lunes, agosto 10, 2020

Convocados por las verdades, la justicia y la reconciliación política

 

Convocados por las verdades, la justicia y la reconciliación política (I)

https://blogs.elespectador.com/politica/calicanto/convocados-las-verdades-la-justicia-la-reconciliacion-politica

“El que vence engendra odio. El que es vencido sufre; con serenidad y alegría se vive más allá de la victoria y la derrota”. Dhammapada 15, 201.

Hernando Llano Ángel.

Entre falsas dicotomías y mortales polarizaciones

Con la detención domiciliaria del senador Álvaro Uribe Vélez, de alguna manera todos los colombianos estamos convocados a la búsqueda de las verdades, la justicia y una reconciliación política que nos permita dejar de ser esa “federación de odios” en que nos hemos convertido. Solo así podremos reconocernos, algún día, como una comunidad política con un auténtico Estado de derecho que nos represente y proteja sin discriminación, violencia, exclusión o persecución partidista alguna. Es una búsqueda exigente y difícil, para la que no parecen estar preparados los protagonistas y antagonistas de nuestra realidad y actualidad política. Ellos no se sienten convocados a superar las falsas dicotomías y mortales polarizaciones que nos han desangrado por más de medio siglo. Entre ellas, resalta la alucinante proyección de un temible sector izquierdista, estigmatizado como “castrochavista”, que supuestamente hoy amenaza de muerte a un ejemplar establecimiento de empresarios y demócratas integrales. Dicho sector, cuyo más elocuente vocero es Fernando Londoño Hoyos[1], está empeñado en profundizar esa confrontación en un campo de batalla judicial y político, donde inevitablemente tendrá que haber culpables e inocentes, ganadores y perdedores. Y así pretenden arrastrarnos a todos a una nueva disputa que tendría violentos e impredecibles desenlaces. Nos emplazan a que tomemos partido por uno u otro bando, cada uno reclamándose el adalid de la verdad y la justicia. Así las cosas, la visión que parece imponerse es la continuación de la guerra por la vía judicial. De una guerra interminable entre dos bandos. De un lado, la de unos narcoterroristas e izquierdistas en el Congreso, supuestamente amparados por la JEP y, del otro, la de un líder demócrata integral, arbitraria e injustamente encarcelado por una rama judicial venal, al servicio de la izquierda. Por eso el Centro Democrático propone ahora con urgencia, casi desesperación, convocar una Asamblea Nacional Constituyente para hacer trizas la actual rama judicial –¡aunque declaran en coro que respetan la institucionalidad! -- y en su lugar crear una sola Corte que imparta verdadera justicia[2]. Desaparecer la JEP, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, para tener una sola Corte. Un holocausto de la justicia peor que el de 1985. Que extraño y peligroso parecido con un sistema judicial totalitario y ese fantasma tan temido del castrochavismo. A semejante extremo de simplificación maniquea estamos llegando. Un extremo de simplificación en el que ambas partes, el gobierno nacional y algunos sectores de la oposición, parecen estar empeñados en embarcarnos hasta las próximas elecciones.

¿Un Presidente nacional o del Centro Democrático?

Es así como el presidente Duque y el Centro Democrático se sienten amenazados y consideran que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha tomado una decisión politizada y sin sustento en pruebas judicialmente sólidas[3]. Del otro lado, la oposición celebra la decisión como un triunfo político, más cercano a una revancha partidista que al comienzo de una investigación judicial con plenas garantías. Ni hablar de las redes sociales, donde los mensajes suelen ser más viscerales y peligrosos que el coronavirus, con juicios tan polarizados e irreconciliables como la distancia que separa a contagiados de sanos. Cada bando evita el contacto con el otro, “un enemigo infectado” y desconfían mutuamente de sus intenciones y acercamientos. No hay palabras, sólo insultos y descalificaciones: “mamerto” contra “paraco”. El ambiente social se torna tenso y hostil. El debate degenera en la falsa dicotomía de la “judicialización de la política” o la “politización de la justicia”. Una simplificadora dicotomía que termina arrastrándonos a una falsa y peligrosa polarización. A ello aporta el presidente Duque con su grave e irresponsable desdoblamiento de personalidad, para defender como persona al senador Uribe y abdicar de su condición de presidente nacional. En semejante trance se comporta como amigo leal de Uribe y deja de ser presidente de todos los colombianos, lo cual no es solo faltar a sus deberes constitucionales, sino contribuir a su propia deslegitimación y azuzar la “desobediencia civil” convocada por Gustavo Petro. Un escenario explosivo de desinstitucionalización y radical polarización, que ojalá no culmine en atentados mortales y magnicidios como los que alumbraron la Asamblea Nacional Constituyente del 9 de diciembre de 1990 y nuestra ya casi espectral carta política de 1991, convertida de nuevo en un campo de batalla.

