Carlos Jiménez Gómez y la Procuraduría de Opinión frente al narcotráfico,
los extraditables y la entrevista en Panamá
In Memoriam III
Hernando Llano Ángel
Si en alguna problemática
nacional asumió Carlos Jiménez Gómez, en desarrollo de la Procuraduría de opinión,
una postura audaz, visionaria y hasta temeraria, esa fue precisamente frente al
narcotráfico. Una problemática explosiva ante la inminente aplicación del
tratado de extradición y la definición de estrategias eficaces para neutralizar
la actividad criminal y corruptora del narcotráfico. Actividad que bajo, el
mando de Pablo Escobar, desplegaba entonces la mayor capacidad para infiltrar y
desestabilizar el establecimiento político y la sociedad colombiana. Tanto más,
cuanto Pablo Escobar ya tenía la doble condición de ser Representante suplente
del liberal Jairo Ortega[1] en
la Cámara y a su vez capo del cártel de Medellín. Se convirtió así en un actor
político mutante, pues combinaba diestramente lo legal con lo ilegal, según sus
propósitos. En ese entonces Belisario Betancur promovía acercamientos con la guerrilla que culminaron en
un cese al fuego o tregua, firmada el 28 de marzo de 1984 con las FARC y luego
en agosto con las otras guerrillas: ADO,
M-19 Y EPL[2].
En ese contexto de la Apertura Democrática, política axial de Belisario, el
Procurador Jiménez Gómez tuvo la osadía de explorar la posibilidad de una
salida similar para el narcotráfico. Desde entonces el poder económico-criminal
de mayor calado e influencia en la vida social y política de Colombia, que
luego se expresaría en forma terrorista a través de los autodenominados
Extraditables[3].
El Procurador abordó ese poder criminal de una manera pública, enviando desde su
Despacho a la revista SEMANA, para
su sección de Confidenciales, la
siguiente información, publicada bajo el título “Otras gestiones de Paz” en la edición número 76 del 18 al 24 de
octubre de 1983:
El Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, habría realizado
recientemente gestiones calificadas como de paz, frente a los grandes del
narcotráfico en el país. En las últimas semanas han circulado rumores sobre una
posible declaratoria de guerra por parte de los narcotraficantes como reacción
contra la extradición de colombianos. El Procurador, quien desde tiempo atrás
se ha declarado en contra del Tratado por considerarlo inconstitucional y a la
entrega de nacionales por juzgarlo inconveniente, habría sostenido varias
entrevistas con las cabezas visibles de este gremio. El resultado de estas fue
una especie de ¨paz pactada¨ en la cual se acordó el retiro total de los
narcotraficantes de la actividad política, comenzando por el desmonte de los
movimientos cívicos de Pablo Escobar y Carlos Ledher. (Semana, 1989, párr. 2)
En efecto, mediante concepto
número 670, el Procurador en ejercicio de sus funciones constitucionales
solicitó a la Corte Suprema de Justicia que declarará inconstitucional el ‘Tratado
de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América’,
firmado en Washington el 14 de septiembre de 1979, “por ser violatorio de las
disposiciones contenidas en los artículos 2, 10, 20,55, 85 y 105” de la
Constitución Política de Colombia” de 1886, entonces vigente. En el tomo I de
los “Documentos del Procurador”,
publicado en diciembre de 1987, resume así las tesis sostenidas por la
Procuraduría durante su desempeño entre 1982 y 1986:
Hay que repetir una vez más que dos fueron las principales posiciones que
sostuvo la Procuraduría en materia de extradición de nacionales a los Estados
Unidos de América: la de la inconstitucionalidad del Tratado que la pactó,
aprobado mediante la ley 27 de 1980, y la de la abierta inconveniencia de su
ejecución. Sobre lo primero arguyó, en esencia,
la inadmisibilidad de la entrega de la soberanía del Estado mediante la
renuncia al juzgamiento directo de sus propios nacionales, o sea de la llamada
“prórroga de jurisdicción”; sobre lo segundo, la gigantesca y arrasadora ola de
violencia que el país sufre estoicamente como cualquier otra mala costumbre,
hace décadas, no años, sugería al menos despabilado de los espectadores la
oposición a una norma inconstitucional que priva al Ejecutivo de la plenitud de
iniciativa en el manejo integral del orden público […]Todo esto tiene que ser
pensado en el interés primordial de Colombia y con criterio colombiano. Deben
ser nuestros problemas y no los de Estados Unidos la brújula de nuestra acción.
