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Más allá del ‘tarimazo’
El ‘tarimazo’ de Petro en Medellín fue un evento
escandaloso porque revela la médula oculta de nuestras instituciones, la
simbiosis de nuestro Estado y la mayoría de sus instituciones con la violencia,
el crimen y su contemporización con la ilegalidad
Gustavo
Petro, hablando durante un acto público este sábado, en Medellín, el 21 de
junio de 2025.Presidencia de Colombia
(EFE)
Copiar
enlace: https://elpais.com/america-colombia/2025-06-30/mas-alla-del-tarimazo.html#_edn20
El
evento realizado por el presidente Gustavo Petro en Medellín en
desarrollo de su controvertida política de paz total, específicamente su
componente de Paz Urbana, con presencia en la tarima de nueve peligrosos jefes
de bandas criminales judicializados, ha sido objeto de críticas unánimes por
todo el establecimiento político y gremial. Empezando, obviamente por el
alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, continuando con el
gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, los expresidentes Uribe y
Santos y la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz. Todos a una lo condenaron
por ser una afrenta a las víctimas, la dignidad de la justicia y, sobre todo,
la deslegitimación de las instituciones democráticas. Resulta, pues, un evento
escandaloso porque revela a la luz pública, una vez más, la médula oculta de
nuestras instituciones políticas. Y esa médula no es otra cosa que la simbiosis
histórica de nuestro Estado y la mayoría de sus instituciones con la violencia,
el crimen y su contemporización con la ilegalidad, al menos desde la
promulgación de la Constitución de 1991.
Un pecado original
y capital constituyente
Podría
decirse que nuestras alabadas y veneradas instituciones políticas nacieron con
un pecado original y capital constituyente, todavía irredimible, pues para
neutralizar el narcoterrorismo de Pablo Escobar y lograr su entrega a la
justicia, la Asamblea aprobó el artículo 35 (ya derogado), que prohibía la
extradición de colombianos por nacimiento. Fue un acuerdo tácito entre el
Ejecutivo y la mayoría de los delegatorios de la Constituyente, ante la
incapacidad de los organismos de inteligencia, investigación y militares del
Estado para capturarlo y desmantelar su terrible banda, Los Extraditables. En
semejante encrucijada, la Asamblea aprobó la prohibición de la extradición de
colombianos por nacimiento.
Fue
una decisión que mezcló el pragmatismo político y la contemporización con el
crimen, comprensible por esa debilidad punitiva y militar del Estado.
Obviamente, ese acuerdo político tenía que darse detrás de la tarima, tras
bambalinas. No podía exhibirse y menos conocerse la forma cómo sucedió, pues su
ilegitimidad no soportaría la luz de lo público. Valdría la pena que algún día
conociéramos esos secretos de Estado y nos fueran revelados por sus máximos
responsables, que hoy son adalides inclaudicables de la absoluta transparencia
del Gobierno en todos los asuntos públicos y se rasgan las vestiduras por lo
sucedido en la tarima de Alpujarra.
En
ese entonces, todos los colombianos asistimos a una puesta en escena casi
surrealista, que bien podría haber sido concebida y filmada por Luis Buñuel con
libreto de García Márquez. Hay que recordar que la entrega de Pablo Escobar fue
mediada y anunciada por el padre Rafael García Herreros en el programa decano
de nuestra televisión nacional, El minuto de Dios, convocándolo frente a las cámaras a un encuentro en las playas de
Coveñas. Ni más ni menos que el encuentro del pastor con el criminal
más sangriento y despiadado de entonces, cuya falsa conversión le permitió
seguir delinquiendo desde su cárcel-catedral durante
13 meses, sin que todavía sepamos porqué el presidente Gaviria solo
se dio cuenta de ello tan tarde y entonces el capo pudo abandonar caminando,
plácidamente, su catedral de impunidad.
Una
institucionalidad narcopolítica y necropolítica
La
pregunta obvia es: ¿Qué tipo de instituciones fueron esas que comprometieron el
Estado y la misma Asamblea Nacional Constituyente con la entrega del más
sangriento capo a cambio de su no extradición? Que, además, le permitieron el
diseño de su propia “catedral” y posterior fuga. Y, por último, que para poder
darlo de baja terminaron siendo complacientes y quizá hasta cómplices con el
grupo criminal los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar), sus enemigos y
competidores del cartel de Cali, los hermanos Rodríguez, junto al Bloque de
Búsqueda y la DEA.
