MÁS ALLÁ DE UNA CRISIS
MINISTERIAL
Hernando Llano Ángel.
La renovación del gabinete presidencial con siete nuevos miembros es mucho
más que una simple crisis ministerial. Se trata, nada menos, de la llegada a la
nave del Estado de una tripulación de la más alta confianza del Ejecutivo para
avanzar más rápido y con mayor determinación por la travesía histórica de mayor
calado y riesgo en que se haya comprometido presidente alguno en casi un
siglo. Es la travesía gubernamental más
incierta y peligrosa, pues se trata de desmontar una tramoya institucional cuya
esencia es la simbiosis de la política con el crimen, la ilegalidad y la
violencia, a favor de un statu quo socialmente excluyente y de privilegiados
intocables. Ese establecimiento que el sentido común y un periodismo mediocre
resume en un problema atrapatodo, la corrupción, que dice mucho y no precisa
nada. Es una palabra sortilegio, convertida por todas las encuestas y sondeos
de opinión en el chivo expiatorio de todos nuestros males, junto al
narcotráfico. Una expresión gaseosa que nos exime reflexionar sobre quiénes son
los mayores responsables de esa tramoya estatal que permanece inexpugnable.
Incluso, los más listos, afirman que el narcotráfico es el causante de la máxima
corrupción de la economía, la violencia política y la degradación moral, pero
ignoran que más bien sucede todo lo contrario. Es la economía de mercado y los
banqueros los que lavan, AVALan[1],
purifican y legalizan esa próspera industria criminal auspiciada por el
prohibicionismo y capitalizada por anónimos y exitosos empresarios. Esa tramoya
institucional es promovida por la “clase política” más astuta, cínica y
ambiciosa de todo el continente. Una “clase política” que, salvo contadas
excepciones, es narcoadicta a la financiación de sus campañas y carreras
electorales. Por eso se rasga las vestiduras cuando escucha hablar de sustituir
el prohibicionismo de la “guerra contra las drogas” por la regulación estatal
de su producción y consumo, que nada tiene que ver con la legalización y menos
la legitimación del crimen. A esos fariseos de la moralidad y la honestidad
política hay que recordarles que solo con la regulación legal de la producción,
distribución y consumo del licor, logró Norteamérica combatir con éxito las
mafias que con violencia y corrupción desafiaron y minaron ese Estado de
derecho y lo convirtieron en una cacocracia[2],
con exponentes políticos criminales tan destacados como Richard Nixon y el
actual Donal Trump. Pero pasar del prohibicionismo fracasado de la “guerra
contra las drogas” a la regulación de su producción, distribución y eventual
consumo responsable, como sucede hoy con las bebidas alcohólicas, pondría en
grave riesgo la existencia de gran parte de esa “clase política” nacional. Ella
vive del periódico fetichismo electoral y de su prestidigitación partidista
demagógica, acompañada de trucos como la mercadotecnia electoral y de una
legión de mercaderes de votos, que han logrado fijar en la mente de millones de
ingenuos ciudadanos que viven en la democracia “más estable y profunda de
Latinoamérica”.
¿Una “democracia” genocida?
A tal punto ha penetrado esta falacia monumental en la percepción
ciudadana, e incluso en la mayoría de mentes ilustradas, que todavía hoy son
renuentes a reconocer que vivimos en la sociedad con los más altos índices de
violencia política del continente, lo que ya es una negación flagrante de la
democracia. La esencia política de la democracia es precisamente la regulación,
contención y deslegitimación de la violencia, mediante el Estado de derecho, que
impide su empleo generalizado como un recurso válido para la disputa o el
ejercicio del poder gubernamental. Circunstancia ésta que no ha dejado de estar
presente durante más de medio siglo en nuestra realidad. Según las cifras[3]
del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), en
la disputa violenta por el poder estatal entre 1985 y 2016, “perdieron la vida 450.664 personas y si se
tiene en cuenta el subregistro, la estimación del universo de homicidios puede
llegar a 800.000 víctimas”. La
desaparición forzada de personas por causa del conflicto armado entre 1985 y
2016 se calcula en 121.768 víctimas y si se
tiene en cuenta el subregistro puede llegar a 210.000. Semejante universo de víctimas por causa del conflicto
armado interno supera con creces las víctimas de todas las dictaduras del Cono Sur:
Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina y Brasil. Y el 90 por ciento de dichas
víctimas fueron civiles. ¿Cómo se puede llamar democrático un régimen
político con semejante victimización de su población civil, que se prolonga
hasta el presente? ¿Qué tipo de democracia es aquella que sacrifica en forma
consuetudinaria a su población civil y sus victimarios gobiernan impunemente en
su nombre y supuesta defensa? De allí el sentido de la llamada política de Paz
Total, pues solo con la desarticulación y sometimiento a la justicia de los
cerca de “5 megacartales y 23 narcobandas”[4]
que están presentes en 31 departamentos, se podrá empezar a crear condiciones
políticas, sociales y económicas para el funcionamiento de la democracia en
todo el territorio nacional. Pero de una democracia real, capaz de garantizar
la vida, seguridad y propiedad de todos los colombianos, especialmente de las
mayorías que han sido excluidas de sus más fundamentales derechos.