Una honorabilidad delincuencial

Agrava aún más la situación, al afirmar el presidente Duque que, dada la honorabilidad de Uribe por haber sido jefe de Estado en dos ocasiones, es una enorme injusticia y arbitrariedad su detención domiciliaria. Olvida el presidente Duque que el articulito que cambió la Constitución y permitió la reelección de Uribe fue producto de la comisión del delito de cohecho, por el cual pagaron condena los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio[4], de justicia y salud respectivamente[5].  Verdad judicial y fáctica que deja sin sustento la honorabilidad presidencial de Uribe en su segunda administración. En este caso, no cabe hablar de politización de la justicia, sino más bien de criminalización de la política, pues Uribe accedió a la presidencia por segunda vez previa comisión de un delito para cambiar “legalmente” la Constitución. Sin duda, un aporte significativo de la “inteligencia superior” de Uribe a la ciencia política, pues agregó la ilegalidad como otra fuente de legitimidad política[6], algo ni siquiera imaginado por Max Weber.  Para completar, también existen suficientes pruebas y testimonios sobre su primera elección como presidente, nada honorables. Pues gracias al apoyo brindado por grupos paramilitares bajo el mando de Mancuso y Vicente Castaño obtuvo significativas votaciones para su triunfo. Basta este par de declaraciones. Según Salvatore Mancuso:

“Uno se identifica ideológicamente con algunas personas y cuando hay identidad ideológica las mismas poblaciones van y votan. Y con el Presidente Uribe hubo una identificación ideológica en la concepción de la lucha contra la subversión, de la institucionalización del Estado, de devolverle la seguridad a las zonas, cosas que quién va a querer más que una población que ha padecido un conflicto en carne propia”. (Declaraciones para la W radio de Salvatore Mancuso)

Y la de Vicente Castaño, todavía más comprometedora, pues suma a la identidad política e ideológica la identidad con el modelo de desarrollo económico, que se impulsó a sangre y fuego, con numerosas masacres, en muchas regiones del país[7]:

 “La seguridad democrática funcionó y se nos ha terminado la razón de existir. Las autodefensas nacieron porque el Estado no podía defendernos, pero en este momento el Estado está en capacidad de defender a los ciudadanos. En Urabá tenemos cultivo de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos. La idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a esas zonas llegan las instituciones del Estado. Desafortunadamente las instituciones del Estado sólo les caminan a esas cosas cuando están los ricos. Hay que llevar ricos a todas las regiones del país y esa es una de las misiones que tienen todos los comandantes”[8].

Y cuando estos comandantes iban a continuar revelando sus estrechas relaciones con empresarios, la bancada de senadores y representantes afectos e incondicionales del presidente Uribe[9], inmediatamente los extraditó a Estados Unidos. Así las cosas, la versión del presidente Duque de la exitosa lucha de Uribe contra los paramilitares no se corresponde ni con la verdad de los hechos y menos con la política y la judicial, pues lo que se apresuró a extraditar Uribe fue la verdad, dejando a cientos de miles de víctimas sin lo que hoy reclama el presidente Duque, con todo derecho, al partido de la FARC: verdad, justicia, reparación y no repetición. Todas las anteriores son solo algunas de las verdades históricas, fácticas, políticas, éticas y judiciales imposible de negar, junto a las atroces de las Farc-Ep, como el sistemático reclutamiento de menores, el secuestro, la violencia sexual, los crímenes de guerra y los actos terroristas contra la población civil. Hoy las estamos conociendo en detalle, con estupor y repudio, gracias a la JEP y la Comisión de la Verdad. Por eso vivimos una coyuntura histórica de verdades que los colombianos tenemos que afrontar sin más imposturas y tergiversaciones. Con lucidez, empatía, honestidad y valor. Una coyuntura en la que tenemos que exigirles a todos los protagonistas del conflicto armado, empezando por los institucionales que millones de colombianos eligieron de buena fe, que nos digan toda la verdad, que se despojen de tanta retórica mentirosa y dejen de fingir una rectitud y honorabilidad que el dolor y el sufrimiento de miles de víctimas no soportan más. Que las indigna hasta el límite del llanto y la rabia, al escuchar del entonces presidente Uribe que sus hijos, víctimas de falsos positivos, “no estaban precisamente recogiendo café”[10], cuando fueron asesinados en cumplimiento de la Directiva 029 de su ministro de defensa, Camilo Ospina, en desarrollo de una política que cínicamente denominó “seguridad democrática”, y que hoy todavía celebran el presidente Duque, el Centro Democrático y millones de sus electores como un éxito indiscutible. También cuando cientos de familias campesinas escuchan de la senadora del partido FARC, Sandra Ramírez[11], que sus hijos menores de edad no fueron reclutados, sino salvados de la miseria y el maltrato familiar e ingresaron voluntariamente a las FARC-EP. Todos los colombianos y colombianas estamos convocados a exigir y conocer las verdades, por terribles y dolorosas que sean, pues sin ellas jamás habrá justicia y mucho menos reparación y reconciliación. Verdades que no podemos permitir sigan siendo negadas o tergiversadas con argucias maniqueas, invocando razones de Estado: “seguridad, inversión y cohesión social” o ideologías políticas salvíficas, que cada día se nos revelan como crueles y letales mentiras en el cuerpo, el alma y la dignidad irredenta de millones de víctimas que hoy nos demandan verdad y justicia para hacer posible, ojalá un día próximo, la reconciliación política. Justicia y reconciliación política que, por su complejidad, abordaré en los dos próximos Calicanto.

 


[5]  Como también la congresista Yidis Medina y Teodolindo Avendaño: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/condenados-por-la-yidispolitica/

[6] Delito legitimado en las urnas por 7.397.835 electores, en reconocimiento de sus importantes logros en su lucha contra las Farc-Ep, pues redujo el número de secuestros de 2.986 a 806 en el 2003, entre otras acciones militares exitosas. Ver: https://razonpublica.com/la-encrucijada-de-alvaro-uribe/

 

[8]Revista SEMANA, edición 1.205, junio 6-13, 2005. p.34.

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domingo, agosto 02, 2020

La verdades que no vivimos y las mentiras que nos matan

Las verdades que no vivimos y las mentiras que nos matan

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Hernando Llano Ángel.

