domingo, marzo 06, 2022

¿Sumar votos para ganar y restar vidas para gobernar?

 

¿Sumar votos para ganar y restar vidas para gobernar?

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Hernando Llano Ángel

Sin duda, la política es mucho más compleja que sumar y restar. Las variables políticas son impredecibles y sus resultados casi siempre inciertos. La arena política es todo lo contrario del universo matemático con su lógica de operaciones exactas, ecuaciones, algoritmos y fórmulas insobornables. La política es más un rompecabezas indescifrable que un nítido plano cartesiano[1].  Sin embargo, tiene en común con las matemáticas las cuatro operaciones básicas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Operaciones que en la actualidad desvelan a todos los candidatos, candidatas, partidos y movimientos políticos. En especial a Gustavo Petro[2] y Alejandro Gaviria[3], economistas familiarizados con las matemáticas, en su enconada disputa por sumar el mayor número de votos liberales. La consigna de ambos, como la de los demás competidores, es sumar para sí el mayor número de votos y restarles a sus adversarios todo lo más que se pueda. Incluso buscan dividirlos en sus coaliciones, partidos y seguidores, apelando para ello a todas las argucias posibles y así poder multiplicar votos a su favor. Desde las denuncias por corrupción (Alex Char), sus pasados más o menos penumbrosos (Gustavo Petro) o luminosos (Alejandro Gaviria), su incompetencia personal en la gestión de lo público (Sergio Fajardo), las investigaciones disciplinarias que llevan a cuestas, hasta las alianzas con socios indeseables en el pasado y el presente (César Gaviria). El resultado de ello parece haber sido un juego de suma negativa[4], donde todos pierden y en lugar de motivar a más ciudadanos a votar les ha agudizado su escepticismo, confusión y ánimo para ir a las urnas. Una paradoja preocupante: tanta hostilidad entre las campañas y sus candidatos ha terminado desgastándolos a todos y deslegitimando las elecciones hasta el extremo que se rumora de posibles fraudes, poniendo así en riesgo la misma legitimidad democrática. Han jugado en forma tan burda, sucia y marrullera, que el elector corriente ya no les cree, salvo sus fanáticos seguidores. Todo ello sucede porque la lógica electoral parece ir en contravía de la gubernamental. En campaña, lo esencial es ganar votos, sin preocuparse mucho por el lastre que implique para el ejercicio gubernamental y la autonomía que le reste y pierda el candidato ganador. Hasta puede darse la paradoja de ganar perdiendo, pues una vez en la Presidencia o el Congreso queda convertido en un rehén de aquellos compromisos que tácita o explícitamente ha sellado con sus patrocinadores. Compromisos que le impedirán cumplir con su programa y las promesas de campaña.  De manera que a los pocos meses de estar gobernando queda desacreditado, perdiendo rápidamente su capital político, como le sucede ahora al presidente Biden en Estados Unidos de Norteamérica.

¿Ganar elecciones y perder gobernabilidad?