Nuestro orden público demanda un manejo integrado y unitario. Y las presiones
norteamericanas, visibles tras el velo tenue de las decisiones del Gobierno, al
limitar nuestra autonomía para una política integral del orden público lo que
están haciendo es golpear nuestra autodeterminación (Jiménez, 1987, p. 40).
Sin embargo, su concepto jurídico
como Procurador y su audaz iniciativa para contener la incursión criminal del
narcotráfico en la política no solo no tuvieron acogida, sino que fueron
descalificadas de manera maniquea y torticera, relacionándolo como un mediador
interesado en beneficiarse ilícitamente con ellas. Entre tanto, la atmósfera
era cada día más polarizada y amenazante por el enfrentamiento entre el
ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla y el Representante suplente, Pablo
Escobar, a raíz del debate promovido contra el ingreso de los llamados “dineros
calientes”[4] procedentes
del narcotráfico en las campañas políticas para el Congreso. Dicho debate tuvo
un giro inesperado, como bien lo reseña el periodista Fabio Castillo en su
libro ‘Los jinetes de la Cocaína’, pues “dos semanas después de posesionado en
el Ministerio, Lara Bonilla fue citado a la plenaria de la Cámara de
Representantes para hablar sobre la presencia de dinero de la mafia en la
política. Desconocía entonces que el acusado sería él mismo. El debate era
promovido por Jairo Ortega y Ernesto Lucena, dos congresistas de Alternativa
Liberal y, pese a pertenecer al Senado, la citación también la firmaba el
propio Santofimio Botero, bajo cuyas banderas había salido elegido
representante a la Cámara Pablo Escobar. Los dos congresistas de ese grupo
político, Lucena y Ortega --principal en la lista política de Escobar--,
exhibieron en la plenaria del congreso un cheque por un millón de pesos que
había girado a nombre de Rodrigo Lara el narcotraficante Evaristo Porras
Ardila” (Castillo, 1987, p. 83). No hay que olvidar que tanto Ledher como
Escobar fueron pioneros en la fusión del crimen con la política, abriendo así
un camino que con el paso de los años se convirtió y trasmutó en una veloz
autopista de la política con el crimen para bloquear desde el poder estatal la
aplicación del Tratado de Extradición. Una vía que incluso catalizó la
convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente con el magnicidio de Luis
Carlos Galán el 18 de agosto de 1989 y les permitió coronar en el artículo 35
de la Constitución su máxima aspiración: la prohibición de la extradición de
colombianos por nacimiento.