“Que no te niegue la ignorancia, que no trafique el mercader con lo que un pueblo quiere ser”[1].

Joan Manuel Serrat.

Verdades políticas negadas

Las verdades que nos permiten vivir más allá de nuestra intimidad y ámbito familiar, son aquellas que compartimos con los demás y constituyen la urdimbre de la vida en común, la vida de todos. Son verdades públicas al alcance, consideración y deliberación de todos. Verdades políticas en el sentido más profundo y amplio del término: “sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”, afirma categóricamente la célebre Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776, partida de nacimiento de los Estados Unidos de Norteamérica. Y, con alcance universal, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 proclama en su artículo 1: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Artículo que contiene la dolorosa lección de humanidad, aprendida en la noche insondable de la segunda guerra mundial, que dejó cerca de 60 millones de víctimas en la civilizada Europa. Solemnes verdades que la humanidad parece estar olvidando y la realidad cotidiana niega todos los días a millones de seres humanos en el planeta. Pero que no por ello dejan de ser válidas. Más bien sucede todo lo contrario: por ser sistemáticamente negadas y desconocidas, es que adquieren mayor sentido y valor, pues ningún ser humano puede prescindir de ellas sin poner en riesgo su propia vida y dignidad. Al ser verdades políticas, nacidas de la convención y los acuerdos que realizamos los seres humanos, dependen para su existencia y validez de nuestro compromiso, de nuestra razón y conciencia, pero sobre todo de la coherencia de nuestros comportamientos. Son derechos y verdades que para su existencia dependen de nuestras responsabilidades, del cumplimiento de nuestros deberes como humanos y ciudadanos del planeta. Son verdades frágiles que los tozudos hechos refutan todos los días, pues ellas nacen precisamente contra esa realidad. Se proclaman públicamente para transformar y negar esa realidad fáctica de las desigualdades sociales y económicas que recorre la vida de millones desde la cuna hasta la tumba. Son verdades paradójicas, pues, como bien lo anota Arendt, en su lucido ensayo sobre “La mentira en política”: “la deliberada negación de la verdad fáctica –la capacidad de mentir—y la capacidad de cambiar los hechos –la capacidad de actuar—se hallan interconectadas”[2], siendo precisamente la acción social la dimensión más esencial de la política, tanto para forjar la paz y promover la vida, como para declarar guerras y cometer crímenes tan incontables como injustificables. Lamentablemente entre nosotros muchos persisten más en lo segundo que en lo primero, pues todavía creen que para alcanzar la paz es más importante vencer que convencer. Que ella se puede asegurar a través del sometimiento y no mediante el consentimiento. Es decir, que la paz es un asunto más de militares y guerreros que de ciudadanos, razón por la cual hoy estamos tan lejanos de alcanzarla y de convertirla en sostenible y duradera. Muchos, quizá la mayoría, ilusamente cree que solo con la espada, la fuerza y el miedo y no fundamentalmente con la política, el acuerdo y la confianza se puede garantizar y afianzar la paz en nuestro país y el mundo.

Mentiras televisadas que matan

La paz es, pues, una verdad contra-fáctica, puesto que la guerra es una realidad brutal y despiadada que la política se empeña en cuestionar y superar. Al igual que otras verdades fácticas, como las iniquidades económicas y sociales, la violencia racista y machista. Ya que la inmensa mayoría de los seres humanos estamos dotados, al parecer, de razón y conciencia, no toleramos que, por causa de nuestro color de piel, sexo, creencias religiosas o políticas, posición social o nacionalidad, tengamos que vivir sometidos a la voluntad y arbitrio de otros, sin tener derecho a iguales oportunidades para vivir dignamente. Rechazamos que nuestra vida, libertad, felicidad y muerte dependan de la discrecionalidad y arbitrariedad de unos pocos.  Pero por promover y defender esa verdad universal irrefutable, son asesinados en nuestro país cientos de líderes y lideresas sociales[3], sin que el actual gobierno sea capaz de contener esa endemia de orden político.

“¿El futuro es de todos?”

Un gobierno que tiene como divisa y lema central de su gestión la proclama: “El futuro es de todos”, es incapaz de garantizar un presente de vida para quienes promueven los derechos humanos, es decir, la vida para todos, no en un futuro incierto y lejano sino en este presente cotidiano y actual. Un gobierno que proclama nacional e internacionalmente estar comprometido con la promoción y realización de una “paz con legalidad”, es incapaz de garantizar legalmente la vida de quienes abandonaron las armas para hacer política sin violencia[4]. Semejantes mentiras, proclamadas en televisión todos los días por el presidente Duque con impecable dicción, son luctuosamente refutadas cada noche por los noticieros que informan de más asesinatos de líderes, lideresas y desmovilizados de las Farc. Igual acontece con la tediosa y mentirosa puesta en escena sobre los éxitos alcanzados en la lucha contra la expansión de los contagios y las muertes causadas por el Covid19. Cada día escalamos un puesto más en la lista de países con mayores contagios y muertes.[5] Las mentiras nos están matando, junto a la ignorancia política y la irresponsabilidad sanitaria de quienes no cumplen las medidas imprescindibles de bioseguridad. Todos deberíamos escuchar y atender, como ciudadanos del mundo, la tonada de la canción de Serrat: “Que no te niegue la ignorancia, que no trafique el mercader con lo que un pueblo quiere ser”. Con mayor razón durante las próximas semanas por la inminente apertura del tráfico aéreo y del terrestre de buses, anunciada con gracia y seguridad por la ministra de transporte, pues se ha comprobado “científicamente” que no son foco de contagio. Pareciera que la ministra ignorará que la fuente de contagio son los humanos irresponsables y no los aviones o los buses. Ojalá esa “nueva normalidad” no se nos convierta en una mayor mortandad, como la desatada por los días sin IVA, que el presidente IVÁn y los mercaderes de Fenalco se apresuraron a celebrar por el éxito viral de las ventas electrónicas. Hoy, en parte, estamos viendo sus consecuencias letales. Los gobernantes y dirigentes gremiales no pueden ser tan cínicamente irresponsables y estimular con medidas populistas el consumo enfermizo, contagioso y mortal de miles de compradores que confundieron el valor inestimable de su salud y vida con el precio letal de un televisor, un   electrodoméstico o un celular de última gama. De seguir así, el presidente Duque pronto compartiré el podio mundial de los gobernantes pandémicos con Trump y Bolsonaro, superando incluso a mandatarios tan erráticos como López Obrador, Maduro y Ortega, mucho menos mediáticos y brillantes que el estelar y vanidoso Duque.


