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Del silencio asordinado de las marchas a las palabras y la acción
política concertadas
Para la convivencia social y la vida política se precisa el concurso de la palabra y la deliberación, sin las cuales no es posible alcanzar acuerdos
Hernando Llano Ángel
El
silencio tiene muchos sentidos. Ellos dependen del contexto en donde nazca y se
exprese. No es lo mismo el silencio del consentimiento que el del sometimiento.
El primero suele estar antecedido por la palabra y la argumentación. El
segundo, por el miedo y la violencia. Pero de lo que no hay duda es que el silencio
no es suficiente para la convivencia social y menos para la vida política. Para
ambas se precisa el concurso de la palabra y la deliberación, sin las cuales no
son posibles los acuerdos que transforman creativa y civilizadamente aquellos
conflictos que generan violencia y destrucción de la vida política y social.
Por
eso hay que ir más allá de las “marchas del silencio” que, en
nuestra historia, como la convocada por Gaitán el 7 de marzo de 1948, no fue
escuchada por el presidente Mariano Ospina Pérez. Por el contrario, tuvo un
desenlace atroz con su asesinato, dos meses y dos días después, el fatídico 9
de abril de 1948. En esa ocasión, Gaitán pronunció en su célebre Oración
por la Paz las siguientes palabras, que contienen las claves para
salir de la encrucijada política en que nos encontramos: “Pedimos pequeña cosa
y gran cosa: que las luchas políticas se desarrollen por cauces de
constitucionalidad”.
Petición
hoy más vigente que nunca, pues se trata de tramitar constitucionalmente reformas sociales tan vitales como la laboral y
de salud. Reformas que en todo Estado social de verdad democrático no deberían
suscitar semejante zozobra. Bastaría con cumplir dos artículos de la
Constitución Política que todavía están solo escritos. El artículo 1 sobre el
Estado Social de Derecho, fundado “en el respeto a la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran y en la prevalencia
del interés general” y el 53 sobre el Estatuto de Trabajo, aún sin promulgar,
que ordena que “la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no
pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los
trabajadores”.
¿Será
que es imposible que el Ejecutivo y el Congreso se pongan de acuerdo para
cumplir esos dos artículos? Esos artículos contienen el mínimo vital para hacer
posibles la paz social y política. Y si ambas ramas del poder público son
incapaces de hacerlo, las marchas del silencio seguirán siendo estériles y las
violencias de la exclusión social, la criminal con fines políticos y de
codicia, junto a los incontenibles estallidos sociales, seguirán repitiéndose
periódicamente.
Por
eso, es imperioso ir más allá de las significativas, pero estériles, marchas
del silencio y avanzar hacia los encuentros con palabras y acciones creativas.
De allí la importancia y urgencia de la invitación de la Conferencia Episcopal
a un encuentro entre los presidentes del Ejecutivo y
Legislativo, Gustavo Petro y Efraín Cepeda, junto a los presidentes
de las altas Cortes, para que demuestren que son capaces de cumplir el artículo
113 de la Constitución que señala en su párrafo final: “Los diferentes órganos
del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la
realización de sus fines”. Y esos fines no son otros que hacer realidad el
Estado Social de Derecho y el Estatuto de Trabajo.
Más allá del
silencio limitado de las marchas
Más
allá de las múltiples interpretaciones y sentidos políticos que se puedan
asignar a las multitudinarias marchas del pasado domingo en las principales
ciudades del país, no hay la menor duda que expresaron un rechazo contundente a
la violencia con fines políticos y una amplia solidaridad con la vida y pronta
recuperación del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe
Turbay. Pero también que esas motivaciones, totalmente legítimas y
valiosas, no alcanzaron a tener el sentido político amplio, incluyente y
radicalmente democrático para rechazar y condenar la violencia que ha cegado la
vida de más de 70 líderes sociales en estos primeros cinco meses del año.
Para
expresar la solidaridad con las poblaciones y comunidades que hoy se encuentran
confinadas, desplazadas y sometidas a la férula de una violencia despiadada y
una codicia sin límites de organizaciones criminales en el Catatumbo, Chocó,
Cauca, Guaviare y numerosos municipios en otras regiones del país. Pareciera
que la sensibilidad social y la conciencia democrática de esos miles de
colombianos y colombianas solo la suscitarán magnicidios como los de Galán,
Jaramillo y Pizarro, en el pasado, y hoy el aleve y criminal intento de acallar
a Miguel Uribe Turbay.
