miércoles, agosto 09, 2023

PETRO EN LA ENCRUCIJADA: ¿DE LA TRANSICIÓN POLÍTICA AL JUICIO POLÍTICO?

 

PETRO EN LA ENCRUCIJADA HISTÓRICA ¿DE LA TRANSICIÓN POLÍTICA AL JUICIO POLÍTICO?

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/petro-la-encrucijada-historica-la-transicion-politica-al-juicio-politico

Hernando Llano Ángel.

En víspera de cumplir su primer año en la Presidencia de la República, Gustavo Petro Urrego enfrenta la mayor crisis política de su administración. Una crisis mayúscula. No es solo una crisis de gobernabilidad, al perder el Pacto Histórico sus mayorías en el Congreso, incluso la presidencia de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Es el comienzo de una crisis de legitimidad y credibilidad en la figura presidencial, derivada de las revelaciones de su hijo Nicolás Petro Burgos ante la Fiscalía sobre el supuesto ingreso de dinero de origen ilícito a su campaña presidencial. Ingreso que, según Nicolas, ignoraba su padre y el gerente de Campaña, Ricardo Roa. Por lo anterior, no fue reportado en la contabilidad y tampoco en el informe legal al Consejo Nacional Electoral. La suma de estas dos crisis, sin duda, afectará enormemente el margen de maniobra de su gobernabilidad, pero sobre todo su ambicioso proyecto político de liderar la transición histórica del régimen político actual y de la sociedad colombiana hacia una auténtica democracia, afianzada en el Estado Social de Derecho proclamado en el artículo 1[1] de la Constitución del 91, pero ausente en la vida de la mayoría de colombianos. Una transición precedida del lema: “Colombia, potencia mundial de la vida”, para dejar atrás el deshonroso puesto de ser la nación con más víctimas civiles de todo el continente americano y la única donde persisten organizaciones armadas ilegales en guerra contra el Estado, ensañadas además contra la población civil y especialmente sus líderes sociales, cuya cifra en este año ya es de 93 asesinados, según INDEPAZ[2]. También la que posee el mayor número de hectáreas de coca y ocupa el primer lugar en el mundo como exportadora de cocaína. Por todo ello, una sociedad corroída por la ilegalidad, el crimen y la violencia, que la banalidad de muchos analistas resumen con el nombre de corrupción política y la inmensa mayoría de colombianos le echan la culpa de todos sus males, eximiéndose así de toda responsabilidad personal, aunque en cada elección vuelvan a votar por los mismos políticos corruptos que denigran y detestan por las redes sociales, pero a los que acuden cuando los necesitan para un empleo, subsidios o incrementar la prosperidad de sus negocios, obteniendo gabelas y favores.