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lunes, julio 27, 2020

Una coyuntura histórica de verdades



UNA COYUNTURA HISTÓRICA DE VERDADES

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Hernando Llano Ángel.

Asumo el riesgo de la repetición obsesiva y de ser tediosamente monotemático. Pero parece que estamos lejos de comprender el momento histórico que vivimos. Quizá porque somos arrastrados por el vértigo de una realidad inverosímil, donde alternan los escándalos políticos con las catástrofes sociales, al punto que olvidamos rápidamente lo que acontece. Más ahora que la realidad virtual está desplazando y casi suplantando a la realidad existencial. Al extremo que hace posible la instalación ficticia del Congreso de la República. Un Congreso virtual que termina siendo presidido por un senador, Aturo Char Chaljub, poco virtuoso. Un Congreso virtual dirigido bajo la voz cantante de Char que, según lo denunciado por la prófuga Aida Merlano, está incurso en subastas electorales[1]. Un presidente del Congreso que pronto deberá entonar ante la Corte Suprema de Justicia un parlamento exculpatorio sobre sus faenas electorales. Como lucidamente lo expresará, hace ya siete lustros, el entonces Procurador General, Carlos Jiménez Gómez, “Colombia es un país de 24 horas”. Así olvidamos lo que pasó ayer y conservamos algo de cordura para sumirnos hoy en la realidad paralela y claustrofóbica que nos impone el Covid-19. Una realidad que es para miles de personas una pesadilla familiar al ser despreciadas o fustigadas por su condición dependiente y vulnerable de ancianos, mujeres y niños[2].

Sanos contras apestados

Pero muchos nos creemos a salvo porque logramos, gracias a nuestros privilegios y seguridad económica, permanecer sanos e incontaminados, refugiados en la calidez afectiva de nuestros hogares. No somos conscientes que la vida se nos está reduciendo a una lucha implacable e imperceptible de sanos contra apestados. Una lucha que incluso logra lo inimaginable, distanciarnos familiar e íntimamente, pues  tememos contagiar a quienes más amamos o, peor aún, ser víctimas mortales de su amor. Pareciera que el temible fantasma de la lucha de clases hubiese sido derrotado y estuviera en retirada por el asedio del Covid 19. Nadie imaginó que la biología terminará siendo una enemiga más poderosa que la misma lucha de clases, pues le ha propinado las mayores pérdidas y derrotas al autocomplaciente e invencible mercado capitalista. Aquel que hace apenas tres décadas proclamaba victorioso el “fin de la historia”,  parece que hoy está asistiendo al fin de su propia historia de iniquidades y mentiras. Hasta tener que apelar, como lo hace la Unión Europea y en nuestro medio destacados académicos e intelectuales ante la CEPAL, a la solidaridad social y no a la ganancia insaciable del capital. Aquel que ayer despreciaba y fustigaba el Estado, mientras exaltaba el mercado --cuanto más libre mejor para la humanidad-- hoy recurre al apoyo y la protección desesperada de ese Estado como tabla de salvación para la humanidad y su injusta prosperidad. Al extremo que empresarios exitosos e inescrupulosos como Trump, han forjado su capital y triunfo político contra el mercado global, promoviendo al máximo el chovinismo de America First contra el mundo entero. Por todo ello, no deja de ser una ironía fatal y para algunos incluso una prueba de la conspiración comunista contra el mundo libre, que el Covid-19 haya surgido en una de las ciudades chinas más industrializadas y conectadas con el mercado global, como Wuhan.

