CALICANTO: LA POLÍTICA EN LOS ESTRADOS JUDICIALES: PASTRANA Vs PETRO

LA POLÍTICA EN LOS ESTRADOS JUDICIALES: PASTRANA Vs PETRO

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Hernando Llano Ángel.

Hoy los principales conflictos y controversias políticas, sean nacionales o internacionales, se encuentran judicializadas. Desde Putin y Netanyahu, pasando por Trump y Biden, hasta llegar a la actual controversia entre el expresidente Andrés Pastrana y el presidente Gustavo Petro[1], originada en el siguiente trino de Pastrana: “Su campaña y su Presidencia, Gustavo Petro, no han sido otra cosa que la fusión del Gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total”. Al cual, Petro respondió: “Jamás fui amigo de Epstein[2] ni me subí al "lolita express" y por eso se que es dignidad. Por eso lo que dice el expresidente tendrá que corroborarlo en los tribunales. He decidido demandarlo”. Expresiones y cargos escandalosos, más propios del mundo delincuencial que del presidencial. Es el signo de los tiempos. Un signo preocupante y a la vez esperanzador.

Preocupante, pues nos revela que la política y sus principales protagonistas cada día están más involucrados en maniobras oscuras, limítrofes con la ilegalidad y el crimen. No es que la justicia se haya politizado, como dicen los incriminados en su propia defensa. Más bien es lo contario. Es que la política se ha criminalizado. Así los demuestran los protagonistas internacionales: Putin, Netanyahu, Trump, Biden, Bukele, Ortega y Maduro. Y los nacionales: Gaviria y el surgimiento de los PEPES[3]; Samper y el proceso 8.000; Pastrana y el auge criminal de los paramilitares; Uribe con la narcoparapolítica y los falsos positivos; Santos con Odebrecht; Duque y su amistad con el Ñeñe Hernández y Petro con el escándalo de su hijo y la supuesta violación de los topes de su campaña. Dichos protagonistas, sean líderes en la oposición o jefes de Estado, transitan cada vez más por una delgada y penumbrosa línea entre la legalidad y la ilegalidad, la legitimidad y la ilegitimidad.

Esperanzador, pues podría suceder que la justicia, actuando con rigor e imparcialidad, libere a la política de las redes de la criminalidad. La verdad, este asunto es demasiado complejo. Se trata de saber, nada menos, quién gobierna, su legitimidad y cómo lo hace. Lo que está en juego es la definición del tipo de poder estatal que rige los destinos de una sociedad. En otras palabras, los poderes de facto que están tras las bambalinas de la parafernalia de las instituciones estatales y determinan en últimas el carácter del Estado y lo que éste puede o no hacer en la sociedad para asegurar la prevalencia del interés público sobre el particular, la seguirdad y la convivencia democrática.

Odebrecht de constructora internacional a demoledora de legitimidad presidencial

Por ejemplo, Odebrecht[4] ha demostrado ser mucho más que una multinacional para la construcción de infraestructuras públicas en Latinoamérica. Se convirtió en un poderoso entramado privado-público de corrupción para la cooptación del Estado, como sucedió en nuestro caso, financiando las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos[5] y Oscar Iván Zuluaga. En el Perú su alcance fue más demoledor, pues produjo el desmantelamiento del poder presidencial con el enjuiciamiento en línea de tres expresidentes: Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y hasta el suicidio de Alán García, quien optó por su sacrificio antes de ser encarcelado y condenado. En todos estos casos, queda claro que estamos frente al poder de Estados cacocráticos[6], que subordinan el interés público y general a las ganancias particulares de Odebrecht compartidas con políticos y funcionarios públicos corruptos, auténticos cacos. Por todo lo anterior es que una institución como la Fiscalía General de la Nación se convierte en la pieza clave para enfrentar y desmantelar el entramado criminal del Estado cacocrático o, por el contrario, para ocultarlo y consolidarlo, como parece ha venido sucediendo hasta la fecha.

