DE-LIBERACIÓN

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Colombia sin Paz, ni Justicia: Punto cero de la política nacional.

(Junio 30 de 2012)

Hernando Llano Ángel.

El Congreso, un quirófano mortal

Después de casi 21 años de promulgada la Carta del 91, vuelven a invocarse la paz y la justicia como fundamentos para cambios de fondo en su articulado, completando así cerca de 36 reformas. En tan breve existencia, esta joven Constitución luce más cirugías estéticas que una nueva amante de un gran capo, con el agravante de que las dos últimas practicadas en el quirófano del Congreso en nombre de la paz y la justicia --por iniciativa de Santos y con el impredecible bisturí del médico Roy Barreras y la cómplice asistencia del ex ministro Juan Carlos Esguerra, respectivamente— la han dejado completamente desfigurada. En realidad, son mucho más que dos cirugías estéticas, pues afectan vitalmente el espíritu de la Constitución del 91 y terminan cambiando su identidad, invocando paradójicamente los valores de la paz y la justicia que la inspiraron. Al contrario de lo sucedido en la coyuntura constituyente del 89 al 91, catalizada por los magnicidios de Galán, Jaramillo y Pizarro --cometidos por la triple alianza del narcotráfico y la política con sectores de inteligencia militar aún en la impunidad-- en esta ocasión la paz y la justicia no convocan el consenso nacional sino más bien la indignación ciudadana e incluso la ruptura de la Unidad Nacional, pues el mismo Uribe es un opositor acérrimo del marco legal para la paz y pretende aprovechar la actual coyuntura de confusión para pescar en rio revuelto, agitando la penumbrosa idea de una Asamblea Nacional Constituyente.

Santos, un funámbulo y sonámbulo del poder

Sin duda, el gobierno de Santos con sus ocho actos legislativos aprobados en estos dos primeros años, está a punto de pasar a la historia no como el portero de la paz sino más bien como el partero de un nuevo orden constitucional y político cuyas más claras señales de identidad son la transacción de los valores democráticos y la consagración de la impunidad política. Dicha transacción, elevada a máxima de comportamiento político presidencial, sin más límites que la ampliación de apoyos a su difusa y demagógica fórmula de la “prosperidad democrática”, lo ha llevado a convertirse en un funámbulo y sonámbulo del poder. El más catastrófico resultado ha sido la actual reforma a la justicia, eludiendo a última hora su paternidad política en la gestación de tan repudiable criatura, como un típico “macho semental” de actos legislativos espurios. Para ello acude a los falsos argumentos de la prevalencia de la “justicia, el Estado de derecho y la democracia”, cuando fueron precisamente esos valores los que transó en el Congreso y con la mayoría de magistrados de las altas Cortes, salvo valiosas y contadas excepciones.

Por último, para salvar su pellejo en tan sinuoso tránsito por la cuerda floja de la negociación y la transacción sin principios, lanzó a su ex ministro de justicia Juan Carlos Esguerra al vacío, mientras movía a la izquierda y la derecha el balancín de los grandes valores para evitar su propia caída libre en el precipicio del desprestigio y el repudio de la opinión pública. En este azaroso pasaje, ha asegurado su maniobrabilidad política ayudado por el eco “patriótico” de la mayoría de la gran prensa, sus eminentes y grises asesores jurídicos, que le redactaron brillantes discursos que pronunció como un sonámbulo, al punto que él mismo se sorprendió ante el horror de la monstruosa criatura que contribuyó a engendrar.

Un régimen de impunidad política y criminalidad constitucionalizada

Pero en medio de semejante espectáculo circense del poder, todos sus protagonistas empezaron a quedar desnudos y exhibieron sus más grotescos valores, intereses, falencias e imposturas, revelándonos su verdadera identidad: traficantes del interés público y mercaderes de la voluntad ciudadana, salvo contadas excepciones. Aunque los reflectores de los medios se centraron al comienzo en los miembros de la Comisión Conciliadora, las sesiones extraordinarias citadas por Santos arrojaron luz sobre la responsabilidad compartida del Gobierno en el engendro de la Reforma. Por eso no deja de ser patética y reveladora su última intervención televisiva –teniendo una fotografía del Congreso como telón de fondo-- convocando erráticamente a los Congresistas a sesiones extras, sin tener competencia constitucional para ello, pues los actos legislativos no son susceptibles de objeciones presidenciales.

Pero poco importa arrogarse semejante potestad, con tal de salvar la estabilidad institucional, que al igual que la Constitución, el llamado marco legal para la paz o la repudiada reforma a la justicia, son simples coartadas para afianzar el régimen político actual, cuya esencia es la simbiosis entre la política y el crimen. Una esencia que incluso estuvo presente en la misma concepción y nacimiento de la Carta del 91 con la exigencia de Pablo Escobar –no por casualidad ahora protagonista de “ficción”-- del artículo 35, prohibiendo la extradición de colombianos por nacimiento. Desde entonces para acá a lo que hemos venido asistiendo es a la progresiva y difusa constitucionalización del crimen y la ilegalidad, cuya más lograda expresión fue la reforma del “articulito” que permitió la reelección presidencial inmediata de Álvaro Uribe, no tanto a través del cohecho por el que han sido condenados Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, sino sobre todo porque la mayoría que aprobó dicho Acto Legislativo fue la expresión de la voluntad de numerosos congresistas condenados posteriormente por concierto para delinquir agravado, en tanto se demostró que fueron electos con espurias y criminales alianzas (Pactos de Ralito, Chivolo etcétera) selladas con grupos paramilitares. No por casualidad el ex presidente Uribe, a propósito de esta crisis, lanzó el siguiente twitter: “Qué se puede pensar de un Presidente como Santos que impulsa una reforma, presiona su aprobación y enseguida, con toda la mala condición, dice que no se puede permitir la excarcelación de ex funcionarios de Ais y Chuzadas?”.

Locomotoras de impunidad, complicidad e indolencia

En fin, se ha reafirmado una vez más la lucidez de García Márquez, cuando en su célebre texto “Por un país al alcance de los niños”, sentenció: “En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma el leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo”. Es ni más ni menos lo que ha sucedido con la repudiada reforma a la justicia. Desde el presidente Santos que la promovió hasta los congresistas que la aprobaron, burlaron la Constitución sin violarla y lo que es más grave la violaron sin castigo, pues ya quedó superada la crisis, volvió la normalidad institucional y el régimen avanza como una locomotora incontenible y a toda marcha alimentada por el combustible de la complicidad, que todo lo transa, la irresponsabilidad, que todo lo excusa, y la incompetencia e impunidad que le sirven de carrilera.

¿Habrá forma de detenerla o se descarrilará con mortales e impredecibles consecuencias? Quizá la única forma de evitarlo sea reconociendo que “nos hemos desgastado luchando contra los síntomas mientras las causas se eternizan”, como advierte el Nobel. Y esas causas se encuentran en las raíces que alimenta generosamente la supervivencia del régimen actual, la Constitución y la ley como coartadas perfectas del crimen y la suplantación del poder ciudadano por una tupida red de clientelismo, corporativismo y complicidades de poderes de facto, siendo el narcotráfico una fuente inagotable para renovar en cada elección los conductores de las locomotoras de la impunidad y la complicidad, frente a la indolencia y a veces ingenuidad de una ciudadanía que cree que basta con votar y después revocar o derogar y no se compromete con transformar de raíz el régimen existente, forjando organizaciones y liderazgos auténticamente democráticos, sin compromisos ocultos con ningún tipo de criminalidad. Por todo lo anterior, estamos en el punto cero de la política nacional.

El drama de Sigifredo López: ¿realidad política o ficción judicial?

Una extraña inquisición judicial–mediática anda suelta por Colombia, linchando primero y declarando realidad lo que puede ser solo fruto de una fiscalía esquizoide e irresponsable. Las sospechosas fugas de información y de pruebas aparentes aumentan más aún la desconfianza que despierta el poder judicial. Entre Borges y Kafka.

Hernando Llano *

Peor que el secuestro

Si no fuera porque Sigifredo López se encuentra privado de la libertad y la Fiscalía anuncia que muy probablemente se tomará el plazo de veinte días fijados en el procedimiento penal para definir su situación jurídica, uno pensaría que se trata de un relato escrito a cuatro manos entre Borges y Kafka, donde a la ingeniosa ficción del argentino se agrega la verosimilitud de las pesadillas judiciales legadas por Kafka.

Pero Sigifredo no es un personaje de ficción, sino más bien una doble víctima del terror de las FARC y de la inquisición judicial–mediática. Su drama personal y familiar nos demuestra que ninguna ficción es más inverosímil o terrible que nuestra propia realidad político–judicial. Con toda razón, su esposa Patricia ha dicho: “Esto es peor que el mismo secuestro”.

¿Realidad fáctica o judicial?

Sobre todo, cuando se pone en cuestión la realidad fáctica y empieza a ser suplantada por una realidad judicial construida a base de pruebas e informes técnicos que, como los mismos peritos reconocen, están lejos de constituir una certeza, es decir una auténtica realidad.

Pero como si lo anterior fuera poco, la misma ley 600 del 2000 en su artículo 314 asigna apenas un valor relativo a tales informes de la Policía Judicial: “solo podrán servir como criterios orientadores de la investigación” (énfasis añadido).

Sin embargo lo anterior nada significa frente al impacto emocional que dichas imágenes e informes causan en el público receptor, proyectadas hasta la saciedad en telenoticieros, periódicos y emisoras: un auténtico linchamiento mediático.

Asistimos así a la progresiva e inevitable pérdida del sentido de la realidad y de los hechos. Entonces la imagen tenue de un perfil entre sombras reemplaza la identidad del ex diputado sobreviviente, fácilmente condenado por el espectador indolente y rencoroso que cree más en la fatalidad irrebatible de la muerte de sus once colegas, que en el azar milagroso de la vida de Sigifredo, convertido en cómplice necesario de las FARC.

