CALICANTO: ¿DEL EMBRUJO CONSTITUYENTE A LA GOBERNABILIDAD CONSTITUYENTE?

¿DEL EMBRUJO CONSTITUYENTE A LA GOBERNABILIDAD CONSTITUYENTE?

Hernando Llano Ángel.

La propuesta del presidente Gustavo Petro en Cali de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, presentada desde “Puerto Resistencia”[1], epicentro y símbolo de las protestas sociales en el paro de 2021 en el suroriente de la ciudad, es la más clara expresión de la tensión política y social que vivimos nacionalmente. Una tensión que refleja la impotencia del ejecutivo frente al obstruccionismo del legislativo que bloquea el avance de sus proyectos reformistas.

El fantasma constituyente

Una tensión creciente derivada de la impotencia gubernamental y legislativa del Pacto Histórico, cuyo punto de quiebre fue el inminente fracaso de la reforma al sistema de salud. Es la expresión dramática de la dificultad del Pacto Histórico para convertirse en un “Bloque Histórico”[2] y contar con un amplio respaldo en la sociedad y el Congreso para consolidar sus reformas sociales. Dicha tensión se ha proyectado mediáticamente como la mayor amenaza para la democracia y el Estado de derecho, lo que carece por completo de sentido, pues la propuesta presidencial no tiene ninguna viabilidad política y menos legislativa. Según el trámite establecido por la Constitución del 91 precisa que el gobierno cuente con mayorías en el Congreso para poder convocarla, como lo prescribe el artículo 376[3] de la Constitución. Si el actual trámite a las reformas está siendo saboteado y bloqueado por falta de quorum para los debates, con mayor razón lo sería la iniciativa del ejecutivo para convocar la Constituyente, que precisa la mayoría de los votos en Cámara y Senado. De alguna forma, estamos al frente de una truculenta puesta en escena que revive una fantasmal constituyente a la que apela el presidente para sortear la crisis de gobernabilidad por la que atraviesa. Por su parte, la oposición aprovecha en forma histérica el fantasma de esa Constituyente irrealizable para convertir la actual crisis de gobernabilidad en una crisis de legitimidad, que condene al fracaso total el proyecto reformista del Pacto Histórico y le permita retomar el control del Estado dentro de dos años. Tal es el trasfondo de la tramoya mediática que en forma hábil promueven los líderes más oportunistas y cínicos del establecimiento, generando una sensación de “venezonalización” inminente de Colombia que convertiría a Petro en un dictador, emulo de Chávez y Maduro. Un escenario que produce réditos políticos inmediatos a una oposición que vuelve a manipular con éxito los miedos y prejuicios de millones de ciudadanos, fácilmente estimulados en su sectarismo clasista y racista, quienes no dejan de ver en Petro a un “guerrillero asesino y corrupto” y desconocen su legitimidad democrática para gobernar. Es la táctica de “emberracar” –que dio la victoria al NO en el plebiscito del Acuerdo de Paz[4]-- a una población que cada día se siente más amenazada por una criminalidad desbordada e incontrolable y la precariedad creciente de sus ingresos y empleos. A ello se suma su profunda indignación y frustración por escándalos de corrupción como los carrotanques de agua para la Guajira, comprados por el saliente, turbio e impotable Olmedo López, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), un artífice insuperable del mayor desastre que pueda sufrir un gobierno que se precia de ser progresista: la pérdida de confianza ciudadana en su honestidad y competencia gubernamental.

¿De la crisis de gobernabilidad a la de legitimidad?