La consecuencia de ello, en la mayoría de los casos, es que quien gana las elecciones no gobierna para la ciudadanía sino para sus patrocinadores y aportantes de votos, los políticos profesionales que viven de la política (Max Weber)[5], auténticos parásitos del presupuesto público al servicio de fines particulares, clientelistas y corruptos. La política gubernamental queda hipotecada y confiscada por los partidos y sus llamados “dirigentes naturales”, expresidentes como Gaviria, Uribe, Pastrana, Samper, Santos y numerosos caciques regionales, quienes se arrogan la propiedad del Estado mediante el control de numerosos electores que conservan sus empleos públicos, distribuyen prebendas, comprometen contratos de obras públicas, licitaciones, subsidios, incentivos y exenciones tributarias. De esta forma el Estado queda convertido en un entramado corrupto y cacocrático[6], sustentado en una red de complicidades que funciona al servicio de oligarquías políticas y plutocráticas[7], defraudando a millones de ciudadanos que ingenuamente votaron por candidatos que en campaña se proclamaban independientes y transparentes. Pero una vez en el Congreso y la Presidencia gobiernan fundamentalmente para quienes les aportaron votos “desinteresadamente” y no en función intereses públicos y generales. El Presidente, entonces, se convierte en una especie de funámbulo[8], un equilibrista del poder institucional que maneja el balancín moviéndolo a la derecha y a la izquierda. A la derecha para servir al Statu Quo[9] y sus patrocinadores políticos y empresariales, pero también a la izquierda para atender las demandas ciudadanas, populares y sociales, cuyos votos y exigencias no puede ignorar. Durante cuatro años en la Presidencia su máxima preocupación será, entonces, no caer al vacío de la ingobernabilidad, guardando un equilibrio precario, complaciendo al máximo a sus patrocinadores y cumpliendo lo menos a sus electores. En medio de esa difícil travesía de vértigo su poder presidencial se va desgastando y decantando, la mayoría de las veces, en defensa de la “institucionalidad”, entiéndase el Statu Quo y sus privilegiados, contra las mayorías y los excluidos. A favor de los privilegios de pocos y en contra de los derechos de las mayorías. A favor de la cacocracia del “País Político”, como lo llamaba Gaitán[10], y en contra de la democracia del “País Nacional”, que todavía no la conoce. Entonces el honorable Presidente queda convertido en un deplorable monigote experto en transar el bien público a favor de intereses privados. Se convierte en un profesional de la transacción, en un experto “funcionario del negociado de sueños dentro de un orden”, como les cantó Serrat a los dirigentes del Partido Socialista en “Utopía”[11]. Tal es el mayor desafío que enfrentará quien gane las próximas elecciones presidenciales. Convertirse en un cínico más de la transacción –como todos sus antecesores-- en la defensa de los intereses creados de esta cacocracia o, por el contrario, ser un audaz estadista de la transición democrática. Un estadista que desmonte este régimen cacocrático sustentado en la simbiosis de la política con la ilegalidad, el crimen y la corrupción y nos permita, por fin, avanzar hacia un régimen democrático, legitimado en un Estado Social de derecho real y no en uno meramente nominal que solo existe en la Carta constitucional. Para ello necesitamos un auténtico demócrata. Un presidente que gobierne de lado de “quienes tienen más necesidades y menos posibilidades concretas”[12] (Estanislao Zuleta) para realizar sus derechos, en lugar de seguir gobernando para quienes tenemos todas las posibilidades y gozamos de derechos, que somos una minoría privilegiada. ¿Existirá ese estadista entre los candidatos actuales? ¿Votaremos los ciudadanos con plena conciencia del desafío que enfrentará ese ganador? ¿Estará el ganador preparado para conducir la nave del Estado, como un experto capitán, por ese mar de sargazos y llevarnos a un puerto democrático? O, por el contario, ¿naufragará en el intento ante el saboteo de los viajeros de “primera clase” que se resistirán a remar y compartir los avatares y esfuerzos colectivos que demanda esa difícil travesía? ¿Reconoceremos, en fin, que todos vamos en una misma barca, y que la única forma de salvarnos es nivelándola, sin que naufrague por los privilegios de la “primera clase” o las exigencias desesperadas, inmediatas y revanchistas de quienes han sido tratados como ciudadanos de “segunda o tercera clase”, marginados casi por completo en su viaje por la Nación? Es lo que tenemos que responder con nuestro voto el próximo domingo 13 de marzo, el 29 de mayo o eventualmente en segunda vuelta presidencial el 19 de junio. De manera que no botemos nuestro voto reeligiendo a los “mismos con las mismas”, profesionales en disfrazarse en cada elección como demócratas íntegros, antipolíticos incorruptibles y salvadores de la Nación. Y como es una decisión totalmente política, jamás tendremos una respuesta matemáticamente precisa sobre nuestro acierto o error. Aproximadamente la conoceremos en el 2026. Entonces sabremos si transitamos de la cacocracia a la democracia o quizá a un régimen hibrido todavía más incierto y teratológico[13] que el actual régimen electofáctico[14] en que nos debatimos, sobrevivimos con indolencia y sus líderes sociales son asesinados impunemente, sin que las 23 víctimas[15] que ya contabiliza este año electoral afecten en algo su normal y mortal continuidad. Se suman votos para ganar y se restan vidas para gobernar. ¡Que viva la “democracia”!

 



lunes, febrero 28, 2022

Gustavo Petro y Alejandro Gaviria, entre el realismo político y el oportunismo electoral.

 

Gustavo Petro y Alejandro Gaviria: Entre el realismo político y el oportunismo electoral

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Hernando Llano Ángel.

