CALICANTO: ¿Del Palacio de Justicia a la paz total?

¿DEL PALACIO DE JUSTICIA A LA PAZ TOTAL?

Hernando Llano Ángel.

Hoy, 6 de noviembre de 2022, se conmemoran 37 años de la violenta y terrorífica toma del Palacio de Justicia por la compañía “Iván Marino Ospina”[1] del M-19, cuyo alucinante propósito era someter al presidente Belisario Betancur a un juicio político, acusándolo de traicionar los acuerdos de cese del fuego de Corinto y Hobo[2]. Dicho juicio político estaría a cargo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la demanda armada del M-19 emplazaba al presidente Betancur a presentarse personalmente o enviar un abogado defensor. Para completar esa dimensión inverosímil de una justicia intimidada por las armas, el operativo se denominó “Antonio Nariño, por los Derechos del Hombre”. Y como si semejante puesta en escena no fuera lo suficientemente dantesca, en el frontispicio del Palacio estaba inscrita la célebre sentencia de Francisco de Paula Santander, "colombianos: las armas os han dado la independencia, pero solo las leyes os darán la libertad". Todos conocemos el desenlace fatal. La negativa del presidente Betancur a dialogar, so pretexto del estricto cumplimiento de la ley, no les dio la libertad sino la muerte a numerosos rehenes. El fuego cruzado entre guerrilleros y miembros de la Fuerza Pública dejó al menos 95 víctimas mortales y 14 desaparecidas. El Palacio quedó convertido en escombros, aunque todavía la versión oficial denomine a semejante devastadora operación militar “retoma del Palacio de Justicia”. Mentira oficial que año tras año repiten todos los medios de comunicación. ¿Cómo se puede llamar retoma a la incineración y destrucción de la sede de la cúpula de la rama Judicial? Un hecho tan escabroso y una realidad tan mortífera no soporta la denominación o interpretación de “retoma”, así Nietzsche nos haya dicho que “no hay hechos, sino interpretaciones.” Al extremo que el Palacio no se pudo restaurar, sino demoler. Solo quedaron ruinas. Y la decisión oficial fue desaparecer el mismo Palacio, derruirlo y construir uno nuevo, como para borrar de la memoria colectiva lo sucedido. No bastó solo con el crimen atroz de la desaparición física de por lo menos 14 rehenes y de la guerrillera Irma Franco Pineda[3], sino que también se intentó desaparecer la monumental evidencia del Palacio de Justicia calcinado y destruido, como para que todos olvidaremos más fácilmente semejante barbarie. Incluso se nos ocultó lo que estaba sucediendo, transmitiendo por la televisión un partido de fútbol entre Millonarios y Unión Magdalena, al parecer por orden de la brillante ministra de comunicaciones Nohemí Sanín[4]. Todavía más inverosímil es que todo ello sucediera en el epicentro del poder político nacional --en plena Plaza de Bolívar— a escasos 100 metros del Congreso de la República --la rama legislativa— y unos pocos metros más de la Casa de Nariño, sede del poder Ejecutivo. En un radio de menos de un kilómetro cuadrado, la cúpula de la rama judicial, su presidente Alfonso Reyes Echandía junto a 15 magistrados más y 16 auxiliares de la justicia, fueron asesinados, sin que el presidente Betancur detuviera el operativo, pese a los ruegos públicos de Reyes Echandía[5] de un cese del fuego. Y lo más absurdo y cínico es que todo lo anterior se haya llevado a cabo en nombre de la democracia, de su defensa, como lo expresó el entonces coronel Alfonso Plazas Vega a los periodistas en desarrollo del operativo: “mantener la democracia maestro[6]… Y ese mantenimiento significó el arrasamiento de la cúpula de la rama judicial, es decir la desaparición del Estado de derecho, el presupuesto institucional de la democracia. Y ello continúo sucediendo, bajo otras sofisticadas normas, como las que crearon las CONVIVIR[7] en 1994 con César Gaviria y más recientemente la Directiva 029 [8]del ministerio de defensa en 2005 que incentivó, bajo la “Seguridad democrática”, miles de ejecuciones extrajudiciales o “Falsos Positivos”[9]. Tal es el prontuario criminal y legal de nuestra flamante “democracia”. En la noche del 7 de noviembre de 1985, el presidente Belisario asume toda la responsabilidad de lo acontecido, en alocución televisiva, diciendo “que esa inmensa responsabilidad la asumió el presidente de la República, que para bien o para mal suyo, estuvo tomando personalmente las decisiones, dando personalmente las órdenes respectivas, teniendo el control absoluto de la situación, de manera que lo que se hizo para encontrar una salida dentro de la ley, fue por cuenta suya, por cuenta del presidente de la Republica”, según lo vemos en YouTube[10]. Desde entonces, la versión que predomina es que el presidente Betancur fue rehén de los militares y no tuvo otra opción que aceptar ese desenlace fatal del Palacio. Una versión que difícilmente se sostiene o deduce de las innumerables investigaciones