CALICANTO: ¿QUIÉN DIO LA ORDEN?

¿QUIÉN DIO LA ORDEN?

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Hernando Llano Ángel.

Es la respuesta que exigen y esperan recibir, transidas de dolor, angustia y rabia, miles de madres y de familiares de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales[1] --denominados en la jerga militar “falsos positivos”— sin que nadie asuma gubernamentalmente en forma plena y explícita esa responsabilidad. Siempre se escucha, en los mandos militares superiores, respuestas evasivas con las que eluden su responsabilidad directa y personal en dichos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero hay excepciones, como sucedió en reciente audiencia ante la JEP celebrada en Yopal, Casanare, donde el mayor general (r) Henry William Torres Escalante[2] reconoció su responsabilidad personal, pero en cumplimiento de órdenes impartidas por el general Mario Montoya y también de las exigencias del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que en sus visitas a los batallones reclamaba enérgicamente resultados. A su vez, el director de DAS en Casanare, Orlando Rivas Tovar, declaró: “Por mi actuar y por mis omisiones, la seccional Casanare se vio inmersa en un gran número de hechos y conductas que hoy reconozco que estuvieron por fuera de toda lógica”, dijo el exdetective, quien añadió que la política institucional del DAS “dependía y cumplía órdenes directas de la Presidencia de la República”[3]. Ante semejantes cargos, el expresidente Uribe respondió con el siguiente video[4], reconociendo que: “Siempre fui exigente, como la opinión pública lo percibió en los consejos comunitarios que se transmitían por televisión. Ser exigente era mi deber”, dice Uribe y añade que, en departamentos como Casanare, los grupos guerrilleros como las Farc, ELN y los paramilitares azotaban a la población civil”. Esa respuesta ya la había dado al padre Francisco De Roux, presidente de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, en su finca de Rionegro: “Yo llegué con la personalidad, el carácter y la determinación que he tenido de producir resultados, con toda la ética y en todos los campos”, según lo expresa en el minuto 33.16 de su declaración[5].

Un Gobierno de convictos y criminales de lesa humanidad

Lo lamentable es que esa exigencia presidencial haya terminado arrasando con toda la ética y en todos los campos, como hoy lo vemos con los “falsos positivos”, pero también con una estela de condenas penales a sus más cercanos e inmediatos colaboradores: los ministros Andrés Felipe Arias[6], Sabas Pretelt de la Vega[7], Diego Palacios, hombres y mujeres de su confianza como Cesar Velásquez, Edmundo Castillo[8], María del Pilar Hurtado[9] y Jorge Noguera[10], para solo nombrar los de mayor responsabilidad y confianza. Un gobierno de convictos y criminales de guerra, sin que el acucioso presidente Uribe, “poseedor de un carácter y una determinación admirable en producir resultados”, se enterará de lo que sucedía a su alrededor. Sin duda, es la mayor paradoja gubernamental de nuestra historia reciente, pues el máximo responsable político de semejante corrupción institucional y descomposición criminal de cientos de miembros de la Fuerza Pública, hoy se vanagloria de su intachable pulcritud ética e inigualable capacidad ejecutiva para producir resultados. Como si fuera poco, inculpa a la JEP de ser una institución responsable de inducir a los militares a decir mentiras para obtener la libertad. Incluso, vuelve a revictimizar a quienes fueron ejecutados a mansalva, pues dice: “el diseño de la JEP estimula en aras de la libertad ha reconocer incluso delitos no cometidos y facilita presentar como inocentes a quienes estaban delinquiendo[11]”. Desde luego, es casi imposible demostrar que un jefe de Estado de órdenes de asesinar. Aunque hay excepciones históricas como Hitler con su “solución final”[12] y su ineludible e inocultable responsabilidad política y militar en el genocidio de cerca de 6 millones de judíos, aunque algunos todavía lo pongan en duda. Pero en la mayoría de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, como los “falsos positivos”, al igual que los cometidos por las FARC-EP –ambos competencia de la JEP—no se trata tanto de responsabilidades personales, incluso solo penales, sino sobre todo políticas. Porque estamos frente a crímenes masivos que se cometen en forma sistemática y generalizada --guardadas las proporciones—en contextos de guerras internacionales o de conflictos armados internos, como el nuestro.