Un régimen político electofáctico

Ese simplista diagnóstico ignora precisamente que dicha corrupción no es otra cosa que la simbiosis estructural e histórica de la política con la ilegalidad, el delito y el crimen, que se expresa a través de múltiples poderes de facto y de formas inimaginables. Simbiosis que constituye la esencia de nuestro régimen político que, en virtud de elecciones periódicamente realizadas desde 1957, la mayoría cree democrático, pero en la realidad funciona y es un régimen político electofáctico[3], pues en el orden nacional siempre terminan ganando aquellos candidatos que logran en forma más o menos sutil y velada el respaldo de esos poderes de facto, gracias a los cuales llegan a la Presidencia y muchos partidos logran las mayorías en el Congreso. En ocasiones esos poderes de facto son prestigiosas empresas, como Odebrecht o entramados bancarios como AVAL, que financian con generosidad a los candidatos con mayor opción para triunfar. En otras coyunturas son los narcotraficantes, como sucedió con el proceso 8.000[4] y el triunfo de Ernesto Samper. Así como también lo fueron los grupos paramilitares, decisorios en las dos presidencias de Álvaro Uribe Vélez y en su coalición mayoritaria en el Congreso con la parapolítica[5], según lo han contado varios comandantes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso[6]. Hasta las FARC-EP fueron decisorias con su respaldo explícito en la segunda vuelta a la candidatura de Andrés Pastrana, asesorado entre otros por Álvaro Leyva y Rafael Pardo, que propiciaron esa táctica de cambiar votos por la zona de distensión del Caguán, como lo anunció Pastrana en su discurso en el hotel Tequendama antes de la segunda vuelta, pues en la primera le ganó Horacio Serpa. Algo semejante sucedió en la segunda administración de Santos (2014-2018), donde estaba en juego nada menos que el Acuerdo de Paz con las Farc-Ep y su desmovilización, contra los cuales se expresaba el entonces candidato Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático, quien también le ganó en primera vuelta. Y si continuamos con este recuento de influencias decisorias de poderes de facto, el triunfo de Iván Duque en el 2018 está ensombrecido por la Ñeñepolítica[7], escándalo archivado oportunamente por el Consejo Nacional Electoral, igual que lo hizo con Odebrecht patrocinador de las candidaturas de Santos y Zuluaga. Solo que éste último nunca sospechó que su aliado electoral, Daniel García Arizabaleta[8], protegido personal de Álvaro Uribe, lo estuviera grabando y entregará semejante prueba a la Fiscalía. Una prueba que lo involucra inexorablemente en varios delitos, junto a su hijo David Zuluaga[9], un filósofo egresado de Harvard extraviado en el sórdido mundo de la mercadotecnia electoral con el pago de más de 1 millón de dólares al publicista Duda Mendonça,[10] aportados por Odebrecht y también sin reportar su ingreso a dicha campaña. Y así llegamos al actual escándalo político-familiar, adobado con historias de amor traicionadas[11] y dramas familiares cruzados por la ausencia paternal de Gustavo Petro en la crianza[12] de su hijo mayor y la reciente cuenta de cobro filial de Nicolas Petro Burgos contra un frio y distante padre-presidente, según lo cuenta en la revista SEMANA[13] a la insidiosa Vicky Dávila, ensañada en esas deplorables intimidades familiares.

Hay que tumbar el Régimen Político Electofáctico

Dado este contexto histórico, que involucra a todas las fuerzas y sectores políticos relevantes, hay que concluir que el problema de fondo es la existencia de ese régimen político electofáctico. Un régimen que goza de enorme estabilidad en virtud de la poderosa raigambre de dichos poderes de facto en la mentalidad y las tácticas de importantes líderes políticos, que los utilizan astutamente, tanto a los poderes ilegales como a los legales, para alcanzar sus fines políticos y triunfar impunemente, ante la imposibilidad de encontrar pruebas reinas sobre su responsabilidad. Ya lo decía Álvaro Gómez Hurtado durante el proceso 8.000: el problema entonces no era tumbar al presidente Ernesto Samper, sino tumbar al régimen, que lo describía así en editorial de El Nuevo Siglo[14]: “La política se ensució hace ya dos décadas, cuando cayó bajo el dominio del clientelismo y se sometió a la preponderancia del dinero. Desde entonces se quedó sucia. Es la forma de dominio que ha tenido el Régimen imperante para poder doblegar la opinión pública y aprovecharse de las oportunidades de mando y de los gajes del poder. El Régimen necesita que la política sea sucia porque es la manera de conseguir la amplia gama de complicidades que se necesitan para mantener su predominio…Forma parte del establecimiento y es el vehículo contaminante de todo lo que a éste pertenece: el Congreso, los partidos, la prensa, los grupos económicos, los sindicatos, la policía y la enseñanza. Todo tiene algo de política porque ésta ya no es un manejo de los conceptos sobre el Estado, sobre la libertad y sobre el orden, sino un enmarañado sistema de compromisos adquiridos. Se explica, entonces, que no haya opiniones políticas, puesto que todo se reduce al tráfico de las componendas”. En fin, la política convertida en una red de complicidades criminales con un alcance insospechado, pues llegó al extremo de involucrar en forma inadvertida a quienes la combatían sin concesiones por sus relaciones con la ilegalidad y el narcotráfico, como le sucedió al inmolado ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, a quien el narcotraficante Evaristo Porras[15] aportó 1 millón de pesos a su campaña política, sin que el líder del Nuevo Liberalismo tuviera conocimiento. Esta relación simbiótica de la política con el narcotráfico está en la médula del régimen electofáctico.

