvería a ser sancionado el Banco de Occidente, pero esta vez por la “Superintendencia Financiera con una multa de 500 millones de pesos por eludir obligaciones en el control de lavado de activos y ocultar a las autoridades información sobre esa materia…Esta fue la décima segunda sanción de este tipo que recibe en Colombia el Banco de Occidente entre 2001 y 2020”, según Risk Global Consulting[27]. Sin dejar de mencionar el Banco de Colombia, sucursal principal en Cali, casa matriz del proceso 8.000, pues desde la cuenta “Export Café Ltda” se giraron numerosos cheques para la segunda vuelta de la campaña presidencial de Ernesto Samper, según declaración del tesorero de los Rodríguez, Guillermo Alejandro Pallomari[28] ante la justicia norteamericana. Toda la razón tenía el escritor siciliano Leonardo Sciacsia,[29] considerado la "conciencia crítica de Italia" por su implacable denuncia de la corrupción política y de la violencia mafiosa”, cuando afirmó que “el capitalismo es una mafia legal y la mafia un capitalismo ilegal”. De allí que sea el Estado de derecho el llamado a controlar y contener ambas mafias. Para ello es imperioso que asuma su regulación y sanción legal, arrebatando a la criminalidad del narcotráfico y a todo el entramado de blanqueadores del mercado, como la banca y el sector inmobiliario, sus fabulosas y sangrientas ganancias. Parece una quijotada, pero no lo es, pues fue precisamente lo que hizo el estado norteamericano en 1933, derogando la enmienda del prohibicionismo del licor[30], más conocida como Ley Seca. Claro que en el caso de la coca el prejuicio prohibicionista es más fuerte y de carácter global, imbuido por los intereses geopolíticos de Estados Unidos en la región andina y con fundamento en las Convenciones internacionales bajo el auspicio de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas[31]. Lo anterior demandará, obviamente, un enorme esfuerzo doméstico e internacional (“interméstico”), para superar la estigmatización y demonización de una planta maravillosa como la coca[32] y transitar por la senda de la marihuana, que pasó de ser una yerba maldita a convertirse en planta bendita en virtud de sus propiedades terapéuticas para el tratamiento del dolor y diversas enfermedades[33].

¡Viva la Coca Vital!

Incluso hay más y mejores argumentos para que la coca deje de ser “la mata que mata” --estigmatizada así por los fundamentalistas prohibicionistas que solo creen en la pedagogía del miedo y el castigo-- y sea reconocida como una planta vital, la “Mama Coca”. Bastaría retomar el culto que le rinden los pueblos andinos originarios, con sus múltiples usos medicinales, alimenticios y rituales. Y para quienes los desprecian y llaman “indios atrasados al servicio de los narcos”, recomiendo que consulten las investigaciones científicas sobre “El potencial de la hoja de coca en la medicina actual”[34] y la “Investigación de los usos lícitos de la hoja de coca,”[35] en curso, del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la universidad de los Andes, adelantada por David Restrepo, Sioly-Rodríguez, Beatriz Ramos y Pablo Zuleta. El mayor desafío es, entonces, restituir a la hoja de coca su portentosa dimensión vital y convertirla en una fuente de ingresos de la economía campesina y nacional, en lugar de erradicarla y mucho menos dejarla en manos de narcos y criminales de cuello blanco. Hay es que sembrarla y transformarla en productos elaborados por la industria nacional farmacéutica, de bebidas y alimentos, confiriéndole el valor añadido necesario, respetando y retomando el saber y el sabor ancestral que los pueblos originarios[36] reconocen y tributan a la Mama Coca, como “HAPPYCOCA una cerveza artesanal tipo pale ale, elaborada con hoja de coca y agua mineral de la sierra nevada de Santa Marta por Nevada Cervecería en Minca, un corregimiento de Santa Marta Magdalena”[37]. Solo así podremos liberarnos del yugo y la codicia del narcotráfico con sus testaferros y blanqueadores criminales, quienes no gratuitamente suelen ser acérrimos enemigos de la regulación legal y del control estatal de la hoja coca, materia prima de sus letales fortunas. Dejaríamos, entonces, de ser los mayores exportadores mundiales de cocaína y quizá nos convertiríamos en “potencia mundial de la vida”, gracias al estímulo prodigioso la hoja de coca y sus compuestos[38], más energizantes y saludables que el mismo café. ¡Que viva la Coca-Vital! ¡La Coca-Vita!, una nueva, refrescante y verde bebida, con mejor sabor y energía que la adictiva, azucarada y peligrosa Coca Cola. Ojalá esto no fuera un delirio imaginario y se convirtiera algún día en una realidad comercial para conquistar legalmente, sin las secuelas del crimen y la violencia, el mercado mundial de bebidas que hoy nos arrebata imperialmente Coca Cola. Tenemos todo el potencial para hacerlo, solo falta voluntad política, ofensiva diplomática y emprendimiento económico, que ya despliegan comunidades indígenas como los Nasa con su Coca Pola[39].