CALICANTO: DELIBERAR Y CONCERTAR PARA DEMOCRATIZAR

DELIBERAR Y CONCERTAR PARA DEMOCRATIZAR

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Hernando Llano Ángel

Deliberar y concertar son verbos imprescindibles para dar vida y consolidar la democracia. Porque para deliberar hay que contar con el otro, reconocer su existencia y su diferencia, su propia identidad y voz disidente. Deliberación y concertación son actitudes y competencias sin las cuales no existe ciudadanía y menos convivencia democrática. No es fácil disponerse a conversar y escuchar a quienes confrontan nuestros intereses y difieren de nuestros puntos de vista y objetivos específicos. Es mucho más fácil ignorarlos, incluso acallarlos, hasta desconocer su existencia. Pero el costo es también mucho más alto, se paga con la hostilidad de la resistencia y la rebeldía, que casi siempre culmina con violencia y pérdida de vidas. Al respecto, la magnífica y desgarradora película “Los reyes del Mundo”[1], es una hermosa y terrible alegoría de lo que nos sucede todos los días. Tal es el mayor desafío de la política democrática. Especialmente en estos momentos. Siempre resulta tentador para un gobernante decretar e imponer, en lugar de escuchar, conversar y concertar. Es la diferencia entre un autócrata y un demócrata. El primero está plenamente convencido de tener siempre la razón, la verdad y la justicia. Se considera un predestinado para salvar a su pueblo. Es un caudillo que pretende encarnar la verdad y la vida de su pueblo. El demócrata, por el contrario, reconoce que no siempre tiene la razón, mucho menos la verdad y que solo el pueblo puede redimirse a sí mismo. Bien lo expresó Albert Camus[2]: “Un demócrata no está seguro de tener siempre la razón”. Pues si está seguro que siempre le asiste la razón, inmediatamente se convierte en un déspota iluminado. Por eso la deliberación es la savia de la democracia y la concertación su consolidación. Ambas evitan su polarización y petrificación. Son dos verbos que todos deberíamos esforzarnos en conjugar si en realidad queremos convivir democráticamente. Dos verbos exigentes y urgentes para superar las encrucijadas de las reformas en que está empeñado el Pacto Histórico. Reformas que por ser tan vitales, incluyentes e inaplazables demandan mucha deliberación y concertación para ser exitosas. De lo contrario, se pueden convertir en un fracaso histórico, desatando mayor frustración e indignación popular. Tal es el riesgo de la transición energética, que no puede ser disruptiva, sino progresiva para evitar un desastre, que ya no sería ecológico sino fiscal y social. No es razonable cerrar la llave del gas y el petróleo desde ya, pues ello desencadenaría en pocos años una explosión social por su desabastecimiento vital y la inedia fiscal. Como tampoco es razonable pensar que son energías imprescindibles e inagotables, pues ya sabemos y padecemos sus efectos letales en la crisis climática. Hay que avanzar en su transición por energías renovables y no fósiles, como lo aconsejan los expertos y hasta el sentido común. Pero para ello hay que realizar transacciones, en lugar de precipitadas imposiciones gubernamentales, que ningún otro Estado en el mundo realiza, pues sabe de las consecuencias impredecibles para su gobernabilidad y sostenibilidad. Así debería procederse con las otras reformas inaplazables, como la de la salud, pensional, laboral, judicial y carcelaria, para no hablar de la reforma política, que es la que más demanda deliberación y concertación para realmente democratizar el poder político y así transformar esta sociedad casi estamentaria y retardataria. Pero deliberar demanda mucho esfuerzo, es mucho más fácil fanatizar y polarizar. Lo primero que demanda la de-liberación democrática es liberarnos de nuestros prejuicios y certezas mutuas, que nos impiden escuchar al otro y reconocerlo plenamente, sin la interferencia deformadora de nuestras arraigadas convicciones y pre-juicios invencibles. Ejemplos de lo anterior son las versiones apocalípticas que sobre las reformas del gobierno circulan por las redes sociales y amplifican ladinamente algunos líderes de oposición y muchos medios de comunicación, según las cuales Petro y su ministra de salud lo único que pretenden es acabar de tajo con las EPS y establecer una ineficiente empresa estatal; el ministro de justicia dejar en libertad a los más temibles asesinos y terroristas; legalizar la marihuana y la cocaína; el ministro de transporte eliminar las plataformas de movilidad; la ministra de minas acabar con el gas y el petróleo y, como joya de la corona, fomentar la sociedad del crimen con el pretexto de una ley de Paz Total. En todos los anteriores casos, el gobierno del Pacto Histórico, como lo hizo con la reforma tributaria, tiene proyectos de ley que nada tienen que ver con esa satanización mediática y deslegitimadora. Proyectos que con toda seguridad serán debatidos y modificados en el Congreso. Habrá concesiones y transacciones que definirán el alcance de dichas reformas, cuyo resultado final seguramente será parecido al de la reforma tributaria, en donde el gobierno cedió e incluso claudicó en pretensiones justas, como desistir de gravar las altas pensiones y los ingresos de Iglesias y numerosos cultos “religiosos” que son una fuente inagotable y turbia para el enriquecimiento celestial de mercaderes de la fe, profesionales en traficar con los diezmos y las necesidades de millones de siervos y feligreses ingenuos.

