domingo, octubre 22, 2023

EL GRAN DES-ACUERDO NACIONAL

 

 

EL GRAN DES-ACUERDO NACIONAL

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/gran-des-acuerdo-nacional

Hernando Llano Ángel.

Con frecuencia se recuerda la expresión de Álvaro Gómez Hurtado (Q.E.P.D), según la cual una Constitución es un Acuerdo sobre lo Fundamental. Sin duda, dicha expresión contiene la fuerza de las tautologías[1]. Es un auténtico tópico con el cual todos estamos de acuerdo, pero oculta lo más problemático y esencial ¿Qué es lo fundamental? ¿Quiénes lo definen? y ¿Cómo se logra? Desde entonces, llevamos 32 años sin poder saber en qué consiste lo fundamental y mucho menos la forma específica de alcanzarlo. Es más, quienes deberían promoverlo están empecinados, cada uno desde sus convicciones e intereses, en imponernos con mentiras, estratagemas inimaginables y hasta a sangre y fuego su visión e idea de lo fundamental y del Acuerdo Nacional. Para unos es la seguridad, para otros es la justicia social y, supuestamente, para todos los colombianos es simplemente la paz. La paz política, es decir, que no nos matemos más en nombre de proyectos políticos. Incluso así quedó consignado en el artículo 22 de la Constitución: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Lo atroz es que en nombre de esa paz se continúa asesinando, secuestrando, desapareciendo, desplazando, despojando, extorsionando y confinando a millones de víctimas[2]. En nombre de esa paz se han cometido miles de crímenes atroces desde el Estado, pasando por la guerrilla, los paramilitares y un número indeterminado de organizaciones armadas ilegales y de grupos delincuenciales, según estas macabras cifras[3] del Informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

LA PAZ TOTAL ES CELESTIAL, NO TERRENAL

Quizá por ello este gobierno de izquierda promueve una PAZ TOTAL, probablemente inspirado en un hombre de derecha, como Álvaro Gómez Hurtado. Pero incurrió en un error fundamental y vital, la PAZ TOTAL solo es posible fuera y más allá de este mundo terrenal, quizá en el celestial, donde según nuestra tradición judeocristiana reina la paz eterna. La Paz Total es metafísica, no política. Por eso la plegaria: “Que en paz descanse” (Q.E.P.D o R.I.P)[4]. Se supone que invocándola se pondrá a salvo el alma del difunto y no será condenada al fuego eterno del infierno por las injusticias, excesos y pecados irredimibles cometidos en este valle de lágrimas. Nunca alcanzaremos la paz total en esta tierra, donde siempre reinaran los conflictos y las disputas permanentes, propias de nuestra imperfecta y pecaminosa condición humana. Hasta puede suceder lo contrario, que aquellos fanáticos a la derecha e izquierda obsesionados con la búsqueda de esa paz total ni siquiera la conozcan en el mundo celestial, dada la infinidad de crímenes atroces que ordenaron o cometieron para imponerla en esta tierra. Ya lo advertía el poeta romántico Johann Christian Friedrich Hölderlin[5]: “Lo que ha hecho siempre del Estado un infierno en la tierra ha sido precisamente el intento del hombre de convertirlo en su cielo en la tierra”. Poco importa que los crímenes hayan sido cometidos para alcanzar el cielo de la justicia social, el cambio revolucionario o la seguridad democrática con sus tres huevitos[6]. Así las cosas, el Gran Acuerdo Nacional que promueve el presidente Petro debería comenzar por el respeto a la Vida y la Dignidad en todas sus dimensiones y diversidades terrenales, no sobre algo tan trascendental y susceptible de múltiples interpretaciones como la PAZ TOTAL, en cuyo nombre se han librado y continúan librando infinidad de guerras imposibles de ganar, como la absurda “guerra contra las drogas”. Incluso, el Gran Acuerdo Nacional se tornaría más inalcanzable si la verdad se postula como uno de sus principios fundamentales, tal como lo propone el presidente Petro, pues ella está en el centro de las más profundas disputas y divisiones entre los colombianos. Al extremo que todos los protagonistas de la guerra tienden a negar terribles verdades fácticas de las que son responsables como los “falsos positivos”, los desplazamientos forzados, las desapariciones y las masacres. Para ello utilizan sofismas como la exigencia de resultados y de bajas en combate, nunca de ejecuciones extrajudiciales, o llaman migrantes a los desplazados internos y homicidios colectivos a las masacres. Hasta niegan la existencia misma del conflicto armado interno. De otra parte, las guerrillas llaman retenciones a los secuestros y a los asesinatos ajusticiamientos. Las economías ilícitas son mercados emergentes y los criminales se convierten en fantasmas[7] que lavan sus fortunas con la complicidad de empresarios, constructores[8] y banqueros codiciosos, como el grupo AVAL[9]. De manera que la verdad termina siendo un comodín que logra imponer quien tenga más recursos económicos, legales, ilegales, ideológicos y mediáticos para promoverla y hasta venderla, como cada Semana lo hace una publicación vocera de la Fiscalía. Así sucedió con el triunfo del NO en el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz en el 2016.