Máximos responsables políticos de los “falsos positivos”

Crímenes que precisan el concurso de miles de agentes estatales, de instituciones y dependencias oficiales, que ejecutan una política gubernamental. En este caso, llamada “Seguridad democrática”, cuya expresión operativa tomó cuerpo en la Directiva 029 de 2005[13], firmada por el entonces ministro de defensa Camilo Ospina Bernal. Dicha Directiva “estipulaba una tabla de recompensas al interior de las Fuerzas Militares que giraban en torno al abatimiento o captura de cabecillas de organizaciones armadas al margen de la ley. Así, se establecía que la captura o abatimiento de un «máximo cabecilla», por ejemplo, era recompensada con 13.106 salarios mínimos mensuales legales vigentes”. Así las cosas, los máximos responsables políticos de los “falsos positivos” son el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y su ministro de defensa, Camilo Ospina Bernal. Son los máximos responsables políticos porque así lo establece la Constitución Política en varios de sus artículos. Empezando por el 6[14] que consagra el principio de legalidad y responsabilidad de los funcionarios públicos, quienes lo son por “infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en sus funciones”. En algunos casos los “falsos positivos” fueron por omisión y en otros por extralimitación, como cuando se exigía resultados a toda costa.

¿Quién dio la orden?

Incluso el mismo presidente Uribe lo hizo públicamente en un discurso pronunciado el 14 de abril de 2007 en el Consejo Comunal de Aracataca: “General Padilla: que critiquen lo que critiquen, que se venga el mundo encima, pero bajo mi responsabilidad política, acabe con lo que queda de las Farc, que es la hora de hacerlo. General Padilla: que se venga el mundo encima, que critiquen lo que critiquen, pero bajo mi responsabilidad política, proteja a Cali, saturando a Anchicayá y el área de influencia de comunidad rural en construcción de confianza con la Fuerza Pública. Proteja a Urabá, saturando ese corazón de montaña entre Tierradentro y Mutatá con Fuerza Pública y con comunidades rurales, cooperantes con la Fuerza Pública, recibiendo una periódica bonificación económica. Hágalo cuanto antes, General, que el proyecto de la Sierra Nevada nos respalda, porque ha mostrado que es un proyecto de recuperación”[15]. En esta orden al general Padilla encontramos dos excesos del presidente Uribe, la de acabe con lo que queda de las Farc o también conocida como “guerra sin cuartel”[16], que es una infracción manifiesta del Derecho Internacional Humanitario, pues implica la aniquilación total del enemigo, sin respeto alguno a los sobrevivientes que hayan entregado sus armas o se encuentren heridos. Y, la más grave, involucrar a las “comunidades rurales, cooperantes con la Fuerza Pública, recibiendo una periódica bonificación económica”, que desconoce en forma explícita el principio de distinción en los conflictos armados internos que prohíbe vincular a la población civil a la guerra y las hostilidades. Precisamente el desconocimiento de estos dos principios es la esencia de la llamada “Seguridad Democrática”, que desembocó en los fatídicos “Falsos Positivos”. Por lo tanto, la respuesta política y constitucional a la pregunta ¿Quién dio la orden? es: Álvaro Uribe Vélez como Presidente y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República (artículo 189[17], numeral 3, Constitución) y su ministro de defensa Camilo Ospina Bernal, según el artículo 208[18] de la Constitución, pues “bajo la dirección del Presidente de la República, le corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley”, como en efecto lo hizo al firmar la Directiva 029 de 2005 y exigir su cumplimiento. Así, pues, ambos deberían responder política y éticamente antes los familiares de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales y todo el país, como al menos lo hizo el entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos ante la Comisión de la verdad en su comparecencia voluntaria, cuando expresó en el minuto 3.32 de este vídeo[19]: “Me queda el remordimiento, me queda el hondo pesar que durante mi ministerio muchas, muchísimas madres incluidas las de Soacha perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada, lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias víctimas de este horror desde lo más profundo de mi alma”. ¿Cuándo lo harán el expresidente Uribe y su exministro Camilo Ospina? ¿Tendrán el valor civil y la mínima responsabilidad política y ética para hacerlo? ¿Comparecerán voluntariamente ante la JEP o esperarán, al final de sus días, que la justicia internacional, ahora expresada en la Corte Penal Internacional, los llamé a cuentas, como lo está haciendo hoy con Putin y mañana lo hará con Nicolás Maduro? En tal caso, la historia los cubrirá de vergüenza e ignominia, junto a Putin y Maduro, quienes también se ufanan de defender su patria, su pueblo y ser estadistas eficientes en producir resultados.