En
tanto se continúe reaccionando contra la violencia política con esos sesgos
partidistas, ideológicos y hasta clasistas, no podremos avanzar y mucho menos
consolidar una convivencia social y política entre todos. Todavía menos una
cultura política democrática, imprescindible para una paz política estable y
duradera.
Hacia la
deliberación y concertación política y social
Es
urgente e imperioso pasar de ese silencio políticamente limitado de las marchas
al estímulo y la promoción de una sensibilidad ciudadana que, mediante la
deliberación, la concertación y acción política hagan posible el tránsito de la
confrontación descalificadora y violenta del contrario a la concertación
racional y creativa con ese adversario, para alcanzar así acuerdos
satisfactorios que promuevan la vida y dignidad de todos.
Tal
es el desafío que tenemos como ciudadanía, pero especialmente el deber de los
líderes políticos que dicen representarnos y todavía no están a la altura de
sus responsabilidades históricas y constitucionales. Esta semana tienen la
oportunidad de superar sus limitadas visiones partidistas, soberbias personales
y desvaríos electorales. Lograr una concertación del Ejecutivo y Legislativo en
torno a los principios fundamentales del artículo 53 de la Constitución y
aprobar una reforma laboral a tono con los mismos es lo mínimo que deben hacer.
Y el encuentro promovido por la Conferencia Episcopal es el punto de partida
para ello.
Quizá
así se logró el milagro político de la aprobación de la reforma laboral, tan
urgente y necesaria como la recuperación del sentido y la salud del senador Miguel Uribe Turbay, pues
su voz y aportes son imprescindibles para que viva la democracia.
La
democracia entendida como esa forma de gobierno donde conviven creativamente
posiciones y partidos políticos de derecha, centro e izquierda, sobre el único
consenso unánime que ella exige: la exclusión de la violencia política de la
vida social y gubernamental mediante la celebración periódica de elecciones
libres, legales, plurales y competitivas que permiten contar cabezas en lugar
de cortarlas.
Tal
es el desafío que debemos superar como ciudadanía, sin dejarnos arrastrar por
banderas partidistas hegemónicas que suelen agitar pasiones tan nocivas como el
odio y la exclusión social en nombre de fetiches como la “democracia y la
estabilidad institucional”, desde la extrema derecha, o la “justicia social y
la revolución” desde la extrema izquierda, que nos han impedido convivir
dignamente en paz, con equidad, seguridad y libertad, presupuestos
existenciales del Estado Social de derecho.
Si
cumpliéramos ese artículo 1 de nuestra Constitución y el 22: “La paz es un
derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, superaríamos la actual
encrucijada política y social. Pero quienes tienen la mayor responsabilidad de
ello y deben demostrarnos que están a la altura política y ética de esos dos
artículos son quienes hoy gobiernan.
Noticias
esperanzadoras
Según
las últimas noticias, todo parece indicar que lo han comprendido, como se puede
leer en el comunicado expedido por la Conferencia Episcopal de Colombia y
estampar sus firmas para “desarmar y armonizar sus palabras” e invitar “a todo
el país a escucharnos, valorarnos y respetarnos en hermandad; y rechazar todo
tipo de violencia, como forma de resolver los conflictos políticos y sociales”.
Por
último, la reciente aprobación por parte del Senado de la reforma laboral,
incluyendo los puntos más sensibles del gobierno, augura que será posible
“armonizarla” con la Cámara de Representantes. Así se lograría que “las luchas
políticas transcurran por los cauces de la constitucionalidad”, como lo
solicitaba Gaitán al presidente Mariano Ospina Pérez.
Afortunadamente,
el presidente Petro en numerosos discursos apela a la memoria de Gaitán para
agitar su programa “Colombia, potencia mundial de la vida”. No tiene, pues,
otra opción que honrarlo, retirando su polémico decreto de la consulta popular
para “mantener viva la esperanza en nuestro país”, ahora en vilo orando por la
pronta recuperación del senador Miguel Uribe Turbay.