La fatal dicotomía mental

Esa fatal ironía, le permite hoy a Trump y sus seguidores reducir la vida y la política a una nueva cruzada del mundo libre contra el comunismo chino. Comunismo que en la realidad es una competencia tecnológica que desafía a Estados Unidos (el miedo a Huawei) y estimula un consumismo capitalista desaforado, promovido por el partido comunista a través del control férreo del Estado. Todos los entusiastas seguidores de Trump no tienen en su cabeza más espacio que para pensar dicotómicamente. Así, reducen la vida a dos categorías: “America First” contra China o incluso el resto del mundo (pues ya Trump se apresuró a acaparar millones de dosis de la futura vacuna contra el Covid-19). También reducen la existencia humana y su rica diversidad a dos sexos, hombre o mujer, o incluso a un combate misógino del hombre contra la mujer. La disputa política nacional a dos partidos: republicanos contra demócratas y, en su máxima expresión global de codicia y depredación, pretenden someter el planeta a la disyuntiva de capitalismo o muerte, pues niegan la crisis climática y promueven a toda costa el predominio de la energía fósil sobre las fuentes de energías renovables y alternativas. Lo peor de este reduccionismo mental dicotómico es que resulta más contagioso que el mismo Covid-19 y se difumina por todas las latitudes. Entre nosotros, tenemos muchas manifestaciones de ese pobre y destructivo universo dicotómico. Pero una que parece estar haciéndonos profundo daño es la polarización política entre los partidarios del uribismo y sus adversarios, que toma expresiones tan deplorables como la de dividir falsamente el país entre “paracos” y “mamertos”. Más allá de la pugnacidad visible en los medios de comunicación, es sobre todo en las redes sociales donde adquiere mayor virulencia, alcanzado niveles inimaginables de odio y desprecio, sustentados en la propagación de falsas dicotomías como la de buenos contra malos, belicistas contra pacifistas, demócratas contra terroristas, hasta llegar a la confrontación insalvable de “petrista, mamerto” contra “uribista, paraco”. Allí muere toda posibilidad de diálogo e interacción y con ella también la  de convivir como ciudadanía en una nación democrática, pluralista y con paz política, donde se puedan contar las cabezas civilizadamente en elecciones sin fraude en lugar de cortarlas y desaparecerlas en fosas comunes y cauces de ríos[3].

La JEP y la Comisión de la Verdad

En estos días esa dicotomía parece estar empecinada contra la JEP, deslegitimándola como una institución supuestamente cómplice de los crímenes cometidos por las Farc, y también contra la Comisión de la Verdad, como refugio de izquierdistas afines con la lucha armada. La raíz de esta campaña, más allá de los réditos electorales que buscan quienes la promueven, se encuentra en la incapacidad de reconocer que estamos viviendo una coyuntura histórica de verdades. Coyuntura histórica, porque ella conlleva la posibilidad de que por fin depuremos la política de las armas, pero también de sus relaciones espurias con el crimen y la corrupción, que se han convertido en las dinámicas determinantes para alcanzar la presidencia de la República desde el magnicidio de Galán hasta nuestros días[4].

Y coyuntura de verdades, porque debemos tener la entereza de no aceptar que la violencia y el crimen legitimen nunca más ningún proyecto político, sea bajo las banderas de la “seguridad democrática” o la “justicia social”. Por eso causa tanto repudio e indignación los subterfugios y las coartadas de los excomandantes de las Farc para justificar o legitimar crímenes como el reclutamiento forzoso de menores, la violencia sexual entre sus filas y los secuestros sistemáticos, bajo eufemismos como retenciones, prisioneros de guerra y reglamentos guerrilleros. Así como resulta absolutamente inadmisible llamar “falsos positivos” a los asesinatos y las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública en desarrollo de la directiva 029 de 2005[5] del ministerio de defensa, punta de lanza de la mal llamada “seguridad democrática”. Ante semejante atrocidades se enfrentan la JEP y la Comisión de la Verdad. Atrocidades que dejaron tantas víctimas y donde hay de por medio tantos victimarios, determinadores y cómplices, como funcionarios y empresarios, que es imposible tener una justicia plena, inquisitiva y punitiva, capaz de identificar y condenar a todos los culpables. Lo que se precisa es una justicia de verdades y reparaciones, donde los principales victimarios, desde los rebeldes hasta los institucionales, con sus numerosos cómplices y beneficiarios oportunistas, reconozcan plenamente sus responsabilidades ante las víctimas y estén dispuestos a repararlas simbólica y materialmente, sin el cinismo y la indolencia de tratar de justificar o legitimar sus incontables crímenes. Porque la magnitud, profundidad y duración del conflicto armado que todavía persiste, causando más dolor y víctimas, nos sitúa a todos, pero especialmente a la JEP y la Comisión de la Verdad, frente a una encrucijada insalvable para la justicia ordinaria, expresada así por Hannah Arendt ante los crímenes del nazismo: “Es muy significativo, elemento estructural en la esfera de los asuntos públicos, que los hombres sean incapaces de perdonar lo que no pueden castigar e incapaces de castigar lo que ha resultado ser imperdonable”.[6] Para resolver esa encrucijada, así sea parcialmente, existen la JEP, la Comisión de la verdad y la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Por todo lo anterior, es que estamos viviendo una coyuntura histórica de verdades. Una coyuntura más dolorosa y profunda que la del Covid-19, donde está en juego la salud y la vida de todos y todas en tanto sociedad, nación y Estado, que precisa hoy más que nunca de las verdades, la corrección y la no repetición de horrores por parte de quienes han tenido y tienen todavía el poder y la responsabilidad para evitarlo. Contra tan letal virus histórico, el del odio, la violencia política y la iniquidad de nada sirve lavarse las manos, sino tener plena conciencia de lo ocurrido y rectificar. Bien lo sentenció José Saramago: “Somos la memoria que tenemos y las responsabilidades que asumimos”. Si no lo hacemos ahora, seguiremos transmitiendo de generación en generación el virus que engendra victimarios impunes y víctimas irredentas, en una sociedad enferma y vergonzosa que no puede llamarse democrática y mucho menos proclamar nacional e internacionalmente una paz con legalidad.