EL NO DEL PLEBISCITO, UN TIRUNFO OBTENIDO CON MENTIRAS Y LA MANIPULACIÓN DEL MIEDO

En nombre de un Acuerdo de Paz sin impunidad y vetando la participación política de los comandantes de las Farc, el expresidente Uribe y sus correligionarios del Centro Democrático realizaron hace 7 años una campaña por el NO en el plebiscito. Una campaña plagada de mentiras y emociones dañinas, coordinada eficientemente por Juan Carlos Vélez Uribe[10], quien se ufanó de su éxito públicamente: "Estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca", dijo el excandidato a la Alcaldía de Medellín. Afirmó que la campaña de indignación se hizo basada en el poder de las redes sociales y mediante las recomendaciones de estrategas de Brasil y Panamá, quienes les recomendaron: "dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación. En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios. En cuanto al segmento en cada región utilizamos sus respectivos acentos. En la Costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela. Y aquí el No ganó sin pagar un peso. En ocho municipios del Cauca pasamos propaganda por radio la noche del sábado centrada en víctimas". Vélez revela que la campaña se hizo con $1.300 millones de 30 personas naturales y 30 empresas, entre las que se destaca la Organización Ardila Lülle, Grupo Bolívar, Grupo Uribe, Colombiana de Comercio (dueños de Alkosto) y Codiscos”[11]. Por semejante sinceridad, el expresidente Uribe[12] lo regañó con el siguiente trino: “Hacen daño los compañeros que no cuidan las comunicaciones”.  Y no obstante semejante manipulación del miedo y la ignorancia, hoy de nuevo el expresidente Uribe reivindica con orgullo ese pírrico triunfo del NO, que considera escamoteado, en el siguiente trino: “Un golpe de Estado refrendado por el constitucionalismo pro paz equivocada que finalmente ayuda al terrorismo”[13]. Con semejante trino, ahora estigmatiza y responsabiliza a los entonces magistrados de la Corte Constitucional de ser promotores del terrorismo por una sensata sentencia que permitió la continuidad de la desmovilización y el desarme mayoritario de las Farc-Ep, que entonces estaba en curso. Aspecto que él mismo expresidente reconoció como el mayor logro del Acuerdo de Paz en su primer pronunciamiento después del triunfo del NO: “El sentimiento de los colombianos que votaron por el Sí, de quienes se abstuvieron y los sentimientos y razones de quienes votamos por el No, tienen un elemento común: todos queremos la paz, ninguno quiere la violencia. Pedimos que no haya violencia, que se le de protección a la FARC y que cesen todos los delitos, incluidos el narcotráfico y la extorsión. Señores de la FARC: contribuirá mucho a la unidad de los colombianos que ustedes, protegidos, permitan el disfrute de la tranquilidad.”  Lamentablemente durante estos siete años, hasta el 6 de septiembre 2023, han sido asesinados 396 reincorporados de las Farc-Ep[14], no obstante que más de diez mil han “permitido el disfrute de la tranquilidad” en medio de múltiples obstáculos, precariedades, amenazas e incumplimientos gubernamentales. Por eso, el primer punto del Gran Acuerdo Nacional debería ser CUMPLIR EL ACUERDO DE PAZ, DEJAR DE MATAR y NO promover el odio con mentiras para fines políticos, sociales o económicos, supuestamente en nombre de la paz y la defensa de la seguridad. Es la verdad más vital que reclamamos los colombianos al gobierno nacional y a todos los grupos armados ilegales, pues sin vida no hay tierra y educación, que son los otros dos puntos propuestos por el presidente Petro[15] para el Acuerdo Nacional en su reciente discurso ante las madres de Soacha en cumplimiento de la sentencia que le ordenó, como jefe de Estado, solicitar perdón por las víctimas de falsos positivos de la “seguridad democrática” y su Directiva 29 de 2005[16], firmada por el entonces ministro Camilo Ospina Bernal y refrendada por el presidente Álvaro Uribe Vélez.