Desde
luego, no fueron instituciones respetables y menos democráticas. Fueron
instituciones coaccionadas y funcionales con el crimen, la violencia y la
impunidad. Hoy ya está plenamente establecido que los magnicidios de Galán,
Jaramillo y Pizarro fueron posibles por esa simbiosis letal del narcotráfico con la política y
varias agencias de inteligencia del Estado, que sirvieron de mampara para
perpetrar el magnicidio Galán, y posteriormente los de Jaramillo y Pizarro.
Pero todavía más grave es que esa matriz institucional se haya prolongado y
camuflado bajo una densa hojarasca legal que creó un entramado de criminalidad
sistémico con diversos poderes de facto, desde respetables
empresarios agroindustriales hasta emprendedores narcotraficantes, a través de
organizaciones privadas como las cooperativas de seguridad rural, más conocidas
como “Convivir”, creadas por el entonces presidente César Gaviria mediante el
Decreto Ley 356 de 1994 e impulsadas con ahínco por el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.
Cooperativas
legales que sirvieron de incubadoras de numerosos grupos paramilitares que
terminaron conformando la criminal federación de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) y desolaron el campo con sus masacres y fosas comunes. Así se
formó y consolidó este entramado de instituciones necropolíticas o
tanatopolíticas, cuyo legado son millones de víctimas irredentas y de
victimarios impunes que hoy se disputan este espectral espacio político
institucional y se escandalizan por la impudicia política del presidente Petro
en la Alpujarra.
Petro, un impúdico
gobernante
Sin
duda, el presidente Petro cometió un acto de impudicia política al llevar nueve
temibles y condenados jefes de bandas criminales a su tarima en la Alpujarra,
en el contexto de su temeraria e incierta política de paz urbana, que aún
carece de un marco legal para garantizar el sometimiento efectivo de dichas
bandas y su desmantelamiento definitivo. Un experimento que tiene el nefasto
antecedente de la llamada política de “sometimiento a la justicia” del
expresidente Gaviria que, a la postre, terminó sometiendo la justicia a las
dinámicas del crimen, siendo precisamente las Convivir un eslabón clave de esa
deriva narcopolítica y necropolítica de nuestras instituciones políticas
fusionadas con el crimen y la ilegalidad. Deriva que ha tenido las más
inverosímiles mutaciones y coaliciones políticas y tuvo un momento estelar
cuando el entonces presidente Uribe permitió la presencia de tres de los
máximos comandantes paramilitares de las AUC en el Congreso de la
República: Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza,
aún sin estar desmovilizados, para que Mancuso en junio de 2004 ambientara en
un histórico y elocuente discurso la posterior ley 975 de 2005, oficialmente
denominada de “Justicia y Paz”. Pero la verdad es que esa institucionalización
necropolítica se había venido consolidando desde la crisis generada por
el Proceso 8.000 con Samper, pasando por la narcoparapolítica que
respaldó a Uribe, la Ñeñepolítica de Duque y hoy la presunta
financiación ilegal y violación de topes de la campaña presidencial de Petro.
La peor mutación
necropolítica
Sin
embargo, es en estos últimos años cuando se ha generado la más temible y
degradada de todas las mutaciones, como es la simbiosis letal de organizaciones
supuestamente insurgentes con las economías ilegales, que se disputan a muerte
con bandas y bandolas del narcotráfico nacional e internacional el control de
vastos territorios y numerosas poblaciones rurales, hoy sometidas a frecuentes
“paros armados”, el confinamiento y el asesinato sistemático de sus líderes
sociales. Tal es el entramado real de esa parafernalia de instituciones
políticas que hoy el establishment llama a defender, una institucionalidad
necropolítica, sustentada y arraigada en poderosas economías ilegales cuyos
vasos comunicantes con la economía legal son complejos, densos, turbios y
forman una especie de rizoma indescifrable, casi imposible de erradicar. Un
rizoma necropolítico que en cada elección nacional para Congreso y Presidencia
define quiénes gobiernan, cómo gobiernan y a favor de quiénes. Y ello seguirá
siendo así en tanto para ganar las elecciones los candidatos tengan que contar
con miles de millones de pesos a su disposición, generosamente aportados por
financiadores legales, como Odebrecht en los casos de Juan Manuel Santos y el
derrotado Iván Zuluaga, o ilegales como en el 8.000 de
Samper o la difusa Ñeñepolítica de Duque. No por casualidad
las campañas presidenciales de Samper, Santos, Zuluaga, Duque fueron
investigadas por el Consejo Nacional Electoral. Investigación que, en el caso
del actual presidente, según reciente fallo de tutela de la Corte
Constitucional, deberá ser enviada a la Comisión de Acusación de la Cámara de
Representantes.