[4] Como el mismo César Gaviria lo reconoció, fue presidente porque sobrevivió al narcoterrorismo de Pablo Escobar; Samper por los generosos auxilios del narcotráfico; Pastrana por intercambiar la zona de distensión del Caguán por votos en la segunda vuelta contra Serpa; Uribe gracias al miedo generado por las Farc y el apoyo del paramilitarismo en vasta regiones del país; luego (2006-2010) cambiando ilícitamente un articulito de la Constitución y Santos junto a Duque, uno por repudio a la guerra y su daño a los negocios y el otro por miedo a la paz y las responsabilidades institucionales en el conflicto armado, contando ambos con apoyos por debajo de la mesa de Odebrecht y el Ñeñe Hernández.
[6] Arendt, Hannah, (1983)  La Condición  Humana. Barcelona, Edit. Paidós, p.260.

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lunes, julio 20, 2020

El letal virus del maniqueísmo político


EL LETAL VIRUS DEL MANIQUEÍSMO POLÍTICO

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Hernando Llano Ángel

A los colombianos nos está matando un virus más letal y contagioso que el SARS-CoV2. Es el virus del maniqueísmo político y todos estamos expuestos a él. Su peligrosidad deriva de su origen y forma de transmisión, que parece inextinguible pues se reproduce con cada nueva generación. Su origen, obviamente, no es biológico, sino de carácter histórico y religioso, pues se atribuye al príncipe persa Manes (215-276 D.C), cuya doctrina “admite dos principios creadores del mundo, el del bien y el del mal”. Principios que se tornan destructores al trasladarse al mundo político y dividir la humanidad entre buenos y malos, que mutuamente se eliminan con la mejor buena conciencia, pues cada bando reclama ser el único poseedor de la verdad, la justicia  y el bien.

El maniqueísmo político

Al mutar esta doctrina religiosa y moralista en ideologías, doctrinas y partidos políticos, quedamos divididos en dos bandos irreconciliables, que toman históricamente las más diversas banderías: patriotas contra realistas; liberales contra conservadores; progresistas contra reaccionarios; demócratas contra comunistas, derecha contra izquierda. Y al ser el campo político siempre contingente, disputado y dinámico, cada bando reclamará para sí ser la encarnación del bien y le atribuirá al adversario la responsabilidad de todo el mal. Emerge así la semilla del fanatismo que, como bien lo expresará  Amos Oz, “siempre brota al adoptar una actitud de superioridad moral que impide llegar a un acuerdo”. Entonces la política se degrada y se convierte en un campo de batalla mortal, donde ya no es posible ningún acuerdo, pues el bien no puede conciliar con el mal y el autoproclamado demócrata no puede conversar con el estigmatizado terrorista o guerrillero. La política deja de ser un foro de discusión y debate donde se refutan y mueren las ideas, para convertirse en un campo feroz de aniquilación donde caen derrotados los portadores de estas, en aras de la paz y la legalidad. Por eso la insuperable definición mínima de democracia, atribuida a James Bryce, según la cual es aquella “forma de gobierno que permite contar cabezas en lugar de cortarlas”, entre nosotros se ha trocado cruelmente en lo contrario y hoy tenemos una forma de gobierno que permite cortar cabezas sin poder contarlas. Aún es materia de discusión el número de víctimas de La Violencia como resultado de las firmes convicciones morales y las creencias políticas de conservadores y liberales, defendidas por cada bando como superiores. Ni hablar del debate actual sobre el número de víctimas en masacres, asesinatos selectivos, “falsos positivos”, violencia sexual, secuestrados, desaparecidos y desplazados, que nos ha dejado este conflicto armado y que no cesa, como el coronavirus, de propiciar más víctimas cada día. Y esa discutible y macabra contabilidad parece estar condenada al fracaso, no tanto porque sea casi imposible discernir cuáles crímenes estuvieron motivados políticamente o fueron cometidos por la codicia de las economías ilícitas y la ambición de las lícitas, sino especialmente porque hay quienes pretende descalificar todo esfuerzo por esclarecer lo sucedido a cargo de la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

La ineludible y dolorosa búsqueda de verdades

Una ineludible y dolorosa búsqueda de verdades que nuestra sociedad nunca ha tenido el valor de asumir, emplazando a sus principales protagonistas y antagonistas para que todos escuchemos y conozcamos sus versiones de tantas violencias y atrocidades. Pero, especialmente, contando con la memoria, las voces y sufrimientos de las innumerables víctimas a quienes como sociedad debemos la verdad, pues sin ella jamás habrá justicia y reparación. Mucho menos podríamos nosotros seguir viviendo sin sentir la vergüenza de haberlas condenado al olvido y la injusticia, siendo casi cómplices de tanta ignominia. Estamos llegando a la hora de las verdades, la hora de conocer todas las atrocidades, sin temor a revelar la identidad de quienes las hayan ordenado, consentido o cometido, sean de izquierda o derecha, rebeldes o gobernantes, más allá del juicio maniqueo sobre el bien y el mal o las buenas o malas intenciones con que las hayan cometido. En algunos casos, incluso, en nombre de la democracia, la seguridad, la tradición, la familia y la propiedad. En otros, promoviendo la revolución, la justicia o la igualdad. Y, quizá, en la mayoría de los casos, en nombre de pasiones prosaicas, como la codicia propia de las economías ilegales o la de los intereses muy legales de las ganancias insaciables de los mercaderes y exitosos emprendedores. En fin, que crezca la curva del consumo sin IVA y las ganancias del mercado, mientras el contagio del Covid aplana y sepulta la de las pérdidas irreparables.

