CALICANTO: Pandemónium capital

PANDEMÓNIMUN CAPITAL

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Hernando Llano Ángel

Y Bogotá amaneció convertida en un auténtico pandemónium[1], la capital del infierno, pues los encargados de salvaguardar la vida de sus ciudadanos –dos agentes de policía, Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda[2]-- se dedicaron en plena vía pública, con sevicia y crueldad, a quitársela a Javier Ordoñez. Todos lo vimos y de alguna forma sentimos, en nuestras conciencias, las descargas de los taser sobre la humanidad de Ordoñez[3]. Excepto el presidente Duque, su ministro de defensa y la alta oficialidad, que todavía llaman a semejante tortura y posterior asesinato, “presunto abuso de autoridad y homicidio”. Tardaron casi dos días en presentar disculpas oficiales, con impostura de arrepentimiento. La escena es patética, pues el ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, con su habitual gallardía, se lleva la mano al pecho y reconoce, como católico creyente, el pecado capital, pero oficialmente habla de la “muerte de Javier Humberto Ordoñez, que nos duele y nos indigna”. Acto seguido, con eufemismo oficial y legal, informa que “se ha dictado auto de citación a audiencia por el presunto delito de abuso de autoridad y homicidio”, rodeado de la cúpula oficial y el viceministro del interior. Este reconocimiento de la culpa oficial, que podemos ver en YouTube[4], condensa de cuerpo entero la gravedad de la crisis de autoridad y legitimidad de nuestro Estado y, en este caso, de la Policía Nacional. Porque mientras se siga intentando negar la realidad con eufemismos, llamando “homicidios colectivos” a las masacres y “presunto abuso de autoridad y homicidio”, a lo que todos los colombianos vimos y sentimos, esta crisis violenta se profundizará. De persistir este negacionismo eufemístico del actual gobierno, cada vez las instituciones y sus autoridades serán menos legítimas y acatadas. Por el contrario, cada día serán más ilegitimas y atacadas, pues desatan una rabia y una ira juvenil incontenible. Rabia e ira comprensibles, pero jamás justificables y mucho menos legítimas, pues incurren en la misma lógica de venganza criminal que llevó a los policías a matar brutalmente a Javier Humberto Ordoñez, en el interior del Centro de Atención Inmediata de Villa Luz, convirtiéndolo en un centro de aniquilación inmediata. Quizá por ello la furia pirómana que destruyó y calcinó cerca de 17 Centros de Atención Inmediata en Bogotá. Lo anterior nos demuestra que la legitimidad y credibilidad de toda autoridad, mucho más la pública que la personal, derivan de la coherencia entre las palabras y las acciones. Los CAI están para proteger y asistir a los ciudadanos, no para su tortura y asesinato[5]. Por eso, nada deslegitima más que la incoherencia entre lo dicho y lo hecho, pues siembra desconfianza, indignación y violencia. Más aún, cuando se utilizan eufemismos oficiales para ocultar esa realidad.