URIBE, ¡SIEMPRE ENGAÑADO Y TRAICIONADO!

Claro que el expresidente Uribe nada tuvo que ver con lo anterior, pues como lo declaró en su repuesta al Tribunal Superior de Bogotá: “No sé de sobornar testigos ni de engañar a la Corte”[17].  Obviamente mucho menos pudo saber y menos creer de crimines tan atroces como los miles de falsos positivos y las ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes de Soacha[18]. Sin duda, los responsables de todo lo anterior son otros, como el “aboganster” Diego Cadena[19], que actuó sin consultarlo, igual que lo hicieron sus exministros Andrés Felipe Arias, Sabas Pretelt, Diego Palacios, el general Mario Montoya y cercanos colaboradores de su plena confianza como Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado, Bernardo Moreno y el general (r) de la Policía Mauricio Santoyo[20], jefe de seguridad de la Presidencia, a quien “la fiscalía estadounidense lo acorraló y en 2012 el oficial aceptó el delito de ayudar a un grupo terrorista. En diciembre de ese año fue condenado a 13 años de prisión, convirtiéndose en el primer general colombiano en ser sentenciado en el extranjero. Muchos se preguntaron si era posible que Uribe hubiera desconocido las actividades criminales de su oficial más cercano, suspicacia que ha sido rechazada tajantemente por el expresidente en repetidas ocasiones”[21], según lo informó EL ESPECTADOR el 15 de abril de 2015. De verdad, es una pena que el expresidente Uribe haya sido engañado y traicionado por tantas personas tantas veces en su vida y más aún que pretenda seguir engañando a todo un país con semejantes versiones, que solo creen sus incondicionales y fanáticos “ciudadanos de bien”, para quienes la violencia del Estado siempre es legítima, justa y buena[22].

NO MÁS MENTIRAS PÚBLICAS, ODIOS VISCERALES E ILUSIONES POLÍTICAS IRREALIZABLES

Por eso, el Gran Acuerdo Nacional debería comenzar por no decirnos y mucho menos vivir en medio de tantas mentiras mortales, odios viscerales e ilusiones irrealizables como la Paz Total y Colombia ser una potencia mundial de la vida. Razón tenía Albert Camus cuando respondió en su entrevista “Las servidumbres del odio”[23]: “Ninguna grandeza se ha establecido jamás sobre la mentira. La mentira a veces hace vivir, pero nunca eleva…El odio es en sí mismo una mentira…No hay, pues, un lazo lógico entre la mentira y el odio, pero existe una filiación casi biológica entre el odio y la mentira…El privilegio de la mentira es que siempre vence al que pretende servirse de ella”. Reflexiones que deberían tener en cuenta todos los protagonistas de la política nacional, empezando por el presidente Petro y el expresidente Uribe, pero especialmente aquellos medios de comunicación que diaria y Semanalmente “son portavoces del odio y de la ceguera. Cuanto mejor odian, más mienten. La prensa mundial, con algunas excepciones, no conoce hoy otra jerarquía. A falta de otra cosa, mi simpatía va hacia esos, escasos, que mienten menos porque odian mal”, como lucidamente denunciaba Camus en 1951 y hoy es más cierto por el auge de las Fake News y las redes sociales, convertidas en auténticas cloacas de la mentira.


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lunes, octubre 02, 2023

LOS FALSOS POSITIVOS Y LA (I)LEGITIMIDAD DE LA VIOLENCIA ESTATAL

 

LOS FALSOS POSITIVOS Y LA (i)LEGITIMIDAD DE LA VIOLENCIA ESTATAL

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/los-falsos-positivos-la-ilegitimidad-la-violencia-estatal

Hernando Llano Ángel.

