NO
ES LA CORRUPCIÓN: ¡ES EL RÉGIMEN, NO SEAMOS ESTÚPIDOS!
Hernando Llano
Ángel.
Más allá de la
responsabilidad política asumida por el presidente Petro al nombrar en la UNGRD
a Olmedo López, confeso delincuente y depredador de las finanzas públicas, en complicidad
con Sneider Pinilla, se encuentra un conjunto de normas y procedimientos
propios del régimen político, las cuales permiten y propician, en aras de la
urgencia para prevenir desastres naturales, la generación de desastres
políticos y administrativos que desfalcan el presupuesto público y devastan la
credibilidad en la competencia y honestidad del actual “Gobierno del Cambio”.
Ello es consecuencia directa de ser el director de la UNGRD un funcionario de
libre nombramiento y remoción, es decir, un cargo eminentemente político que
designa y renueva cada presidente en ejercicio de sus funciones. Un cargo que,
por las responsabilidades que conlleva y el conocimiento técnico que demanda,
debería ser asignado por concurso público y por los méritos demostrados de sus
aspirantes, no por las afinidades políticas o personales con el presidente de
turno. Por lo anterior, los escándalos de corrupción en la UNGRD han sido
crónicos y recurrentes en todos los anteriores gobiernos, aunque no con la
cuantía del actual. Al ser el director un funcionario político, la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se ha convertido en una Unidad
Nacional para la Gestión del Robo Distribuido entre codiciosos delincuentes,
camuflados de políticos, y astutos criminales, disfrazados de empresarios. Así han formado un entramado criminal en el
que participan y terminan involucrados desde congresistas, ministros y
funcionarios técnicos, correspondiéndole a la Fiscalía investigar y a la
Justicia desentrañar las culpabilidades personales de todos los actores en
semejante enredada tramoya burocrática-delictiva. Un asunto complejo, pues se
debe discernir entre responsabilidades políticas y administrativas, pero
también culpabilidades penales y criminales exclusivamente personales. Las
primeras, son más competencia de la Procuraduría General de la Nación y las
segundas de la Fiscalía y los jueces competentes. Por eso no se trata
simplemente de un escándalo de corrupción, sino más bien de un régimen de
corrupción, propio de un Estado cacocrático, aquel que es gestionado por un “‘gobierno
de malvados’ o un ‘mal gobierno’ (en ocasiones se ha definido como ‘gobierno de
los ineptos’)”[1]
“Hay
que tumbar el Régimen”
Ya lo había señalado
claramente Álvaro Gómez Hurtado con ocasión del proceso 8.000, en un editorial
de su diario “El Nuevo Siglo” y en entrevista con la revista Diners: “La política se ensució hace ya dos décadas,
cuando cayó bajo el dominio del
clientelismo y se sometió a la preponderancia del dinero. Desde entonces se quedó sucia. Es la forma
de dominio que ha tenido el Régimen imperante para poder doblegar la opinión
pública y aprovecharse de las oportunidades de mando y de los gajes del poder.
El Régimen necesita que la política sea
sucia porque es la manera de conseguir la amplia gama de complicidades que se
necesitan para mantener su predominio…Debemos repetir que el responsable de la
decadencia y de la corrupción del país es el Régimen, sistema de compromisos y
de complicidades que está dominando la totalidad de la vida civil. Nuevamente
decimos que el Régimen está integrado por diversos factores que operan en
conjunto, en virtud de una red de compromisos de impunidad en torno al
aprovechamiento de los gajes del Estado. El Régimen es más fuerte y más
duradero que cada uno de sus componentes. Tiene una omnipotencia ilimitada, que
proviene de su irresponsabilidad. Como no tiene jefe, ni personería, no se le
puede pedir cuentas. Ejerce sobre la sociedad un dominio oscuro, denso,
amorfo.” A la anterior lúcida caracterización del
régimen político colombiano, del cual es un actor protagónico y a la vez un rehén
más el presidente Petro, como lo han sido todos los presidentes que lo han
antecedido, habría que agregar que la mayor corrupción de la política es su
conversión y degradación en guerra y violencia, pues sume a la sociedad en un
campo de batalla donde nadie está salvo. Entonces los campos y ciudades se
convierten en cementerios a cielo abierto y fosas comunes que han dejado las
siguientes macabras cifras, según el Informe Final de la Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y no Repetición[2]:
HOMICIDIOS
- Número de víctimas: 450.664 personas perdieron
la vida a causa del conflicto armado entre 1985 y 2018 Si se tiene en
cuenta el subregistro, la estimación del universo de homicidios puede
llegar a 800.000 víctimas.