Así las cosas, una oposición visceral está empeñada en profundizar un peligroso e incierto escenario político, donde la crisis de gobernabilidad del ejecutivo se traslapa con una agresiva campaña para su deslegitimación presidencial. De dicha campaña hacen parte investigaciones relacionadas con la supuesta superación de topes de financiación en la campaña presidencial y los generosos auxilios recibidos por su hijo Nicolás. Tal escenario puede conducirnos al agujero negro de una crisis social y económica que se traduzca en choques violentos y frecuentes entre partidarios del gobierno y sus opositores, bajo el espejismo de una disputa entre el poder constituyente del pueblo y el poder constituido del Congreso y del Establecimiento. Una versión inédita del “País Nacional”[5] contra el “País Político”, que el presidente Petro en su discurso de posesión se propuso superar: “Ya es hora de dejar atrás los bloques, los grupos y las diferencias ideológicas para trabajar juntos. Entendamos de una vez y para siempre que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y que juntos somos más fuertes…Y finalmente, uniré a Colombia. Uniremos, entre todos y todas, a nuestra querida Colombia. Tenemos que decirle basta a la división que nos enfrenta como pueblo. Yo no quiero dos países, como no quiero dos sociedades. Quiero una Colombia fuerte, justa y unida. Los retos y desafíos que tenemos como nación exigen una etapa de unidad y consensos básicos. Es nuestra responsabilidad”[6]. Desafío y meta histórica que no es posible promover mediante el espejismo de una nueva Asamblea Constituyente, pues después de 33 años de proclamada la Constitución del 91 ya sabemos que no basta con el fetiche de tener una nueva Constitución sino contamos con los actores políticos, vale decir partidos y líderes democráticos que estén a su altura, así como con una ciudadanía democrática responsable y comprometida que viva y actúe la Constitución, al menos en su artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, y exija al gobierno y todos los actores armados ilegales comprometidos con la “Paz Total” que cesen sus hostilidades y delitos contra la población civil. Solo así será realidad la paz vital y dejará de ser mortal la “paz total”, como aconteció con el atentado de la que fue víctima la lideresa indígena Nasa Carmelina Yule[7], cuando rechazaba el reclutamiento forzado de un menor de edad por parte de las disidencias del Estado Mayor Central. En este contexto lo que se precisa es un gobernante constituyente y garantista de la población, no una Constituyente para gobernar. Un gobernante que no solo recurra a la palabra para persuadir a organizaciones criminales como el EMC[8] de alias Mordisco, sino también al poder coercitivo de la espada, pues todo parece indicar que para ellos la PAZ solo con sangre entra. Es de esperar que con el cese del fuego decretado por el presidente y las acciones de la Fuerza Pública en su contra lo comiencen a entender y dejen de hostigar, reclutar niños y asesinar a la población civil.

¿Del mito constituyente a una gobernabilidad constituyente?

Lo que ahora precisamos con urgencia es dejar atrás ese mito constituyente del 91, pues lo que siguió a la expedición de la Carta del 91 fue su progresiva desaparición en la vida política real. Se convirtió en una Constitución nominal y no aplicada, una magnífica ficción política y normativa. En efecto, el espejismo del llamado consenso democrático consignado en la Carta lo desapareció un prestidigitador del poder presidencial, César Gaviria Trujillo, que convirtió ese tratado de paz en una guerra integral. Guerra que comenzó con el bombardeo al secretariado de las Farc-Ep en Casa Verde el 9 de diciembre de 1990, día en que se realizaba la elección de los delegatorios a la Constituyente. Con su “bienvenidos al futuro” de la apertura económica[9] y la globalización de los mercados, Gaviria desvirtuó el Estado Social de derecho y convirtió el Estado en un mercado, bajo fórmulas privatizadoras del credo neoliberal y los tratados de comercio, que impidieron la creación de una economía social de mercado en beneficio de las mayorías. Lo demás es historia conocida: el crecimiento desbordado de las Farc-Ep, el auge del paramilitarismo, la privatización de la salud con la ley 100[10] de 1993 y la creación de las EPS, cuya gestión y funcionamiento es cada vez más insostenible y requiere una reforma estructural. Para ello no se precisa una nueva Constitución, sino una urgente concertación entre actores políticos protagónicos y decisorios, como el presidente Petro y el expresidente Uribe, que hagan posible una gobernabilidad democrática efectiva y contenga la actual campaña de ingobernabilidad y deslegitimación presidencial junto a la improbable e inoportuna convocatoria de una Asamblea Constituyente.