El trasfondo y almendrón de los “falsos positivos” es eminentemente político y ético público, antes que legal, penal y procedimental. Es un asunto de vida o muerte, que va mucho más allá de la culpabilidad penal de quién ordenó la comisión de las ejecuciones extrajudiciales contra civiles inermes. Se trata, ni más ni menos, de la pregunta ¿Es legítima la violencia estatal? Porque los “falsos positivos”, que hoy son objeto de debate, son aquellos que tuvieron origen en cumplimiento de la Directiva gubernamental 29 de 2005[1], firmada por el entonces ministro de defensa Camilo Ospina Bernal, en desarrollo de la política de Seguridad Democrática, bandera enarbolada por el presidente Álvaro Uribe Vélez con vehemencia y firmeza en todo el territorio nacional. Dicha Directiva “estipulaba una tabla de recompensas al interior de las Fuerzas Militares que giraban en torno al abatimiento o captura de cabecillas de organizaciones armadas al margen de la ley. Así, se establecía que la captura o abatimiento de un «máximo cabecilla», por ejemplo, era recompensada con 13.106 salarios mínimos mensuales legales vigentes”. Es decir, ¡pagaba por matar!, incluso condecoraba a quienes lo hicieran con mayor efectividad, hasta llegar al extremo de conceder descansos y otros estímulos más pueriles por actos tan degradantes y crueles. Todo ello, en el entendido que eran acciones legítimas y legales del Estado en la guerra contra el terrorismo.

“También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”.  

