MÁS ALLA DEL “TARIMAZO”
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Hernando Llano
Ángel.
El evento realizado por el
presidente Petro en Medellín en desarrollo de su controvertida política de Paz
Total, específicamente su componente de Paz Urbana, con presencia en la tarima[i] de
nueve peligrosos jefes de bandas criminales judicializados, ha sido objeto de
críticas unánimes por todo el establecimiento político y gremial. Empezando,
obviamente por el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, continuando con el
gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, los expresidentes Uribe y
Santos y la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz. Todos a una lo condenaron
por ser una afrenta a las víctimas, la dignidad de la justicia y, sobre todo,
la deslegitimación de las instituciones democráticas. Resulta, pues, un evento
escandaloso porque revela a la luz pública, una vez más, la médula oculta de
nuestras instituciones políticas. Y esa médula no es otra cosa que la simbiosis
histórica de nuestro Estado y la mayoría de sus instituciones con la violencia,
el crimen y su contemporización con la ilegalidad, al menos desde la
promulgación de la Constitución de 1991.
Un pecado original y capital constituyente
Podría decirse que nuestras
alabadas y veneradas instituciones políticas nacieron con un pecado original y capital
constituyente, todavía irredimible, pues para neutralizar el narcoterrorismo de
Pablo Escobar y lograr su entrega a la justicia, la Asamblea aprobó el artículo
35 (ya derogado), que prohibía la extradición de colombianos por nacimiento. Fue
un acuerdo tácito entre el Ejecutivo y la mayoría de los delegatorios de la
Constituyente, ante la incapacidad de los organismos de inteligencia,
investigación y militares del Estado para capturarlo y desmantelar su terrible
banda de Extraditables. En semejante encrucijada, la Asamblea aprobó la prohibición
de la extradición de colombianos por nacimiento. Fue una decisión que mezcló el
pragmatismo político y la contemporización con el crimen, comprensible por esa
debilidad punitiva y militar del Estado. Obviamente, ese acuerdo político tenía
que darse detrás de la tarima, tras bambalinas. No podía exhibirse y menos
conocerse la forma cómo sucedió, pues su ilegitimidad no soportaría la luz de
lo público. Valdría la pena que algún día conociéramos esos secretos de Estado
y nos fueran revelados por sus máximos responsables, que hoy son adalides inclaudicables
de la absoluta transparencia del gobierno en todos los asuntos públicos y se
rasgan las vestiduras por lo sucedido en la tarima de Alpujarra. En ese
entonces, todos los colombianos asistimos a una puesta en escena casi
surrealista, que bien podría haber sido concebida y filmada por Luis Buñuel con
libreto de García Márquez. Hay que recordar que la entrega de Pablo Escobar fue
mediada y anunciada por el padre Rafael García Herreros en el programa decano
de nuestra televisión nacional, “El minuto de Dios”, convocándolo
frente a las cámaras a un encuentro en las playas de Coveñas[ii]. Ni
más ni menos que el encuentro del Pastor con el criminal más sangriento y
despiadado de entonces, cuya falsa conversión le permitió seguir delinquiendo
desde su cárcel-catedral durante 13 meses[iii],
sin que todavía sepamos porqué el presidente Gaviria solo se dio cuenta de ello
tan tarde y entonces el capo pudo abandonar caminando, plácidamente, su
catedral de impunidad.
Una institucionalidad narcopolítica y necropolítica
La pregunta obvia, es ¿Qué tipo
de instituciones fueron esas que comprometieron el Estado y la misma Asamblea
Nacional Constituyente con la entrega del más sangriento capo a cambio de su no
extradición? Que, además, le permitieron
el diseño de su propia “catedral” y posterior fuga. Y, por último, que para
poder darlo de baja terminaron siendo complacientes y quizá hasta cómplices con
el grupo criminal los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar)[iv],
sus enemigos y competidores del cartel de Cali, los hermanos Rodríguez, junto al
Bloque de Búsqueda y la DEA. Desde luego, no fueron instituciones respetables y
menos democráticas. Fueron instituciones coaccionadas y funcionales con el
crimen, la violencia y la impunidad. Hoy ya está plenamente establecido que los
magnicidios de Galán, Jaramillo y Pizarro fueron posibles por esa simbiosis
letal del narcotráfico con la política y varias agencias de inteligencia del
Estado[v],
que sirvieron de mampara para perpetrar el magnicidio Galán, y posteriormente
los de Jaramillo y Pizarro. Pero, todavía más grave, es que esa matriz
institucional se haya prolongado y camuflado bajo una densa hojarasca legal que
creó un entramado de criminalidad sistémico con diversos poderes de facto, desde
respetables empresarios agroindustriales hasta emprendedores narcotraficantes,
a través de organizaciones privadas como las cooperativas de seguridad rural,
más conocidas como “Convivir”, creadas por el entonces presidente César Gaviria
mediante el Decreto Ley 356 de 1994[vi] e
impulsadas con ahínco por el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez[vii].