La esquizofrenia institucional

Es lo que acontece con casi todas nuestras instituciones y la mayoría de políticos. En la Constitución Política pregonan una legitimidad nominal y en la realidad política la desconocen y vulneran violentamente. Los congresistas, salvo contadas excepciones, no trabajan en función del interés público y el bienestar general, sino en beneficio de intereses empresariales, corporativos o, lo que es peor, de partido, cuando no ilegales y hasta criminales. Tanto es así, que el exsenador más votado, Álvaro Uribe Vélez, ya no es investigado por la Corte Suprema de Justicia, sino por la Fiscalía y la justicia ordinaria, como un vulgar delincuente común, por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigos[6]. En nuestra Constitución, la Policía nacional tiene como “fin primordial el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz” (artículo 218). Pero, en la realidad, suele suceder todo lo contario, con una frecuencia que ya no se puede atribuir solo a “manzanas podridas”. Sin desconocer, como también lo hemos visto en algunos noticieros, el esfuerzo de algunos valientes policías por contener los desmanes violentos de sus compañeros. Tan grave crisis de legitimidad no se va corregir solo con la buena voluntad y el sacrificio de sus mejores miembros, mientras la Policía Nacional continúe siendo una institución más castrense y belicista, así en la Constitución sea definida como “un cuerpo armado permanente de naturaleza civil”. Con la degradación de nuestro conflicto armado y la lucha contra el narcotráfico, la Policía Nacional ha puesto la cuota de sacrificio más alta de víctimas, cerca de 62.000 entre mortales, desaparecidas y heridas[7]. Solo en la guerra contra los extraditables de Pablo Escobar, fueron asesinados 435 policías[8]. Como consecuencia de lo anterior, la Policía Nacional se ha convertido en una institución esquizofrénica, como muchas otras, pues constitucionalmente es definida de carácter civil, pero en la realidad es militar y muchas veces letal. Por eso hace parte de la Fuerza Pública, goza de fuero militar y responde ante el ministro de defensa. De allí que, ante las amenazas, ataques violentos y actos de vandalismo, muchos de sus miembros, como aconteció en Bogotá, respondan militarmente, disparen sus armas y las protestas terminen en masacres que, hasta el día de hoy, dejaron 13 civiles sin vida solo en Bogotá[9].

Un presidente con autismo institucional

Por todo lo anterior, es lamentable que el presidente Duque haya descartado de entrada la propuesta de la alcaldesa Claudia López para promover una reforma constitucional de la Policía, adscribirla al ministerio del Interior y despojarla del fuero penal militar. Fuero que la mayoría de las veces es de impunidad, como podría suceder con el proceso que se adelanta por el asesinato de Dilan Cruz[10]. Con esta decisión, el presidente Duque demuestra que sufre de una grave enfermedad que es el autismo institucional, la cual consiste en considerar legítima e irreformable una institución estatal por el solo hecho de serla. Cuando en la realidad la legitimidad de toda institución pública y de sus autoridades depende directamente de su legalidad, los servicios y el beneficio que preste a sus ciudadanos. De allí, la crisis de legitimidad y autoridad de la Policía, y todavía más del Congreso Nacional. Crisis que no se pueden superar mediante el autoritarismo de la fuerza y la violencia, en el caso de la Policía, y mucho menos a través de leyes que benefician a minorías e intereses económicos depredadores de empresas mineras, agroindustriales y ganaderas, como sucede en el Congreso. Y si al autismo institucional sumamos otra enfermedad oficial, quizá más grave, que es la semántica de la mentira, expresada en eufemismos institucionales como: “El futuro es de todos” y “la paz con legalidad”, no es de sorprendernos que Bogotá se haya convertido en la capital del pandemónium nacional en que estamos viviendo. Hasta el 8 de septiembre se han cometido 55 masacres en Colombia, según el siguiente informe de Indepaz[11], han sido asesinados 211 líderes sociales[12] y 42 excombatientes de las Farc. Así las cosas, las consignas oficiales se están convirtiendo cruelmente en todo lo contrario: “El futuro NO es de todos”, sino de los sobrevivientes a las masacres y la “paz es letal”, no legal, pues cada día mueren más soldados, policías y campesinos, en campos minados y emboscadas. La pregunta obvia es ¿De qué futuro, legalidad y paz nos habla el presidente Duque? ¿Cómo puede proclamarse democrático un Estado que es incapaz de garantizar la vida y los derechos humanos de sus asociados? Es una respuesta que nos corresponde dar a los ciudadanos, pues ya conocemos los eufemismos oficiales sobre la “democracia más antigua, estable y profunda de Sudamérica”. Sin duda, la más antigua en reprimir sistemáticamente a sus ciudadanos, la más estable en negarle sus derechos fundamentales y la más profunda en cavar trincheras y fosas comunes.