Víctima y victimario

Tal es la dimensión de su infierno personal, pues de un momento a otro a su condición de víctima se suma la de victimario, sin que pueda demostrar su verdad, a pesar de la evidencia irrebatible que resaltó en su indagatoria, al señalar: “Por eso me golpea tanto o más que el secuestro que hoy se me relacione con esos asesinos, con mis propios torturadores, ¿en qué cabeza cabe eso, por Dios? No puede ser que un ser humano se haga autosecuestrar y se someta a vivir durante siete años a las humillaciones, el riesgo de morir todos los días, a vivir encadenado, tratado peor que un animal, sin la posibilidad de ver crecer a mis hijos, de recibir un abrazo o una caricia de mi mujer, la bendición de mi mamá”.

De alguna manera lo más grave y desconcertante no es la inverosímil y terrorífica situación personal que vive Sigifredo, cuya imagen pública y también identidad personal es la de aparecer hoy simultáneamente como víctima y victimario, sino más bien la frágil y maleable consistencia de la realidad de nuestro conflicto. Un conflicto que toma las formas, dimensiones y nombres que sean capaces de imprimirle públicamente sus protagonistas políticos, judiciales e irregulares en pugna, de acuerdo con sus recursos, acciones y estrategias para persuadir o imponer sus puntos de vista.

¿Cuál realidad?

Entonces la realidad termina siendo un producto de la eficacia de aquellos que la nombran o denominan de tal o cual manera, hasta que la tozudez irrebatible de los hechos y las pruebas de vida y libertad — en el caso de Sigifredo — o la muerte irreversible e invencible les demuestra y nos demuestra lo contrario.

Nada de lo que está sucediendo con Sigifredo debería sorprendernos si recordamos que durante ocho años vivimos en un país imaginario, sin conflicto armado interno, bajo la protectora, benéfica e inexpugnable “seguridad democrática”, que nos habría dejado una patria bucólica y en paz, de haber contado su líder con otros cuatro o quizá ocho años más al mando de la misma, según afirman sus promotores e incondicionales seguidores.

Por eso hoy, irónicamente, el exministro Fernando Londoño Hoyos, víctima de los efectos letales y terroríficos de una “bomba lapa”, le aconseja al presidente Santos que debe “tener un gesto republicano y admitir la realidad. No puede seguir con el síndrome de negación de la realidad”, justamente aquella que durante ocho años fue negada y desconocida por quien hoy considera que debe “seguir opinando, obrando, reuniendo a la gente del país y conformando un bloque de opinión que conduzca a la toma del poder en unas próximas elecciones. Eso no es una sorpresa”.

En efecto, esa es la esencia de la realidad política, siempre cambiante y dinámica. Y una clave para comprender nuestra intrincada, violenta e incierta realidad política, se puede encontrar en el célebre ensayo de Arendt sobre “La mentira en política”, cuando señala: “La deliberada negación de la verdad fáctica — la capacidad de mentir — y la capacidad de cambiar los hechos — la capacidad de actuar ¬¬— se hallan interconectadas. Siendo la acción la verdadera materia prima de la política” .

¿Política y legalidad o política y criminalidad?

Sin duda, esa es la realidad política que vivimos y nos constituye, dentro de la cual la realidad judicial define nada menos quiénes pueden o no estar en libertad y ser protagonistas de la vida política, como bien lo sabe Londoño mismo, que se encuentra inhabilitado por graves faltas y delitos contra la administración pública.

Por eso, cada día más, las disputas judiciales son políticas, no porque se haya politizado la justicia, sino más bien porque la política se ha criminalizado, y pocos saben tanto de esto como Londoño, Uribe y Luis Carlos Restrepo, que por lo general impugnan las decisiones judiciales.

También por la misma razón, hoy Sigifredo se debate entre seguir en la realidad política, de la cual ha sido una “víctima afortunada”, pues sobrevivió al infame secuestro de las FARC, o convertirse en un “victimario judicial”, según sea el dictamen pericial del organismo o agencia internacional sobre la identidad de quién aparece y habla en el video filmado por sus victimarios.

Y no es irrelevante que la suerte de Sigifredo dependa en gran parte del dictamen de un organismo externo, distante y ajeno a nuestra realidad política-judicial, en tanto asegura un mayor grado de imparcialidad técnica y valorativa.

Con razón Fabiola Perdomo, viuda del exdiputado Juan Carlos Narváez y Presidente de la Asamblea del Valle cuando fue secuestrado, en declaraciones a RCN, señaló que “lo que está en riesgo es la justicia y la verdad” y la “prioridad es conocer la verdad, la única forma de cerrar este capítulo de dolor”, concluyendo que “ella no se deja envenenar, cuando uno mantiene el corazón limpio”…

Porque “los hechos precisan de un testimonio para ser recordados y testigos fiables que los prueben para encontrar un lugar seguro en el terreno de los asuntos humanos”, como sabiamente advierte Arendt en el ensayo citado.

DE-LIBERACIÓN

(Febrero 28 de 2012)

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UN PSIQUIATRA EN BUSCA DE ASILO

Hernando Llano Ángel.

La parábola de Luis Carlos Restrepo es también la paradoja de la “Seguridad democrática”. La de una política que en su obsesión por negar la existencia del conflicto armado, terminó armando una compañía de utilería de las FARC, bautizada Cacica La Gaitana, para demostrar que la ley 975 --eufemísticamente llamada de Justicia y Paz--¬ no había sido diseñada exclusivamente para los grupos paramilitares. Así las cosas, irónicamente, hoy el ex alto comisionado de paz se encuentra huyendo de la justicia, no por las numerosas irregularidades que se cometieron en el tinglado de Santa Fe de Ralito, sino por la burda puesta en escena, con aeronave incorporada en el decorado, de una truculenta desmovilización de supuestos guerrilleros de las FARC. No podía ser mayor la paradoja de nuestra justicia: ante su incapacidad de investigar y juzgar a los criminales de guerra y de lesa humanidad, concentra su máxima atención en quien contribuyó a desmovilizarlos, así fuera utilizando falsos juegos de roles, tan útiles en la psicología como peligrosos en la guerra. Por eso hoy es casi imposible discernir en dicha “desmovilización” en dónde termina la realidad y comienza la invención, cuándo sus actores dicen la verdad o mienten y, lo que es más grave y difícil, establecer la autenticidad, inocencia o culpabilidad de todos los implicados. Ello es así, porque tal desmovilización supera con creces el ámbito de lo judicial y fue, antes que otra cosa, una deliberada apuesta política y en tal sentido una invención de la realidad. Lo que ella pone en cuestión es la misma existencia de lo que se investiga y juzga.

La Cuestión es la Realidad o ¿Lo que dice Luis Carlos Restrepo?

Que no gratuitamente es de lo que trata la psiquiatría, para determinar la salud o enfermedad mental de un paciente. ¿Hasta qué punto dicho paciente reconoce la realidad social y política que comparte con sus semejantes o la confunde con el mundo ilusorio o patológico de sus obsesiones? Por el último comunicado de Luis Carlos Restrepo, donde se autoproclama perseguido político y denomina a la Fiscalía empresa criminal, parece que el asunto es grave. De vida o muerte, pues el mismo Restrepo afirma que si viene a Colombia lo matan. Lamentablemente no da pistas de a quienes teme, ahora que abundan las venganzas criminales. Seguramente por ello está en busca de asilo, no propiamente hospitalario, sino político. El Estado que se lo conceda, reconocerá entonces que Restrepo goza de plena salud mental y que las autoridades judiciales y el mismo Estado colombiano están locos, pues lo persiguen con saña. Empezando por Juan Manuel Santos, que preside el país de la mentira, según el diagnóstico del psiquiatra. La pregunta es, entonces, ¿Cuál es la realidad en que vivimos? ¿La que define Luis Carlos Restrepo o la que todos compartimos con estupor y sorpresa?

Lo que está en cuestión es la misma realidad política y judicial en que vivimos los colombianos, puesta en duda por el psiquiatra y filósofo Luis Carlos Restrepo, otrora líder de la insurgencia civil y la ternura democrática, junto a la inteligencia superior de Álvaro Uribe Vélez y la menor pero eficaz de José Obdulio Gaviria. Por eso mismo, el asunto es mucho más trascendental que la inocencia o culpabilidad de Restrepo, pues se trata nada menos de saber en qué realidad vivimos y quiénes somos los enajenados.

La realidad política es el juicio ciudadano

La verdadera cuestión no es saber si nos engañaron con la desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana o si la Fiscalía nos pretende engañar ahora. Si Olivo Saldaña era o no guerrillero de las FARC, si miente o dice la verdad, o cuántos de los desmovilizados eran guerrilleros feroces o pordioseros famélicos. No. La auténtica cuestión es saber cuál es la realidad y la verdad política. Y ello no depende de una sentencia judicial sino del juicio ciudadano. Porque no podemos seguir pensando que nuestra realidad se define en los estrados judiciales y no en nuestras mentes, decisiones y acciones. De continuar en el extravío de confundir la responsabilidad política con la culpabilidad penal, la Fiscalía corre el riesgo inminente de someter a un juicio implacable a quien desmovilizó a criminales de guerra y de lesa humanidad, cuya mayoría no ha podido juzgar por congestión o incompetencia institucional, y en su lugar condenar a quien participó como Alto Comisionado de Paz por delegación y en representación de Uribe en un macabro juego de rol del cual ahora no puede evadirse.

