Descifrando la esfinge de la política nacional (IV)
Hernando Llano Ángel.
Nuestra compleja realidad política se asemeja al misterio de la santísima trinidad. Pero es un misterio situado en las antípodas del celestial, ya que tiene lugar en este “valle de lágrimas” terrenal, pagano, profundamente injusto y violento. Un mundo completamente diferente y distante del celestial, que imaginamos justo y armonioso, sin conflictos, donde reina una eterna paz total de amor y fraternidad. Todo lo contrario del nuestro, en el que reina una perversa trinidad formada por la fusión de la política con el delito, la violencia y la ilegalidad. Dicha fusión ha terminado configurando una sola realidad verdadera: la esfinge de la política nacional. Una esfinge que, por cierto, también está presente en la política internacional. De hecho, tres de sus principales protagonistas: Trump, Putin y Netanyahu tienen en común articular, en diversas proporciones y con fines diferentes, el delito, la violencia y la ilegalidad, bajo coartadas nacionalistas que les dan impunidad, pero los condena a la ignominia histórica. Son tres caras de la esfinge del terror y la guerra, de alguna forma consentida por sus respectivos conciudadanos, la OTAN y la Unión Europea. En la política nacional tenemos una legión en miniatura de estos tres personajes internacionales. No por casualidad sus dos máximos protagonistas: el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente Gustavo Petro Urrego han transitado sus exitosas vidas políticas por sendas paralelas, colindantes con el delito, la violencia y la criminalidad. Sendas que hoy los involucra, otros dirían que entrampa, en un oscuro entramado estatal formado por el delito, la violencia y la ilegalidad. Vidas paralelas que, por su complejidad e innegables triunfos electorales y el respaldo de vastos sectores de la opinión pública, precisan una quinta entrega de Calicanto. Por ahora, más allá de juicios maniqueos y emotivos que escamotean el análisis político, conviene recordar esta célebre sentencia de Max Weber en su conferencia “La política como vocación”: “quien hace política pacta con los poderes diabólicos que acechan en torno de todo poder”. Sin duda, ambos líderes son expertos en sellar ese tipo de pactos, gracias a los cuales han llegado a la Casa de Nariño. Es más, como Uribe, reelegirse ilegalmente mediante un “artículito” de la Constitución, que llevó a la cárcel a dos de sus ministros: Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio[i]. Por eso mismo, muchos de los más cercanos colaboradores de ambos líderes han terminado en la cárcel, formando una especie de carteles políticos delincuenciales. Pero puede afirmarse que todos los expresidentes desde la Constitución del 91 e inquilinos de la Casa de Nariño han realizado ese tipo de pactos diabólicos para poder gobernar, ya sea financiando sus campañas electorales con “dineros calientes” o procedentes de empresas muy legales. Me incomoda ser tan monotemático, pero recuérdese el proceso 8.000 y recientemente Odebrecht con Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga. Sin olvidar la “Ñeñe política” de Iván Duque. Todos los anteriores son pactos diabólicos menores al lado de los realizados preelectoralmente por Andrés Pastrana con las Farc-Ep y Álvaro Uribe con los grupos paramilitares. Claro está que ambos niegan dichos pactos, más o menos tácitos o explícitos, pero las evidencias públicas son inocultables, basta examinar los resultados electorales que obtuvieron en zonas controladas por dichos grupos armados ilegales y las contraprestaciones que les realizaron. Andrés Pastrana con la llamada zona de distensión del Caguán y Álvaro Uribe con la ley de “Justicia y Paz”, que en su proyecto gubernamental original reconocía incluso a los paramilitares como sediciosos, es decir delincuentes políticos, y pretendía confinarlos en amplias y seguras “colonias penitenciarias agrícolas”. Mucho antes, en el fracasado referéndum constitucional de 2003 en un extenso parágrafo, el presidente Uribe les reconocía incluso representación política: “el número será establecido por el Gobierno Nacional, según la valoración que haga de las circunstancias y el avance del proceso”, para “nombrar, por una sola vez, un número plural de congresistas, diputados y concejales, en representación de los mencionados grupos en proceso de paz y desmovilizados”. Sin embargo, una representación política mucho menor como la de las Farc-Ep, circunscrita solo en el Congreso, la combatió y vetó radicalmente en el Acuerdo de Paz del 2016, promoviendo el NO en el plebiscito por la Paz. Pareciera que la violencia y criminalidad de los paramilitares fuera buena y por eso podrían estar presentes no solo en el Congreso sino también en Asambleas y Concejos, mientras la otra violencia, también criminal de las guerrillas, solo pudiera recibir castigo, cárcel y exclusión política. Paradojas de la vida política, explicables por los intereses económicos tras los cuales se camuflan líderes políticos defensores a ultranza de un statu quo profundamente injusto e ilegítimo, que los lleva a realizar semejantes pactos diabólicos con huestes tan criminales y violentas como las paramilitares, responsables de más de 205.028 víctimas mortales, el 45% del conflicto armado interno, según las documentadas cifras de la Comisión de la Verdad.