¡Que vivan las
elecciones!
Por
eso todos y todas las numerosas precandidaturas, líderes políticos y gremiales,
altos dignatarios de las ramas del poder público, órganos de control, medios de
comunicación masivos y sus autorizados analistas “deformadores” de opinión
coinciden unánimemente en que hay que salvaguardar la transparencia, en
realidad opacidad, del próximo proceso electoral. Porque la opacidad financiera
en que siempre se han desarrollado las elecciones ha sido y es la savia de esa
institucionalidad necropolítica y gracias a ellas se reviste Colombia
periódicamente con los falsos oropeles de la “democracia más estable y profunda
de América Latina”. Es tal la solidez de ese fariseísmo y narcisismo
institucional colombiano que todavía oculta con éxito la mayor crisis
humanitaria de todo el continente, expresada en estas macabras cifras del
Informe Final de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la
Convivencia y la No repetición[xx]: “450.664 personas perdieron la vida a
causa del conflicto armado entre 1985 y 2018. Si se tiene en cuenta el
subregistro, la estimación del universo de homicidios puede llegar a 800.000
víctimas. Principales responsables de homicidios: Grupos paramilitares: 205.028
víctimas (45 %), Grupos guerrilleros: 122.813 víctimas (27 %). Del porcentaje
de guerrillas, el 21 % corresponde a las FARC-EP (96.952 víctimas), el 4 % al
ELN (17.725 víctimas) y el 2 % a otras guerrillas (8.496 víctimas). Agentes
estatales: 56.094 víctimas (12 %)”. Cifras que superan con creces
las víctimas mortales de todas las dictaduras del Cono Sur y que confrontan
dolorosamente el fariseísmo y el narcisismo institucional de la mayoría de
quienes hoy defienden esta “democracia”, pero en realidad piensan solo en
asegurar sus curules en el Congreso y contemporizar desde la Casa de Nariño con
semejante orden necropolítico.
Más allá de las
elecciones y ‘tarimazos’
Mientras
no seamos capaces de esclarecer y superar esa realidad electofáctica y
necropolítica que rige nuestras instituciones y transformarlas en una auténtica
democracia con instituciones políticas biofílicas, en función de la ciudadanía, promotoras de la
equidad social y de la vida en todas sus dimensiones, seguiremos perpetuando
por más de 100 años esta sangrienta realidad y nunca será posible la
convivencia entre todos y todas con la naturaleza. ¿Será este un tema de debate
en las próximas elecciones? ¿Habrá alguna candidatura o coalición que proponga
la regulación legal del cultivo y la transformación industrial y farmacéutica de
la maravillosa y portentosa Mama Coca? ¿Habrá alguna candidatura que desafié
tanto fariseísmo y narcisismo institucional, sin incurrir en la impostura de
programas gubernamentales irrealizables en cuatro años, como “Colombia potencia
mundial de la vida” y la “Paz Total”? En fin, ¿será posible que la Carta del 91
deje de ser un comodín al servicio de la necropolítica y empiece a ser un
Estado Social de derecho con instituciones biofílicas, promotoras de la vida política,
social y ambiental de todos en Colombia? Solo entonces sabremos de verdad qué
es convivir democráticamente y saldremos de este laberinto mortal de
instituciones tanáticas en que estamos atrapados y extraviados desde nuestra
cuna hasta la tumba. Instituciones que han arrebato la vida durante este año a
más de 70 líderes sociales y tiene en vilo la del precandidato presidencial
Miguel Uribe Turbay. Por eso carece de sentido llamar a defender las actuales
instituciones y quienes lo hacen en nombre de la democracia no son más que
fariseos y narcisos, solo empeñados en la conservación de este orden
necropolítico en función de recortados intereses, donde ya es casi imposible
discernir entre lo legal y lo ilegal; lo legítimo de lo ilegítimo, como en tantos
episodios de la vida nacional, siendo la tarima el más reciente. Por eso es
imperioso ir más allá de las elecciones y los tarimazos.
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