CALICANTO: LA VERDAD DE LAS VÍCTIMAS NADIE LA DESLEGITIMA Y MENOS LA BORRA DE LA MEMORIA COLECTIVA

LA VERDAD DE LAS VÍCTIMAS NADIE LA DESLEGITIMA Y MENOS LA BORRA DE LA MEMORIA COLECTIVA

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Hernando Llano Ángel.

La verdad de las víctimas nadie la deslegitima, menos esa mayoría negacionista de congresistas que la eliminó el artículo 8[1] de la ley del Plan Nacional de Desarrollo, con la vana pretensión de desconocer las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) con destino a las diversas entidades y agencias del Estado como una guía para su actuación y eventual aplicación. Recomendaciones de carácter potestativo, no vinculantes, cuyo alcance no era otro que reconocer y resaltar los aspectos, deficiencias, dinámicas y patrones que son generadores de la victimización de la población civil, sobre los cuales un auténtico Estado Social de Derecho y Democrático debería actuar para así promover la convivencia y la no repetición de más víctimas impunes. Más de 9 millones de víctimas[2] fueron causadas precisamente por ese entramado de patrones, susceptibles de modificación y erradicación, si el Estado en verdad actuará en forma democrática y social de derecho, como lo estipula el artículo 1 de la Constitución. Pero esa mayoría de congresistas consideró que esas recomendaciones no tenían sentido en el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, que no es deber ni función del Estado evitar, contener e impedir que nuestra historia continúe siendo eternamente una interminable sucesión de víctimas irredentas y de victimarios impunes. Al negar las recomendaciones, esos congresistas consienten que tan atroz victimización siga perpetuándose en nombre de su insólita concepción de “democracia y Estado de derecho”. Así las cosas, las víctimas deben continuar siendo sacrificadas en nombre de esa espuria democracia y la defensa de un genocida Estado cacocrático[3], tras el cual se parapetan y devengan pingues ganancias esos honorables congresistas que mensualmente devengan “$37′880.084[4] millones de pesos, teniendo en cuenta que el último incremento fue de 800 mil pesos”. Sin duda, con esa decisión, dichos congresistas nos revelaron su verdadera función e identidad: son cómplices de victimarios indolentes, prepotentes e impunes que, nombre del “pueblo colombiano”, auspiciaron la “seguridad democrática” de los “falsos positivos”[5], las masacres y la complicidad criminal con el paramilitarismo, como lo acaba de confirmar una vez más Salvatore Mancuso[6] en audiencias ante la JEP. Pero también esos congresistas procrastinan con los crímenes atroces cometidos por supuestos revolucionarios que, en nombre de la “justicia social” y la “soberanía nacional”, continúan asesinando líderes sociales[7], desplazando y confinando comunidades indígenas y negras, en disputa de economías ilícitas. En su representación y función como congresistas, en lugar de “actuar consultando la justicia y el bien común”, como lo ordena el artículo 133[8] de la Constitución, hacen todo lo contario: propician la injusticia y el mal común. Sin duda, pues al rechazar de plano recomendaciones de la CEV que tienen “como horizonte ético y político contribuir a la convivencia, a la confianza y a la paz, y abrir el camino de la reconciliación sobre la base de la no repetición”, cuyo principal cometido es “garantizar el derecho de las víctimas a ser reparadas de manera integral y transformadora para superar las condiciones de pobreza en las que vivían en 2019, por ejemplo, cerca del 76 % de las víctimas de desplazamiento forzado. También se proponen recomendaciones para garantizar su derecho a acceder plena y preferencialmente a la oferta social del Estado en cuanto a salud, vivienda, educación y generación de ingresos. La dimensión transformadora de la reparación integral no solo permite la reparación del daño ocasionado por la victimización, sino que, adicionalmente, ataca las condiciones de exclusión y desigualdad que permitieron la vulneración de derechos. Garantizar una reparación bajo un enfoque transformador es, además, garantía de no repetición que impulsa el desarrollo social en términos de justicia distributiva”. Entre muchas recomendaciones, la CEV resalta la inaplazable necesidad de la reforma agraria integral y el reordenamiento territorial, pues “si bien el conflicto armado interno colombiano tiene múltiples explicaciones históricas, que no se reducen al problema de la tierra, la disputa armada por el poder político emergió y se ha desarrollado asociada también a intereses económicos por controlar territorios estratégicos. El desplazamiento de más de nueve millones de personas y la pérdida de más de ocho millones de hectáreas usurpadas o abandonadas, como resultado de la violencia del conflicto armado no solo han significado una contrarreforma agraria, sino que sumadas a la incapacidad del Estado para regular los derechos de propiedad de la tierra y los conflictos por su uso, la baja calidad de la democracia que existe en el país y la dualidad territorial del débil e inefectivo Estado Colombiano, facilitaron la implementación de un modelo de acumulación por desposesión, que ha mantenido niveles muy altos de concentración de la tierra (Gini de tierras de 0,92), y niveles importantes de pobreza y desigualdad que siguen siendo factores de persistencia de la violencia tras la firma del acuerdo final de paz entre el Gobierno y las FARC-EP. La expulsión de miles de familias campesinas de la frontera agrícola, la colonización forzosa de zonas marginales de humedales, bosque, selva y montaña sin infraestructura pública, servicios estatales ni garantías de derechos y la inseguridad jurídica sobre la propiedad rural campesina han generado además incentivos para la expansión del narcotráfico, factor de persistencia de la violencia en Colombia”. La segunda gran recomendación está referida a la urgencia de superar una cultura arraigada en el desprecio de la pluralidad social y la igual dignidad de todos los colombianos, que hace del racismo, el clasismo, el machismo y el especismo su matriz de dominación: “El conflicto armado, entonces, no solo se funda en causas o razones objetivas, sino también en asuntos intangibles, en creencias y valores que no se han hecho lo suficientemente conscientes y que han sido convenientes para un sistema de órdenes raciales y de clases y privilegios que mantienen una democracia de baja intensidad. El papel de estas creencias se aduce en formas de pensar y sentir; en barreras psicosociales que constituyen obstáculos para la paz. Ante ellas, el conflicto colombiano parece insuperable. Los pasos para salir de él mediante negociaciones políticas o acuerdos institucionales y sociales son vistos con sospecha o en clara oposición, como sucedió en el plebiscito del Acuerdo de Paz firmado en el 2016 por el Estado colombiano y las FARC-EP. Algo que dependió justamente de asuntos culturales que determinaron la elección de apuestas políticas que promovían la no transacción con el «adversario» o su abierta eliminación”.