¿A quiénes protege y sirve esta
“democracia”?
El Informe Final de la CEV reporta que “entre 1985 y 2013 se registraron más de 537.503 familias que fueron despojadas de sus tierras o las tuvieron que abandonar a la fuerza (Encuesta Nacional de Víctimas de la Contraloría de 2013). Según la misma fuente, entre 1995 y 2004 fueron despojadas o abandonadas más de ocho millones de hectáreas de tierra”. ¿Dónde estaban entonces los honorables senadores y representantes que hoy ponen el grito en el cielo porque supuestamente este gobierno atenta contra la propiedad privada y la seguridad jurídica? Para esos cientos de miles de campesinos pobres y minifundistas, de comunidades indígenas y negras sometidas a la violencia extrema de paramilitares y guerrillas, no existió Estado de derecho ni seguridad jurídica alguna. Lo cual demuestra que lo que hemos tenido es una “democracia” de expoliadores, celosa defensora de la propiedad privada de caballeros y señores de la guerra, de latifundistas rentistas y despojadores impunes, donde los límites de lo legal e ilegal se difuminan y confunden con la complicidad de notarios en vastas regiones del país. Esa es la tramoya que hoy invoca con cinismo el Estado de derecho y la defensa de la propiedad privada. Una propiedad que, según el artículo 58 de nuestra Constitución, “cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social”. Una propiedad que “es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica”. Además, “el Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y el afectado”. Ya la actual ministra de agricultura, Jhenifer Mójica, señalo a Caracol[5]: “No necesitamos llegar a escenarios de la compra obligatoria, en este momento tenemos una sobreoferta de tierras que nos han llegado a través del canal de Fedegan a través de los canales directos del WhatsApp que se generó para recibir ofertas de compra en la agencia Nacional de Tierras. Estamos también ya explorando otras iniciativas del sector privado de la ruralidad que se están sumando cada vez más a que logremos satisfacer esta demanda histórica del campesinado”. Por todo lo anterior, lo que significa el cambio de gabinete no es otra cosa que lo anunciado por el presidente Gustavo Petro en recientes discursos, como el pronunciado en la OEA en Washington[6] y también en Zarzal[7] en la entrega de mil hectáreas a campesinos del Valle del Cauca, y es que estamos ante una transición histórica hacia una auténtica democracia. Una democracia ciudadana, telúrica y al servicio de las mayorías, no la genocida y ecocida que ha gobernado a favor de Caballeros y Señores de la guerra. Y lo que está por verse es si esa transición se hará por vía de reformas forzadas, apelando a procesos participativos reglamentados en la ley estatutaria 1757 de 2015[8], que contempla incluso la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, o por la vía del pacto mediante reformas aprobadas en el Congreso. Todo dependerá de la correlación de fuerzas políticas entre los partidos, los congresistas y el Ejecutivo, pero también de la conciencia ciudadana para definir la vía y el alcance de esa democracia, donde por fin el “País Nacional” y el País Político” se reconcilien y no transiten por vías antagónicas, como lo alertaba Gaitán el 20 de abril de 1946: “En Colombia hay dos países: el país político, que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su poder y el país nacional que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, desatendidos por el país político. El país político tiene rutas distintas a las del país nacional. ¡Tremendo drama en la historia de un pueblo!”. Transcurridos 77 años ya es hora de superar este drama, de lo contrario continuaremos viviendo en esta monstruosa tragicomedia mal llamada democracia, cuyo verdadero nombre es régimen político electofáctico regentado por un Estado cacocrático.
[3] https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/principales-cifras-comision-de-la-verdad-informe-final#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20CNMH%2C%20desde%201958,del%2035%20%25%20de%20asesinatos%20selectivos.
[4] https://www.elcolombiano.com/colombia/cuales-son-los-grupos-armados-del-pais-y-como-estan-organizados-eln-y-clan-del-golfo-JK21184195
3 comentarios:
Se me ocurre recordar una importante ley de los cambios "nacionales" resultantes de esa "correlación de fuerzas" aparentemente internas, pues en realidad la correlación de fuerzas tendrá y ha tenido efectos duraderos y no pasajeros ni siquiera transitorios, al interior de un país, cuando la correlación de fuerzas proviene de las contradicciones entre capital y trabajo internacionales, de pronto expresión superada por el esnobismo de la posmodernidad, pero hecha realidad en ejemplos muy cercanos geográficamente, como Chile (Allende), ahora Perú (Castillo) y también se han permitido importantes cambios no estructurales aunque si para estructurales cuando se comprende esta ley del cambio como en Uruguay (Mojica) hoy en México (López Obrador) y parece que en Colombia Petro lo comprende y busca consolidar posiciones en lo internacional para que se de aquello en lo que dice creer y es la necesaria consolidación de un capitalismo social que enrute por la diálectica hacia una sociedad menos dependiente del capitalismo salvaje.
Que análisis tan extraordinario. Es importante desmontar también la JEC, la Justicia Especia para Corruptos. Desmontar el principio de que "el crimen es un medio para un fin" sin importar las consecuencias para poder disfrutar de los réditos. Sugerencia, publicar tus columnas por internet. Valen la pena.
Gracias por los comentarios, precisiones y sugerencias.
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