CARLOS JIMÉNEZ GÓMEZ (1930-2021) Y SU PERENNE
ACTUALIDAD
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Hernando Llano Ángel.
El pasado 16 de enero de 2023 se cumplieron dos años del fallecimiento en
Bogotá de Carlos Jiménez Gómez, quien se desempeñó como Procurador General de
la Nación bajo el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). Es imprescindible
recordarlo, pues, como en alguna entrevista lo expresará, “Colombia es un país de 24
horas”. Carecemos de memoria institucional, incluso cotidiana y
personal. Quizá esa amnesia sea un mecanismo de defensa para no enloquecer,
pues una avalancha y una nueva masacre, borran de nuestra conciencia las
sucedidas ayer. A la toma, incineración y destrucción del Palacio de Justicia[1],
6 y 7 de noviembre de 1985, siguió el arrasamiento y la desaparición de Armero[2],
el 13 de noviembre. Una catástrofe política y otra natural, ambas evitables. La
primera, de haber tenido sensatez el M-19 y prudencia Belisario Betancur. Pero
en ambos predominó el delirio y la revancha, respectivamente. En la segunda, si
se hubieran acatado todas las previsiones y advertencias de los expertos,
Armero no hubiese sido una tragedia y no sería hoy un campo santo, yermo y
abandonado. Así sobrevivimos en Colombia, extraviados en un laberinto de
desgracias, violencias, imprevisiones y olvidos, desde hace mucho más de 100
años. Pero, si prescindimos de la memoria, no solo ignoramos quiénes somos,
sino lo que es peor cómo vivimos y hasta morimos, por no asumir nuestras
responsabilidades en el presente. Para conjurar tan letal epidemia del olvido y
la irresponsabilidad, voy a recurrir a una selección de textos del propio
Jiménez Gómez, destinados a quienes no tuvieron el privilegio de conocerlo o
perdieron la memoria y la gratitud para recordarlo. Son textos que dan cuenta
de su extraordinaria y versátil personalidad, así como de sus profundas
convicciones democráticas y su recio carácter republicano. Virtudes por las
cuales el establecimiento político lo condenó al ostracismo, pues no toleró que
revelará, como Procurador General de la Nación, en forma tan descarnada y
veraz, todas las imposturas y la descomposición ética y política de un
establecimiento que desde entonces fusionó el Estado con el crimen, la
violencia, la corrupción y la impunidad. Por lo tanto, conviene empezar por su
propia identidad: “Pertenezco al
sindicato invisible de los abogados que escriben, esos que al lado del código
manejan la novela, el poema, la reflexión sociológica o la investigación
histórica; y que, sintiéndose no menos escritores que abogados, se precian de
tener de los problemas político-sociales y humanos un concepto integral y más
alto, pues que sus inquietudes miran tanto
al horizonte plano de las realidades de cada día como al abismo de los grandes
interrogantes del hombre y del destino”[3],
como escribió en uno de sus últimos
libro Testigo del diluvio, 1999, editorial Kimpres. En dicho texto,
publicado 13 años después de haber culminado su gestión en la Procuraduría
General, hace un balance crítico y esclarecedor de sus más importantes y
polémicas decisiones frente a la que definió como una “Procuraduría de Opinión”,
en el sentido de “recoger las grandes
preocupaciones de la opinión y erigirlas en materia de su trabajo; defender los intereses del común; como la
calle, hablar un lenguaje claro, plantear la verdad desnuda y tocar sin
miramientos cuanto su misión le mande, como intérprete y vocero del sentido
ético y político de la comunidad. La Procuraduría de opinión es, en suma, una auténtica Procuraduría ciudadana”.