Entre Gustavo Petro y Alejandro Gaviria parecen existir más coincidencias que divergencias. Especialmente en la búsqueda desesperada de votos, pues sus campañas articulan cínicamente el realismo político con el oportunismo electoral. Para ello despliegan sus dotes de sofistas en los debates y las plazas públicas. Ambos apelan al pluralismo del diálogo y el respeto contra principios y valores políticos que desprecian, como la coherencia ideológica y la ética pública, que consideran fundamentalismos hipócritas de sus opositores. Así, Petro[1] explica y justifica su coalición frustrada con el liberal Luis Pérez Gutiérrez[2], quien todavía defiende la masacre de la operación Orión en la comuna 13 de Medellín cuando la respaldó desde la alcaldía. Y Alejandro Gaviria justifica el apoyo del expresidente César Gaviria y otra pléyade de curtidos políticos, avezados en el arte de embaucar con lemas demagógicos como “Bienvenidos al futuro”, tan parecido a su mantra electoral: “Colombia tiene que tener futuro”. Tanto Gustavo Petro como Alejandro Gaviria se han convertido, con poca coherencia y mucha desvergüenza, en cazadores y depredadores de votos. Por ello no deja de ser irónico que se disputen los restos del electorado del moribundo partido liberal, como aves carroñeras y voraces que buscan los favores del expresidente y sus lugartenientes electorales o de disidentes, como el senador Luis Fernando Velasco Chaves[3]. Ambos, en su desaforada carrera por ganarle a sus contrincantes, reconocen un principio de realidad inobjetable: las elecciones se ganan con votos, pero se olvidan que ellos no confieren automáticamente respetabilidad y menos gobernabilidad democrática. Más bien tiende a suceder todo lo contrario. Esos votos cautivos y de maquinaria se convierten, cuando están gobernando, en un lastre de compromisos clientelistas y en una contemporización con la codicia de quienes se han dedicado toda su vida a desfalcar los bienes e intereses públicos y a vivir como “nobles extorsionistas” en el Congreso y “duques perfectos” en el Gobierno. Degradan la democracia en una putrefacta cacocracia que gobierna impunemente gracias a la ingenuidad, la ignorancia y la necesidad de millones de electores que depositan cada cuatro años sus esperanzas en las urnas. Millones de ciudadanos votan entusiasmados e ilusionados pensando que sus vidas cambiaran simplemente marcando un tarjetón, como lo hacen los compradores compulsivos de baloto y lotería cada semana. Botan en las urnas sus ilusiones, estimulados por candidatos que prometen lo imposible, cambiar la historia en cuatro años, reinventar la política y tener un futuro luminoso gobernando con los mismos de siempre, pues sin pudor buscan y reciben sus apoyos. Así las cosas, las elecciones entre nosotros se convierten en un juego de ilusiones, una feria de egos entre “buenos y malos”, un campo de batalla donde son eliminados los que juegan limpio desde el activismo y el liderazgo social, como la precandidata Francia Márquez[4], y pretenden cambiar unas reglas que siempre favorecen a los mismos con las mismas, todo ello en nombre de la “democracia más profunda y estable de Sudamérica”. Sin duda, la más profunda en cavar fosas comunes y estable en perpetuar desigualdades sociales, prejuicios de clase, raciales y odios viscerales, que hoy representan cabalmente la mayoría de los candidatos en competencia, así se esfuercen por ocultarlo con finos modales y palabras corteses. Salvo contadas excepciones, como los candidatos Carlos Amaya[5] y Francia Márquez, en los demás predominan las formas y el marketing sobre la autenticidad y el contenido, siendo campeones de la impostura y la chabacanería Federico Gutiérrez, Fico, y Rodolfo Hernández, con sus respectivas patéticas imitaciones de Álvaro Uribe y Donald Trump, campeones del autoritarismo, el machismo y la impunidad política.  