El narcotráfico depende simbióticamente de la Política

Por eso no es correcto decir que el narcotráfico sea un delito conexo con la política, sino más bien todo lo contrario. El narcotráfico es una actividad que simbióticamente depende de la política, pues sus siderales ganancias se originan en su carácter ilegal, ganancias fijadas precisamente por la política prohibicionista. Una vez más es inevitable citar al premio nobel de economía en 1976, Milton Friedman: “Si analizamos la guerra contra las drogas desde un punto de vista estrictamente económico, el papel del gobierno es proteger el cartel de las drogas. Eso es literalmente cierto”. Sin duda, pues sus ganancias aumentan proporcionalmente con la persecución y represión del negocio ilícito. Algo que seguirá sucediendo hasta el momento en que la política a través del Estado decida regular legalmente la producción, el comercio y consumo adulto de sustancias estupefacientes, así como lo hizo el Estado norteamericano al eliminar en 1933[16] la ley seca que prohibía el consumo del licor. Prohibición que mientras existió fortaleció a la mafia en ciudades como Chicago, desató la inseguridad y la violencia en toda la nación, además de corromper a la Policía y la vida política norteamericana. Por eso, no deja de ser una paradoja que el ingreso de dineros a la campaña presidencial de Petro, supuestamente  procedentes del narcotráfico y de negocios oscuros, haya catalizado la actual crisis, siendo él un promotor internacional de la urgencia de la regulación legal de dicha actividad y de poner fin al prohibicionismo en tanto política fracasada por sus costos irreversibles en vidas humanas, inestabilidad institucional, inseguridad humana y ecocidios ambientales, todo ello evitable o mitigable al ser regulada por el Estado. Más aún, que esta crisis fortalezca las posiciones más radicales y oportunistas de una oposición furiosa, empeñada no solo en torpedear en el Congreso la aprobación de las principales reformas sociales del Pacto Histórico, sino incluso de intentar enjuiciar al presidente Petro ante el Senado para impedir la culminación de su mandato. Frustrar así la transición democrática y enterrarla con un juicio político contra Petro en el Senado. Una oposición cuyos principales líderes siempre han tenido una curiosa tasa de cambio moral muy flexible, pues consideran el delito de narcotráfico más grave que asesinar, despedazar con motosierras a cientos de personas y despojar de su terruño a millones de campesinos e indígenas, como lo permitió el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez al extraditar a Norteamérica la plana mayor de los paramilitares para contener y ocultar la deslegitimación de su gobierno dadas las verdades que alcanzó a revelar Salvatore Mancuso en un noticiero de RCN y sus estrechas relaciones con el establecimiento político y empresarial, como se puede ver y escuchar en https://www.youtube.com/watch?v=sf4XNpHbwOk . Verdades que seguramente terminará de contar Mancuso ante la JEP si regresa a Colombia, como incluso lo ha respaldado en un concepto reciente la Procuraduría General de la Nación[17]. Su presencia permitiría continuar desenredando ese tejido de complicidades criminales entre algunos miembros de la fuerza pública y connotados empresarios con el paramilitarismo, respaldados tácitamente por políticas como la “seguridad democrática”, la “confianza inversionista” y hasta una supuesta “cohesión social”. Todo parece indicar que entramos en una incierta coyuntura de revelación de verdades sobre el régimen político colombiano y sus principales protagonistas. Lo que está en juego, entonces, es si avanzamos hacia la transición del actual régimen político electofáctico, donde la política está atrapada en esa densa red de complicidades criminales, y poco a poco nos desplazamos hacia una auténtica democracia donde la política se libere progresivamente de ese “enmarañado sistema de compromisos adquiridos” y vuelva a recobrar su decencia y dignidad en función de intereses públicos y la justicia social. “Enmarañado sistema de compromisos” y complicidades del cual es un vocero destacado el expresidente César Gaviria Trujillo. En recientes declaraciones a Caracol Televisión señaló que la financiación de las campañas en todas partes del mundo es bastante oscura y que “no hay "ninguna campaña" que haya entregado información exacta al Consejo Nacional Electoral sobre la financiación, ya que, según él, todo lo acomodan un poco”[18].  En cierta forma, Petro es un rehén en esa encrucijada, pues la transición política promovida por el Pacto Histórico puede terminar naufragando en un juicio ante el Senado y su eventual suspensión presidencial. Por lo pronto, el próximo 29 de octubre tendremos una nueva oportunidad para intentar en nuestras ciudades y departamentos vencer con nuestro voto responsable e informado esa red de complicidades políticas y criminales. Ojalá esta vez escuchemos la voz de Serrat cuando le cantaba a su pueblo catalán: “Que la ignorancia no te niegue, que no trafique el mercader con lo que un pueblo quiere ser”[19]. De lo contrario, corremos el riesgo de seguir atrapados en esa fina, oscura y extensa red del clientelismo, la corrupción y la criminalidad política, que son la quintaesencia y el sustento del actual régimen político electofáctico, negación sutil y cotidiana de la democracia, perfeccionado impunemente en las urnas por la influencia decisoria y condicionante de los poderes de facto legales e ilegales.