Lo inverosímil y paradójico de todo lo anterior es que el máximo responsable de esta política de “Seguridad Democrática”, el presidente Álvaro Uribe Vélez, haya escrito en su “Manifiesto Democrático” --su programa de campaña electoral del 2002— en el punto 33[2], la siguiente definición de terrorismo: “A diferencia de mis años de estudiante, hoy violencia política y terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”.   Según lo anterior, es evidente que los “falsos positivos” son actos terroristas cometidos por “razones políticas e ideológicas”, pues ellos se sustentaban en la “seguridad democrática” y su defensa incondicional y sin límites del Statu Quo. Irónicamente, en la guerra de su gobierno contra el terrorismo de las guerrillas, ya que el presidente Uribe siempre negó la existencia del conflicto armado interno y todavía lo hace. Pero mucho más irónica y hasta cruel es su conclusión irrebatible: “También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”.  Así las cosas, es forzoso afirmar y reconocer que dicha violencia estatal y gubernamental era ilegitima, aunque estuvieran revestida de procedimientos y directivas oficiales, como la 29 de 2005, que supuestamente le otorgaba legalidad. Tal es el meollo sangriento del asunto. Un asunto que en su momento, como ahora, es incapaz política y éticamente de reconocer el expresidente Álvaro Uribe Vélez, desconociendo el cumplimiento de la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario por su obsesión de “acabar con las Farc”, como públicamente le ordenó al general Padilla que lo hiciera el 14 de abril de 2007 en el Consejo Comunal de Aracataca: “General Padilla: que critiquen lo que critiquen, que se venga el mundo encima, pero bajo mi responsabilidad política, acabe con lo que queda de las Farc, que es la hora de hacerlo. General Padilla: que se venga el mundo encima, que critiquen lo que critiquen, pero bajo mi responsabilidad política, proteja a Cali, saturando a Anchicayá y el área de influencia de comunidad rural en construcción de confianza con la Fuerza Pública. Proteja a Urabá, saturando ese corazón de montaña entre Tierradentro y Mutatá con Fuerza Pública y con comunidades rurales, cooperantes con la Fuerza Pública, recibiendo una periódica bonificación económica. Hágalo cuanto antes, General, que el proyecto de la Sierra Nevada nos respalda, porque ha mostrado que es un proyecto de recuperación”. Parece que hoy se le empieza a venir el mundo encima al expresidente Uribe, pues esa arenga constituye la prueba reina del desconocimiento flagrante de dos principios del Derecho Internacional Humanitario. El primero, ordenar una operación de “guerra sin cuartel”[3], que implica dar muerte a los heridos en combate y a quienes hayan entregado sus armas, ¿pues que otro significado puede tener “acabe con lo que queda de las Farc” en esa región? Y el segundo, todavía más grave, desconocer el principio de distinción[4] en los conflictos armados al vincular a “comunidades rurales, cooperantes con la Fuerza Pública, recibiendo una periódica bonificación económica. Hágalo cuanto antes, General, que el proyecto de la Sierra Nevada nos respalda”.  De esta forma, el presidente Uribe expuso a los civiles a ser víctimas de los brutales y sanguinarios ataques de las Farc-Ep, semejantes a los falsos positivos, pues asesinaba a civiles con el pretexto de ser colaboradores del ejército. Y esto sucedió el 14 de abril de 2007, es decir, en el período que aumentaron las ejecuciones extrajudiciales, como lo demuestran las estadísticas letales de dichas ejecuciones según la JEP[5]. Hay, pues, una relación directa entre este tipo de órdenes y la existencia de los “falsos positivos”. Falsos positivos que incluso negaba el presidente Uribe en polémica con el Fiscal General de entonces, Mario Iguarán[6], el 11 de noviembre de 2008: “El fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, le respondió al presidente Álvaro Uribe que sus apreciaciones sobre los "falsos positivos" no son aceleradas, sino que están basadas en hechos y pruebas. "Hace un año, incluso con el apoyo del Gobierno Nacional, venimos investigando este tema de las desapariciones con acciones de fondo que muestran que sí se dan los casos", dijo Iguarán Arana. Así mismo el fiscal general reiteró su preocupación por que los casos denunciados crecen en todo el país. "Sobre las ejecuciones extrajudiciales en combate, lo que tenemos denunciado ante la Unidad de Derechos Humanos es que son miles los casos. Hoy ponemos especial atención en las regiones de Antioquia, Meta, Córdoba, Norte de Santander y Casanare". Aún entonces el presidente Uribe era reacio a reconocer semejantes atrocidades. Quizá la única explicación para ello sea la convicción del expresidente Uribe de que la violencia de los agentes estatales es en sí misma legítima y olvida que ella siempre debe estar sometida a los límites inviolables fijados por la Constitución, las leyes y el Derecho Internacional Humanitario. Una convicción que millones de “ciudadanos de bien” comparten, pero que implica la desaparición del Estado de derecho y de la democracia pues augura el comienzo del terrorismo de Estado, como bien lo dice en el punto 33 de su Manifiesto Democrático. Una convicción que marca las relaciones entre el poder civil y el militar desde el famoso discurso de Alberto Lleras Camargo en 1958 en el Teatro Patria[7], cuando pronunció este letal argumento: “Es muy peligroso que se desobedezca una orden, que, por insensata que parezca, ejecutada por cien o mil hombres con rigurosa disciplina puede conducir a la victoria o minimizar el desastre. La acción guerrera necesita rapidez, unidad, decisión inmediata, y todo eso no da tiempo para juzgar todos los aspectos de la cuestión. La preparación militar requiere, pues, que el que dé las órdenes haya aprendido a darlas sin vacilar, y tenga, hasta donde es posible, todo previsto, y que el que las recibe las ejecute sin dudas ni controversias”.  Es con fundamento en este tipo de argumentos que puede comprenderse, pero jamás legitimar, los crímenes del poder civil-militar cometidos desde entonces por esa simbiosis letal e impune entre presidentes y generales, como Álvaro Uribe y Mario Montoya. Simbiosis que recorre nuestra historia y cuyo ejemplo más terrorífico fue el Palacio de Justicia, donde como lo señaló el entonces Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez: “hizo crisis en el más alto nivel el tratamiento que todos los Gobiernos han dado a la población civil en el desarrollo de los combates armados”. Todo ello, supuestamente en defensa de la democracia más antigua y estable de Latinoamérica. Sin duda, la más antigua en perpetrar y perpetuar impunemente “falsos positivos” y la más profunda en ocultar sus cuerpos en fosas comunes, sin que todavía podamos conocer el número de ellos.

 

 

 

 

 

 

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viernes, septiembre 29, 2023

¿QUIÉN DIO LA ORDEN?

 

 

¿QUIÉN DIO LA ORDEN?

https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/quien-dio-la-orden

Hernando Llano Ángel.