La locura está en la impunidad política

Criminales que fueron extraditados por Álvaro Uribe Vélez, para ser condenados como narcotraficantes en Estados Unidos, ocultando así la verdad que todavía nos debe a todos los colombianos, pero especialmente a las víctimas, sobre la identidad de sus cómplices en el poder político y económico, quienes al comienzo justificaron su empresa criminal, promoviendo las “Convivir” y después disfrazándolos de sediciosos por su lucha contrainsurgente, como fue originalmente aprobada la ley 975 de 2005, bajo la égida de la “seguridad democrática”. Allí es donde se encuentra el origen de toda esta locura, en la impunidad política más que en la judicial. En considerar que es más grave narcotraficar que masacrar, despedazar y desaparecer a miles de compatriotas, porque “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. Sin duda, la “desmovilización” de la compañía Cacica La Gaitana es apenas un acto, quizá el más grotesco, de una obra mayor llamada “Seguridad democrática”, que hoy se revela como una tragedia, pues está llevando a sus protagonistas de la gloria celestial de gobernar al purgatorio de ser juzgados por sus conciudadanos y eventualmente condenados en el infierno histórico de la ignominia. Entre tanto, un gran número de sus actores de reparto y utileros, que contribuyeron a levantar ese portentoso escenario de odio y crueldad que tan bien oculta la realidad, hoy padecen la frialdad del exilio y la soledad de los calabozos.

Angelino ante la OIT: Una candidatura muy poco angelical

(Publicado en razonpublica.com)

Con su estilo popular y bonachón, el vicepresidente le ha jugado a todos las bandas y los bandos, a tal punto que ahora aspira a dirigir la organización mundial de los trabajadores en representación del país donde más se persigue a los sindicalistas.

Hernando Llano Ángel

Donde se matan más sindicalistas

La candidatura oficial del vicepresidente Angelino Garzón a la dirección de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha convertido en un purgatorio, que ante la intensidad de las llamas de la oposición levantadas por delegados de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Polo Democrático Alternativo (PDA) --con la vocería del senador Alexander López-- está a punto de evaporarse en humo. Durante su gira por Estados Unidos y Europa, los opositores han presentado argumentos que tienen la contundencia irrebatible de la violencia y la impunidad pues - como acaba de informar Humans Rights Watch- Colombia sigue ocupando el vergonzoso primer lugar en el mundo por el número de sindicalistas asesinados.

Según datos de la Escuela Nacional Sindical: “Un total de 51 sindicalistas fueron asesinados en 2008, 47 en 2009, 51 en 2010 y 26 entre enero y el 15 de noviembre de 2011”. Para acabar de agravar la situación, el 17 de enero pasado fueron asesinados en Orito, Putumayo, el líder comunitario y trabajador de la USO Mauricio A. Redondo y su esposa, Janeth Ordoñez, aumentando así los sentimientos de rechazo de numerosas centrales obreras internacionales. Con razón el presidente de la CUT, Tarsicio Mora, dijo a El Espectador que “No es posible que aspiremos a semejante cargo cuando en Colombia se violan los derechos (…) Colombia ha perdido todas las calificaciones frente a la OIT”. En estas circunstancias no es posible dejar de recordar que desde 1986 han sido asesinados más de 3 mil sindicalistas y que la impunidad por dichos crímenes es del 96 por ciento.

Tercera vía

Y sin embargo el panorama anterior es paradójicamente utilizado por el gobierno Santos y por el propio Angelino como un gran argumento para vender su candidatura: la dirección de la OIT sería el sitio ideal para velar por la protección de los sindicalistas colombianos. En este punto cuentan con el apoyo del ex presidente Uribe pues, como dijo en entrevista para Radio Todelar en Cali, “Si lo nombran director, está muy bien para él y para Colombia. Una persona como el doctor Angelino nos tiene que ayudar a que no haya sindicalismo armado, a que no haya confrontación entre empresarios y trabajadores”.

Santos y Uribe por una parte, y por la otra el PDA y la CUT: de esta manera la polarización que existe en Colombia se proyecta al plano internacional. Y sin embargo al mismo tiempo Angelino se presenta como el hombre providencial para ensayar una especie de “tercera vía” y superar las conflictivas relaciones entre el capital y el trabajo, que desde por lo menos la década de los 90 se convirtieron en un asunto “interméstico”, pues su tratamiento requiere cada vez más de convergencias entre la legislación laboral internacional y la doméstica. Así lo comprendió Uribe, cuando incluyó a Angelino en una gira por Estados Unidos para persuadir a demócratas y republicanos de la importancia que le daba al sindicalismo conciliador y no al reivindicador, que con su estilo estigmatizador él califica de armado. Y más todavía cuando lo nombró Representante Permanente de Colombia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, para maquillar la imagen de su gobierno en este frente para él tan sensitivo.

Resulta, entonces, lógico para un gobierno cuyo Plan de Desarrollo da prioridad a la “locomotora” minero-energética, contar con los oficios de un conciliador profesional como Angelino, en virtud de su pasado como líder sindical y su antigua militancia en organizaciones de izquierda, desde el anquilosado Partido Comunista hasta la aniquilada Unión Patriótica, siendo uno de los pocos dirigentes que sobrevivieron al genocidio político.

Un político ubicuo y ambiguo

En pocas palabras: Angelino es el ornitorrinco de la política nacional, cuyas virtudes y habilidades lo convierten en un animal político ubicuo y ambiguo como ninguno otro. Aunque Garzón se define como un “hombre de centro izquierda católico”, sería más preciso describirlo como un hombre políticamente ubicuo e ideológicamente ambiguo. Ubicuo, porque durante su intensa y extensa vida pública ha hecho gala de tal flexibilidad que ha pasado por todos los grupos y ha militado en todas las tendencias políticas, sin perder su discurso popular ni su propia identidad, con su acento inconfundible de hombre gentil y sencillo, matizado con cierto aire de cura de pueblo.

Desde la izquierda ortodoxa del partido comunista, pasando por la heterodoxa Alianza Democrática-M19 –como delegatario en la Asamblea Nacional Constituyente¬— hasta funcionario en los gobiernos irreconciliables de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, para culminar como vicepresidente de Santos. No tuvo ningún reato de conciencia ni de su fe de católico para apostar un día por la paz negociada, y al día siguiente representar a un gobierno que, negando la existencia del conflicto, llegó a acuerdos políticos con criminales de lesa humanidad.

Cuando estuvo de candidato a la Gobernación del Valle del Cauca, contó con el apoyo de Convergencia Ciudadana y de Juan Carlos Martínez Sinisterra, sin escrúpulos de orden ético (católico) o político (izquierda), y así sumó todos los apoyos que fueron necesarios para obtener la más alta votación alcanzada hasta la fecha por gobernador alguno.

Tales son su ubicuidad política y su ambigüedad ideológica, que el año pasado promovió al saliente gobernador del Valle, Francisco José Lourido, contra la aspiración del PIN de seguir usufructuando el botín departamental y ahora apoya al gobernador Héctor Fabio Useche, quien gobierna en nombre del PIN. Y como si esto fuera poco, ahora reniega del partido de la U, aunque en su nombre haya alcanzado y ejerza la Vicepresidencia de la República.

Quizá por todo lo anterior, Garzón esconde sus veleidades y su oportunismo político bajo la sigla de una enigmática corriente de opinión que denomina “centro independiente”, con la cual navega por las oscuras aguas del clientelismo y la burocracia.

Un discurso milagroso

Los anteriores malabarismos políticos e ideológicos le permiten estar en el centro de la vida pública, donde despliega un inteligente y sinuoso discurso, matizado de sentimientos morales y religiosos, con frecuentes alusiones al perdón, la gratitud, la reconciliación, la justicia social y el mismísimo Señor de los Milagros de Buga, a quien encomienda la suerte de su gestión y aspiraciones.

Ante semejante popurrí político-religioso y social fácilmente la audiencia se rinde y se adormece su espíritu crítico. Es así como en una extensa entrevista radial concedida a RCN, además de agradecer a Pastrana, Uribe, Santos y la Iglesia Católica las oportunidades que le han dado para desempeñarse en importantes cargos, se solidariza con la tragedia –son sus palabras-- de Tomás y Jerónimo por ser investigados judicialmente a raíz de sus negocios en la zona franca de Mosquera y sus dudosas relaciones con el Canoso, un destacado miembro de las AUC de la costa Caribe.

Frente a las investigaciones contra el gobernador Useche, responde que él no es un juez y presume su inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, pero a renglón seguido recuerda que conoció a su padre cuando era dirigente sindical en Bugalagrande, donde fue asesinado, e invoca entonces la calidad de víctima de la violencia para el actual gobernador Useche y la solidaridad con su gestión.

De esta forma Angelino ha forjado una imagen que le permite estar bien con casi todo el mundo, pero especialmente promover una aureola de hombre justo e imparcial (defensor por excelencia de los más humildes y su precario salario) capaz de conciliar los intereses más antagónicos para aspirar legítimamente a la dirección de la OIT, donde promoverá una “alianza de carácter tripartito con soporte de empresarios, trabajadores y gobiernos”, presentándose como el candidato de la región, pues su candidatura ha sido respaldada por los gobiernos de América Latina y el Caribe.

DE-LIBERACIÓN

(Enero 16 de 2012)

PARÁFRASIS POLÍTICAS

(Breves reflexiones sobre la actualidad política nacional e internacional)

Hernando Llano Ángel.

1- Entre los “Urabeños” y los “Uribeños” hay mucho más que una afinidad fonética. Existe una coincidencia estratégica: ambos creen que la fuerza y la violencia son la esencia de la política. Los “urabeños” cometen crímenes para alcanzar fines políticos. Los “uribeños” para eludir responsabilidades políticas. Por eso su jefe trina y clama para que sean bombardeados. Ironías del “posconflicto”.



2- La alquimia de la paz política, savia de la democracia, transmuta a los enemigos en adversarios. A partir de ese momento ya no se pretende doblegar al enemigo en un combate a muerte, sino más bien superar al adversario en un vital debate, donde ganan los votos y pierden las balas. Es la distancia entre las urnas y las tumbas, la confianza y el odio, que ni Santos ni las FARC parecen capaces de aminorar.