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lunes, julio 31, 2023

En política, son los medios, no los fines, lo que cuenta. Dejémos la estupidez.

 

 EN POLÍTICA SON LOS MEDIOS, NO LOS FINES, LO QUE CUENTA. ¡DEJÉMOS LA ESTUPIDEZ!

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Hernando Llano Ángel

Son los medios utilizados, no los fines promovidos, los que dotan de sentido y dignidad a la política. Simplemente porque los fines ya están contenidos en los medios. Ya lo decía Albert Camus: “Son los medios utilizados los que confieren dignidad a la política”. Por eso, la palabra es al mismo tiempo el principio, el medio y el fin de la política. Así como las armas están en el principio, el medio y también el fin de la guerra, cuando éstas dejan de ser disparadas o utilizadas como disuasión e intimidación mortal. Una política de verdad exije la mayor coherencia entre la palabra y la acción, entre lo anunciado y lo ejecutado. Entre los medios y los fines. Así lo demostró Mahatma Gandhi con su política y principio de NO-VIOLENCIA o AHIMSA[1]. También lo hizo Nelson Mandela, derrotando la violencia racista del Apartheid. Hacer lo contrario, es decir separar los medios de los fines, convierte la política en mentira, en pura demagogia, en la que ya nadie cree y por carecer de legitimidad tiene que recurrir con frecuencia a la fuerza y la violencia. Recordemos lo sucedido hace apenas dos años y medio, durante el paro nacional del 2021. Tal es el mayor riesgo que hoy corre la “Paz Total” y todos los medios que se utilicen para alcanzarla, pues si las partes no cumplen con su palabra y sus cometidos, incluidos los denominados “gestores de paz”, pueden convertirse en catalizadores de guerra. Sin duda, en los procesos de paz con horizonte democrático el poder nace de la palabra cumplida, no de la punta del fúsil y la bala disparada, como lamentablemente parecen creer los grupos armados ilegales y ciertas políticas gubernamentales como la “seguridad democrática” y sus escabrosos 6.402 “falsos positivos”[2]

“En el principio era el verbo” (Juan 1: 1-14)[3], la palabra nos anuncia y nos compromete como seres humanos. Si no la honramos y cumplimos, somos develados como impostores y charlatanes, perdemos rápidamente la confianza de los demás y en los demás. Entonces la vida se vuelve una babel de desconfianzas y la comunicación se torna casi imposible. La palabra ya no nos revela, más bien nos oculta. El lenguaje se convierte en un medio para velar nuestras intenciones y lograr nuestros fines, defraudando a los demás. Una simple estratagema para engañar y ganar. Pero llega un momento en que el interlocutor, sea un entrañable cercano o un anónimo lejano, se percata de la mentira, la comunicación se enturbia y la relación termina. En el plano afectivo es el fin y, por lo general, el comienzo de un divorcio donde las cuentas se pagan con abultadas facturas. Así lo canta Shakira: “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”[4]. Pero cuando ello sucede en el plano político y en la vida pública, las facturas se pagan muy caro “con sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas”[5], según la célebre expresión de Churchill en su discurso ante la Cámara Baja del Parlamento británico en 1940, en medio de la triunfal ofensiva nazi sobre Europa.