Verdades más allá del bien y del mal

Por eso es tan desafortunado el trino del exministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, al referirse a la Comisión de la Verdad y afirmar que “la mayoría de comisionados registran afinidad ideológica o nexos con grupos armados”. Así como lo fue la campaña sistemática por las redes sociales para desacreditar a la JEP, en un principio estigmatizada porque sus magistrados eran promotores y defensores de derechos humanos. Sindicación tan absurda para deslegitimar a que quienes defienden la vida y la dignidad humana tildándolos de izquierdistas o “mamertos”, como sería la de tachar de derechistas o “paracos” a  quienes promueven la seguridad pública contra la criminalidad. Obviamente una sociedad que se deja dividir y polarizar en esos dos bandos por líderes “furibundos” o “iluminados”, difícilmente puede comprender que la esencia del Acuerdo de Paz era y sigue siendo la consolidación de un Estado de derecho democrático. De un Estado legítimo, capaz de garantizar la vida, la dignidad y la seguridad de todos, más allá de ese juicio maniqueo que nos divide entre buenos y malos colombianos, unos defensores de la paz y otros promotores de la guerra. Por eso el Acuerdo de Paz requiere muchas verdades más allá del bien y del mal. De allí que el desafío de la Comisión de la Verdad sea inmenso y no pueda ser deslegitimada por trinos destemplados inspirados en prejuicios personales o intereses electorales. Su mayor desafío es entregarnos una versión de nuestra historia y del terrible conflicto armado que nos permita superar esa “federación de odios” que somos, según la lucida expresión de Belisario Betancur, para empezar a forjar una nación de ciudadanos y ciudadanas donde la política sea una actividad generadora de democracia y supere su actual deleznable condición de celestina de la ilegalidad, el crimen y la iniquidad.

Una verdad reconciliadora

Una verdad capaz de reconciliarnos porque expresará todas las voces, desde la de los victimarios y las víctimas sin excepción alguna; porque expresará desde los motivos del odio de los ofensores hasta el sufrimiento infinito de los ofendidos; desde la vergüenza de los victimarios hasta la rabia y el dolor de las víctimas. Pero, sobre todo, porque será una verdad que nos revelará todas las imposturas y mentiras que no estamos dispuestos a volver aceptar y mucho menos legitimar. Como la de continuar viviendo en un Estado incapaz de impedir el asesinato de quienes luchan por una democracia auténtica, donde el goce de los derechos humanos sea una realidad social vital y no solo letra muerta en una Constitución nominal. Una verdad que nos comprometa a todos con un orden político, social y económico donde jamás vuelvan a existir condiciones para el surgimiento de nuevas víctimas y victimarios y donde los contrarios políticos se reconozcan como adversarios y no como enemigos que se descalifican furiosamente como “mamertos” o “paracos”. En fin, una verdad que nos permita  vivir  una democracia ciudadana y social, antes que de partidos políticos y clientelas, con igualdad de oportunidades para todos y todas, sin necesidad de líderes providenciales, o de incontables héroes uniformados para defenderla y mucho menos de nuevas generaciones de rebeldes y comandantes para promoverla o de vengadores civiles y paramilitares para sepultarla, jamás refundarla.                          
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martes, julio 14, 2020

De poderes e instituciones pandémicas.



DE PODERES E INSTITUCIONES PANDÉMICAS

https://blogs.elespectador.com/politica/calicanto/poderes-e-instituciones-pandemicas

Hernando Llano Ángel

La reciente declaración del Arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, referida a la incapacidad del actual gobierno de contener el asesinato de líderes sociales y desmovilizados de las FARC, tildándola como una “una venganza genocida” contra el Acuerdo de Paz, ha suscitado gran controversia. Más allá de la descalificación del Nuncio Apostólico, señalando que no cabe la expresión de genocidio, puesto que “tiene en el Derecho Internacional un significado preciso que "no permite sea usado a la ligera", hay que reconocer que al Arzobispo Monsalve le asiste toda la razón jurídica y la verdad vital.

¿Un Nuncio estalinista?

La razón jurídica, puesto que lamentablemente el Nuncio Apostólico en su comunicado se apoya en la Convención de la ONU de 1948 que, bajo la presión de la Unión Soviética estalinista, excluyó del genocidio las matanzas cometidas por motivos “políticos y de otra clase”, para circunscribirlo exclusivamente a los crímenes «cometidos con la intención de destruir, totalmente o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso» pero no «político o de otro tipo», como se decía en la resolución de 1946”. Por ello, los estudiosos e investigadores posteriores sobre el carácter del genocidio han ampliado dicha definición a las matanzas cometidas por motivos de orden político, ideológico y económico[1], perpetradas por algún Estado, grupos políticos u organizaciones de diversa índole. Entre estas, caben lamentablemente las cometidas contra líderes sociales, excombatientes de la Farc y comunidades indígenas y negras, que hoy tienen una dimensión pandémica.