Es la respuesta que exigen y esperan recibir, transidas de dolor, angustia y rabia, miles de madres y de familiares de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales[1]  --denominados en la jerga militar “falsos positivos”— sin que nadie asuma gubernamentalmente en forma plena y explícita esa responsabilidad. Siempre se escucha, en los mandos militares superiores, respuestas evasivas con las que eluden su responsabilidad directa y personal en dichos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero hay excepciones, como sucedió en reciente audiencia ante la JEP celebrada en Yopal, Casanare, donde el mayor general (r) Henry William Torres Escalante[2] reconoció su responsabilidad personal, pero en cumplimiento de órdenes impartidas por el general Mario Montoya y también de las exigencias del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que en sus visitas a los batallones reclamaba enérgicamente resultados. A su vez, el director de DAS en Casanare, Orlando Rivas Tovar, declaró: “Por mi actuar y por mis omisiones, la seccional Casanare se vio inmersa en un gran número de hechos y conductas que hoy reconozco que estuvieron por fuera de toda lógica”, dijo el exdetective, quien añadió que la política institucional del DAS “dependía y cumplía órdenes directas de la Presidencia de la República”[3].  Ante semejantes cargos, el expresidente Uribe respondió con el siguiente video[4], reconociendo que: “Siempre fui exigente, como la opinión pública lo percibió en los consejos comunitarios que se transmitían por televisión. Ser exigente era mi deber”, dice Uribe y añade que, en departamentos como Casanare, los grupos guerrilleros como las Farc, ELN y los paramilitares azotaban a la población civil”.  Esa respuesta ya la había dado al padre Francisco De Roux, presidente de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, en su  finca de Rionegro: “Yo llegué con la personalidad, el carácter y la determinación que he tenido de producir resultados, con toda la ética y en todos los campos”, según lo expresa en el minuto 33.16 de su declaración[5].

Un Gobierno de convictos y criminales de lesa humanidad

Lo lamentable es que esa exigencia presidencial haya terminado arrasando con toda la ética y en todos los campos, como hoy lo vemos con los “falsos positivos”, pero también con una estela de condenas penales a sus más cercanos e inmediatos colaboradores: los ministros Andrés Felipe Arias[6], Sabas Pretelt de la Vega[7], Diego Palacios, hombres y mujeres de su confianza como Cesar Velásquez, Edmundo Castillo[8], María del Pilar Hurtado[9] y Jorge Noguera[10], para solo nombrar los de mayor responsabilidad y confianza. Un gobierno de convictos y criminales de guerra, sin que el acucioso presidente Uribe, “poseedor de un carácter y una determinación admirable en producir resultados”, se enterará de lo que sucedía a su alrededor. Sin duda, es la mayor paradoja gubernamental de nuestra historia reciente, pues el máximo responsable político de semejante corrupción institucional y descomposición criminal de cientos de miembros de la Fuerza Pública, hoy se vanagloria de su intachable pulcritud ética e inigualable capacidad ejecutiva para producir resultados. Como si fuera poco, inculpa a la JEP de ser una institución responsable de inducir a los militares a decir mentiras para obtener la libertad. Incluso, vuelve a revictimizar a quienes fueron ejecutados a mansalva, pues dice: “el diseño de la JEP estimula en aras de la libertad ha reconocer incluso delitos no cometidos y facilita presentar como inocentes a quienes estaban delinquiendo[11]”. Desde luego, es casi imposible demostrar que un jefe de Estado de órdenes de asesinar. Aunque hay excepciones históricas como Hitler con su “solución final”[12] y su ineludible e inocultable responsabilidad política y militar en el genocidio de cerca de 6 millones de judíos, aunque algunos todavía lo pongan en duda. Pero en la mayoría de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, como los “falsos positivos”, al igual que los cometidos por las FARC-EP –ambos competencia de la JEP—no se trata tanto de responsabilidades personales, incluso solo penales, sino sobre todo políticas. Porque estamos frente a crímenes masivos que se cometen en forma sistemática y generalizada --guardadas las proporciones—en contextos de guerras internacionales o de conflictos armados internos, como el nuestro.