Asesinato de Rodrigo Lara Bonilla
Como respuesta a dicha celada,
Lara Bonilla trazó una estrategia de confrontación. A los pocos días, Lara
Bonilla convocó una rueda de prensa durante la cual exhibió los prontuarios de
Pablo Escobar y Carlos Ledher, reveló que había ordenado investigar al
congresista Jairo Ortega por encubrir las actividades de narcotráfico de
Evaristo Porras, y a éste mismo, con base en las propias afirmaciones públicas
del congresista. El ministro reveló que Porras Ardila traficaba con cocaína a
bordo de dos avionetas HK2525 y HK2519-P, las que acababa de ordenar paralizar
en la sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes. “Soy un ministro incómodo
para quienes están por fuera de la ley", dijo Lara Bonilla (Castillo,
1987, p.84). En desarrollo de este pulso político y de la persecución judicial
contra Pablo Escobar, el ministro Lara Bonilla logró que Escobar fuera
despojado de su inmunidad parlamentaria, que lo protegía de una eventual
investigación penal y le confería una auténtica impunidad judicial. Pero más
contundente fue el golpe asestado al emporio del narcotráfico con la primera
gran operación contra laboratorios para el procesamiento de cocaína, en los
llanos del Yarí, mediante la destrucción del complejo cocainero llamado
“Tranquilandia” con más de 12 toneladas de clorhidrato de cocaína en
procesamiento. En represalia a estas acciones del ministro Lara Bonilla, que
afectaron sustancialmente la identidad mutante de Pablo Escobar, pues lo
despojó de su calidad de Congresista, dejándolo expuesto a las acciones
judiciales, al tiempo que puso en jaque su estructura criminal con la
destrucción de “Tranquilandia”, el capo ordena el asesinato del ministro Lara
Bonilla, que es ejecutado el 30 de abril de 1984[5].
Entrevista en Panamá
Los extraditables huyen y se
refugian en Panamá, donde a través de intricadas mediaciones que tuvieron origen
en Santiago Uribe White, pasando por el mismo expresidente López y el ministro
de mayor confianza de Belisario, su amigo personal Bernardo Ramírez, solicitan
un encuentro en Panamá para enviarle un Memorándum al presidente Belisario
donde propondrán su entrega a la justicia colombiana a cambio de no ser
extraditados. El expresidente López sugiere para dicha entrevista “un
funcionario de la más alta categoría y de una total independencia
constitucional” (sic), como el Procurador General. El ministro Bernardo Ramírez
le informa a Jiménez Gómez que el presidente Belisario lo considera el
funcionario indicado, pero éste, según lo expresa en su libro de 2009: “Camino
de la tragedia nacional”, revela: “Yo
respondí inmediatamente a Ramírez que se trataba de algo muy delicado y
riesgoso y que yo no estaba dispuesto a acceder a semejante petición… Después
de un intenso intercambio de argumentos y contraargumentos, le respondí para
terminar que yo solamente lo pensaría sobre una base indispensable: ¨Que el
Presidente de la República me lo solicite personalmente¨. Ramírez me replicó
que esa exigencia le parecía superflua e inaceptable. ¨Betancur no lo haría en
ningún caso¨. Vista mi negativa, nos despedimos fríamente mientras él me decía:
¨De todos modos, yo hablo con el Presidente¨. A las tres de la tarde de ese
mismo día, el Presidente me llamó por teléfono y con su conocido canturreo me
dijo: ¨Procurador, muy interesante lo que habló Usted esta mañana con Bernardo
Ramírez¨. Yo le pregunté de qué se trataba y él me respondió: ¨Pues el asunto
de que Bernardo estuvo tratando en Miami con el Presidente López. Para
concretarlo, cosa que evidentemente él no quería, le interrogué una vez más:
¨Se refiere usted a un posible viaje mío a Panamá¨. ¨Sí, me dijo. Es de eso de
lo que le estoy hablando. ¨Usted quiere y me pide que yo viaje a Panamá a
cumplir la misión que esta mañana me planteaba Bernardo? ¨Claro, Procurador. A eso viene mi llamada¨.
¨Y cuáles son sus instrucciones?, le pregunté. ¨Las instrucciones se las da el
Presidente López¨. Llamé telefónicamente al Expresidente, quien me reiteró lo
dicho por Ramírez, agregándome para rematar: Una cosa quedé clara. Que el
mensaje tiene que venir dirigido por un lado al Gobierno colombiano y por el
otro, simultáneamente, al de los Estados Unidos por conducto de su Embajada.