¡Son los medios, no los fines! ¡Dejemos la estupidez!

Es algo que debemos tener en cuenta durante todas las campañas electorales, especialmente ahora que comienzan en forma. De lo primero que nos percatamos es que prácticamente todos los candidatos promueven los mismos fines: acabar con la corrupción; la inseguridad y el crimen; promover la justicia y la igualdad. Sus consignas dan grima, todos prometen: “poner fin a la corrupción”; “cuenta conmigo, salvemos la ciudad”; “orden y autoridad”; “control y amor”, en fin, basta mirar las numerosas vallas en todas las ciudades, para concluir que no existe diferencia sustancial entre los candidatos y sus partidos. La diferencia está en los medios que utilizan para promover esos fines y, sobre todo, con quiénes y cómo los promueven. Asuntos sobre los cuales, por lo general, no dicen nada durante sus campañas. Por ejemplo, todos los congresistas, en campaña prometen “austeridad y transparencia”, pero al tomar posesión en sus curules la austeridad significa devengar mensualmente $43.418.152[6], que los convierte en los mejor pagados de toda América Latina y los que más ganan respecto a su propia población, como se puede apreciar en este aftículo del diario EL PAÍS[7], de España, cuando todavía su sueldo era de 35 millones, el año pasado.

Ni hablar de la transparencia que, como sus emolumentos, se convierte en “tramparencia” por los penumbrosos manejos de sus acuerdos partidistas y el incumplimiento casi generalizado de sus compromisos y promesas de campaña. Por eso, lo que realmente importa saber en estas campañas, por ejemplo, es: cuánto cuestan las numerosas vallas, de dónde salió el dinero, quiénes son sus aportantes, los políticos que los acompañan, sus coaliciones y acuerdos de gobernabilidad y burocracia. En especial, que nos lo cuenten aquellos candidatos que ya han invertido cuantiosas sumas en anteriores campañas, como si ganar la Alcaldía o la Gobernación fuera un juego de azar para aspirar a ocupar periódicamente esos cargos. Cómo van a combatir la corrupción, con quiénes, con qué medios y con cuántos recursos mejorarán el transporte público, la seguridad humana, la promoción del empleo, la mejor calidad de la educación, la disminución del hambre y la profunda segregación racial y social que cada día es mayor, junto a la violencia de género y la depredación del medio ambiente. Sin conocer el cómo, con quiénes y el origen de los recursos para hacer realidad sus programas de gobierno, las elecciones no dejarán de ser una mascarada de demagogos que continuarán convirtiendo lo público en un coto privado para beneficio de sus financiadores, copartidarios, empresas, amigos y familiares. Es decir, continuaremos confundiendo la política con los negocios, el clientelismo, el nepotismo y el saqueo del presupuesto público, que son las señales de identidad de la cacocracia[8] y la negación total de la democracia. La mejor manera de evaluar la coherencia entre los medios y los fines, es conocer la hoja de vida de todas las candidaturas, sometiéndolas a un examen riguroso de lo que dicen y han hecho con sus vidas y las de quienes los rodean; de sus relaciones, coaliciones y alianzas políticas y, en caso de ser repitentes, evaluar el legado de sus ejecutorías como gobernantes o funcionarios públicos, respondiendo estas preguntas básicas ¿Han servido a intereses generales o públicos o, por el contrario, solo partidistas, empresariales, familiares o hasta ilegales? ¿Tienen conocimiento y experiencia para desempeñar con competencia y honestidad sus cargos? ¿Quiénes son los políticos, partidos, empresas, personas, gremios e intereses que los respaldan y financian? ¿Cuál es el proyecto de ciudad o departamento que promueven sus programas, cómo y con quienes lo realizarían en cuatro años? ¿Será ello posible? Quizás, así, no botamos nuestro voto y hacemos la diferencia entre la cacocracia y la democracia.

 

 

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miércoles, julio 26, 2023

¿HACIA UNA GOBERNABILIDAD DESPETRIFICADA?