Un abismo insondable

Se profundiza así un abismo insondable y letal, pues lo que se dice y promete en las campañas electorales casi nunca se hace desde el gobierno. Las promesas de un futuro luminoso se convierten en sombras de un gobierno penumbroso. La paz en guerra, la vida en muerte y la igualdad en inequidad. Nuestro voto en lugar de elegir un servidor de lo público se troca en la elección de un amo. Ya lo advertía lapidariamente José María Vargas Vila[6]: “Quien vota elige un amo”. Elige un farsante, un testaferro político, aquel que pone su cabeza al servicio de intereses particulares y no de los intereses generales y públicos. Nuestro voto se convierte en un comodín de quien gobierna y cobra en sus manos un sentido y un valor totalmente diferente al que nosotros le confiamos en las urnas. Con él juega en la baraja del poder según los compromisos e intereses con quienes realizó acuerdos y lo catapultaron al Congreso o la Presidencia de la República. Su pregonada independencia y reinvención de la política se transforma en dependencia y vieja política. Sus promesas y programas incumplidos al ser demandados en las calles por una ciudadanía defraudada y engañada, se convierten entonces desde el gobierno en órdenes y políticas públicas que se imponen por la fuerza, a sangre y fuego, invocando la seguridad ciudadana y el orden público. Y quien en campaña estaba interesado en contar en las urnas con el mayor número de cabezas a su favor, ahora empieza desde el gobierno a descontar, despreciar y de ser necesario hasta cortar las cabezas de la oposición, que llamará subversiva y terrorista. Para evitar que este ciclo infernal de anaciclosis[7] se perpetúe indefinidamente es imprescindible que en las próximas elecciones no botemos nuestro voto. Que no elijamos más “amos y doctores”, que dejemos de ser siervos y nos comportemos como ciudadanos responsables y no como millones de ingenuos o entusiastas electores que marcan el tarjetón como si fuera un baloto o, peor aún, lo hacen contra el candidato que temen y odian o solo para obtener beneficios personales y un certificado electoral. Un certificado que les dará media jornada de descanso laboral y otros beneficios menores, que corrompe legalmente su independencia y juicio ciudadano, pues consagra sutilmente la compraventa de su voluntad con una serie  incentivos fijados en la ley 403 de 1997[8]. Sin olvidar que nos queda el recurso extremo e improbable del voto en blanco[9], como expresión de nuestra máxima soberanía ciudadana, pues si obtenemos la mayoría absoluta de los votos válidos, la mitad más uno, se tendría que convocar nuevas elecciones con otros candidatos presidenciales. Algo tan imposible de alcanzar como la paz en Ucrania mediante un plebiscito libre de sus ciudadanos sin la intervención de Putin y la OTAN, sin la presencia mortal de la guerra y la opresión imperial de tropas invasoras. Es lo que tenemos, aquí y allá, con las obvias diferencias de modo, tiempo y lugar, una dispersa y atemorizada ciudadanía gobernada por un frondoso entramado de intereses cacocráticos y plutocráticos que llama paz a la guerra, vida a la muerte, libertad a la sumisión y verdad a la mentira institucionalizada.

  



¿Entre la transición democrática o la consolidación cacocrática?

¿Entre la transición democrática o la consolidación cacocrática?

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Hernando Llano Ángel

Tal es la disyuntiva frente a la cual nos encontramos los colombianos en estas elecciones para el Congreso y la Presidencia de la República. Así lo comprobamos si repasamos los más recientes escándalos en las tres principales coaliciones y los perfiles de los precandidatos y candidatos presidenciales mejor posicionados en los sondeos de intención de voto.

¿Coaliciones políticas o complicidades electorales?

Primero, presenciamos el escándalo erótico-electoral protagonizado por Alex Char y Aida Merlano[1] en la Coalición por la Experiencia o Equipo Colombia. Escándalo que nos revela bien el origen del nombre inicial de dicha coalición dada su probada experiencia para ganar comicios comprando votos y robando la confianza de ciudadanos ingenuos. También su capacidad como equipo para atraer a sus filas a valiosas mujeres como Caterine Ibarguen[2] y ponerla a saltar al vacío de la politiquería y el clientelismo bajo la dirección y entrenamiento de una especialista en el tráfico de votos e intrigas, como Dilian Francisca Toro, que ahora autodenomina a su empresa electoral el “partido de la Unión por la gente”[3]. Un “Equipo Colombia” donde además destacan figuras como Federico Gutiérrez, Fico[4], que parece estar en el concurso “Yo me llamo” representando una versión vulgar y juvenil de Álvaro Uribe Vélez, impostando su voz con expresiones tan prosaicas y destempladas propias de un culebrero paisa.  En la segunda coalición, la de la Esperanza, la agria controversia entre Ingrid Betancourt[5] y Alejandro Gaviria[6] sobre las maquinarias y los votos cautivos, replicada recientemente por la disputa entre el plebeyo Carlos Amaya[7] y el patricio Juan Manuel Galán[8], nos muestra claramente el peso determinante de la tradición familiar y de clase social para coronar una carrera política con éxito. Y, para terminar, la escabrosa denuncia[9] contra Piedad Córdoba[10], como candidata al Senado por la coalición del Pacto Histórico, nos pone de presente de nuevo las deletéreas y deslegitimadoras relaciones entre la política y la violencia, que también proyecta sombras del pasado guerrillero de Petro[11] sobre el presente y futuro electoral de su coalición para el Congreso y su propia candidatura presidencial.