DE-LIBERACIÓN

(Exclusivo para revista EL CLAVO, edición 62, Dic 2011)

JUVENTUD, REBELDÍA Y POLÍTICA

Hernando Llano Ángel

No tiene mucho sentido hablar de la juventud en abstracto, sin tener en cuenta los ineludibles condicionamientos del tiempo y el espacio, aunados al género y la condición social. En nuestro caso, la ley 375 de 1977 encasilla la juventud entre los 14 y 26 años de edad, pero habría que intentar otros criterios para su comprensión y caracterización.

Uno de ellos es la rebeldía, como actitud de inconformidad y rechazo del mundo que se hereda de los adultos. Esa actitud permea todas las clases, géneros y etnias que cruzan a la juventud, al punto que incluso sobrepasa el criterio cronológico de la edad, pues aquel joven que vive por completo integrado e identificado con el estilo de vida, costumbres y valores de los adultos, queda inmediatamente por fuera de la “tribu” y se lo considera un desertor que ha ingresado prematuramente al bando de los “cuchos”. Sin duda, en todas las sociedades se percibe cierta hostilidad entre el mundo juvenil y el adulto. Por eso la juventud juega un papel crucial. Ella puede ser el relevo y la continuidad de un pasado vergonzoso o la superación del mismo, marcando así un nuevo comienzo y la construcción de una sociedad más amable y digna para todos sus miembros. Y es justo en esta tensión y coyuntura de transición donde los jóvenes se definen en relación con el segundo criterio mencionado, la política.

Al quedar los jóvenes situados en el terreno conflictivo de la política tienden a dividirse en varios bandos. En un extremo se agrupan los que radicalmente se oponen a lo existente y no ven otra opción que su destrucción o apropiación violenta contra aquellos que, situados en la otra orilla, por ser herederos o beneficiarios del presente, se preparan para su administración y defensa a muerte. Y en el medio queda una minoría que intenta su transformación y reforma gradual y la mayoría que se desentiende de la política por considerarla un juego sucio manchado de sangre, corrupción y desigualdades. Pero nadie puede escapar a las consecuencias de la política, sea joven o adulto, y menos en una sociedad como la nuestra, cruzada por un conflicto violento que tiende a polarizarla y dividirla en bandos irreconciliables. En tanto la juventud asume la vida con mayor intensidad, emotividad y pasión, cuando se compromete con la política lo hace por lo general en forma visceral e incondicional. El resultado de estas actitudes radicales y desesperadas, es la desaparición temprana y violenta de miles de jóvenes, paradójicamente por sus ansias de vivir y deseos incontenibles de un mejor presente. Son los jóvenes quienes mayor número de víctimas cobra nuestro conflicto armado y la llamada violencia social, justamente porque son quienes más aman la vida y no quieren esa muerte lenta, de todos los días, que administran resignadamente los adultos. Se convierten, entonces, en víctimas y verdugos de su propia generación. Terminan siendo guerreros implacables que no conocen ningún límite y mueren precozmente, apenas sin haber vivido. En algunas circunstancias actúan como rebeldes, en otras como contrarrevolucionarios o simplemente como sicarios. Pero en cualquiera de los roles que desempeñen, es claro que militan en las filas de la muerte, aquella que niega el presente de su juventud y el futuro de todos. En lugar de ser el eslabón de la vida, que articula las generaciones pasadas con las futuras, se convierten en piezas de una cadena que nos ata a todos a la violencia y la muerte. Ser lo uno o lo otro depende, en gran parte, de la forma como los mismos jóvenes asuman politicamente su inconformismo y rebeldía

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EL ESCABROSO HALLOWEEN ELECTORAL

(Octubre 30 de 2011)

Hernando Llano Ángel.

Quizá no sea una simple coincidencia que estas elecciones locales y regionales se realicen la víspera de la fiesta de Halloween, pues ellas han transcurrido como una auténtica mascarada democrática, en la que son complacidos y engañados como niños muchos ingenuos ciudadanos. Ciudadanos que votarán convencidos de haber elegido al mejor candidato, aunque sólo lo hayan hecho encantados por su traje de fantasía democrática. Estos comicios han estado rodeados de tantas y violentas irregularidades, que en lugar de ser un escenario para la deliberación y decisión sobre el ritual político más importante en una sociedad --elegir a quiénes tomarán las decisiones que nos afectan a todos-- se han convertido en un sangriento y cenagoso laberinto de denuncias, sindicaciones e investigaciones preliminares para evitar que los favorecidos resulten ser testaferros de la ilegalidad y el crimen.

Cada vez más nuestras elecciones derivan en un gran proceso judicial y sus protagonistas ya no son los candidatos sino la señora Fiscal General de la Nación, el Procurador General, el Director General de la Policía Nacional y hasta el mismo ministro del Interior o la política termina siendo desplazado por el ministro de Defensa. No por casualidad para garantizar su realización primero hay que movilizar a toda la Fuerza Pública en el “Plan democracia” y en segundo lugar convocar a los desilusionados y temerosos ciudadanos, reconociéndoles incentivos de una o media jornada laboral de descanso remunerado.

Para muchos candidatos estas elecciones se convirtieron en su última decisión vital, pues fueron asesinados en desarrollo de las mismas. Según las cifras oficiales del Ministerio del Interior en estos comicios han sido asesinados 26 candidatos y según la Misión de Observación Electoral (MOE) la cifra ya es de 41. En nuestro caso, la definición de democracia ya no es la célebre y mínima de James Bryce, “aquella forma de gobierno que permite contar cabezas en lugar de romperlas”, sino la trágica y cruel de una forma de gobierno que permite cortar cabezas y contarlas, aunque la cifra todavía sea motivo de controversia.

El aquelarre electoral

De otra parte, pareciera que muchos candidatos están más involucrados con el crimen que comprometidos con los ciudadanos. Por eso, en sus llamados a los electores insisten en que estos se “involucren en la política”, como si se tratara de una actividad criminal, en lugar de convocarlos a que se comprometan con el interés público. El lenguaje nunca es inocente y revela bien la identidad y las simpatías políticas de quien habla y escribe. Así quedó de presente, una vez más, en la importante entrevista que concedió ayer al diario El Tiempo el procurador general, Alejandro Ordoñez, advirtiendo que la “Corrupción electoral no tuvo freno”.

Entre otras cosas, señaló: “La mayor amenaza, y que echa un manto de dudas sobre nuestro sistema democrático, es la corrupción. Está desbordada”. Y ella se expresa en actividades como: “Los dineros que están detrás de muchas campañas provienen de actividades ilícitas. La trashumancia electoral (trasteo de votos) se incrementó en todo el país; hay 700 mil inscripciones de cédulas anuladas y los funcionarios públicos intervienen en política”. En cuanto a la causa de lo anterior, sentenció: “No nos digamos mentiras, los altos costos de estas (las campañas) son el escenario en el que mejor flotan todas las organizaciones al margen de la ley, llámense bacrim, guerrilla o autodefensas”. Pero también las campañas de los partidos y movimientos legales, en “un municipio de sexta categoría en el que el alcalde gana un poco más de dos millones de pesos. Esas campañas terminan costando más de 300 millones de pesos ¿Quién termina financiándolas? ¿A quién le interesa? Hay toda una amenaza que va desde los contratistas –ellos financian hoy para contratar mañana- hasta las organizaciones al margen de la ley”.

Procura decir la verdad

Sin embargo tal valor en la denuncia y lucidez en el diagnóstico sobre las causas de la corrupción política fue desvaneciéndose en sus siguientes respuestas. Cuando el periodista le pregunta sobre “¿Qué tanto han influido en las campañas los políticos presos?”, como es el caso del exsenador condenado Juan Carlos Martínez Sinisterra y sus espectrales salidas de la cárcel y giras electorales por el Valle del Cauca –propias de un penumbroso Halloween electoral, donde es imposible identificar el traje que oculta o representa tal personaje bajo siglas parecidas al triqui-triqui como son el PIN, MIO; AFROVIDES-- responde el procurador: “Eso lo deben contestar las autoridades carcelarias, Fiscalía y Policía, que son los que tienen mayores elementos de juicio y los instrumentos para realizar esos controles. Es indudable que muchos de ellos siguen teniendo liderazgo político y tomando decisiones”. A lo que habría que añadir, que también es indudable que la Procuraduría debería evitar que ello suceda, investigando rigurosamente a las autoridades judiciales y carcelarias que bajo coartadas sutilmente legales permiten que el crimen continúe siendo políticamente decisorio en estas elecciones. Pero es el mismo procurador Ordoñez quien se inhabilita política y éticamente para hacerlo, pues a la pregunta de “¿Cómo acabar con la corrupción política?”, responde: “La corrupción no es un problema de un gobierno, es de los resortes morales de la sociedad colombiana. No se puede politizar, no se puede decir que es producto del anterior gobierno, se tiene que desuribizar (sic). Hay que generar una nueva cultura”.

Procura no disfrazarte de filósofo moral

Ante semejante respuesta hay que aconsejarle al Procurador que no disfrace sus simpatías y afinidades políticas con sofismas sociológicos y morales para así diluir y excusar a Álvaro Uribe de su mayor responsabilidad histórica: degradar la política a una actividad proclive con la legitimación del crimen y la ilegalidad, siempre y cuando fuera efectiva contra la guerrilla, a través de leyes como la 975 (disfrazada de “Justicia y Paz”) que concedía el estatus de sediciosos, es decir delincuentes políticos, a criminales de lesa humanidad. Criminales que terminó extraditando a Estados Unidos para que no develarán en su totalidad los alcances de semejante entramado criminal con la política y la economía, no obstante el empeño de tantos en ocultarlo o justificarlo, empezando por el propio expresidente Uribe y todos los partidos de su coalición Ultramontana y conservadora, que hoy se disfrazan con el traje de la transparencia y la pulcritud para continuar gobernando en nombre de la “democracia, la moral y las buenas costumbres”.

