CALICANTO: EL MITO DEL PODER CONSTITUYENTE

EL MITO DEL PODER CONSTITUYENTE

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“Tenemos que decirle basta a la división que nos enfrenta como pueblo. Yo no quiero dos países, como no quiero dos sociedades. Quiero una Colombia fuerte, justa y unida. Los retos y desafíos que tenemos como nación exigen una etapa de unidad y consensos básicos. Es nuestra responsabilidad” Gustavo Petro Urrego. Discurso de posesión presidencial.

Hernando Llano Ángel.

Si hay algún mito político poderoso, es el del poder constituyente primario[1]. Él marca el comienzo de la modernidad política y el renacimiento de la democracia, luego de su largo eclipse bajo el manto de teocracias y del absolutismo monárquico. Es un poder situado más acá y más allá de la representación política, propia del moderno Estado de derecho liberal. Es el mito en el que todos creemos, pues nos afirma en la ilusión de que podemos decidir cómo queremos vivir y hasta morir, sin estar totalmente sujetos a la voluntad arbitraria de quienes ejercen el poder constituido. Pero en la realidad no es así. Ni en los textos constitucionales, ni en la jurisprudencia y menos en la realidad social y política de todos los días existe ese poder constituyente demiúrgico e ilimitado. Para empezar, nuestro artículo 3 constitucional es muy claro: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público”, pero a renglón seguido la limita: “El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”. Es decir, que el pueblo, así sea expresándose en las calles y en asambleas barriales o veredales, debe someterse a los “términos que la Constitución establece”. No es, pues, un soberano absoluto, situado más allá de la Constitución, que ejerce su poder de constituyente primario en forma ilimitada. Si ello fuera así, la democracia en tanto pluralidad de valores, intereses y cosmovisiones, correría el riesgo de desaparecer en nombre de un imaginario pueblo unitario y monolítico, poseedor de una sola voluntad general y soberana, que todo lo decide. Ese pueblo solo existe en la mente de filósofos como Rousseau y en líderes carismáticos que se arrogan la encarnación del pueblo y lo definen históricamente, bien sea contra otros pueblos que consideran una amenaza o, como es más frecuente, contra otros miembros o partes del mismo pueblo que forman el Estado Nación. Y ya sabemos a donde conducen semejantes ficciones: al “pueblo elegido por Dios”, en cuyo nombre sus líderes transitorios promueven genocidios; o aquellos que, en nombre de una supuesta raza superior, la aria, exterminaron a millones de judíos y opositores, pero también a los iluminados del materialismo histórico y su contraparte los libertarios capitalistas y sin ley, pero al mando del Estado, como Javier Milei. Todos ellos están absolutamente seguros de ser los salvadores de sus respectivos pueblos. Y así llegamos hoy a esa pléyade de impostores y criminales de Estado encabezados por Trump, Putin, Netanyahu, Bukele, Milei, Ortega y Maduro –entre muchos más-- que pregonan ser los mesías de sus naciones, sin importar las consecuencias de sus delirios. ¡Y todo en nombre del pueblo! ¡Hacer de nuevo grande a América!; ¡defender y revivir la Gran Rusia o, incluso, salvar el mismo ¡“pueblo elegido por Dios”! De esta forma el pueblo se convierte en un comodín que cae en manos de jugadores ambiciosos e impunes del poder político, que lo manipulan sin escrúpulo alguno. Jugadores tanto más peligrosos cuanto más populares e “iluminados” son, pues pueden definir el destino de la humanidad y hasta del mismo planeta, embriagados con la megalomanía de ser ellos mismos la encarnación de sus respectivos Pueblos. Por eso declaran como enemigos del pueblo a quienes no los sigan, aplaudan y vitoreen, y los llaman: “terroristas”, “eje del mal”, “apátridas”, “escuálidos”, “mamertos”, “paracos” y cuantos más estigmas sean corrientes y útiles según las vicisitudes históricas y las necesidades del líder carismático. Entonces el poder constituyente se convierte en un poder disolvente de la vida política y es el mismo pueblo quien termina siendo sacrificado en su propio nombre, dividido y fragmentado en forma letal, devastado en campos de batalla por líderes que se presentaron como sus salvadores y terminaron siendo sus verdugos y sepultureros.

Desmitificar el poder constituyente del “Pueblo”

A tales excesos puede conducir el mito del poder constituyente primario y la soberanía del pueblo, si no somos conscientes que dicho pueblo en la realidad es una suma irreductible de ciudadanías diversas y plurales, que precisa siempre de límites constitucionales y legales para que no deje de existir y sea sustituida o aplastada por un pueblo unitario y monolítico, que se impone sobre la diversidad y la conflictividad social y política en nombre de la soberanía y la voluntad popular. Especialmente en nuestro caso, todavía obnubilados por mitos como la séptima papeleta y la Asamblea Nacional Constituyente, tras los cuales estuvo el poder constituyente criminal del narcoterrorismo de Pablo Escobar y el efectivo lobby de los Rodríguez, quienes coronaron en la Carta el famoso artículo 35, su máxima aspiración política: “Se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento”. Es verdad, ya derogado, pero entonces necesario para el supuesto “sometimiento a la justicia” de Pablo Escobar en su Catedral y alcanzar una tregua momentánea con el narcoterrorismo.