Estamos hablando de un gran problema internacional. Lo que en esta materia se
haga o intente a espaldas del Gobierno Norteamericano es pura y simplemente
pérdida de tiempo. Lo que hice a continuación fue ordenar la elaboración del
proyecto de Decreto de comisión para la firma del Presidente y del Ministro de
Justicia, Enrique Parejo (Jiménez, 2009, pp. 19-21). El Procurador cumple la cita en Panamá y
recibe: ‘El Memorándum del Narcotráfico
para el Presidente de la República’[6],
un texto de aproximadamente siete páginas que, en sus apartes más sustanciales,
contiene los siguientes compromisos de parte de los narcotraficantes: “a)
Desmonte de la infraestructura global con base en entrega de laboratorios en el
país; entrega de pistas clandestinas en el país; enajenación de aeronaves
vinculadas al transporte de las materias primas y el producto elaborado, previa
autorización del Gobierno Colombiano, en concordancia con normas vigentes. b)
Retiro definitivo del mercado en sus formas de: compradores de las materias
primas, transformadores de las mismas, transportadores a los países
consumidores y distribuidores internos de las mismas. c) Colaboración en la
sustitución de zonas de cultivo de coca y de marihuana en Colombia, para dar
así un paso firme en la erradicación del consumo interno de drogas en el país.
d) Disposición inmediata para colaborar con el Gobierno colombiano, si se
considera prudente y conveniente, en campañas para la erradicación del consumo
interno de drogas y para la rehabilitación de los adictos. e) Retiro definitivo
de la actividad política directa o aparente. f) En el convencimiento de que la
paz es un bien inapreciable, a la cual tenemos derecho todos los colombianos, y
a pesar de que reiteramos nuestra afirmación de no ser ni directa ni
indirectamente responsables de la
perturbación del orden público que motivó la declaratoria del Estado de Sitio,
ofrecemos irrestrictamente cualquier forma de colaboración que el Gobierno
estime necesaria y conveniente de nuestra parte, para obtener las condiciones
mínimas que permitan el regreso a la normalidad institucional” (Jiménez, 2009,
pp. 224 - 225). Entre otras, en dicho documento no aparece la oferta del pago
de la deuda externa de Colombia, producto de la fantasía mediática y popular, pero
sí una cifra de los ingresos que obtienen: “que el negocio significa hoy, para
quienes lo controlamos en Colombia, un ingreso anual cercano a los dos mil
millones de dólares, de los cuales una proporción sustancial llega a nuestro
país” (Jiménez, 2009, p. 223). Al hacerse público dicho Memorándum y el
encuentro, el Procurador es sometido a una especie de linchamiento moral y
destacados congresistas lo emplazaron a un debate en sesión plenaria del Senado
de la República, el 2 de agosto de 1984. Al respecto, cabe destacar las
siguientes respuestas a sus censores y críticos: Porque he abrigado y propalado abiertamente acerca del tratamiento al
narcotráfico, una serie de ideas que no siempre han concordado, ni tienen
necesariamente que concordar, con las que podríamos llamar ¨oficiales¨ sobre el
problema. Las sintetizo diciendo que este asunto, por su magnitud y poderosa
consolidación, ha excedido el tradicional marco meramente legal para
convertirse en un gran foco de perturbación que tiene que seguir siendo tratado
por los medio jurídicos, insustituibles en su órbita y alcance; pero no
solamente dentro de ellos, sino, complementariamente, subrayo, por todos los
demás, buscando así resultados más amplios de los que pueden aspirar a obtener
con sus limitados recursos las autoridades judiciales y policivas. Razones de
orden público policivo, económico y social, políticas y culturales, así lo
demandan, a mi juicio […] Porque
consideraba y sigo considerando que el problema del narcotráfico puede
encontrar en diálogos como el mío en Panamá a que alude la queja, fórmulas
eficaces de contribuir a su solución, convergentemente con una acción judicial