realizadas, tanto judiciales, como la disciplinaria de la Procuraduría de entonces, presidida por el doctor Carlos Jiménez Gómez, además de las comisiones oficiales nombradas para esclarecer lo sucedido, sin dejar de mencionar cerca de 10 libros, entre los que sobresalen “El Palacio de Justicia, una tragedia colombiana”[11], de Ana Carrigan; “Noche de humo”[12], de Olga Behar y el más reciente, “Mi vida y el Palacio”[13], de Helena Urán Bidegaín, que revela como su padre, el magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, fue rescatado con vida por miembros del Ejército, pero luego es asesinado y llevado su cadáver al interior del Palacio. Tan doloroso y escabroso crimen fue aclarado por la valiente y persistente fiscal Ángela María Buitrago, según lo cuenta Helena Urán[14]: “Las mentiras se desmoronaron cuando la fiscal Ángela María Buitrago y el resto de su equipo encontraron la billetera de mi papá con toda su documentación en una bóveda secreta del Cantón Norte. Cuando exhumaron el cadáver, se comprobó, no solo que había sido ejecutado con un disparo en la sien proveniente de un arma utilizada por el Ejército, sino que lo habían torturado”. Por lo anterior, el coronel (r) Alfonso Plazas Vega[15] ha sido demandado civilmente en Estados Unidos por las hijas del magistrado asesinado. Otra investigación, publicada bajo el título “Noche de Lobos”, del abogado y periodista Ramón Jimeno, concluye “que las Fuerzas Armadas no le impusieron ninguna decisión al presidente y que él, libremente, fue quien decidió no negociar. Jimeno también reconstruye los diálogos de los comandantes que dirigieron la operación de retoma. Su libro es una investigación periodística objetiva, con escasos juicios de valor y muchos datos”. Pero, sin lugar a dudas, la investigación disciplinariamente más relevante y rigurosa fue la adelantada por la comisión especial de la Procuraduría General de la Nación, conformada por el doctor Carlos Jiménez Gómez, quien denunció ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes al presidente Belisario Betancur y su ministro de defensa, Miguel Vega Uribe, por violación del artículo 121 de la Constitución Política de 1886 y por graves infracciones al Derecho de Gentes, hoy más conocido como Derecho Internacional Humanitario. De dicha acusación cabe resaltar los siguientes apartes: “En el Palacio de Justicia hizo crisis en el más alto nivel el tratamiento que todos los Gobiernos han dado a la población civil en el desarrollo de los conflictos armados” y su caracterización: “El problema que aquí se plantea es político, en primer lugar, y solo en segundo lugar es de carácter jurídico; y puede resumirse en los conceptos y reflexiones que suscitan los siguientes interrogantes: ¿Puede el Estado envolver en una misma acción represiva a unos ciudadanos fuera de la Ley y a otros ciudadanos inocentes, antes de haber agotado todos los medios a su alcance para tratar de rescatarlos a estos sanos y salvos? ¿Es esa decisión de aplicarles de inmediato, por cualquier razón, un mismo tratamiento, legítima?” y, unos párrafos más adelante, concluye: “La Procuraduría no puede responder a dichos interrogantes sino negativamente”. De allí su denuncia, que lamentablemente fue archivada con ponencia de los miembros de la Comisión de Acusaciones: Horacio Serpa Uribe (Q.E.P.D), Carlos Mauro Hoyos (Q.E.P.D) y el conservador Darío Alberto Ordoñez, con el peregrino argumento de que se trató “de un típico acto de Gobierno, ejecutado por quien sólo podía hacerlo, es decir, el señor Presidente de la República y el señor Ministro de Defensa. […] Proponemos: “Declárese que no hay lugar a intentar acusación ante el Senado de la República contra el Presidente Doctor Belisario Betancur Cuartas y su Ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe, por razón de los hechos ocurridos durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985 en relación con la toma por parte del M-19 del Palacio de Justicia, y en consecuencia archívese el presente informativo. Una conclusión espeluznante: “un típico acto de gobierno” que, en lugar de garantizar la vida de los rehenes, los condenó a muerte, absolviendo totalmente de responsabilidad política a sus máximos determinadores. Típico acto de una “democracia genocida”[16], como la llama el padre Javier Giraldo. Cabe esperar que, en este gobierno, en un acto de justicia y responsabilidad política retroactivas del presidente Gustavo Petro Urrego, que en 1985 contaba apenas con 25 años y estaba en la cárcel pagando una condena de 16 meses por porte ilegal de armas[17], su política de PAZ TOTAL esté al servicio de la vida y por fin podamos transitar hacia una auténtica paz democrática. Es la mejor y quizá única forma de honrar la memoria de todas las víctimas del Palacio de Justicia y de este interminable conflicto armado interno, evitando su repetición y perpetuación.