Un Constituyente Sincrético y Electofáctico

Allí se encuentra la génesis de nuestro actual régimen político electofáctico[2], que continúa siendo criminalmente constitutivo de nuestra vida política, como todos los días lo vemos y padecemos con el asedio de organizaciones guerrilleras mutantes, que son “rebeldes-narcotraficantes” y ahora con la supuesta financiación de vías 4G en Antioquia por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)[3], que se proyectan como “empresarios-narcotraficantes”. Sin duda, ese poder constituyente del 89 y el 90 tan sincrético y electofáctico no podía engendrar otra cosa que un poder constituido cacocrático[4] y descompuesto, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, incapaz de debatir y aprobar reformas democráticas, pues ellas serían el comienzo de su fin. Por eso la única reforma que hundieron rápidamente fue la política, en tanto pretendía acabar con la financiación privada de las campañas electorales, vía expedita para la corrupción del constituyente primario y su voluble voluntad “soberana” por poderes de facto empresariales, Odebrecht y Corficolombiana, o abiertamente ilegales como el narcotráfico, los paramilitares y la guerrilla. Precisamente por esa fusión de la política con la criminalidad resurgieron las Convivir y sus hijas legítimas, las AUC, como todos lo sabemos, salvo su progenitor, César Gaviria Trujillo[5], y su máximo promotor regional y nacional, Álvaro Uribe Vélez[6]. También llegaron al Congreso los voceros de la parapolítica[7] y a la salud una banda de mercaderes insaciables, como Carlos Palacino y Saludcoop[8], junto a más de 13 EPS que han tenido que ser liquidadas por insolventes e ineficientes. Mientras vivamos en esta especie de cambalache político institucional, todos “revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseaos”, es insensato pensar en un poder constituyente virtuoso e incontaminado que nos salvará de la noche a la mañana. Más bien lo que precisamos con urgencia es una gobernabilidad eficiente y menos retórica constituyente, más concertación y menos confrontación para avanzar por las vías de la reactivación económica y dejar atrás el trancón de las 4G en Antioquia. Pero, sobre todo, precisamos con urgencia más seguridad humana y menos “paz total”. Todo parece indicar que el presidente Petro ya se percató de esto último, pues ordenó la operación Mantus[9] contra el Estado Mayor Central[10] en el Cauca. Cabe esperar que las “AGC” y la Nueva Marquetalia[11] comprendan que les ha llegado la hora de comenzar una negociación realista, cumplir el cese del fuego y cesar las extorsiones contra la población civil, pues de lo contrario el gobierno no tiene otra opción que “guerrear”, según la orden presidencial. Orden a la que respondió desafiante las AGC: “el presidente les ordenó a las fuerzas del Estado el exterminio de nuestra organización, sin dimensionar la violencia y el derramamiento de sangre que puede causar dicha orden presidencial”. ¿Estaremos ad portas de una nueva guerra, ahora contra el narcoterrorismo de las AGC? ¿Se configurará otra coyuntura preconstituyente como la desatada por Pablo Escobar y los extraditables para poner en jaque al Estado y entonces invocar de nuevo el talismán de una Asamblea Nacional Constituyente para la “Paz Total”? Ya va siendo hora de aprender las lecciones que nos dejó el espejismo constituyente de 1991, que promulgó la Constitución más democrática del continente para volverla trizas en treinta años, pues todavía incumplimos su artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Es inevitable citar otra vez a García Márquez en su proclama “Por un país al alcance de los niños”[12]: “Somos conscientes de nuestros males, pero nos hemos desgastado luchando contra los síntomas mientras las causas se eternizan. Nos han escrito y oficializado una versión complaciente de la historia, hecha más para esconder que para clarificar, en la cual se perpetúan vicios originales, se ganan batallas que nunca se dieron y se sacralizan glorias que nunca merecimos. Pues nos complacemos en el ensueño de que la historia no se parezca a la Colombia en que vivimos, sino que Colombia termine por parecerse a su historia escrita…Esta encrucijada de destinos ha forjado una patria densa e indescifrable donde lo inverosímil es la única medida de la realidad”. Cuanta falta nos hace ese realismo lúcido para salir de esta encrucijada en que estamos y tener una segunda oportunidad sobre la tierra para vivir democráticamente y en paz en esta Colombia del Pacto Histórico: ¡Potencia mundial del irrealismo político y la desmesura gubernamental!