Cooperativas legales que sirvieron de incubadoras de numerosos grupos
paramilitares que terminaron conformando la criminal federación de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)[viii]
y desolaron el campo con sus masacres y fosas comunes. Así se formó y consolidó
este entramado de instituciones necropolíticas[ix] o
tanatopolíticas, cuyo legado son millones de víctimas irredentas y de
victimarios impunes que hoy se disputan este espectral espacio político
institucional y se escandalizan por la impudicia política del presidente Petro
en la Alpujarra.
Petro, un impúdico gobernante
Sin duda, el presidente Petro
cometió un acto de impudicia política al llevar nueve temibles y condenados
jefes de bandas criminales[x] a
su tarima en la Alpujarra, en el contexto de su temeraria e incierta política
de Paz Urbana, que aún carece de un marco legal para garantizar el sometimiento
efectivo de dichas bandas y su desmantelamiento definitivo. Un experimento que
tiene el nefasto antecedente de la llamada política de “sometimiento a la
justicia” del expresidente Gaviria que, a la postre, terminó sometiendo la
justicia a las dinámicas del crimen, siendo precisamente las Convivir un eslabón
clave de esa deriva narcopolítica y necropolítica de nuestras instituciones
políticas fusionadas con el crimen y la ilegalidad. Deriva que ha tenido las
más inverosímiles mutaciones y coaliciones políticas y tuvo un momento estelar
cuando el entonces presidente Uribe permitió la presencia de tres de los
máximos comandantes paramilitares de las AUC en el Congreso de la República[xi]:
Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Izasa, aún sin estar desmovilizados,
para que Mancuso[xii]
en junio de 2004 ambientara en un histórico y elocuente discurso la posterior
ley 975 de 2005, oficialmente denominada de “Justicia y Paz”. Pero la verdad es
que esa institucionalización necropolítica se había venido consolidando desde
la crisis generada por el 8.000[xiii]
con Samper, pasando por la narcoparapolítica[xiv]
que respaldó a Uribe, la Ñeñepolítica[xv]
de Duque y hoy la presunta financiación ilegal y violación de topes de la
campaña presidencial de Petro[xvi].
La peor mutación necropolítica
Sin embargo, es en estos últimos
años cuando se ha generado la más temible y degradada de todas las mutaciones,
como es la simbiosis letal de organizaciones supuestamente insurgentes con las
economías ilegales, que se disputan a muerte con bandas y bandolas del
narcotráfico nacional e internacional el control de vastos territorios y
numerosas poblaciones rurales, hoy sometidas a frecuentes “paros armados”, el
confinamiento y el asesinato sistemático de sus líderes sociales[xvii].
Tal es el entramado real de esa parafernalia de instituciones políticas que hoy
el Establishment llama a defender, una institucionalidad necropolítica,
sustentada y arraigada en poderosas economías ilegales cuyos vasos comunicantes
con la economía legal son complejos, densos, turbios y forman una especie de
rizoma indescifrable, casi imposible de erradicar. Un rizoma necropolítico que
en cada elección nacional para Congreso y Presidencia define quiénes gobiernan,
cómo gobiernan y a favor de quiénes. Y ello seguirá siendo así en tanto para
ganar las elecciones los candidatos tengan que contar con miles de millones de
pesos a su disposición, generosamente aportados por financiadores legales, como
Odebrecht en los casos de Juan Manuel Santos[xviii]
y el derrotado Iván Zuluaga, o ilegales como en el 8.000 de Samper o la difusa
Ñeñepolítica de Duque. No por casualidad las campañas presidenciales de Samper,
Santos, Zuluaga, Duque fueron investigadas por el Consejo Nacional Electoral.
Investigación que, en el caso del actual presidente, según reciente fallo de
tutela de la Corte Constitucional[xix],
deberá ser enviada a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
¡Que vivan las elecciones!