 

¿HACIA UNA GOBERNABILIDAD DESPETRIFICADA?

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Hernando Llano Ángel.

El discurso del presidente Petro en la instalación del Congreso, el pasado 20 de julio[1], da píe para preguntarnos si estamos en el comienzo de una gobernabilidad despetrificada. Tal parece ser por su tono y contenido, al insistir que es el “momento de un acuerdo nacional”. Despetrificar la gobernabilidad significa de parte del Ejecutivo tener mayor flexibilidad para que fluyan acuerdos en torno a sus principales reformas, incorporando en ellas demandas de otras fuerzas políticas, sociales, económicas y culturales, sin que ello implique renunciar al proyecto reformista socialdemócrata que lo anima. Es un enorme desafío de concertación, pues pone a prueba la capacidad política del Pacto Histórico y de las diversas fuerzas de oposición para alcanzar acuerdos que permitan el ejercicio de una gobernabilidad democrática, sin que ella naufrague en medio del obstruccionismo de una oposición enrocada en la defensa a ultranza del statu quo y sus enormes beneficios sociales y económicos. Beneficios que profundizan las desigualdades y las conflictividades sociales, pues sin duda se requieren reformas históricas que transformen el paisaje insoportable de inequidad e inseguridad que predomina en el campo y la mayoría de nuestras ciudades, si en verdad esa oposición de derecha quiere alcanzar la cohesión y convivencia social que tanto pregona. De lo contrario, lo único que logrará será profundizar las brechas sociales que catalizan la ilegalidad y la criminalidad, en las cuales crece el magma de las erupciones y los estallidos sociales, como sucedió con la fallida reforma tributaria de Duque-Carrasquilla[2]. Esa derecha debería recordar una prudente sentencia atribuida a un pontífice, posiblemente Juan XXIII, que reza: “La seguridad de los ricos es la tranquilidad de los pobres”, tranquilidad inexistente si crece el desempleo, el hambre y la marginalidad, que aumentan el caldo de cultivo de la frustración y el resentimiento aprovechado por la delincuencia organizada y la criminalidad de alto impacto. Pero también demanda de parte del gobierno despojarse de ese voluntarismo mesiánico, casi siempre acompañado de una retórica presidencial desbordada, según la cual si no se acogen plenamente sus reformas no habrá salvación nacional, apelando para ello al furor de sus críticas contra el empresariado y el neoliberalismo depredador del actual capitalismo petrolizado y carbonizado de las energías fósiles. Al respecto, varias expresiones de su discurso en la instalación de la legislatura 2023-2024 expresan una rectificación de ese estilo grandilocuente de tener siempre la razón e ignorar las voces de la oposición y las ejecutorias del anterior gobierno, como son las siguientes:

1-      “El prejuicio no lleva sino a una muy mala política y, en general, a los desastres de las naciones; sino que tiene que ver con el análisis, que tiene que ver con la razón, que tiene que ver con el entendimiento que, al final, es lo específicamente humano, lo que nos separa de los demás seres vivos, de los animales”.

 

Al respecto, habría que reconocer que son dos los grandes prejuicios que más dificultan alcanzar acuerdos alrededor de reformas como las de Salud, Laboral y Pensional, pues los consensos en este campo son imposibles, incluso contraproducentes. El primer prejuicio es la presunción ingenua del gobierno de considerar que lo público en sí mismo garantiza mayor equidad social, ignorando los efectos desastrosos del clientelismo, la corrupción y la incompetencia que predominan en la competencia política y en muchos funcionarios públicos, que han interiorizado la funesta expresión: “el sector público es la empresa privada de los políticos”. Refrán que algunos conjugan con destreza desastrosa para el bien público y en beneficio de sus electores, empresarios financiadores y copartidarios, como los exsenadores Ñoño Elías[3] y Mario Castaño[4], para no hablar de la injerencia determinante de los grandes capitales legales, Odebrecht[5], Aval y los ilegales del narcotráfico como los del Ñeñe Hernández[6] en las campañas presidenciales y en el triunfo de sus patrocinados. Y el segundo  prejuicio invencible es el de la oposición, compartido por millones de “ciudadanos de bien” que creen, con la fuerza de un dogma indiscutible, que la empresa privada y la iniciativa particular garantizan por sí solas mayor igualdad, transparencia y eficiencia en beneficio de toda la sociedad, cuando en la realidad suele suceder lo contrario, como lo demuestran muchas EPS del sector de la salud, siendo SaludCoop y Carlos Palomino[7] los mejores y peores exponentes, con el desvío de cerca de 1.4 billones de pesos a sus bolsillos, según la Controlaría de entonces. Ese maniqueísmo simplista y falso de cada una de las partes, plateando como un dilema insalvable, impide análisis rigurosos sobre la complejidad de la política y la administración pública, que siempre deberían tener presente el aserto lapidario de Lacordaire: “Entre el fuerte y el débil, es la libertad la que oprime y la ley la que libera”. La segunda alusión del presidente Petro en su discurso, está referida a la búsqueda de mayor equidad social a través de las reformas:

 

2-      “Unas condiciones mayores de equidad social nos pueden llevar a la paz. Allí hay una ventana de oportunidad. Yo creo que es el momento de la Reforma Social. Es el momento, y sabemos que no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana, que esta sociedad sea más igualitaria. Por tanto, es el momento de un Acuerdo Nacional…Yo invitaría a quienes hasta ahora han dirigido el país, social, económica, cultural y políticamente, a convencerse que es un momento de ceder; que precisamente para aprovechar la que la vida del mundo nos está arrojando en términos de desarticularnos de la mafia, oportunidad del narcotráfico y de las economías ilícitas, es el momento de ceder para construir un país más equitativo en el mundo laboral, en el mundo productivo, en las distribuciones del presupuesto público hacia la educación, la salud, etcétera, que aquí tanto se ha discutido.”

 

Igualmente, ambas partes, Gobierno y Oposición, tienen que aprender a ceder, para forjar una democracia de suma positiva, donde todas las partes ganen en derechos y oportunidades, empezando por las mayorías que no los tienen en sus precarias vidas cotidianas, en lugar de persistir en una democracia de suma nula, donde unas minorías siempre ganan y el resto pierde. Ello implica aprender a concertar en beneficio de interés generales y públicos, como lo manda la Constitución en su artículo primero[8] y es lo propio de un Estado Social de Derecho y de una “democracia participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”, lo que lamentablemente no sucede en nuestra realidad social. Y, por último, en un asunto del cual depende la vida de toda la humanidad, como es la transición energética:

 

3-      “En transición energética tenemos unos datos. Se ha debatido aquí, me ha costado una ministra excelente. Los datos al día de hoy, de lo que hemos podido hacer, -heredamos un balbuceo indudable pero cierto del Gobierno anterior, que ya había captado la necesidad de esta transición-…Allí están 134 empresas ¿Qué significa eso? ¿Cómo podríamos, con lo ya hecho, si lo hacemos bien de aquí en adelante, garantizar que la matriz energética de Colombia sea limpia 100 %, porque a estos 8.3 gigas asignados hay que sumarle los que asignó (el expresidente Iván) Duque”.

 

Que es nada menos que construir sobre lo construido, reconociendo a cada quien lo que le corresponde, dejando atrás ese síndrome de adanismo[9] gubernamental, que pretender inventar de nuevo el mundo empezando desde cero. Algo que le acontece a este gobierno en la “Paz Total”, pues olvida un axioma de la realpolitik expresado en el siglo XVII por Thomas Hobbes[10]: “Los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras, sin fuerza para proteger al hombre, en modo alguno”.  Por eso no tiene sentido que el presidente Petro afirme: “Hemos hecho el proceso de paz con el ELN y avanza. Hoy hay un cese al fuego en todo el país con el Ejército de Liberación Nacional. Eso ha traído como resultado una disminución sustancial, comparando el número de bajas del Ejército y de la Policía de este año, respecto al año pasado del 60 % y del 55 %”, cuando en la realidad la cifra de líderes sociales asesinados hasta el 17 de julio es de 91 y de firmantes de la paz de 22, según lo registra con nombres propios Indepaz[11].

 

 

 

                               


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