Verdades como las citadas, tomadas del volumen “Hallazgos y Recomendaciones”[9], grabadas con sangre y fuego sobre miles de víctimas, terminaron siendo negadas, fueron incapaces de reconocerlas la mayoría de congresistas que votaron contra el artículo que las incorporaba al Plan Nacional de Desarrollo. Con semejante decisión los congresistas nos revelan que ellos viven y encarnan la mentira de autoproclamarse como representantes del pueblo, incluso de las víctimas, pero siempre actúan discretamente y con elocuencia como sus victimarios con argumentos tan cínicos como afirmar que la mayoría de las recomendaciones eran “inoportunas e inconvenientes” porque polarizaban y crispaban más la política nacional. Dichos congresistas actúan como procrastinadores del desastre porque a nada le temen más que a la verdad de todas las víctimas. Niegan que HAY FUTURO SI HAY VERDAD[10]. Para ellos, van estas reflexiones finales de Albert Camus, hoy más vigentes que nunca: “La importancia privilegiada de la mentira proviene de que ninguna virtud puede aliarse con ella sin perecer. El privilegio de la mentira es que siempre vence al que pretende servirse de ella… No, ninguna grandeza se ha establecido jamás sobre la mentira. La mentira a veces hace vivir, pero nunca eleva”. Tal es la exigencia de vivir en democracia, no tolerar, ni consentir con la mentira en aras de una errática prudencia, como la recomendada por el senador Humberto de la Calle que, al acompañar a los congresistas negacionistas del Acuerdo de Paz, del cual fue un importante artífice, e impedir así la implementación condicionada y progresiva de las recomendaciones de la CEV, hoy se convierte en contradictor del mismo y en un aliado institucional de victimarios indolentes e impunes. ¡Que incoherencia y vergüenza! ¿Volvería el senador De la Calle al redil de los lacayos de César Gaviria y de la traición histórica de la Constitución del 91, convertida bajo ese gobierno en matriz del neoliberalismo y en la guerra integral contra las Farc con el fracasado bombardeo a Casa Verde el 9 de diciembre de 1990[11]?