Mucho más que “Metro-megalomanía”

Los anteriores son ejemplos de concertación, que podrían replicarse para superar la absurda encrucijada en que se encuentra el Metro de Bogotá, donde su trazado elevado o subterráneo se ha convertido en una falsa disyuntiva y una supuesta disputa de egos entre el exalcalde Peñalosa y el presidente Petro. Al respecto, valdría la pena reconocer una evidencia irrefutable: la inmensa mayoría de Metros en las principales ciudades del mundo son subterráneos, pues ello facilita una nutrida y extensa red de estaciones y de líneas, sin destruir la arquitectura, el paisaje y el entorno público de las ciudades, que hacen parte del patrimonio histórico y la memoria de sus habitantes y generaciones. Lo que no obsta para que algunos trayectos, estaciones y vías del Metro sean elevados o a ras de tierra, bien por razones funcionales, económicas o técnicas, como también sucede con algunos Metros de las principales ciudades del mundo como París, Madrid, Berlín[3] y Nueva York. En esta polémica, que algunos quieren reducir a una batalla entre “Metro-megalómanos”, lo que no hay que perder de vista es el interés público, la racionalidad técnica, los costos económicos y la integridad paisajística y arquitectónica de Bogotá, que es patrimonio de todos los colombianos y debe predominar sobre tan baladíes disputas personales. Disputas que son mucho más que las reputaciones y vanidades personales de Peñalosa y Petro, sin desconocer que fue Peñalosa quien “enterró” todos los estudios y las cuantiosas inversiones realizadas durante la alcaldía de Petro. Incluso, los más recientes Metros de Quito[4] y Panamá[5] son en su mayor parte subterráneos. Tal el caso del de ciudad de Panamá, cuya “Línea 1 cuenta con un total de 14 estaciones, seis elevadas y ocho subterráneas”[6]. Pero lo más grave es que el Metro de Bogotá se sume al tinglado de polémicas polarizadoras y fanáticas en que se encuentra envuelto y es arrastrado el Pacto Histórico. Tinglado que tendrá expresión pública y puesta en escena en las próximas marchas del 12 y 14 de febrero en contra y a favor de Petro, simultáneamente. Al respecto, la oposición debería tener presente que las reformas hay que debatirlas, mejorarlas o derrotarlas en el Congreso, así como el legítimo derecho del gobierno a presentarlas y promoverlas públicamente. Además, son reformas con claro contenido democrático, es decir, que buscan generar mayores oportunidades y justicia social para las mayorías excluidas y marginadas, en un sociedad donde “únicamente el 12.4% de toda la riqueza creada se distribuye en el 90% de la población del país”[7], según informe de Oxfam Colombia[8]. Un “dato publicado por ‘Inequality’, una organización sin ánimo de lucro, muestra que en Colombia, ese 1% más rico de la población acumula US$229.700 millones, lo que corresponde a más de 37% del total de riqueza que hay en el país”[9]. A su vez, el Pacto Histórico y sus aliados, deberían esforzarse por ser más claros, abiertos, coherentes y pedagógicos en la presentación y deliberación de sus Reformas, pues de lo contario perderán progresivamente credibilidad y apoyo en la opinión pública. Es imposible persuadir a punta de trinos, anuncios y discursos presidenciales, algunos confusos o contradictorios, que son hábilmente capitalizados, editados y tergiversados por un sector de la oposición irresponsable e irreflexiva, que parece estar empeñada en hacer de Petro un segundo Pedro Castillo. A esa oposición radicalizada le bastaría con mirar lo que está sucediendo en Perú. Más nos convendría reconocer, como ciudadanos responsables y no manipulables, que es hora de deliberar y concertar para democratizar, en lugar de confrontar y polarizar. Somos un país más violento, complejo e impredecible que el mismo Perú. Recordemos que el número de víctimas mortales y destrozos materiales del paro nacional del 2021[10] supera con creces lo vivido hasta ahora por nuestros vecinos peruanos, cuyo horizonte y desenlace presagia ser mucho peor si se prolonga esa confrontación entre un país político indolente y corrupto contra un pueblo justamente indignado y desesperado, que solo reclama democracia, justicia social y paz, como dolorosa y costosamente nos sucedió hace menos de dos años.