CALICANTO: PERÚ, MÁS ALLÁ DE LA DEMOCRACIA LIBERAL

PERÚ, MÁS ALLÁ DE LA DEMOCRACIA LIBERAL

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Hernando Llano Ángel.

Un consenso universal recorre el mundo político, la crisis terminal y global de la democracia liberal[1]. Crisis especialmente grave en Latinoamérica, en donde asistimos a procesos de transición política que se debaten entre su reinvención en clave ciudadana, intercultural, telúrica y ecológica o su colapso populista, racista y autoritario. Lo acabamos de ver con el triunfo en las urnas de Lula en Brasil y el intento esperpéntico de destituirlo, emulando los fanáticos de Bolsonaro la escena Hollywoodense de Trump y sus seguidores en Washington. Tal es el mayor desafío que enfrentan hoy los presidentes de Chile, Brasil y Colombia y sus gobiernos progresistas de izquierda, cuya agenda es esencialmente reformista y de corte socialdemócrata. Sus tres líderes: Gabriel Boric, Lula da Silva y Gustavo Petro, con sus diferencias de edades, estilos de liderazgo y proyectos políticos, comparten una visión de la democracia que va más allá de la liberal, sin renegar y mucho menos desconocer sus dos pilares fundamentales: la propiedad privada y el Estado de derecho. Pero también los tres son plenamente conscientes que la democracia liberal ha sido en sus respectivos países una democracia de mercado y para mercaderes, profundamente racista, clasista, cultural y socialmente excluyente. No ha sido una democracia socialmente incluyente, menos receptiva y respetuosa de la pluralidad cultural y étnica de nuestros pueblos originarios, capaz de integrar intereses y reconocer derechos más allá de las lógicas mercantilistas de la ganancia y la seguridad jurídica de minorías privilegiadas. Su verdadera identidad y nombre es mercadocracia y su apellido cacocracia[2]. Obviamente, la principal consecuencia de lo anterior ha sido una profunda crisis de representación política y su correlato de precaria legitimidad del Estado en la mayoría de nuestros países. Perú encarna hoy dramáticamente esa situación. Asistimos a la escenificación pública de una democracia plebeya[3] que asciende desde el profundo sur peruano hacia Lima, capital política y económica, buscando liberarse de la dominación de esa caricatura cacocrática de la democracia liberal, usurpada por una red de intereses clientelistas y empresariales, agenciada por políticos profesionales que han convertido el Estado en un botín que se disputan avariciosamente. No por casualidad en los últimos seis años Perú tenido seis presidentes[4]: Ollanta Humala, Pedro Pablo Kucynzski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Pedro Castillo y ahora Dina Boluarte. Ese es el trasfondo de la actual crisis peruana. De allí que las demandas de esa ciudadanía pluricultural, de alguna forma representada por Pedro Castillo, sean precisamente la renuncia de la actual presidenta Boluarte, la disolución del Congreso, la pronta convocatoria a elecciones y la integración de una Asamblea Nacional Constituyente. Propuestas que, obviamente, el establecimiento representado por Dina Boluarte[5] considera inadmisibles, pues ellos viven en el ensueño de considerarse auténticos representantes del pueblo y depositarios de plena legitimidad política. Un ensueño que cada día se convierte en una pesadilla más sangrienta, pues se tienen que parapetar, literalmente esconderse tras las bayonetas y las armas de la Fuerza Pública, para poder conservar sus cargos y prebendas burocráticas. En la realidad, como lo vemos en todos los noticieros y periódicos, quienes han dado un golpe de Estado en Perú son ellos, los políticos profesionales de siempre, presididos por Boluarte, pues su principal y casi único recurso de gobernabilidad es la fuerza, la violencia, la represión y el asesinato de civiles inermes. Tremenda paradoja, encarcelan a Pedro Castillo bajo el cargo de promover un golpe de Estado, pero son ellos quienes lo están ejecutando. Cada día arrecia más la violencia y aumenta el número de civiles asesinados, cuya cifra es incierta, pero las noticias reportan al menos 54 víctimas mortales[6]. Hoy, en Perú, el pueblo está en las calles y las plazas públicas, es decir, el poder ciudadano y democrático está siendo hostigado, reprimido y masacrado por una autocracia que está usurpando el Estado y se vale de la Fuerza Pública para ocupar ilegítimamente las instituciones de representación del pueblo, como el Congreso y la Presidencia. Por eso, la única salida política es, efectivamente, reconstruir las instituciones que canalizan la savia de la democracia, la voz y decisiones de sus ciudadanos, lo que solo puede hacerse convocando lo más pronto posible elecciones con plenas garantías de legalidad, competencia plural y paz política, para conformar un nuevo gobierno con la suficiente legitimidad popular que le permita convocar una Asamblea Constituyente. Una Asamblea que, a su vez, debe reconstruir la legitimidad democrática en el Perú, incluyendo a esas mayorías que hoy están en las calles de Lima y reclaman una democracia ciudadana, intercultural y ecológica, que sustituya esa cacocracia blanca de mercaderes y mercenarios que se autodenomina democracia.