Perfiles difuminados y cuestionados

Sombras que están siendo difuminadas en forma intensa, tendenciosa y tenebrosa por las redes sociales, atribuyéndole responsabilidad en crímenes horrendos no probados en la serie de vídeos denominada “Pacto de Silencio”[12], que hacen contrapeso a los presentados por Matarife[13] sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Todo lo anterior es más propio de un régimen político cacocrático[14] que de uno democrático, pues sus dos principales figuras aparecen gravemente comprometidas con la violencia y la ilegalidad desde espectros ideológicos antagónicos. Gustavo Petro con la rebelión en un pasado lejano, sepultada en los escombros de la violenta toma del Palacio de Justicia ejecutada por el M-19 en 1985, siendo entonces Petro personalmente ajeno a semejante extravío político y militar, pues no pertenecía al Comando central de dicha guerrilla al mando de Álvaro Fayad, cerebro de semejante delirio. Y Álvaro Uribe con la represión estatal y el apoyo de las AUC en un pasado cercano y su “exitosa Seguridad democrática” que dejó más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” de jóvenes cruelmente engañados y asesinados. Legado que se prolonga hasta el actual gobierno de su partido, el Centro Democrático, con sus funestos resultados en el deterioro de la seguridad ciudadana y el auge incontrolable de la criminalidad común y política, bajo la cínica bandera de “Paz con legalidad”. Así las cosas, cada ciudadano afín a dichos líderes, sus proyectos políticos y partidos se encuentra frente a dilemas decisionales que superan lo electoral y comprometen su juicio ético y moral, en tanto persona responsable y no un simple elector manipulable. En verdad, es una decisión difícil de tomar, teñida de emociones, sentimientos de odio y amor, miedos y esperanzas, que la convierte más en una cuestión pasional que racional. Quizá por lo anterior aparecen con tanto auge figuras como Rodolfo Hernández que se disfraza de antipolítico y se exhiben como empresario[15] exitoso e incorruptible[16], salvadores de la Nación. Embuste con el cual seduce fácilmente a millones de ciudadanos incautos, hastiados de la violencia y la corrupción, que prefieren no pensar sino confiar ciegamente en una persona tan patética y superficial que confunde la política con los negocios y la complejidad de una nación, como la nuestra, con la administración exitosa de una empresa de ingeniería como la suya. Tal confusión conlleva no solo una corrupción irreparable e irreversible de la política, ya que la complejidad y gravedad de nuestros conflictos sociales y económicos no son superables con simples decisiones empresariales y administrativas o con voz de mando patronal, sino con acuerdos sociales que implican transformaciones históricas que afectarán privilegios y desigualdades cada día más inadmisibles. Es decir, acuerdos públicos y no simples decisiones personales sobre cuestiones tan cruciales como la justicia social, el modelo de desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental, que no dependen solo de la buena voluntad de un gobernante sino de numerosos actores políticos y sociales con legítimos y contrarios intereses en conflicto. Es todo lo anterior lo que menosprecian antipolíticos como Hernández y expresidentes tan incompetentes y corruptos como Trump, incapaces incluso de reconocer hasta sus derrotas electorales y de separar sus intereses empresariales de los públicos y generales. Por ello es que en las elecciones de marzo, mayo y junio lo que está en juego no solo es quien gana, sino algo mucho más trascendental. Vamos a decidir si avanzamos hacia una transición democrática y dejamos atrás este régimen cacocrático o, por el contrario, lo consolidamos por otros cuatro años. Y esto último acontecerá si botamos nuestro voto al elegir a los menos competentes y comprometidos con los intereses públicos, la paz política, la equidad social y la sostenibilidad ambiental. Es una decisión indelegable que cada persona debe tomar teniendo en cuenta que no solo está en juego su vida, seguridad y prosperidad, sino la de toda la sociedad y nuestras futuras generaciones.