Pactos diabólicos incumplidos
Es verdad que al final todas las
partes, las gubernamentales y las ilegales, que realizaron dichos pactos, los
incumplieron y hasta los traicionaron. Precisamente por eso son pactos
diabólicos, pero ellos desencadenaron un infierno para miles de víctimas
civiles. Basta echar un vistazo de nuevo a las cifras de víctimas del conflicto
armado del Informe Final de la Comisión de la Verdad[ii]:
“más de 450.000 personas perdieron la
vida entre 1985 y 2018, siendo el 80% civiles” y más de 50.000 “fueron víctimas de secuestro y toma de rehenes en el
marco del conflicto armado entre 1990 y 2018”. Cifras aterradoras, que al
parecer ocultan un subregistro de 800.000 homicidios y 80.000 secuestros. La
década más violenta se “registró entre
1995 y 2004 con el 45 % de las víctimas (202.293 víctimas)”, durante los
gobiernos de Samper, Pastrana y los dos primeros años de Uribe. Otros pactos
han tenido en el tiempo efectos más prolongados y diabólicos, como los
ladinamente alentados por el entonces presidente César Gaviria entre los
llamados PEPES[iii]
con los Rodríguez y agencias policiales nacionales e internacionales como la
DEA y la CIA para dar de baja a Pablo Escobar. Y ni hablar de su creación de
las Cooperativas Convivir[iv],
semilla legal que mutó en las criminales AUC. Pero en medio de tanto horror, es
preciso también mencionar un pacto que tuvo consecuencias políticas
inimaginables y sus efectos no fueron diabólicos, sino todo lo contrario. Fue
un pacto de reconciliación política entre dos líderes no solo opuestos, sino
que incluso en un pasado reciente fueron respectivamente víctimas y
victimarios, Álvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Wolf.
Un Pacto Inimaginable
El pacto entre Álvaro Gómez
Hurtado, líder entonces del Movimiento de Salvación Nacional y Antonio Navarro
Wolf, cabeza de la Alianza Democrática M-19, durante la Asamblea Nacional
Constituyente, no solo era impensable sino improbable. El primero fue
secuestrado por el M-19 y el segundo, Navarro Wolf, era entonces su máximo
dirigente, después del asesinato de Carlos Pizarro. Ambos fueron presidentes
colegiados de la Constituyente con Horacio Serpa en nombre del Partido Liberal.