Por eso todos y todas las
numerosas precandidaturas, líderes políticos y gremiales, altos dignatarios de
las ramas del poder público, órganos de control, medios de comunicación masivos
y sus autorizados analistas “deformadores” de opinión coinciden unánimemente en
que hay que salvaguardar la transparencia,
en realidad opacidad, del próximo proceso electoral. Porque la opacidad
financiera en que siempre se han desarrollado las elecciones ha sido y es la
savia de esa institucionalidad necropolítica y gracias a ellas se reviste
Colombia periódicamente con los falsos oropeles de la “democracia más estable y
profunda de América Latina”. Es tal la solidez de ese fariseísmo y narcisismo
institucional colombiano que todavía oculta con éxito la mayor crisis
humanitaria de todo el continente, expresada en estas macabras cifras del
Informe Final de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la
Convivencia y la No repetición[xx]: “450.664 personas perdieron la vida a causa
del conflicto armado entre 1985 y 2018. Si se tiene en cuenta el subregistro,
la estimación del universo de homicidios puede llegar a 800.000 víctimas.
Principales responsables de homicidios: Grupos paramilitares: 205.028 víctimas
(45 %), Grupos guerrilleros: 122.813 víctimas (27 %). Del porcentaje de
guerrillas, el 21 % corresponde a las FARC-EP (96.952 víctimas), el 4 % al ELN
(17.725 víctimas) y el 2 % a otras guerrillas (8.496 víctimas). Agentes
estatales: 56.094 víctimas (12 %)”. Cifras que superan con creces las
víctimas mortales de todas las dictaduras del Cono Sur y que confrontan
dolorosamente el fariseísmo y el narcisismo institucional de la mayoría de
quienes hoy defienden esta “democracia”, pero en realidad piensan solo en
asegurar sus curules en el Congreso y contemporizar desde la Casa de Nariño con
semejante orden necropolítico.
Más allá de las elecciones y Tarimazos
Mientras no seamos capaces de
esclarecer y superar esa realidad electofáctica y necropolítica que rige
nuestras instituciones y transformarlas en una auténtica democracia con instituciones
políticas biofílicas[xxi],
en función de la ciudadanía, promotoras de la equidad social y de la vida en
todas sus dimensiones, seguiremos perpetuando por más de cien años esta
sangrienta realidad y nunca será posible la convivencia entre todos y todas con
la naturaleza. ¿Será este un tema de debate en las próximas elecciones? ¿Habrá alguna
candidatura o coalición que proponga la regulación legal del cultivo y la
transformación industrial y farmacéutica de la maravillosa y portentosa Mama
Coca?[xxii] ¿Habrá alguna candidatura que desafié tanto
fariseísmo y narcisismo institucional, sin incurrir en la impostura de
programas gubernamentales irrealizables en cuatro años, como “Colombia potencia
mundial de la vida” y la “Paz Total”? En fin, ¿Será posible que la Carta del 91
deje de ser un comodín al servicio de la necropolítica y empiece a ser un
Estado Social de derecho con instituciones biofílicas, promotoras de la vida
política, social y ambiental de todos en Colombia? Solo entonces sabremos de verdad qué es
convivir democráticamente y saldremos de este laberinto mortal de instituciones
tanáticas en que estamos atrapados y extraviados desde nuestra cuna hasta la
tumba. Instituciones que han arrebato la vida durante este año a más de 70
líderes sociales[xxiii]
y tiene en vilo la del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Por eso
carece de sentido llamar a defender las actuales instituciones y quienes lo
hacen en nombre de la democracia no son más que fariseos y narcisos, solo
empeñados en la conservación de este orden necropolítico en función de
recortados intereses, donde ya es casi imposible discernir entre lo legal y lo
ilegal; lo legítimo de lo ilegítimo, como en tantos episodios de la vida
nacional, siendo la tarima el más reciente. Es imperioso ir más allá de las elecciones y
los “tarimazos”.
[ii] https://co.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=padre+Garc%C3%ADa+Herreos+y+entrega+de+Pablo+Escobar&type=E210CO1490G0#id=6&vid=9a860d003884473e644829d22c8ca622&action=view
[x] https://www.elcolombiano.com/medellin/petro-en-medellin-capos-de-bandas-amenaza-federico-gutierrez-AP27820066
[xi] https://ascontrol.org/pildoras-para-la-memoria-cuando-los-paramilitares-fueron-aplaudidos-en-el-congreso
[xvi] https://www.elnuevosiglo.com.co/politica/investigacion-campana-petro-en-el-cne-todavia-tiene-tiempo-antes-que-caduque
[xvii]
https://www.infobae.com/colombia/2025/01/17/ataque-a-lideres-sociales-deja-1477-muertos-en-ocho-anos-segun-la-defensoria-del-pueblo/
[xviii]
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/odebrecht-asi-se-hicieron-los-pagos-a-campanas-de-santos-y-zuluaga-segun-fiscalia-797700
[xix] https://www.elespectador.com/judicial/petro-gana-tutela-en-la-corte-constitucional-y-el-cne-ya-no-podra-investigarlo/?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=judicial&utm_content=todos