Y, en efecto, a ella se consagró, sin concesiones, durante esos 4 años
turbulentos e históricos. Para resaltar sus principales aportes, escribí una
reseña de sus más tras trascendentales decisiones en “Carlos Jiménez Gómez: Un Procurador
Histórico, In Memoriam”[4], en tres entregas en el 2021, por lo
que ahora dedicaré este blog a citar sus apreciaciones sobre los dos problemas
que más afectan nuestras vidas, el presente y futuro político de Colombia, como
son la violencia política y el narcotráfico. Al respecto en “Testigo
del diluvio”, bajo el acápite de “Orden Público y Narcotráfico”,
sustentó así el doctor Jiménez Gómez sus conceptos, como Procurador General de
la Nación, contra la aplicación del Tratado de Extradición con Estados Unidos:
“Siempre encontré inaceptable que un problema mundial se quisiera resolver
domésticamente; que los intereses de
los Estados Unidos como campeón de los países consumidores dictará nuestras
políticas en este campo, en perjuicio de nuestros más vitales intereses
nacionales; que se pusiera todo el
aparato del Estado colombiano a las órdenes discrecionales de las Autoridades
Norteamericanas. Yo no soy el Procurador de los Estados Unidos
sino de Colombia, dije en mi momento. Me indignaba la obsecuencia de
los funcionarios extranjerizantes y sus políticas y sus posturas abdicadoras
(p.53)”. Como se ve, desde entonces Jiménez Gómez fue un pionero incomprendido,
incluso calumniado, por promover y defender una solución interméstica[5]
a tan complejo problema, porque, argumentó: “para mí no hubo, desde las primeras noticias del gran fenómeno, ninguna
duda de que este problema y el de la
guerrilla eran hermanos y, en el fondo, provenientes de la misma causa: el afán
de liberación de la gente en guerra furiosa contra el mundo de la necesidad.
Uno y otro eran una y la misma grieta en la tranquilidad y en el orden público
del país. Y llegado a la Procuraduría, así lo seguí entendiendo y así lo quise
tratar en todo momento (p.55)”. Realidad que solo se reconoció 40 años
después en el Acuerdo de Paz del 2016, en su punto 4, dedicado a solucionar el
problema de las drogas ilícitas, pues “la
persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil
presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales
dedicadas al narcotráfico. Se reconoce así que, además de ser parte
constitutiva del conflicto armado, la
solución definitiva a este problema tiene que ver con la implementación de la
Reforma Rural Integral y la construcción de la paz en el campo”[6].
Podría seguir citando muchas más de sus decisiones cruciales, como la denuncia,
ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, del entonces
presidente Belisario Betancur y su ministro de defensa, Miguel Vega Uribe, por
sus actuaciones frente a la violenta toma del Palacio de Justicia por el M-19,
que sintetizó así: “En el Palacio de
Justicia hizo crisis en el más alto
nivel el tratamiento que todos los Gobiernos han dado a la población civil en
el desarrollo de los conflictos armados”. Por ello: “La invocación del
Derecho de Gentes y del Derecho Internacional Humanitario es un complemento
indispensable de toda política de defensa de los Derechos Humanos”. Por
todo lo anterior, convendría a este gobierno del Pacto Histórico consultar la
obra y las ejecutorias del Procurador Jiménez Gómez, no solo para reafirmar su
rumbo progresista, sino sobre todo para inspirarse y guiarse en la búsqueda de
esa esquiva “Paz Total”, pues sin duda en sus memorias como Procurador General
(publicadas en cinco tomos como “Documentos
del Procurador”), encontrará Petro consejos tan pertinentes como el
siguiente: “Al Estado se va con tratados,
profesores, parlamentarios, prensa, opinión y manifestaciones callejeras. Es una labor de persuasión y educación, de
corrección y conversión. De control. La ley es un instrumento, los juzgados
una instancia, las cárceles un cerco de aislamiento. Pero por encima de ellos
está el Estado empinado, inmenso, apabullante, con una concepción del hombre,
de la sociedad y de la historia, que es la que hay que vigilar y hacer valer y respetar, para que sea honesto y consecuente y
para que ponga el servicio de la verdad y de la justicia toda su estructura (P.
37). Sin duda alguna, Carlos Jiménez
Gómez (q.e.p.d.) con su obra, tanto la institucional como la ensayística,
poética y literaria, vive en una perenne actualidad y sus memorias son una guía
esclarecedora para la superación de las principales encrucijadas del presente:
la paz con justicia social; la gobernabilidad con seguridad y la verdad con
reconciliación política. Un legado que todos deberíamos asumir y un ejemplo a
emular para vivir dignamente en democracia, sin contemporizar con más mentiras
y claudicaciones complacientes, como la de ser un ejemplo de civilidad,
solidaridad y ciudadanía, cuando en realidad somos un archipiélago de odios que
naufraga en medio del clasismo, el racismo, el fanatismo político, la
indolencia e ignorancia de millones que se autodenominan “ciudadanos de bien”,
pero siempre están dispuestos a burlar la ley, tomarla por su propia mano o
eludir el pago de impuestos.
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