Al respecto, Gustavo Petro Urrego en su
autobiografía: “Una vida, muchas vidas”, cuenta el alcance de ese pacto entre
un temprano promotor y catalizador del nacimiento del conflicto armado entre el
Estado y las guerrillas, Álvaro Gómez, con Antonio Navarro, convertido en
habilidoso estratega político de la que fuera la guerrilla más imaginativa y
citadina de entonces, que alcanzó 19 curules en la Constituyente. En efecto,
siendo senador Álvaro Gómez Hurtado, promovió con ahínco en 1961 un debate
sobre lo que llamó “las repúblicas independientes”[v],
apenas embriones de una resistencia campesina contra la violencia oficial y el
despojo de sus tierras del que estaban siendo víctimas, lo que luego daría origen
al mito heroico y fundacional de las Farc en 1964 por eludir con éxito la
llamada Operación Marquetalia[vi]
ordenada por el presidente conservador Guillermo León Valencia. Pero 27 años
después, en 1991, el mismo Álvaro Gómez estaba pactando con un excomandante
guerrillero una nueva Constitución, cerrando así políticamente su ciclo vital
al pasar de instigador de la guerra a gestor de paz de un incipiente nuevo
orden político. Así lo resume Petro: “el
líder conservador, que había escindido su partido al formar el Movimiento de
Salvación Nacional, tenía como tesis central la salida del régimen. Para él,
había que cambiar los dirigentes actuales y las formas de hacer política, sin modificar por ello las estructuras económicas”
y agrega: “Para ese momento, lograr una ruptura con el régimen no hacía
parte del discurso de los dirigentes del M-19” (p.177). Hoy, desde la presidencia
de la República, no hay duda que Petro está empeñado en el cambio de las
estructuras económicas y en convertir en realidad política y social el Estado
Social de derecho que solo existe nominalmente en el artículo 1 de la
Constitución, pues nuestra vida cotidiana no está “fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran
y en la prevalencia del interés general”. Pero todo parece indicar que
Gómez Hurtado, por conocer desde adentro la forma como funciona este régimen, tuvo
más razón en su diagnóstico que Petro, pues el cambio en las estructuras
económicas presupone un cambio profundo en la práctica política, como lo
expresó el líder conservador claramente en entrevista con Julio Nieto Bernal[vii]:
El Régimen Antipolítico
“Me parece que no se puede libertar la
política, la política ha quedado presa de
un montón de compromisos, los compromisos son el elemento determinante de
toda la vida política civil colombiana, y
esos compromisos son más importantes y más decisorios que la propia Constitución,
aquí no se puede hacer política porque la gente está comprometida, sobornada,
está claudicando ante las perspectivas de un contrato, las perspectivas de una
embajada, ante la amenaza de una acusación, todo eso está coordinado de
manera que hay mucho más que un
gobierno, hay un régimen, el gobierno hace parte del régimen, pero del gobierno
hace parte el Congreso, naturalmente, hacen parte los periódicos, los grupos
económicos, ellos tienen sus vinculaciones visibles e invisibles, de manera
que no hay lo que uno busca en la política, uno tiene una oferta, una
propuesta, y eso si la propuesta es
buena debe tener solidaridades, en cambio lo que nosotros estamos viendo aquí es que no se buscan las solidaridades
por convencimiento sino que por interés, se buscan complicidades. Es un sistema de complicidades generales por
eso es muy difícil hacer política”.
Casi imposible encontrar una
descripción más precisa y concisa de nuestro régimen político. Incluso resulta
hasta profética su alusión a la importancia de las embajadas y el uso de las
amenazas por el potencial peligro que hoy representa Armando Benedetti para la
gobernabilidad e incluso legitimidad del “Gobierno del Cambio”. Pero todavía más
desconcertante y frustrante es que esa descripción y diagnóstico del régimen
fuera tempranamente consignada en la Declaración de Sitges[viii]
en 1957, partida de nacimiento del Frente Nacional:
“Ninguno de los dos partidos tradicionales de
Colombia acepta que el delito pueda ser
utilizado para su incremento o preponderancia. Los crímenes que se cometen con
ese fingido designio deben ser repudiados y reprimidos enfáticamente por
una y otra de nuestras colectividades, de manera constante e indudable, porque
su impunidad afecta el decoro de la república y va en deslustre directo de los
mismos partidos en cuyo servicio, hipócritamente, se pretende cometer.”
Pero ese compromiso contra el
delito se quedó escrito en el papel, pues en la realidad es el delito, en sus
más diversas e inimaginables formas, desde el más grave que elimina presuntos guerrilleros
y líderes sociales en nombre del “enemigo interno” o de la “Seguridad
democrática” (más de 6.400 “falsos positivos”); pasando por el que realiza pactos clandestinos con
poderes de facto legales (Odebrecht y bancos) o ilegales (narcotráfico, guerrilla
y paramilitares) para ganar elecciones o financiarlas y superar los topes legales
permitidos,lo que continúa siendo una constante histórica y es la quintaesencia de la esfinge
de nuestra política nacional. Una esfinge que cínicamente se autodenomina la
democracia más estable y profunda de Latinoamérica, así tenga los más altos índices
de violencia política y uno de los mayores de desigualdad social en el continente. Por eso, la
quinta y última entrega, será un paralelo entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro, los
máximos protagonistas de esa esfinge política nacional, tan enigmática,
compleja y monstruosa, como la de la antigüedad, “una criatura mítica de destrucción y mala suerte, que se representaba
con rostro de mujer, cuerpo de león y alada”.