Máximos responsables políticos de los “falsos positivos”

Crímenes que precisan el concurso de miles de agentes estatales, de instituciones y dependencias oficiales, que ejecutan una política gubernamental. En este caso, llamada “Seguridad democrática”, cuya expresión operativa tomó cuerpo en la Directiva 029 de 2005[13], firmada por el entonces ministro de defensa Camilo Ospina Bernal. Dicha Directiva “estipulaba una tabla de recompensas al interior de las Fuerzas Militares que giraban en torno al abatimiento o captura de cabecillas de organizaciones armadas al margen de la ley. Así, se establecía que la captura o abatimiento de un «máximo cabecilla», por ejemplo, era recompensada con 13.106 salarios mínimos mensuales legales vigentes”. Así las cosas, los máximos responsables políticos de los “falsos positivos” son el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y su ministro de defensa, Camilo Ospina Bernal. Son los máximos responsables políticos porque así lo establece la Constitución Política en varios de sus artículos. Empezando por el 6[14] que consagra el principio de legalidad y responsabilidad de los funcionarios públicos, quienes lo son por “infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en sus funciones”. En algunos casos los “falsos positivos” fueron por omisión y en otros por extralimitación, como cuando se exigía resultados a toda costa.

¿Quién dio la orden?

Incluso el mismo presidente Uribe lo hizo públicamente en un discurso pronunciado el 14 de abril de 2007 en el Consejo Comunal de Aracataca: “General Padilla: que critiquen lo que critiquen, que se venga el mundo encima, pero bajo mi responsabilidad política, acabe con lo que queda de las Farc, que es la hora de hacerlo. General Padilla: que se venga el mundo encima, que critiquen lo que critiquen, pero bajo mi responsabilidad política, proteja a Cali, saturando a Anchicayá y el área de influencia de comunidad rural en construcción de confianza con la Fuerza Pública. Proteja a Urabá, saturando ese corazón de montaña entre Tierradentro y Mutatá con Fuerza Pública y con comunidades rurales, cooperantes con la Fuerza Pública, recibiendo una periódica bonificación económica. Hágalo cuanto antes, General, que el proyecto de la Sierra Nevada nos respalda, porque ha mostrado que es un proyecto de recuperación”[15].  En esta orden al general Padilla encontramos dos excesos del presidente Uribe, la de acabe con lo que queda de las Farc o también conocida como “guerra sin cuartel”[16], que es una infracción manifiesta del Derecho Internacional Humanitario, pues implica la aniquilación total del enemigo, sin respeto alguno a los sobrevivientes que hayan entregado sus armas o se encuentren heridos. Y, la más grave, involucrar a las “comunidades rurales, cooperantes con la Fuerza Pública, recibiendo una periódica bonificación económica”, que desconoce en forma explícita el principio de distinción en los conflictos armados internos que prohíbe vincular a la población civil a la guerra y las hostilidades. Precisamente el desconocimiento de estos dos principios es la esencia de la llamada “Seguridad Democrática”, que desembocó en los fatídicos “Falsos Positivos”. Por lo tanto, la respuesta política y constitucional a la pregunta ¿Quién dio la orden? es: Álvaro Uribe Vélez como Presidente y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República (artículo 189[17], numeral 3, Constitución) y su ministro de defensa Camilo Ospina Bernal, según el artículo 208[18] de la Constitución, pues “bajo la dirección del Presidente de la República, le corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley”, como en efecto lo hizo al firmar la Directiva 029 de 2005 y exigir su cumplimiento. Así, pues, ambos deberían responder política y éticamente antes los familiares de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales y todo el país, como al menos lo hizo el entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos ante la Comisión de la verdad en su comparecencia voluntaria, cuando expresó en el minuto 3.32 de este vídeo[19]: “Me queda el remordimiento, me queda el hondo pesar que durante mi ministerio muchas, muchísimas madres incluidas las de Soacha perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada, lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias víctimas de este horror desde lo más profundo de mi alma”. ¿Cuándo lo harán el expresidente Uribe y su exministro Camilo Ospina? ¿Tendrán el valor civil y la mínima responsabilidad política y ética para hacerlo? ¿Comparecerán voluntariamente ante la JEP o esperarán, al final de sus días, que la justicia internacional, ahora expresada en la Corte Penal Internacional, los llamé a cuentas, como lo está haciendo hoy con Putin y mañana lo hará con Nicolás Maduro? En tal caso, la historia los cubrirá de vergüenza e ignominia, junto a Putin y Maduro, quienes también se ufanan de defender su patria, su pueblo y ser estadistas eficientes en producir resultados.


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