y policiva como la que el Gobierno viene sosteniendo y que, en esencia, sigue
siendo indispensable. Por ello había aceptado la audiencia que hacia septiembre
y octubre del año 1983 me solicitaron las mismas personas, de que da cuenta en
su página 21 la revista SEMANA del día 18-24 de octubre de 1983. Pero esa
noticia no la recogió el cronista de dicha publicación al azar, sino que se
publicó a petición mía, hecha expresamente en forma personal al Director, ya
que no quería que se me pudiera más tarde acusar de estar sosteniendo paliques
clandestinos sobre algo que está dentro de la órbita de mis funciones (Jiménez,
1987, pp. 166-167). Considero inevitable las anteriores extensas citas,
tomadas de “Los documentos del
Procurador”, no solo para dar cuenta de la integridad de sus actuaciones,
sino sobre todo para recalcar la absoluta vigencia de sus críticas y la omisión
criminal del Estado colombiano y sus mandatarios que todavía persisten en la
aplicación del prohibicionismo, la fumigación con glifosato, la extradición
como delegación de soberanía estatal, el desangre de cientos de miles de
campesinos y el asesinato de sus líderes por quienes se lucran de tan criminal
política. Lucro que va desde la burocracia de agencias estatales como la DEA
norteamericana y en nuestro terruño el entramado corrupto de miembros de la
Fuerza Pública que permiten el ingreso de toneladas de precursores químicos
para el procesamiento de cocaína. Pues como certeramente lo caracterizó Jiménez
Gómez: “Ya el problema del narcotráfico
no es un negocio de dos o tres capos, sino un ingrediente normal y masivo de la
economía y la vida colombiana; ya no se trata de romper una moral o una
ilegalidad sino algo más profundo: un estilo de vida, y un patrón cultural como
el de la economía informal […] Sus negocios crecen, su base social se ensancha
y multiplica, sus medios de acción se diversifican y desinhiben más todos los
días (Jiménez, 1987, p. 43-45). Por eso, es imperioso concluir con esta
última cita del Doctor Jiménez Gómez: “En
materia de Justicia y de Gobierno hay que tomar en cuenta la realidad y saber
que sin ella el Derecho no funciona, que, por eso al Derecho hay que darle
bases reales y herramientas operativas, pues no se puede gobernar sobre
supuestos inexistentes ni con
instrumentos inservibles […] Que el Estado no se puede apegar a una soberanía
meramente teórica y nominal, sino que tiene que vivir siempre en marcha hacia una institucionalidad operante”.
Y esa institucionalidad operante demanda un cambio vital en la mal llamada
guerra contra el narcotráfico que ya perdió el prohibicionismo en forma
irreversible. Consejo que debería escuchar y aplicar el presidente Duque, pues
en la realidad su “Paz con legalidad” se ha degradado en una “paz con
letalidad”, mucho más si persiste en el uso del glifosato. Pero conociendo su
falta de autonomía en esta materia y su admirable procrastinación, demostrada
con las vacunas contra la pandemia, esperará las instrucciones de Biden, que
ojalá por respeto al medio ambiente desista de esa política criminal y ecocida,
pues al parecer la vida y dignidad de la población campesina, negra e indígena
del sur vale menos que la del norte. Población a la que supuestamente protege
el prohibicionismo de los violentos y corruptos narcotraficantes del sur,
olvidando que en el fondo el problema es más de la extra-adicción de los
virtuosos y emprendedores consumidores del norte que un asunto de extradición
de los narcotraficantes del sur o de fumigación de campos de coca. A fin de
cuentas, dicha “guerra contra el narcotráfico” se gana o pierde en la mente de
millones de consumidores, no expoliando y fumigando una “mata que no mata”,
sino que es prodigiosa como la Mama Coca. Así como la marihuana pasó de ser
planta maldita a convertirse en planta medicinal bendita, hay que recorrer el
mismo camino con la coca, cuyas propiedades son aún mayores[7].