- La década con más víctimas: entre 1995 y 2004, se
registró el 45 % de las víctimas (202.293 víctimas).
- Principales responsables de homicidios: Grupos paramilitares:
205.028 víctimas (45 %), Grupos guerrilleros: 122.813 víctimas (27 %). Del
porcentaje de guerrillas, el 21 % corresponde a las FARC-EP (96.952
víctimas), el 4 % al ELN (17.725 víctimas) y el 2 % a otras guerrillas
(8.496 víctimas).
- Agentes estatales: 56.094 víctimas (12 %).
DESAPARICIÓN FORZADA
- Número de víctimas: 121.768 personas
fueron desaparecidas forzadamente en el marco del conflicto armado, en el
periodo entre 1985 y 2016. Si se tiene en cuenta el subregistro, la
estimación del universo de desaparición forzada puede llegar a 210.000
víctimas.
- Principales responsables de desapariciones
forzadas:
Grupos paramilitares, con 63.029 víctimas (el 52 %). FARC-EP con 29.410
víctimas (el 24 %). Múltiples responsables con 10.448 víctimas (el 9 %).
- Agentes estatales 9.359 víctimas (8 %)
SECUESTRO
- Número de víctimas: 50.770 fueron víctimas de
secuestro y toma de rehenes en el marco del conflicto armado entre 1990 y
2018. Si se calcula el subregistro potencial, se estima que el universo de
víctimas de secuestro podría ser de 80.000 víctimas.
- Década con más víctimas: entre 1995 a 2004 hubo
38.926 víctimas (77 % del total de secuestros) y solo entre 2002 y 2003
fueron 11.643 víctimas (23 % del total).
- Los principales responsables en el secuestro
fueron:
Las FARC-EP: 20.223 víctimas (40 %). Los grupos paramilitares con el 24 %
(9.538 víctimas). El ELN con 19 % (9.538). También los secuestros fueron
llevados a cabo en un número considerable por otros grupos (9 %)”.
Por todo lo
anterior, nuestro mayor problema no es la corrupción, es este régimen político,
¡no seamos estúpidos! Un régimen que al afectarnos a todos y beneficiar
a los más interesados y comprometidos con la guerra y la violencia no es un
régimen democrático. Es un régimen crimilegal[3],
como lo denomina Markus Schultze-Kraft, o electofáctico[4],
en mi opinión, dinamizado por poderosas economías ilícitas y afianzado por comportamientos
ilegales y anómicos, presentes en todos aquellos que violan las normas, desde
la Constitución, cambiando un artículito que conllevó la condena de los
ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio[5],
el Derecho Internacional Humanitario (6.402 ejecuciones extrajudiciales) hasta las
tributarias, pasando por las académicas, laborales y profesionales. Para
tumbarlo se requerirá el compromiso de todos y todas y de varias generaciones hasta
lograr deslegitimar la violencia, la trampa y la ilegalidad y recuperar
entonces la ética pública y la convivencia democrática. No basta con señalar y
condenar a unos cuantos políticos como los responsables, mucho menos proclamar
que los buenos somos más, pero continuamos siendo condescendientes y hasta cómplices
al votar por aquellos que favorecen nuestros intereses a costa de los derechos
y el bienestar de las mayorías, invocando cínicamente una “democracia” que
profundiza con su descomposición y corrupción las desigualdades, las violencias
y cada día genera más víctimas irredentas y victimarios impunes.