No por casualidad el capital político y burocrático de Juan Carlos Martínez aumentó considerablemente durante la era Uribe, como el de tantos otros políticos que hoy respalda y aspiran a gobernar en Alcaldías, Gobernaciones, Concejos y Asambleas, transformando esta campaña en un aquelarre de disfraces de intereses clientelistas y ambiciones criminales, que se ocultan muy bien bajo el rostro de candidatos que supuestamente están más allá del bien y del mal. Tales son los casos de Enrique Peñalosa en Bogotá y Rodrigo Guerrero en Cali, que aceptaron el pesado lastre del respaldo del expresidente y de personajes que en anteriores elecciones fueron promotores, aliados o incluso correligionarios de Juan Carlos Martínez, como el propio Uribe en la burocracia nacional y Dilian Francisca Toro en el ámbito departamental e incluso el actual vicepresidente Angelino Garzón, quien contó con el apoyo de Martínez en su copiosa votación para la gobernación del Valle en el 2003.

Sin duda, la política nacional es un aquelarre de farsantes que hacen del maniqueísmo su principal táctica política, guiados por la criminal divisa del “enemigo de mi enemigo es mi (secreto mejor) amigo”, para coronar con éxito sus aspiraciones electorales. Contra sus simpatías políticas y personales, Ordoñez, ese otro artista del disfraz que oculta su posición política militante bajo un moralismo maniqueo, tiene toda la razón: “Hay que generar una nueva cultura”. Sí, la cultura de la coherencia entre la política y la ética del interés público, sin esguinces y con todo el rigor que ello demande, así implique votar en blanco o por aquellos que no tienen posibilidad alguna de triunfar porque han realizado una campaña política sin renunciar a sus principios y sin conciliar con el crimen y el clientelismo, que son la putrefacción institucional de la hoy santificada política de “prosperidad democrática".

DE-LIBERACIÓN

(Publicado en http://www.razonpublica.com/ Agosto 29 de 2011)

Impunity, la película de las víctimas

Hernando Llano Ángel

Las víctimas se hacen invisibles tras un semáforo para el citadino normal y ajetreado. Por eso es necesario mostrarlas crudamente, su vida, su verdad, su dignidad. Antes de que vuelva la lluvia y borre todo. Nuestra memoria es tan frágil y es tan selectiva…

Ver a los invisibles

La película Impunity, dirigida por Hollman Morris y Juan José Lozano, es mucho más que una galardonada obra cinematográfica. Ante todo es una obra de las víctimas, una conmovedora y contundente obra de vida, verdad y dignidad.

Una obra que revela y desvela la ignominia de la ley 975 de 2005, cuyo nombre oficial de “Ley de Justicia y Paz”, condensa el cinismo criminal de sus gestores: el gobierno presidido por Álvaro Uribe Vélez y sus mayorías en el Congreso.

Mediante esta ley pretendieron desmovilizar, procesar y condenar como sediciosos (delincuentes políticos) a criminales de lesa humanidad con penas entre 5 y máximo 8 años de prisión.

Pero esa estratagema de legitimación del crimen fue conjurada por la Corte Constitucional al declarar inexequible, por vicios de procedimiento, su artículo 71, que transmutaba en delincuentes políticos a criminales de lesa humanidad, siempre y cuando no se hubiesen dedicado en forma exclusiva al narcotráfico. En otras palabras, que sus organizaciones hubiesen lavado con sangre de campesinos inermes su blanca y cristalina actividad de exportadores de cocaína.

De vida y de verdad

Impunity es una obra de vida, porque no obstante documentar los miles de crímenes de lesa humanidad perpetrados por los grupos paramilitares, en escenas que superan la imaginación más dantesca y que denuncian la forma grotesca como transcurrieron las llamadas audiencias de versión libre de los comandantes paramilitares -al parecer diseñadas para burlar la verdad de las víctimas y afianzar las coartadas de los criminales

Al final de la película, en las retinas del espectador quedan grabados la dignidad y el dolor de los familiares de las víctimas, como una expresión superior de vida que se impone sobre las mentiras y el cinismo de los verdugos.

Es también una obra de verdad, porque revela que tras la maquinaria criminal del paramilitarismo y sus despiadados operarios hay algo mucho más cotidiano y estructural, que sobrevive impunemente a tan temibles como despreciables ejecutores.

Y ese algo es nuestra realidad política y económica, que se recubre y encubre con toda la parafernalia de una falsa institucionalidad democrática y el insaciable afán de lucro y depredación de sus conspicuos patrocinadores, que van desde el narcotraficante pura sangre, pasando por una extensa y mimetizada red de políticos regionales, hasta el idolatrado líder político, hacendado y empresario cuya noción de Patria se agota en la defensa del patrimonio privado, el estímulo a la inversión extranjera y una ubérrima “seguridad democrática”, sembrada sobre fosas comunes, miles de desaparecidos y cerca de dos mil “falsos positivos”.

Impunity nos revela esa verdad terrible y ordinaria de todos los días, que está frente a nuestros ojos, pero que la normalidad cotidiana de nuestras vidas nos impide ver: la de millones de desarraigados por la violencia degradada de un conflicto que no asumimos como propio y preferimos seguir viéndolo como una lucha entre “gobernantes y ciudadanos de bien” contra “terroristas desalmados”, que pronto terminará, porque hace ya varios años que estamos en “el comienzo del fin”.

En el comienzo del fin de un conflicto que empieza todos los días, porque millones de “ciudadanos de bien” tienen la buena e ingenua conciencia de creer que basta elegir a otros para que pongan fin a esta pesadilla, sin importar los métodos que utilicen, ni cómo lo hagan, pues lo urgente es vivir en paz, con seguridad y sin miedo, para así recibir más inversión extranjera y afianzar la “prosperidad democrática”.

Obra de dignidad

Creen, ingenuamente, que las víctimas dejan de existir definitivamente al ser arrojadas a los ríos o enterradas en fosas comunes, pero olvidan que tras cada crucificado hay un resucitado cuya dignidad sigue viva en la memoria inextinguible de sus deudos.

Por eso quienes hoy gobiernan pregonan a los cuatro vientos que ha llegado la hora de las víctimas. Y, en efecto, las víctimas siguen cayendo todos los días, en el campo y en las ciudades, porque nos acostumbramos a deambular entre la vida y la muerte, entre las tumbas y las urnas para proclamar orgullosos que vivimos en la democracia más estable y antigua de América Latina.

De esta forma, gracias a nuestra autocomplacencia e indolencia nos hemos convertido en cómplices inmejorables de la impunidad y en su consolidación institucional, desde la gloriosa fórmula del “Frente Nacional” que hoy parece tomar de nuevo cuerpo en la “Unidad Nacional”.

Más allá de Impunity

Por todo lo anterior, Impunity va mucho más allá de recuperar la vida, la verdad y la dignidad de todas las víctimas, pues también nos interpela sobre nuestra responsabilidad personal e indelegable por lo acontecido y lo que sigue sucediendo.

Porque mucho más grave que la impunidad judicial es la impunidad política y social, que tiene su origen en la confluencia de tres “íes” que se complementan: indiferencia, indolencia e insolidaridad:

• En la indiferencia de las mayorías, expresada en esa imperceptible pérdida de sensibilidad moral, que asiente frente al crimen de los inocentes, mirando para otro lado, y no repudia a sus verdugos.

• En la indolencia de nuestros éxitos personales, acompañada de la autocomplacencia.

• En la insolidaridad, que nos aísla en la seguridad y comodidad de nuestros propios intereses y en el refugio hogareño, ese oasis de paz y felicidad, a salvo de tan macabra realidad.

Verdugos transformados en víctimas

Pero esa impunidad se perpetúa también porque los llamados “ciudadanos de bien” votan ingenuamente en cada elección por todos aquellos candidatos que prometen paz, seguridad y lucha contra la corrupción, degradando así la política al arte de la manipulación del miedo y el combate maniqueo del bien –que supuestamente ellos encarnan-- contra el mal que representan todos sus adversarios, a quienes tildan de apátridas y terroristas.

Y cuando a dichos gobernantes del bien, la pulcritud y la “seguridad democrática” les llega la hora de responder ante la justicia, entonces se convierten en víctimas de venganzas criminales y no saben nada de aquello que hicieron sus subalternos, quienes obviamente fueron asaltados en su buena fe y son totalmente inocentes, “porque no se robaron ni un peso”, “ni ordenaron nada ilegal” y si se cometieron “falsos positivos” fue a “sus espaldas” (sic), pues ellos gobernaron “de frente y en forma transparente”.

Así se perpetúan impunemente los perpetradores de tanto crimen, pues ellos tienen la buena conciencia de haber gobernado con el respaldo mayoritario de los “ciudadanos de bien”, quienes por lo general votan siguiendo este implacable silogismo, consignado por Albert Camus en su Introducción del “Hombre Rebelde”:

“Pero a partir del momento en que por falta de carácter corre uno a darse una doctrina, desde el instante en que se razona el crimen, éste prolifera como la misma razón, toma todas las figuras del silogismo. Era solitario como el grito; helo ahí universal como la ciencia. Ayer juzgado, hoy legisla”.

Y todo parece indicar que entre nosotros el crimen continuará gobernando impunemente por muchos años más, pues sobran razones desde la derecha, el centro y la izquierda para seguir disparando, poco importa el número de víctimas que caigan.

Al fin de cuentas, ellas mueren en nombre de la “seguridad”, la “democracia” y hasta la “justicia”, como suelen argumentar con profunda convicción sus respectivos verdugos.

