RAZÓN PÚBLICA

(Diciembre 9 de 2012- WWW.RAZONPUBLICA.COM)

La reelección de Ordoñez: procura no corromper lo público y salvar tu alma

Una reflexión aguda pero amarga sobre los valores y los antivalores que rodearon la reelección del Procurador: ni modernidad, ni cristianismo.

Hernando Llano Ángel*

Un coctel maniqueo

La reelección de Alejandro Ordoñez como Procurador General de la Nación representa el triunfo de coaliciones y complicidades entre las más diversas fuerzas políticas, que van desde lo que podríamos denominar la “doble U” o Uribismo Ultramontano, hasta el oportunismo del partido liberal y otras clientelas menores, que comparten sus creencias pre-modernas, que han recibido migajas burocráticas, o que le temen al poder disciplinario que ha ejercido con un celo no exento de cálculos electorales.

El de Ordoñez es un poder maniqueo- electorero: ha sancionado tanto a la ex senadora Piedad Córdoba - en dos ocasiones, y casi con sevicia – como al ex ministro Andrés Felipe Arias -aunque sin tanto furor-. Curiosamente, estas sanciones sacan del campo a dos potenciales candidatos presidenciales, que encarnan fuerzas antagónicas y casi irreconciliables de la política nacional.

El “Procuribismo”

Pese a la diversidad de sus apoyos, Ordoñez no oculta su afinidad ideológica con el ex presidente Álvaro Uribe, quien lo postuló cuando salió elegido por primera vez. El procurador coincide con el ex mandatario en muchos asuntos, desde los más restrictivos de la autonomía personal –como el puritanismo sexual y la penalización de la droga— hasta la defensa incondicional de la “seguridad democrática” y la oposición a los diálogos entre el gobierno Santos y las FARC. Tanto así que, ante la ola de escándalos que ha afectado a tantos colaboradores del gobierno Uribe, Ordoñez dice que se debería “desuribizar la lucha contra la corrupción”.

Y es justamente en este ámbito, con su personal enfoque maniqueo, donde Ordoñez y Uribe se identifican como dos cruzados decididos a vencer el “mal” y a sus portadores –llámenlos “corruptos” o llámenlos “terroristas”-- aunque uno y otro se hayan convertido en grandes corruptores al poner su poder presidencial o disciplinario al servicio de sus personales aspiraciones reeleccionistas:

• Uribe reformó la carta del 91, no ya con el concurso ilegal de Yidis y Teodolindo, sino ante todo con el de las mayorías ilegítimas del Congreso que habían sido elegidas en alianzas con grupos paramilitares, alianzas que fueron comprobadas por las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia y la condena penal de muchos integrantes de su bancada.

• Ordoñez se arropa ahora con la bandera de la lucha anti-corrupción y es reelegido gracias a componendas con las mayorías en el Senado y a pactos con magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, lo cual consolida una solidaridad de cuerpo o una complicidad en torno a privilegios salariales y circuitos cerrados de cooptación para nombrar familiares y correligionarios fieles a su credo y convicciones morales.

Un procurador invertido

De esta manera Ordoñez ha venido promoviendo la pérdida e inversión del sentido de lo público como una de las más valiosas expresiones de la modernidad, fundada en el uso de la razón y el argumento, no de la fe y las convicciones morales, para construir ese ámbito común, la esfera de lo público, que hace posible la convivencia entre las múltiples identidades personales y sociales.

La existencia y vigencia de un Estado laico, que trata por igual a todos los miembros de la sociedad, sin discriminar por motivos de índole racial, religioso, sexual o político, es la piedra angular de aquella esfera de lo público. Así quedó consignado en la Constitución del 91, como recalcan el Artículo 5 (“El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona”) y el Artículo 13 (“la igualdad de derechos y trato sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”).

El Procurador General de la Nación está obligado cumplir y hacer cumplir esos principios, pues según el Artículo 277 de la Carta, sus funciones consisten en “Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos”. Pero Alejandro Ordoñez difícilmente puede cumplir esa función – y así lo muestra la conminación de la Corte Constitucional para que acatara lo dispuesto en su sentencia sobre las excepciones legales para la práctica del aborto: el procurador que ha sido reelegido invierte el principio rector de todo Estado de derecho, como es la primacía de las normas legales sobre las creencias religiosas personales. Por ello, su reelección puede interpretarse como un acto de perversión e inversión política y axiológica de la Constitución vigente, apenas comparable con la designación de un agnóstico para la promoción de la fe católica.

En similar o quizá mayor contradicción incurre cuando declara que es “un escéptico de la paz”, pues el artículo 22 de la Carta nos dice que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, con mayor razón si le recordamos las palabras cimeras de Jesús de Nazaret: “La paz os dejo, mi paz os doy”, sin duda más familiares a su conciencia. Pero en este caso parece que para Ordoñez es más poderosa la política uribista que su fe católica, pues sabe muy bien que su reino es el ministerio público de este mundo y no el meta-político del más allá, así ponga en peligro la salvación de su alma. Ya lo advertía Max Weber: “Todo lo que se persigue mediante la acción política y los medios violentos supone un peligro para la salvación del alma”.