La Fiscalía, caballo de Troya de la criminalidad

De allí las dificultades de nuestra Corte Suprema de Justicia para la elección de la próxima fiscal. Porque la Fiscalía General en nuestro Estado y sociedad ha sido una institución deplorable en el develamiento y desmantelamiento de esa simbiosis letal entre la política y el crimen, que es la quintaesencia de nuestro régimen político electofáctico[7], y la matriz del Estado cacocrático[8]. Ha sido una especie de Caballo de Troya de la criminalidad. Quizá con la excepción de la Fiscalía de Alfonso Valdivieso y la investigación del proceso 8.000 contra el entonces presidente Ernesto Samper Pizano por el ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña presidencial, todas las demás Fiscalías han brillado por su penumbrosa investigación contra el crimen organizado, especialmente en la lucha contra el narcotráfico, la parapolítica y su alianza con el poder político. En especial algunas Fiscalías, como la de Luis Camilo Osorio[9] y su sospechosa incompetencia en la investigación del paramilitarismo y la parapolítica; la de Néstor Humberto Martínez[10] y su tenebroso encubrimiento de Odebrecht y las extrañas muertes de Jorge Enrique Pizano[11] y su hijo Alejandro, hasta la actual de Francisco Barbosa y su descomunal incompetencia en investigar los presuntos aportes del Ñeñe Hernández[12] a la campaña del presidente Duque y las oscuras relaciones de la vicefiscal Marta Mancera con narcotraficantes en el Valle del Cauca[13]. Los anteriores casos demuestran su fracaso institucional, sin necesidad de más pruebas que la evidencia pública de tan vergonzosas gestiones. Todas ellas tienen en común la complacencia con el Ejecutivo que los nominó, rayana con la complicidad, la impunidad y la procrastinación en la investigación de graves crímenes. En otros casos, como la Fiscalía de Mario Iguarán, aparece cuestionada su postulación y hasta nombramiento por la supuesta influencia de los paramilitares en ella, según versión de Salvatore Mancuso[14]. Pero más allá de las anteriores evidencias y suspicacias de la alianza de la Fiscalía con el Ejecutivo para el ocultamiento de sus delitos o, por el contrario, su distanciamiento para la investigación y ajuste de cuentas con el presidente de turno por la vía judicial, como lo ha venido haciendo Barbosa contra Petro, lo cierto es que la Fiscalía se ha convertido en una institución celestina de la punible y dañada relación que existe entre la política y el crimen. Una relación de la que no está a salvo ningún presidente desde la Constitución de 1991, ya sea por acción u omisión, puesto que el principal desafío que todos han tenido que enfrentar es como contener los alcances del crimen en la vida social y política.

Criminalidad multifacética y mutante

Una criminalidad multifacética y mutante, alimentada en forma creciente por las economías ilegales, que prácticamente han borrado las fronteras entre lo político y lo delincuencial, cuyo primero y principal protagonista fue Pablo Escobar, simultáneamente gran Capo y Representante en la Cámara por del departamento de Antioquia. También por ello ha sido tan funcional el narcotráfico en la financiación de las campañas electorales, desde las locales hasta las presidenciales, así como sus coaliciones y apoyos a organizaciones guerrilleras y en especial a los paramilitares, pues el narcotráfico es un comodín al servicio de todo aquel que pueda servirle para aumentar impunemente sus ganancias, reciclarlas y lavarlas, con el AVAL[15] del sector financiero o con inversiones inmobiliarias como la de Memo Fantasma[16] en la empresa Hitos Urbanos del esposo de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Ni hablar de las relaciones del narcotráfico con instituciones como la Policía Nacional y el Ejército, de cuyas filas han salido los más importantes jefes de seguridad de los capos y sus enlaces con la institucionalidad, como el caso del general Mauricio Santoyo[17], exjefe de seguridad en la Casa de Nariño del Expresidente Álvaro Uribe Vélez. Precisamente por todo ello, el presidente Gustavo Petro en reciente discurso ante los comandantes de la Policía Nacional afirmó: “Lo más difícil de la lucha contra el crimen es que las bandas están dentro de las instituciones y entran a las instituciones que más daño les harían”[18]. De allí la dificultad y la urgencia de que la Corte Suprema de Justicia nombre pronto una Fiscal General capaz de desmontar y desalojar ese Caballo de Troya de la criminalidad en que se ha convertido dicha institución, cuyo ingreso no hubiera sido posible sin el valioso concurso, entre otros, de fiscales como Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa. Dos hábiles jinetes en cabalgar y proteger a sus nominadores, los presidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque, por las sendas de la impunidad. Solo con una Fiscalía independiente del Ejecutivo e inflexible frente al crimen se podrá minar las bases del régimen electofáctico y del actual Estado cacocrático, sustentados en la letal simbiosis de la política con el crimen y la impunidad. ¿Será posible hacerlo? Sin duda, para ello también será necesario depurar la Fuerza Pública, además de inculcar y fortalecer la ética pública en la ciudadanía para que supere esa indolencia que se esconde en expresiones como “todos los políticos son ladrones”. En ultimas, que salga de ese analfabetismo político que Brecht fustigaba en su célebre poema[19].