La mitomanía constitucional y democrática

De lo contrario, corremos el riesgo de caer de nuevo en el agujero negro de agitar un incierto proceso constituyente en donde se recurre otra vez al mito de una supuesta gobernanza constituyente para “resolver varios problemas fundamentales que detienen a la sociedad colombiana y por eso debe el constituyente, es decir el pueblo, entrar a resolverlos”[11]. Entre esos problemas, el presidente Petro identifica siete desafíos imposibles de superar en los dos años que le quedan: Primero, el cumplimiento Acuerdo de Paz 2016. Segundo: “condiciones básicas de existencia” en cuanto a salud, pensión, a través de una renta para los más viejos, y acceso al agua para toda la población”. Tercero “una reforma a la justicia, se requiere un sistema judicial cercano al ciudadano, parcial e independiente y que tenga como eje central la verdad, junto con garantías de no repetición, que contribuyan a la reconciliación”. Cuarto punto, el presidente sostuvo que se debe realizar un reordenamiento territorial, alrededor del agua como propone en su Plan Nacional de Desarrollo. Se debe incluir a los territorios excluidos para superar la “aberrante desigualdad”. El quinto punto propuesto es incluir en la Constitución normas para la lucha contra el cambio climático, entre ellos la descarbonización de la economía, una de las políticas que ha impulsado desde su Gobierno y que ha generado críticas de diversos sectores”. Sexto punto que propone el jefe de Estado es que se prioricen la educación pública y la reforma agraria. Así mismo, que la política monetaria esté destinada al empleo y la producción, manteniendo la independencia del Banco de la República y el séptimo punto “separar la política de la financiación privada”, uno de los puntos que incluía su reforma política, hundida en el Congreso, para que las campañas electorales fueran financiadas por el Estado”. Se estaría así reeditando el fetichismo constituyente, con las consecuencias que hoy padecemos y nos dejó el inconcluso proceso de transición democrática de la Carta del 91. Hoy todavía no tenemos ni paz política y menos Estado Social de derecho en todo el territorio nacional. Excepto para unos alucinados líderes del establecimiento, empezando por Cesar Gaviria Trujillo y sus sucesores presidenciales, quienes no estuvieron a la altura de la carta del 91 y hoy dicen defender la “democracia y el Estado social de derecho”. Grandilocuentes instituciones que solo existen en el papel y han servido de coartada para la gestión de poderes de facto excluyentes y de intereses de mercaderes legales e ilegales, que han convertido el Estado en una cacocracia[12] y a la democracia en un régimen político electofáctico[13].

Encrucijada Histórica

Estamos en una encrucijada histórica. Una encrucijada que demanda reformas inaplazables para catalizar procesos de reactivación económica con inclusión social y acuerdos políticos generadores de paz democrática y seguridad humana. De lo contrario, volveremos al pasado tenebroso de fórmulas de gobernabilidad autoritarias. Fórmulas anacrónicas que todavía creen que es posible contener y apagar próximas eclosiones sociales a punta de sangre y fuego, con más “falsos positivos”[14], armando a civiles energúmenos, alentados por el miedo y la revancha, negando verdades y responsabilidades históricas develadas por la Comisión de la Verdad y el lento e inseguro avance de la justicia transicional de la JEP. Si ello acontece en las elecciones de 2026, otra vez el País Político cabalgaría airoso e impune sobre el País Nacional, maltratado y humillado, con sus precarios derechos económicos y sociales en vilo, todo en nombre de la “democracia y el Estado de derecho”. La “democracia” más profunda e insondable en perpetuar víctimas mortales, según estas cifras del informe final de la Comisión de la Verdad[15] y un “Estado de derecho” con 48 sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[16] por violaciones a los derechos humanos. No sobra la pregunta para todos los expresidentes ¿De qué democracia y Estado de derecho me hablas? O, mejor, ¿Cuál democracia y estado de derecho mantenía el coronel Alfonso Plazas Vega el 7 de noviembre de 1985?[17]