*

DE-LIBERACIÓN

(Julio 12 de 2011)

http://www.calicantopinion.blogspot.com

Cinco tesis contra la mitomanía constitucional.

Hernando Llano Ángel.

Con el propósito de incentivar el debate sobre el significado y la incidencia de la Constitución del 91 en el actual régimen político colombiano, van estas cinco controversiales tesis:

Primera tesis: El fracaso político. La Constitución del 91 es un fracaso político consumado, pues en lugar de ser “el tratado de paz duradero” que proclamó Cesar Gaviria hace 20 años, ella se transmutó en una declaratoria de “guerra integral” al autorizar el bombardeo del Secretariado de las FARC en “Casa Verde”, el mismo día en que elegíamos los delegatarios a la Asamblea (Diciembre 9 de 1990). Dicha declaratoria de “Guerra integral”, después de 20 años, ha convertido a Colombia en un campo de batalla profundamente degradado, como lo viven diariamente cerca de seis millones de colombianos desarraigados de su terruño. Quizá tratando de conjurar semejante escenario, los delegatarios aprobaron el artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, que condensa irónicamente el carácter nominal y retórico de nuestra Carta, transmitiendo así fielmente hasta nuestros días el nefasto proverbio colonial de “la ley se obedece pero no se cumple”.

Segunda tesis: El caballo de Troya. La Constitución del 91 es, ante todo, la expresión más paradójica de la crisis estructural de la política y de su legitimidad, minadas por el caballo de Troya del narcotráfico, cuya fuerza catalizadora de acontecimientos políticos tiene tal poder de descomposición y desestabilización del régimen que ha convertido las elecciones en una suerte de alianzas entre actores legales e ilegales y la gobernabilidad en un ejercicio de criminalidad más o menos impune, legitimado periódicamente por una población rehén de necesidades acuciantes (seguridad y paz) e ilusiones inaplazables (prosperidad y justicia) que se debate entre el miedo a la guerra y la esperanza de la paz. Con el magnicidio de Luis Carlos Galán, propició el nacimiento de la “séptima papeleta”, que a su vez desencadenó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Recientemente, mediante su alianza con cientos de políticos, dicho caballo de Troya engendró la “parapolítica”, que metamorfoseo el crimen en política, consolidó el éxito mediático de la “seguridad democrática” y contribuyó a la reelección de Uribe, además de acelerar la adicción progresiva de las FARC al narcotráfico y sus inciertas coaliciones actuales con las nuevas bandas criminales. En síntesis, politizó el narcotráfico y narcotizó la política, bajo espejismos gubernamentales como la “Política de sometimiento a la justicia”, el “Plan Colombia”, la “Seguridad democrática” y la fracasada ley de “Justicia y Paz”.

Tercera tesis: Sin Constitución Política. La Carta del 91 no es en la realidad social una Constitución Política en tanto ha sido incapaz de regular en forma legal y civilizada las dinámicas cambiantes del poder político y garantizar la vigencia de los derechos humanos . La Constitución ha quedado reducida a un campo de batalla donde actores legales e ilegales se disputan --sin límites éticos y normativos-- la vida, libertad y dignidad de la población civil, la cual ha sido convertida en una especie de masa de maniobra electoral y militar, convocada periódicamente a las urnas, a las que acude con desgano (más del 50% de abstención electoral), unas veces ilusionada por la paz y últimamente manipulada por el miedo a la inseguridad y aupada por sentimientos de revancha, codicia o igualdad social, bajo eufemismos de campañas políticas con consignas ganadoras como la “seguridad democrática” y la “prosperidad democrática”.

Cuarta tesis: La Constitución Nominal. La Carta del 91 es, entonces, fundamentalmente una Constitución Jurídica-Nominal, pues consagra y postula una amplia gama de derechos políticos, económicos, sociales, culturales y colectivos de la población, cuya vigencia todavía se proyecta como un deber social en un horizonte cada día más incierto y lejano. Por tanto, su dimensión es más nominal que realmente normativa, pues el Estado es incapaz de garantizar el goce real de tales derechos. Horizonte nominal que en forma denodada y casi heroica el poder judicial de las altas Cortes trata de convertir en realidad cotidiana ante la ausencia de actores políticos institucionales –partidos políticos, órganos de representación popular y autoridades democráticas— auténticamente comprometidos en su materialización social. Sin la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, hoy no tendríamos Estado, tampoco aplicación de políticas Sociales y menos aún vigencia del Derecho, que son los cimientos de un auténtico Estado Social de Derecho aún por construir. El actual Estado colombiano conserva cierta aura de legitimidad doméstica e internacional gracias a las elecciones, pero sobre todo a las providencias de la Corte Constitucional en defensa de la acción de tutela; la promoción de los derechos sociales de educación, salud y vivienda, y la exigencia de una vida digna para la población desplazada (Sentencia T-025); junto a las sentencias de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia depurando la política de criminales (parapolítica). No obstante lo anterior, dicho Estado es objeto de una tutela internacional creciente por sus omisiones o vulneraciones en la protección y vigencia de los derechos humanos del conjunto de la población, por lo cual ha sido condenado en más de 10 ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los últimos 20 años y está bajo la atenta mirada de la Corte Penal Internacional dada la impunidad generada por la mal llamada ley de “justicia y paz”.

Quinta tesis: El régimen electofáctico. Por todo lo anterior, con la Constitución del 91 no se instaura o consolida en la realidad social y la política colombiana la democracia y mucho menos el Estado Social de derecho, sino un régimen político electofáctico de carácter sincrético donde tras la mampara de las elecciones deciden los poderes de facto, sean estos los corporativos del mercado global legal (ayer “apertura económica” hoy TLC) o los ilegales del mercado criminal (narcotráfico, contrabando, carruseles de corrupción y lavado de activos), hábilmente legitimados por falsos discursos de seguridad y prosperidad democrática. Discursos y programas que canalizan la opinión ciudadana en las urnas y en muchas ocasiones su vida en las tumbas (trincheras, minas antipersona, fosas comunes, “falsos positivos”). Operación realizada combinando múltiples formas y tácticas de lucha, bien sea a través del clientelismo, la corrupción, la coacción violenta, la intervención gubernamental o el ilusionismo mediático del marketing electoral, para encauzar desde las necesidades más apremiantes de la población pobre y marginada (pan, empleo, salud y seguridad ), pasando por las esperanzas e ilusiones democráticas de sectores de la clase media citadina (legalidad, confianza y transparencia, movilidad, espacio público y recreación ), hasta la codicia rabiosa y revanchista de los defensores a ultranza del statu quo (“seguridad inversionista” y “derrota del terrorismo” ), legitimando así periódicamente con sus limitados votos (más del 50% de abstención electoral) dicho régimen electofáctico. Razón tenía don Miguel Samper cuando en el siglo XIX, a propósito de las Constituciones, escribió: “Al leer tantas Constituciones como las que se expiden en estas tierras, se nos ocurre que en vez de tantos libros consultados para elaborarlas, convendría empapelar los salones de las Cámaras con los cartelones en los que el Doctor Brandreth recomendaba sus píldoras con un aforismo tremendote: “Constitución es lo que constituye, y lo que constituye es la sangre”; sea la que se derrama a torrentes en la guerra, o la que queda en las venas de los señores que legislan, inficionada por los odios, la sed de venganza y la vanidad.” Miguel Samper (1867) en “La miseria en Bogotá. Selección de escritos de Miguel Samper”.

DE-LIBERACIÓN

(Mayo 16 de 2011)

Conflicto interno y corrupción semántica

(Publicado en razonpublica.com)

Poco a poco entra la luz en la caverna de la seguridad democrática: por haber negado el conflicto interno, el régimen uribista cayó en una espiral de corrupción criminal. Hasta los militares preferirían regirse por el Derecho Internacional Humanitario, en vez de ser instrumentos de una absurda cruzada contra el “terrorismo.

Hernando Llano Ángel*

Más que un juego de palabras

Una de las expresiones más graves y frecuentes de corrupción de la política es su degradación semántica. Esa vana pretensión de reducir la realidad a un juego de palabras. De ocultar los problemas reales bajo una frondosa retórica, que impide no sólo reconocer los orígenes de los conflictos y su evolución, sino sobre todo sus responsables históricos.

La más reciente expresión de esa tendencia es justamente la obstinación del expresidente Uribe en negar la existencia del conflicto armado interno en nuestro país, sobre el cual ha cabalgado exitosamente durante su ya larga carrera política, pese a la persistencia y degradación progresiva del mismo.

Las “Convivir”, el inicio

Desde la época en que fue gobernador de Antioquia (1995-1997), Uribe defendió y promovió en forma entusiasta las llamadas cooperativas de seguridad “Convivir” – eufemismo que ilustra bien la corrupción del lenguaje y la realidad política– y abogó por su dotación con armas de fuego de largo alcance, para enfrentar eficazmente a las guerrillas.

El legado de su mandato regional revela el “éxito” de dicha estrategia, alcanzado con el heroico concurso del general (r) Rito Alejo del Río, entonces comandante de la XVII Brigada en Urabá: en tres años, los grupos paramilitares asesinaron a 939 civiles, en un ascenso tenebroso que empezó con 143 en 1995, aumentó a 357 en 1996 y remató con 439 en 1997 .

Quizá por ello, en una nueva perversión del lenguaje, Uribe consagró a Rito Alejo del Río como “pacificador de Urabá”. Este militar y el general (r) Fernando Millán recibieron un fervoroso homenaje el 29 de abril de 1999 en el Hotel Tequendama, acto en el que Álvaro Uribe fue orador invitado, junto a Fernando Londoño Hoyos, oferente y orador principal.