La verdad vital e histórica

También le asiste al Arzobispo Monsalve la verdad vital, no solo por condenar el elevado número de líderes y desmovilizados de las Farc asesinados, cuya cifra imposible de precisar[2] revela una contabilidad macabra más grave y aguda que la del Covid-19, ya que los líderes son víctimas de organizaciones criminales y de autores intelectuales que el Gobierno debería identificar y desmantelar, si realmente actuará como un auténtico Estado de Derecho. Que las cifras de asesinatos de líderes sociales oscilen entre 37, según el gobierno, o 100 según Indepaz, demuestra la  incompetencia fatal del actual gobierno frente a la implementación del Acuerdo de Paz. Cifra de víctimas que al aumentar día tras día, como las que cobra el Covid-19, podemos decir que estamos frente a un poder y unas instituciones pandémicas, ensañadas históricamente contra los líderes del pueblo y sus miembros más excluidos y explotados: indígenas, campesinos y comunidades negras. La escabrosa cifra oficial de 118 investigaciones en curso contra miembros del Ejército por abuso y violencia sexual contra menores de edad[3], es otra insignia de ignominia que se suma a la de los “falsos positivos”, perpetuando así un patrón histórico victimizante entre civiles y militares responsables de ese tanático funcionamiento de nuestras instituciones. Un patrón institucional que, salvo contadas excepciones coyunturales, puede válidamente llamarse tanático, pues en lugar de promover las libertades públicas y proteger los derechos humanos, recorta las primeras y no impide la violación generalizada de los segundos. Valga como ejemplo el consuetudinario y casi permanente estado de sitio, bajo cuyas arbitrariedades cívico-militares fuimos gobernados durante la segunda mitad del siglo pasado. Y ni hablar de lo acontecido después de la Constitución del 91, pues si bien dejó de existir constitucionalmente el estado de sitio, en  la realidad se instauró de facto un Estado permanente de impunidad y un régimen político sincrético. Un régimen político cuya matriz dinamizadora es la tenebrosa alianza de la política con el crimen, que alcanza sus más claras expresiones en el poder presidencial bajo coyunturas como el proceso 8.000, la narcoparapolítica y hoy, con su más reciente y exitosa mutación, la ñeñepolítica, camuflada y soterrada bajo el coronavirus, pues éste cotidianamente causa más víctimas que las generadas por la pandemia institucional que nos gobierna.

La República agónica

Al parecer en unos meses dispondremos de las vacunas y los antídotos contra el coronavirus. Entonces tendremos que afrontar como ciudadanía el mayor desafío de nuestra generación,  derrotar la pandemia del poder y las instituciones tanáticas que nos han diezmado y degradado históricamente. Esto solo será posible si rechazamos categórica y mayoritariamente todos los candidatos y partidos que ocultan sus relaciones con el crimen y la ilegalidad, bajo pretextos o coartadas como la defensa de las instituciones y la “democracia” contra el “castrochavismo” o la instauración de un supuesto Estado popular y benefactor que repartirá justicia sin dificultades y nuestro compromiso ciudadano con la generación de riqueza y equidad. Y este es un desafío mucho mayor que derrotar el coronavirus, pues para superarlo no contaremos con vacuna ni salvadores providenciales, más allá de nuestra responsabilidad ciudadana y colectiva para recobrar el sentido de la política, la salud y la vida de una República que hoy se encuentra agónica, asediada por la impostura y mentira que la gobiernan. Una tarea que sin duda demandará el esfuerzo de muchas generaciones y no admite líderes demagógicos y populistas o tecnócratas asépticos e iluminados, pues lo que requiere es el surgimiento de nuevos liderazgos políticos, sociales y empresariales. Mucho menos precisa de electores devotos y fanáticos, imbuidos de fe que repudian la política o, más grave aún, de masas desesperadas en las subastas electorales, dispuestas a enajenar su conciencia a cambio de pocos pesos y precarios subsidios para continuar viviendo miserablemente.

Emplazados por la Verdad y la Reconciliación

Lo que más requerimos ahora, junto a las nuevas generaciones, es poder  recobrar una memoria lucida que nos devele muchas verdades y al mismo tiempo nos revele un horizonte donde sea posible la reconciliación y la equidad.  Y para ello contamos con instituciones como la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). A la primera deberían concurrir, como ya lo han venido haciendo algunos funcionarios públicos, junto a excomandantes de la guerrilla y grupos paramilitares, todos los expresidentes y máximos responsables de políticas públicas, para que nos podamos formarnos un juicio objetivo sobre sus decisiones y actuaciones. Solo así podremos empezar a superar el maniqueísmo polarizante que nos divide falsamente entre buenos y malos colombianos, enfrentados a muerte en el campo minado de un pasado y un presente que nos avergüenza a todos. Solo conociendo todas las verdades, desde la de los victimarios y ofensores, pasando por la de los testigos hasta la de las víctimas y ofendidos, podremos algún día liberarnos del odio y la venganza que perpetúan generacional e indefinidamente este conflicto degradado y la iniquidad de su violencia. De allí que precisemos de una justicia más allá de la condena o la absolución, pues en un conflicto armado tan prolongado y desgarrador como el nuestro, más que inocentes impolutos o culpables o absolutos, lo que existen son diversos grados de responsabilidad, según los cargos desempeñados, las órdenes impartidas y las acciones ejecutadas por sus protagonistas y seguidores Se necesita una justicia de verdades, responsabilidades y reparaciones, que es precisamente la misión encomendada a la JEP. De las verdades de guerrilleros y miembros de la Fuerza Pública para que asuman plenamente sus responsabilidades, sin justificaciones e inadmisibles legitimidades. Pero también las verdades y responsabilidades de sus terceros, auxiliadores y simpatizantes civiles. Quizás así podremos empezar un lento y prolongado proceso de reconciliación política nacional, que nos permitirá día a día construir una sociedad donde ya no habrá más lugar para odios mortales entre “buenos y malos” ciudadanos o “demócratas y terroristas”, como tampoco discriminaciones sociales fundadas en clases; abolengos familiares con cuestionados pergaminos; colores de piel o creencias religiosas fundamentalistas que condenen al infierno del desprecio y el maltrato a las identidades diversas y plurales, inherentes a nuestra compleja condición humana.



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