El famoso “Manifiesto Democrático”

Pero es en su célebre, ya casi olvidado y extenso “Manifiesto Democrático” de 100 puntos en donde mejor se aprecia esa relación entre la sinuosidad maniquea del lenguaje uribista y la profunda corrupción de la política, como acontece en toda guerra, pues en ella se sacrifica la vida y se glorifica la muerte, sustituyendo las palabras por el odio y los acuerdos por la venganza.

 Allí encontramos algunos puntos tan reveladores como el 26, donde además de reconocer el conflicto, señala que al término de su mandato habrá una “Colombia sin guerrilla y sin paramilitares. La autoridad legítima del Estado protege a los ciudadanos y disuade a los violentos. Es la garantía de la seguridad ciudadana durante el conflicto y después de alcanzar la paz”.

 O el 31, donde propone una misión humanitaria de Naciones Unidas, porque “un conflicto de la magnitud del nuestro necesita de soluciones atípicas”.

 Sin embargo, dos puntos más adelante, para justificar la necesidad de un estatuto antiterrorista, consigna en el 33: “Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal”, anunciando premonitoriamente uno de los resultados más ignominiosos de su propia política de “seguridad democrática”: los llamados “falsos positivos”.

 Y para completar dicho cuadro de fatal y sangrienta ambigüedad, que reconoce el conflicto y a su vez lo caracteriza como terrorista, en el punto 41 concluye: “Soy amigo del diálogo con los violentos, pero no para que crezcan, sino para hacer la paz. Pediré mediación internacional para buscar el diálogo con los grupos violentos, siempre que empiece con abandono del terrorismo y cese de hostilidades” (énfasis añadidos).

“Seguridad democrática” y falsos positivos

Al comparar dichos puntos –que como vimos reconocen el conflicto y anuncian su superación– con los logros obtenidos por Uribe durante sus ocho años de administración bélico-maniquea, el balance no es sólo deplorable, sino revelador del grado de descomposición alcanzado por la política de “seguridad democrática”.

No tanto por no haber logrado su principal objetivo: “Colombia sin guerrilla y sin paramilitares”, sino sobre todo por la violación sistemática de los derechos humanos en nombre de una supuesta “seguridad democrática”, que al día de hoy arroja 1.119 víctimas, según el último informe del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP): “Falsos Positivos 2010: Clamor por la verdad y la justicia” .

Pero ya el mismo relator de las Naciones Unidas para la investigación de las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, había advertido en su informe rendido en mayo de 2010 sobre la corrupción semántica del término falsos positivos: “brinda una especie de aura técnica para describir una práctica que se caracteriza mejor como un asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio”.

Y concluía: “Mis investigaciones encontraron que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país”, resaltando además que “la inmensa mayoría de los paramilitares responsables de violaciones de los derechos humanos fueron desmovilizados sin ser investigados y muchos se beneficiaron de amnistías… Hoy, el fracaso del proceso de rendición de cuentas es claro ante el dramático aumento de los asesinatos por parte de grupos armados ilegales, compuestos en su mayoría por antiguos paramilitares”.

Macabras estadísticas

Por su parte, un reciente informe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz precisó que los 173.873 homicidios documentados corresponden a un periodo que abarca desde su entrada en funciones (2005) hasta el pasado 1° de diciembre de 2010. La misma dependencia de la Fiscalía indicó que avanza en las diligencias de confesión de 51.616 hechos por parte de postulados, en casos con 65.747 víctimas relacionadas.

El informe también indica que las confesiones de los paramilitares desmovilizados han permitido hallar 3.037 fosas comunes, donde fueron encontrados 3.678 cadáveres, de los cuales 1.323 han sido identificados de manera plena. Las familias han recibido ya los restos de 1.207 de ellos, según la misma fuente, que indicó que otros 748 tienen identificación preliminar y que se tiene pendiente la entrega de 116.

Los casos documentados y las confesiones también han permitido establecer la presunta vinculación de 429 políticos, 381 miembros de las fuerzas de seguridad y 155 funcionarios civiles, además de otras 7.067 particulares, según el mismo informe .

Lo dice el propio Ejército

Estas macabras estadísticas permiten entender por qué el punto 41 del Manifiesto Democrático es la quintaesencia de la corrupción de la política, pues a la mentira del “abandono del terrorismo y cese de hostilidades” de los paramilitares, se suma el crimen impune de miles de colombianos, precisamente por la negación del conflicto armado interno y su conversión en una “guerra contra el terrorismo”.

Hoy los más interesados en salir de esta absurda situación son los propios militares, como bien lo ha expresado el comandante del Ejército, mayor general Alejandro Navas Ramos: “Es la única manera que tenemos de ir al ataque contra las FARC: bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario” .

Razón tenía don Miguel de Unamuno cuando sentenció: “Es más fácil civilizar un militar, que desmilitarizar un civil.”

* Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Profesor Asociado en la Javeriana de Cali. Socio de la Fundación Foro por Colombia, Capítulo Valle del Cauca y publica en el blog: calicantopinion.blogspot.com.

DE-LIBERACIÓN

(Abril 30 de 2011)

http://www.calicantopinion.blogspot.com

El ilusionismo constitucional

Hernando Llano Ángel.

Ya se están celebrando los 20 años de existencia de nuestra Constitución, en forma por demás precipitada y entusiasta, pues ella fue promulgada simbólicamente el 4 de julio, fecha en la cual seguramente el gobierno nacional conmemorará con bombos y platillos su vigésimo aniversario. Desde su misma promulgación la Carta del 91 ha tenido una existencia más simbólica que real. Como se recordará, los delegatarios estamparon solemnemente sus firmas sobre un cartapacio de hojas en blanco, ya que su texto no alcanzó a estar completamente digitado y rigurosamente revisado por problemas de orden técnico en los computadores que entonces contenían los artículos debatidos y aprobados. Semejante impostura de los delegatarios, imbuidos de gloria y orgullo patriótico, le da un cierto aire macondiano a la pomposa ceremonia de promulgación. Pero también puede interpretarse esa simbólica promulgación como una infausta premonición de la suerte con que ha corrido la Carta del 91.

Una joven ultrajada y desfigurada

En sus veinte años, la Constitución ha padecido más cirugías que una joven vanidosa de nuestros días y por tratar de complacer a tantos y poderosos pretendientes, ha terminado casi completamente desfigurada e irreconocible. Sin duda, las más grotescas cirugías y deformaciones las padeció bajo el acoso implacable de un sátiro, disfrazado de estadista, que portando un traje estrafalario que él mismo confeccionó y denominó “seguridad democrática”, abusó de ella en dos ocasiones y estuvo a punto de ultrajarla por una tercera ocasión, de no salir en su defensa la Corte Constitucional.

Las cicatrices de este periodo relucen hoy como una infamia (miles de “falsos positivos”, “chuzadas”, “Agro Ingreso Seguro”, falsas desmovilizaciones y Bacrim en auge…) así se haya condenado a dos de sus más torpes paramédicos reformadores: Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, pero los cirujanos mayores y responsables del atroz “articulito” continúan ejerciendo en la impunidad. Pero se debe reconocer que gran parte de ese selecto grupo de Congresistas uribistas, que bien podríamos denominar paramédicos, pues contribuyeron a reformar el impúdico articulito de la Carta --así como un equipo de cirujanos remueve tejido adiposo a una joven menor de edad-- hoy se encuentran en la cárcel por sus criminales alianzas con los paramilitares. Tal ha sido el sino trágico de esta joven de 20 años, que desde su misma concepción fue producto de las estratagemas más violentas y criminales del narcoterrorismo bajo la dirección de Pablo Escobar, las cuales sólo cesaron transitoriamente al coronar en el artículo 35 de la Carta su máxima aspiración: “Se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento”.

En el principio, fue el crimen

Y no el verbo, pues lo que desató el proceso constituyente fue el magnicidio de Luis Carlos Galán, que dio origen a la mayor ilusión que toda una generación haya concebido en medio del repudio y su hastío contra la violencia: la célebre séptima papeleta. De alguna manera y en forma paradójica dicha papeleta logró el milagro de transubstanciar el crimen del narcotráfico en decisión política, gracias al ilusionismo constituyente de una voluntad ciudadana cautivada por el espejismo de la paz y una utópica democracia participativa, que veinte años después sabemos que están más lejanas que El Dorado.

De entonces para acá, la historia es cruel y bien conocida, en lugar de paz tenemos la mayor crisis humanitaria del continente, con un número de víctimas desarraigadas de su terruño que supera ya los 4 millones de compatriotas; en vez de reordenamiento territorial y descentralización, tenemos más de seis millones de hectáreas despojadas a campesinos por la acción conjunta del narcoparamilitarismo, los megaproyectos económicos y agroindustriales, sumados a la acción depredadora del narcotráfico y la guerrilla. Por todo lo anterior, más que ilusionismo constitucional es cinismo político proclamar que vivimos bajo un Estado social de derecho, pues la misma Corte Constitucional en su famosa sentencia T-025, que demanda al Gobierno Nacional la protección de los millones de desplazados, ha señalado que vivimos bajo un “estado de cosas inconstitucional”.

Ante este panorama, sería mejor recordar a los apologistas de esa joven de 20 años, tan ultrajada y violada, el lapidario y contundente artículo de la Asamblea Constituyente de la revolución francesa que advierte: “Una sociedad donde no existe la plena separación de las ramas del poder público y los derechos fundamentales de la población no están garantizados, no tiene Constitución”. Por ello, incluso podría afirmarse, pese a la nobleza y generosidad del articulado de la Carta del 91 y de los beneficios de la aplicación de la acción de tutela para cientos de miles de ciudadanos, que con ella se inicia una nueva fase de nuestra cruenta historia constitucional en virtud de la cual el crimen se politiza y hasta se constitucionaliza (artículo 35) y a su vez la política se criminaliza y también se constitucionaliza, como lo demuestra la famosa reelección presidencial inmediata hoy vigente. Todo ello, claro está, sin violar ni mancillar a esa cortejada joven de 20 años, que será objeto de muchas y hermosas celebraciones durante este 2011, así ella no esté muy feliz de seguir con vida y no pueda cantar que “veinte años no es nada”.

DE-LIBERACIÓN

(http://www.calicantopinion.blogspot.com)

Marzo 27 de 2011

Por una Javeriana deliberante

Hernando Llano Ángel

Es inconcebible una universidad sin deliberación, pues no tendría ninguna razón de existir, en tanto el conocimiento siempre es una verdad en cuestión, provisional, sometida a la implacable prueba de su validez fáctica, vital y social, como al escrutinio incesante de la crítica liberadora de prejuicios y errores, la investigación rigurosa y la controversia académica y pública, ajena a censuras y vetos.

Con mayor razón la deliberación es consubstancial en una Universidad regentada por los jesuitas, que han convertido el discernimiento ignaciano en su fuente de inspiración pedagógica y de formación espiritual. Tanto deliberar como discernir tienen en común la apertura a la argumentación y la superación de todo dogmatismo, pues son actividades que no rinden culto a la verdad como un producto de intangible y de sacra infalibilidad, sino más bien como el resultado de parciales y limitados esfuerzos humanos por acertar en la explicación, comprensión, predicción y transformación de la realidad, siempre en busca del Magis, de lo mejor en todos los ámbitos de la existencia. Desde los ámbitos más profanos y seculares, como pueden ser las ciencias naturales, hasta los más metafísicos y espirituales, la filosofía y la teología, pasando por los demasiado humanos, contingentes e impredecibles, como las ciencias sociales. Afortunadamente todos ellos ya están presentes en diversas carreras en la Javeriana de Cali y se expresan en la realización de numerosos eventos, como dos que tendrán lugar la próxima semana en nuestro campus, los cuales reflejan cabalmente el sentido de la deliberación y el discernimiento.

El primero de ellos sobre el movimiento social y político más dinámico y telúrico de nuestra realidad política, asediado por actores violentos ilegales, paraestatales e institucionales, como es el movimiento indígena, que se encuentra en una encrucijada de carácter histórico. Por ello su título es muy sugerente: “El movimiento indígena colombiano: ¿Abandonando la doble vía de la integración y la resistencia?” y tendrá lugar en el Auditorio Central de la Universidad de dos a las cinco de la tarde, mañana lunes 28 de marzo de 2011. Contará con la participación de protagonistas y líderes de sus recientes gestas y contradicciones, como Gilberto Yafué, Consejero mayor del CRIC; Ana Silvia Secue y Rogelio Yonda, líderes de la OPIC y el Ex Senador Jesús Piñacué. El aporte académico e investigativo estará a cargo del profesor e investigador Juan Guillermo Ferro, de la Javeriana de Bogotá, y del profesor Carlos Andrés Ramírez por nuestra universidad, que presentará avances de su investigación sobre el movimiento indígena bajo las administraciones de Álvaro Uribe Vélez. Sin duda, será una jornada de intensa deliberación, sin veto alguno a ninguna voz, por disonante o impostora que ella parezca, pues sólo así se podrá avanzar en la superación política de las amenazas fatales que hoy se ciernen sobre los indígenas y el campo colombiano.

Dicho evento se realiza en el marco de la celebración de los 10 años de la Carrera de Ciencia Política y es convocado con el apoyo del Departamento de Ciencia Jurídica y Política, el Posgrado en Cultura de Paz y DIH y el recién fundado Centro de Estudios Interculturales.

El segundo evento es todavía más significativo del espíritu deliberante en la Javeriana, pues promueve un reflexión interdisciplinaria entre la medicina, la psicología y la teología, con el telón de fondo de la ética, bajo el llamativo título de: “Espiritualidad y conciencia, ¿Tienen cabida en la medicina actual?, convocado por la Junta Médica y el Centro de Investigación Científica Caucaseco, el próximo jueves 31 de marzo en el Auditorio Los Almendros de siete a nueve de la noche.

Estos eventos dan continuidad a una intensa programación de foros, actos literarios y académicos llevada a cabo durante este mes, entre los que destacan la presentación del libro “Antología de Notas Ligeras colombianas”, con la participación de sus editores: Maryluz Vallejo y Daniel Samper Pizano, que sirvió de pretexto para un justo homenaje al periodista vallecaucano Álvaro Bejarano. Por la universidad, fue muy acertada y amena la presentación del libro que realizó el profesor Jorge Manrique, así como la coordinación del evento por parte de la directora de la carrera de Comunicación, Mónica Marión Cataño, que permitió una amplia participación y deliberación de los estudiantes y docentes que tuvimos la fortuna de asistir.

Lamentablemente no aconteció lo mismo en el evento sobre “Comunicación, Política y Democracia” que tuvo como protagonista e invitado especial al actual embajador de Colombia ante la Santa Sede, el periodista César Mauricio Velásquez, Ex Secretario de prensa de la Presidencia de la República de Álvaro Uribe, en su segundo período. También participaron el profesor Luis Alejandro Arévalo, Director de la Carrera de Ciencia Política y Coordinador de la Especialización en Cultura de Paz y DIH, junto al profesor Víctor Hugo Valencia de la Carrera de Comunicación. Pero no hubo espacio para la participación y la deliberación de los asistentes porque el formato de formular preguntas escritas lo impidió, ya que el invitado eludió respuestas precisas a varias de las formuladas, como aquella relacionada con su insólita apreciación de que la revelación de cables de Wikileaks es una amenaza a la democracia y la diplomacia internacional. También ignoró en lo esencial las intervenciones de los profesores, que prepararon en forma crítica y académica sus puntos de vista sobre tan compleja trilogía, los cuales contrastaron con el recuento puramente formal y plagado de lugares comunes sobre la historia de la prensa en Colombia que realizó el embajador.

No deja de ser una amarga ironía que en un evento académico sobre “Comunicación, Política y Democracia” se haya optado por un formato que impidió escuchar las voces de los asistentes y por lo tanto también negó el sentido del mismo, pues no fue posible la comunicación, mucho menos la política para no hablar de la democracia. Pero sin proponérselo los convocantes, temerosos de eventuales ofensas al invitado que circularon por Internet el día anterior, el evento terminó siendo la mejor puesta en escena de su cuestionable gestión como Secretario de Prensa de Uribe (que no de la Presidencia de la República), donde no hubo comunicación, ni política, ni democracia, sino más bien desinformación, partes de guerra y delitocracia o cacocracia, como hoy se está revelando ante la opinión pública, no solamente por los cables de Wikileaks, sino incluso por boca de sus mismos protagonistas y funcionarios públicos.

Pero sin duda, el evento que mejor encarnó el espíritu de deliberación, investigación y crítica alternativa, rasgos inherentes a una auténtica universidad, fue la conferencia del profesor Bruce Beagly de la Universidad de Miami sobre “Relaciones Estados Unidos y Colombia. Política antinarcóticos. Balance y perspectivas”, invitado especial en el marco de la celebración de los 10 años de la Carrera de Ciencia Política, donde hubo suficiente tiempo y disposición para debatir su demoledora crítica al prohibicionismo y sus nulos efectos en la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

También hay que celebrar y destacar como el espíritu de deliberación de la Javeriana se viene proyectando eficazmente en el contexto regional, con una serie de eventos realizados hasta la fecha sobre problemáticas políticas y sociales que ha promovido “Deliberaciones Universitarias”, bajo la dirección del Rector, padre Jorge Humberto Peláez Piedrahita S, J y la eficiente gerencia de Claudia Mora, que próximamente realizará una nueva jornada en Buga sobre el crucial tema de la Gobernabilidad y la crisis de liderazgo político en nuestro departamento. Mención especial merece el esfuerzo promovido desde la Vicerrectoría Académica y la oficina de Gestión Profesoral, bajo la coordinación de los profesores Santiago Lleras y Alfredo González, del espacio “Café Maestro”, que logra una síntesis extraordinaria del cine, la música, la tertulia y la pedagogía, en encuentros mensuales donde gozosa y lamentablemente, por ahora, coincidimos un grupo pequeño de colegas.

Tal espíritu deliberante también viene proyectándose desde hace más de dos años al interior del Departamento de Ciencia Jurídica y Política en su “Seminario Permanente de investigación”, donde sus docentes cada mes presentan el avance o los resultados de sus investigaciones. Este jueves 31 lo hará el profesor Néstor Raúl Arturo con una ponencia sobre “La Justicia entre acusaciones y justificaciones. La justicia restaurativa en ambientes carcelarios”. Y para continuar emulando y extendiendo dicho espíritu en toda la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, ahora se suma el Conversatorio de profesores de Humanidades “Me pica la lengua”, promovido por su director, Manuel Sevilla y la profesor Sua Dabeida Baquero, que ya tiene una programación desde marzo 30 hasta junio 22, empezando esta semana la profesora Luz Adriana López con “La poética del personaje trágico”, tesis laureada en la Maestría de Filosofía en la Universidad del Valle, recientemente culminada.

Como un paso más para la ampliación de la deliberación en todos los ámbitos de la Javeriana, un grupo de profesores del Departamento de Ciencia Jurídica y Política, próximamente vamos a convocar cada mes a toda la comunidad universitaria a un espacio amplio, plural e informal sobre problemáticas coyunturales de orden internacional y nacional que a todos nos conmueven e interesan, bajo el nombre de “Hablemos de Coyuntura”, que esperamos cuente con amplia acogida. Será un espacio para la deliberación, sin la trascendencia y la formalidad de un seminario de investigación, pero sin la frivolidad y la banalidad de una charla de cafetería, donde los interesados podrán tomar la palabra y exponer en forma argumentada lo que piensan sobre la problemática seleccionada. La primera sesión será el próximo mes de abril y tratará sobre ¿Qué esta pasando en el norte de África?